La incertidumbre sobre el futuro de cientos de familias de San Sebastián ha llegado a su fin. El Gobierno Vasco ha anunciado un acuerdo para comprar 510 viviendas protegidas del barrio donostiarra de Benta Berri, una operación que evitará que pierdan su condición de VPO en noviembre de 2028. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha calificado la iniciativa de "histórica", ya que es la primera vez que se lleva a cabo una adquisición de este tipo en España.

El Ejecutivo autonómico ha cerrado el acuerdo con Testa Homes, propiedad del fondo de inversión Blackstone, para hacerse con unos pisos que actualmente se encuentran en régimen de alquiler protegido. Las rentas oscilan entre los 600 y los 1.000 euros mensuales, según ha explicado Itxaso. El coste de la operación asciende a aproximadamente 100 millones de euros, de los que 30 millones serán aportados por el Ministerio de Vivienda.

La noticia ha provocado un profundo alivio entre los vecinos, que llevaban años reclamando una solución para evitar que sus viviendas dejaran de estar protegidas. "Un bombazo", ha resumido uno de ellos. Otro ha comparado la noticia con recibir un premio de lotería: "Es como cuando ves en televisión que a una familia le toca la lotería".

La preocupación era especialmente importante porque se trata de una zona muy cotizada de San Sebastián, donde encontrar una alternativa de alquiler resulta complicado. Las 510 familias afectadas podrán permanecer en sus casas, en las que viven alrededor de 1.700 personas.

El acuerdo permitirá que 510 familias sigan en sus viviendas

El consejero Denis Itxaso ha comparecido para explicar los detalles de una operación que se enmarca en la política de adquisición de vivienda protegida anunciada al comienzo de la legislatura. La previsión es que el acuerdo se firme a finales de este año.

El compromiso adquirido con los vecinos es que puedan continuar en sus viviendas en las condiciones actuales. Itxaso ha señalado que, cuando llegue el momento de revisar esas condiciones, se estudiará cómo hacerlo.

El responsable de Vivienda ha insistido en que el problema no afecta únicamente a las personas más vulnerables, sino también a las clases medias. Ha situado a San Sebastián como "el punto negro de las zonas tensionadas a nivel de España".

"El problema con esas 510 viviendas no era que se iban a tener que ir a unas viviendas más caras. Es que no hay vivienda alternativa en alquiler para 510 familias, ni en San Sebastián ni en la comarca metropolitana", ha remarcado.

El consejero ha recordado que muchos de los residentes llevan 30 años viviendo en estos pisos, han echado raíces en el barrio y han escolarizado allí a sus hijos. La dificultad para encontrar otra vivienda en una ciudad que suele situarse entre las más caras de España había convertido la pérdida de la protección en una amenaza para estas familias.

Por el momento, el Gobierno Vasco no mantiene otras negociaciones similares abiertas. Sin embargo, el departamento está tanteando viviendas y utilizando el derecho de tanteo para adquirir pisos protegidos cuando se produce una compraventa.

"En la medida que nuestro presupuesto nos lo permite las compramos. Estamos haciendo más tanteos que nunca", ha explicado Itxaso. Según el consejero, en el País Vasco hay otras 500 viviendas que también se encuentran en riesgo de perder su calificación de VPO.

San Sebastián celebra una operación que garantiza la continuidad de las VPO

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, también ha celebrado el acuerdo y ha destacado la unidad de los partidos políticos que integran el Ayuntamiento, que habían reclamado una solución al Gobierno Vasco.

Insausti ha reconocido que no es partidario de negociar con fondos de inversión, pero ha valorado que el Ejecutivo autonómico recupere el control de las viviendas.

El objetivo del Ayuntamiento, ha explicado, era conseguir una garantía jurídica que permitiera a los vecinos permanecer en sus casas más allá de 2028.

Las primeras familias llegaron a estos pisos en 1998, cuando comenzaron a ocuparlos en régimen de alquiler protegido. La calificación como VPO se extendía durante 30 años, por lo que estaba previsto que finalizara en noviembre de 2028.

