La marea verde de profesores y profesoras, en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre, ha trasladado su malestar este jueves hasta las puertas de la Asamblea de Madrid. Desde las nueve de la mañana, miles de docentes —3.000 según la Delegación del Gobierno— se han acercado y cortado la avenida de Pablo Neruda. Frente a ellos, decenas de policías custodian el paso hacia la acera de enfrente, donde se encuentra el edificio en el que los diputados madrileños asisten al pleno.

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La Asamblea de Madrid prevé gastarse un máximo de 23,6 millones de euros en la ampliación del Parlamento regional y la construcción de una nueva sede para la Cámara de Cuentas. “Es un obrón”, resume una fuente parlamentaria, que no es ajena a una particularidad del proyecto: la parcela sobre la que se levantarán los nuevos edificios, con sus párkings y sus oficinas recién hechos, debía estar ocupada desde hace un cuarto de siglo por pisos públicos. Esa fue la intención del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 1995-2003), cuando le cedió los terrenos al Ivima (actual Agencia de Vivienda Social) en 2000. Sin embargo, durante 25 años no pasó nada relevante. Los terrenos no tenían el uso urbanístico adecuado para construir vivienda y, finalmente, en 2025 eso sirvió para que la Comunidad recuperara la propiedad y cediera la parcela a la Asamblea para un proyecto que encabeza su presidente, Enrique Ossorio, uno de los hombres de confianza de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La oposición rechaza la operación, que ve innecesaria, y reclama que el terreno se use para servicios públicos accesibles a los ciudadanos.

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