La Coordinadora en defensa de la Universidad Pública ―que aúna a la mayoría de sindicatos y muchas asociaciones de estudiantes― ha convocado este jueves una nueva huelga en contra de los recortes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los seis campus de Madrid. Los trabajadores (docentes investigadores y de administración y servicios) y los estudiantes están llamados a parar el 4 y el 5 de noviembre contra “la infrafinanciación de la Universidad Pública, que propicia la privatización y la mercantilización de nuestra formación universitaria, y la reivindicación de los derechos políticos de trabajadoras y estudiantes”.

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Uno de los grandes retos de las democracias del primer tercio del siglo XX fue la transformación de su modelo de orden público. Nos lo han contado muy bien especialistas como Diego Palacios, Sergio Vaquero o Rafael Cruz. Si en el paradigma predemocrático el objetivo prioritario era defender el Estado y mantener el orden, en el modelo democrático, lo nuclear es servir a la comunidad y respetar los derechos cívicos. Ya no se trata de blindar al Estado o al Rey, sino de proteger los derechos y libertades de las personas. La ciudadanía deja de ser amenaza potencial u objeto pasivo de control y se convierte en sujeto de derechos y agente activo. Los conflictos no se abordan desde la fuerza para reprimir o disuadir. Se busca la mediación y la gestión pacífica. El ejército y las fuerzas de seguridad quedan bajo control civil y sometidos a mecanismos de rendición de cuentas. La conversión civil del Estado, que diría Charles Tilly, es un ingrediente fundamental de la democracia. Ante una huelga, los poderes políticos dialogan. Si es necesario intervenir, acude la policía, pero sin sables ni máuseres. Las muertes ya no son el precio inevitable de cualquier protesta.

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