La vivienda protegida pasó por varias operaciones empresariales. Merlin Properties compró los pisos en 2016 con el compromiso de mantenerlos como VPO. Posteriormente, Testa Homes se hizo con Merlin y, en 2018, Blackstone adquirió Testa.

Con la compra anunciada por el Gobierno Vasco, 510 viviendas de Benta Berri mantendrán su protección, poniendo fin a la incertidumbre de las familias que temían tener que abandonar sus hogares.

Las autoridades francesas han activado controles exhaustivos en los pasos fronterizos de Irún ante las manifestaciones convocadas este sábado en numerosas localidades de Francia por el encarecimiento de la vida. La medida afectará a varios accesos entre ambos países y se prolongará durante doce horas, con el objetivo de controlar los desplazamientos y evitar posibles incidentes.

Los controles se realizarán entre las 06.30 y las 18.30 horas en el Puente de Santiago, el Puente Avenida, el Puente de Behobia y la autopista AP-8, a la altura de Behobia.

Ante esta decisión, la Ertzaintza, a través de la Unidad de Tráfico de Guipúzcoa y agentes de la comisaría de Irún, trabajará de manera coordinada con la Policía Local de Irun para adoptar las medidas necesarias y evitar las posibles retenciones que puedan producirse durante la jornada.

La actuación se enmarca en una nueva convocatoria de movilizaciones en Francia, donde la indignación por la carestía de la vida volverá a trasladarse a las calles. Las protestas llegan después de los episodios de violencia urbana registrados el pasado 17 de octubre y de las dificultades que tuvieron las fuerzas de seguridad para gestionar las concentraciones del fin de semana anterior.

Controles en cuatro accesos de Irun: estos son los pasos fronterizos afectados

Los controles exhaustivos anunciados por las autoridades francesas se concentrarán en cuatro puntos de la frontera con España. La vigilancia estará presente tanto en los pasos peatonales como en los accesos por carretera, lo que puede afectar a quienes tengan previsto cruzar la muga durante la mañana y la tarde.

Los puntos afectados serán el Puente de Santiago, el Puente Avenida —de carácter peatonal—, el Puente de Behobia y la AP-8 en Behobia.

La coordinación entre la Ertzaintza y la Policía Local de Irún busca evitar que las medidas de control provoquen retenciones importantes en los accesos fronterizos. Las autoridades trabajarán conjuntamente para gestionar la circulación durante el horario establecido.

La medida coincide con una jornada de protestas que se espera que tenga una amplia presencia en distintas localidades francesas, en un contexto de malestar social por el aumento del coste de la vida.

Francia despliega 70.000 agentes para las manifestaciones de este sábado

Francia afronta las movilizaciones con un dispositivo policial reforzado. El país ha desplegado 70.000 agentes, una cifra que supone 10.000 efectivos más que durante el pasado fin de semana.

El refuerzo llega después de que los antidisturbios se vieran claramente desbordados durante las protestas anteriores. Además, la convocatoria de este sábado vuelve a poner a prueba la capacidad de las fuerzas de seguridad para gestionar las concentraciones y evitar que se repitan las escenas caóticas registradas en jornadas precedentes.

Las manifestaciones están convocadas en numerosas localidades francesas para expresar la indignación por la carestía de la vida. La situación ha llevado a las autoridades a reforzar también la vigilancia en la frontera con España.

De esta manera, la muga de Irun estará sometida a controles durante buena parte del sábado, mientras las fuerzas policiales de ambos lados coordinan sus actuaciones para gestionar el tránsito y prevenir posibles retenciones.

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 35 años por un supuesto delito de resistencia grave a agente de la autoridad tras una intervención esta madrugada en la calle Menéndez Pelayo, cuando los agentes realizaban un control de tráfico y fueron avisados por un taxista de que una clienta no quería abonar la carrera.

Según ha declarado la Policía local, un amigo de la mujer acudió al lugar y comenzó una fuerte discusión, momento en el que llegaron más agentes para intervenir. El detenido mantuvo "una actitud muy agresiva y desafiante" durante toda la actuación, según las mismas fuentes.

Del aviso del taxista al forcejeo

Los policías le informaron en varias ocasiones de que le iban a realizar un cacheo superficial por motivos de seguridad. Fue entonces cuando el individuo comenzó a quitarse ropa y a lanzar al suelo los objetos que llevaba en el bolsillo, como el teléfono móvil. Ante esta actitud, los agentes tuvieron que contenerlo físicamente para poder cachearlo.

Durante el forcejeo, el hombre ejerció "gran fuerza física al fin de evitarlo", lo que provocó que cayeran al suelo dos policías y el implicado, tras lo que fue detenido.

Traslado al hospital y puesta a disposición judicial

Como consecuencia de la intervención, el sujeto presentaba varias heridas en la boca, por lo que fue trasladado al servicio de urgencias del hospital Marqués de Valdecilla. Posteriormente fue conducido a dependencias policiales, donde ha quedado a disposición de la autoridad competente.

Los sindicatos mayoritarios de los empleados públicos se han reunido este martes con el Ministerio de Función Pública para confirmar que se mantienen las subidas salariales pactadas en noviembre de 2025, pese al adelanto electoral. El acuerdo contempla un incremento salarial del 5% en 2027, la mayor subida anual del siglo.

Aunque el Gobierno no ha trasladado a los sindicatos la fecha de la aporbación de la subida, el alza salarial ha vuelto a colocar las retribuciones de los funcionarios en el foco del debate público. Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos?, ¿cómo se distribuyen sus salarios si se comparan con los sueldos del sector privado? Y, otra pregunta relevante, ¿cómo ha evolucionado su poder adquisitivo desde el inicio del siglo?

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una empresa asturiana por negar sin negociar la adaptación de jornada que le había pedido un trabajador para cuidar de su hijo de 12 años. La Sala de lo Social del alto tribunal, en una sentencia fechada el 9 de septiembre de 2026 a la que ha tenido acceso EFE y que recoge El Diario, rechaza el recurso de la compañía y avala que omitir el trámite obligatorio de negociación equivale a estimar la medida en los términos solicitados. El fallo ratifica así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de noviembre de 2024, que ya había condenado a la empresa a pagar 7.501 euros por daños morales y vulneración de derechos fundamentales.

El caso: un padre, un horario partido y un niño de 12 años

El trabajador, empleado de una empresa de Asturias, solicitó al amparo del Estatuto de los Trabajadores (ET) un cambio en su jornada, que era partida y a turno continuado de mañana, de 07:00 a 15:00. Su objetivo era atender a su hijo menor de 12 años tras la salida del colegio y reducir el tiempo que el menor pasaba con personas ajenas al núcleo familiar, dado que la madre del niño trabaja a turnos rotatorios en un hospital.

La empresa denegó la propuesta de forma directa, alegando razones organizativas de coordinación interna e incompatibilidad del horario solicitado, sin haber abierto antes el periodo de negociación obligatorio de hasta 15 días que prescribe el Estatuto de los Trabajadores. El Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo desestimó inicialmente la demanda del trabajador, pero el TSJA estimó parcialmente su recurso, revocó la sentencia de instancia y condenó a la compañía al pago de esos 7.501 euros.

La doctrina del Supremo: negociar no es opcional

La empresa recurrió en casación para la unificación de doctrina, cuestionando si la falta de apertura del periodo negociador conduce automáticamente a la aceptación de la adaptación pedida. El Supremo despeja la duda: la apertura de ese periodo tras la solicitud del trabajador es un trámite imperativo u obligatorio para la empresa, y la ley no permite rechazar la petición de forma directa sin intentar antes negociar o proponer alternativas razonables.

Los magistrados añaden que, cuando la empresa omite la negociación previa, procede estimar judicialmente la medida solicitada en sus propios términos, salvo que el órgano judicial determine que la solicitud resulta manifiestamente irrazonable o desproporcionada. En este caso, nada apuntaba a ello: se trataba de un padre que pedía un horario para cuidar de su hijo de 12 años mientras la madre trabaja a turnos en un hospital.

El economista Gonzalo Bernardos ha criticado el lenguaje utilizado por Eduardo Garzón contra los propietarios de una vivienda que desahuciaron a Mari Carmen, después de que este último los calificara de "parásitos" por haberse hipotecado para adquirir el inmueble. Bernardos considera que este tipo de expresiones contribuyen a agravar el problema de la vivienda y ha defendido el papel de los pequeños propietarios que invierten sus ahorros en el mercado del alquiler.

La polémica se ha producido en redes sociales, donde Garzón publicó un mensaje en el que cuestionaba que los propietarios hubieran comprado la vivienda mediante una hipoteca para echar a la inquilina. "Parásitos. Ni siquiera habían comprado la casa con su propio dinero: se habían hipotecado para echar a Maricarmen", escribió.

La respuesta de Bernardos llegó a través de varios mensajes en los que cuestionó tanto el tono empleado como la interpretación de la inversión inmobiliaria. El economista reconoció que Urbagestión tenía la ley de su lado, pero consideró que se equivocó al desahuciar a Mari Carmen.

Bernardos critica el lenguaje contra los propietarios y defiende a los pequeños ahorradores

En su publicación, Bernardos calificó el mensaje de Garzón de "frentista, grosero y soez" y sostuvo que este tipo de expresiones "contribuye a complicar más el problema de la vivienda".

El economista también rechazó que los propietarios deban ser considerados "parásitos" por endeudarse para comprar viviendas y ponerlas en alquiler. Según su argumento, una parte de quienes invierten en el mercado inmobiliario son familias que no tienen grandes fortunas, pero que buscan una alternativa para sus ahorros.

"Muchos españoles, que precisamente no son ricos, pero sí ahorradores que no quieren invertir en los mercados financieros, lo hacen en viviendas y las ponen en alquiler", explicó.

Bernardos defendió que estos propietarios cumplen una función en el mercado residencial y recordó que, según los datos que aporta en su mensaje, la Administración dispone únicamente de 318.000 viviendas.

"Sin ellos, no habría inquilinos", afirmó, en referencia a quienes necesitan una vivienda de alquiler y no pueden acceder a la compra.

La pregunta de Bernardos sobre quienes no pueden comprar una vivienda

La discusión continuó después de que otro usuario planteara que, sin inversión destinada al alquiler, podría haber más viviendas disponibles para la compraventa o más propietarios. En su mensaje, cuestionó que comprar inmuebles para alquilarlos suponga retirar activos de un mercado urbano que ya presenta una oferta escasa.

Bernardos respondió con una crítica al argumento y lanzó una pregunta sobre las alternativas para quienes no pueden adquirir una vivienda.

"Madre mía, el nivel de algunos en Twitter es espectacular", escribió antes de plantear: "Si no hubiera inversión por parte de las familias en viviendas de alquiler, ¿qué hacemos con los que desean vivir de alquiler y no pueden comprar una vivienda? ¿Les proporcionamos una tienda de campaña?".

El intercambio vuelve a poner sobre la mesa el enfrentamiento entre quienes cuestionan la inversión inmobiliaria destinada al alquiler y quienes consideran que los propietarios particulares contribuyen a mantener esa oferta.

Bernardos, no obstante, separó la defensa de la inversión inmobiliaria de su valoración sobre el caso concreto de Mari Carmen: aunque sostuvo que los propietarios tenían la ley de su lado, afirmó que se equivocaron al desahuciarla.

En la isla de Itamaracá, situada frente a la costa del noreste de Brasil en el estado de Pernambuco, una edificación singular capta la atención de residentes y visitantes. Bautizada como la Casa de Sal, esta vivienda de siete habitaciones fue diseñada y construida íntegramente con materiales de recuperación y residuos recogidos del entorno natural. Detrás de esta obra de arquitectura ecológica se encuentran Edna Dantas y su hija Maria Gabrielly Dantas, dos mujeres que decidieron levantar su propio hogar sin disponer de grandes recursos financieros.

El origen del proyecto, según recoge el medio francés Marie France, se remonta al periodo de la pandemia de COVID-19. Ante la urgente necesidad de disponer de una vivienda en una isla afectada por la acumulación de basura dejada por el turismo cerca de las playas y los manglares, ambas vieron en esta contaminación una oportunidad de materia prima gratuita. Combinando sus conocimientos en educación socioambiental y diseño sostenible, establecieron la regla estricta de priorizar siempre el reciclaje frente a la compra de materiales nuevos.

Botellas de vidrio y tubos de dentífrico como elementos estructurales

La estructura de la Casa de Sal destaca por sus originales soluciones centradas en la economía circular. Cerca de 8.000 botellas de vidrio, recogidas en las zonas costeras o en terrenos abandonados, se colocaron de forma vertical en los muros. Esta disposición permite filtrar la luz solar de manera natural, generando un llamativo efecto de vitral con reflejos de colores en el interior de las estancias.

La estructura general del inmueble se apoya en el uso de madera de recuperación y palés. En cuanto a la cubierta de la vivienda, las tejas del tejado fueron fabricadas artesanalmente a partir de tubos de dentífrico vacíos, transformando un residuo cotidiano en un elemento protector resistente. El proceso de autoconstrucción se prolongó durante varios años, añadiendo dependencias a medida que recolectaban los materiales necesarios.

Un reto de superación que rompe estereotipos en la construcción

La ejecución del proyecto estuvo acompañada de continuos desafíos para las dos promotoras. Durante el periodo de obras, Edna y Maria Gabrielly habitaron la vivienda antes de contar con instalaciones de confort moderno o un baño convencional. Asimismo, tuvieron que hacer frente a los prejuicios y comentarios machistas habituales en un sector tradicionalmente dominado por hombres.

Su perseverancia y el resultado de la edificación terminaron por despertar el interés de medios de comunicación en todo Brasil. En declaraciones recogidas por el medio Metrópoles, Edna Dantas explicó cómo la luz que atraviesa las botellas se convirtió en la seña de identidad de su hogar. En la actualidad, la iniciativa sirve de inspiración en los debates sobre vivienda asequible, reutilización de residuos marinos y el papel de la mujer en la edificación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la improcedencia del despido de un técnico informático que llevaba más de siete años trabajando para un Ayuntamiento de Almería. El empleado había pasado por distintas fórmulas de contratación: primero tuvo un contrato temporal, después trabajó como autónomo para el mismo Consistorio y finalmente consiguió un contrato de relevo por jubilación parcial.

En su resolución, dictada el 10 de septiembre de 2026 tras un recurso de suplicación, los magistrados consideran que la relación laboral debía calificarse como indefinida no fija, por lo que el Ayuntamiento no podía extinguirla simplemente porque hubiera terminado el contrato de relevo.

La sentencia establece que el Consistorio deberá readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 9.648,45 euros. Sin embargo, rechaza que tenga derecho a convertirse en personal laboral fijo y también descarta que el despido vulnerase sus derechos fundamentales, como había sostenido el informático.

El empleado reclamaba, además, una indemnización adicional de 7.501 euros al considerar que había sufrido represalias después de disfrutar de permisos de paternidad y lactancia. La Justicia no ha reconocido este pago adicional.

Trabajó para el Ayuntamiento desde 2016 y durante años facturó como autónomo

El informático comenzó a trabajar para el Ayuntamiento en diciembre de 2016 como encargado de la página web. Tenía un contrato temporal a jornada completa que se prolongó hasta el 18 de agosto de 2017 y por el que percibía 1.018,50 euros mensuales, con las pagas extraordinarias prorrateadas.

Cuando terminó ese primer contrato, estuvo cobrando el paro hasta diciembre de 2017. En enero de 2018 se dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y comenzó a recibir contratos menores del mismo Consistorio para realizar trabajos relacionados con los sistemas informáticos.

Durante los tres años siguientes, el Ayuntamiento le adjudicó encargos por un importe total de 48.000 euros más IVA. Aunque formalmente trabajaba como autónomo, el empleado desarrollaba sus funciones en un despacho situado dentro de las instalaciones municipales y utilizaba medios proporcionados por la Administración.

Entre ellos estaban un ordenador, material de oficina, teléfono y correo electrónico corporativo. Estos elementos formaban parte de las circunstancias de su prestación de servicios, que el trabajador consideraba que encubría una relación laboral.

En 2021, otro técnico del departamento solicitó la jubilación parcial y el demandante consiguió un contrato de relevo de 20 horas semanales. El acuerdo tenía como fecha de finalización abril de 2024, cuando su compañero se jubilaba definitivamente.

Al llegar ese momento, el Ayuntamiento le comunicó que su contrato terminaba. El informático decidió acudir a los tribunales para reclamar que se reconociera su condición de trabajador fijo y denunciar el supuesto fraude en su contratación.

La Justicia rechaza la fijeza, pero declara improcedente el despido

El trabajador defendía que la continuidad de sus servicios desde diciembre de 2016 debía permitirle obtener la condición de fijo. También alegó que el Ayuntamiento había vulnerado sus derechos fundamentales después del nacimiento de su hija en 2022 y de disfrutar de los permisos de paternidad y lactancia.

Según su relato, cuando regresó encontró que había sido trasladado a una sala de servidores y que ya no tenía autorización para utilizar determinados programas informáticos. También afirmó que habían bloqueado las ventanas de su antiguo despacho para impedir que pudiera abrirlas.

El tribunal, sin embargo, rechaza reconocerle la condición de fijo, al considerar que no había acreditado haber superado un proceso selectivo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos para acceder a una plaza en la Administración pública.

En cuanto a la supuesta discriminación, los magistrados señalan que había transcurrido un año y cinco meses desde el nacimiento de su hija y que el Ayuntamiento ya había comunicado previamente el cese. Por ello, no consideran probado que la decisión fuera una represalia por los permisos disfrutados.

La sentencia sí concluye que el despido no se ajustó a derecho. El trabajador tenía la condición de indefinido no fijo y la plaza no había sido cubierta siguiendo el procedimiento legal correspondiente. Por este motivo, el Consistorio no podía extinguir su relación laboral únicamente por la finalización del contrato de relevo.

El resultado es que el Ayuntamiento deberá optar entre readmitir al informático o pagarle 9.648,45 euros, pero no tendrá que abonar los 7.501 euros adicionales que reclamaba por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

La ameba comecerebros, conocida científicamente como Naegleria fowleri, es un microorganismo que vive principalmente en el agua dulce caliente y en el suelo. Aunque la infección que provoca en los seres humanos es extremadamente rara, puede desencadenar una enfermedad cerebral grave que evoluciona rápidamente. Su particularidad es que puede entrar en el organismo a través de la nariz y alcanzar el cerebro, donde provoca una intensa inflamación y daños en el tejido nervioso.

Este organismo unicelular pertenece al grupo de las amebas de vida libre. No es un virus ni una bacteria y puede sobrevivir sin necesidad de un huésped humano. Se desarrolla especialmente bien a temperaturas elevadas y puede encontrarse en lagos, ríos, estanques, aguas termales y otros ambientes de agua dulce.

La enfermedad que provoca recibe el nombre de meningoencefalitis amebiana primaria (PAM). La infección no se produce por cualquier contacto con agua contaminada, sino cuando el microorganismo consigue entrar en las cavidades nasales en circunstancias muy concretas.

Por qué la ameba entra por la nariz y no por la boca

La principal vía de infección es el contacto de agua contaminada con las cavidades nasales. Esto puede ocurrir durante un baño, un salto al agua, una inmersión o determinadas actividades recreativas en lagos y ríos.

En la parte superior de la nariz se encuentra la mucosa olfativa, una región especializada que contiene células nerviosas relacionadas con la percepción de los olores. Estas células están conectadas con el sistema nervioso central a través del nervio olfativo.

Cuando el agua contaminada entra en contacto con esta zona, la ameba puede adherirse a los tejidos y avanzar siguiendo las fibras nerviosas. Para alcanzar el cerebro, atraviesa una estructura ósea situada en la base del cráneo, la lámina cribosa del etmoides.

Una vez llega al bulbo olfativo, puede extenderse a otras regiones cerebrales y comenzar a multiplicarse.

Beber agua contaminada no provoca esta infección cerebral, porque el sistema digestivo no constituye la vía de entrada del microorganismo al cerebro. Tampoco se transmite de persona a persona ni existen pruebas de contagio mediante el vapor de agua habitual o los aerosoles ambientales.

Qué ocurre cuando llega al cerebro y cuáles son los primeros síntomas

Una vez dentro del sistema nervioso central, Naegleria fowleri puede destruir células nerviosas mediante diferentes mecanismos. Al mismo tiempo, el sistema inmunitario activa una respuesta inflamatoria intensa que, aunque intenta combatir la infección, también puede contribuir al daño cerebral.

Esta inflamación puede alterar la barrera hematoencefálica y favorecer la acumulación de líquido en los tejidos. El resultado es un edema cerebral, que puede elevar la presión intracraneal y comprometer el funcionamiento del cerebro.

Los primeros síntomas suelen aparecer aproximadamente cinco días después de la exposición, aunque el intervalo puede oscilar entre uno y doce días. Entre las manifestaciones iniciales figuran dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos.

A medida que avanza la enfermedad pueden aparecer rigidez de cuello, sensibilidad a la luz, desorientación, cambios de comportamiento y convulsiones. En los casos más graves, el deterioro puede conducir al coma.

La infección es excepcional: en Estados Unidos se registran generalmente menos de diez casos anuales. Sin embargo, cuando se desarrolla, su gravedad es considerable. La mortalidad supera el 97% de los casos diagnosticados, aunque existen algunas personas que han conseguido sobrevivir.

Cómo prevenir la infección y cuándo acudir al médico

La prevención consiste principalmente en evitar que el agua dulce potencialmente contaminada entre por la nariz. Para ello, se recomienda evitar los saltos y las inmersiones que introduzcan agua a presión en las cavidades nasales, mantener la cabeza fuera del agua en fuentes termales y utilizar pinzas nasales cuando resulte apropiado.

También conviene evitar remover los sedimentos del fondo en aguas dulces poco profundas. Las piscinas correctamente mantenidas y desinfectadas no se consideran una fuente reconocida de infección.

Para los lavados nasales, debe utilizarse agua estéril, destilada o previamente hervida durante al menos un minuto y después enfriada. El agua del grifo no debe utilizarse directamente para irrigar la nariz, aunque sea potable.

Ante fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, vómitos o rigidez de cuello, es necesario buscar atención médica urgente. Si ha existido una exposición reciente a agua dulce caliente que entró por la nariz, debe comunicarse al personal sanitario.

El diagnóstico requiere pruebas específicas, como el análisis del líquido cerebroespinal, la microscopía y técnicas moleculares como la PCR. El tratamiento puede incluir amfotericina B, miltefosina y otros medicamentos, además de medidas para controlar el edema cerebral y mantener las funciones vitales.

La infección sigue siendo extraordinariamente infrecuente, pero conocer cómo se transmite permite identificar las exposiciones de riesgo y aplicar medidas preventivas.

Una frase con fecha incluida: “Recuerda, 2035”. Así arrancó José Luis Cava su respuesta a la pregunta de si Europa será más fuerte o más débil, en una conversación en el podcast La Fórmula del Éxito, de Uri Sabat. Su visión del futuro es poco complaciente con el continente y propone un giro que tiene pocos defensores en la política europea: acercarse a Rusia.

Cava plantea un mundo dividido en dos grandes bloques: “Yo ahora mismo veo dos bloques, uno que es China y otro que es Estados Unidos. Yo creo que China y Estados Unidos van a dominar el mundo”. Europa, en su opinión, solo sobrevive si avanza en su propia integración: “Quitemos la fronterita ya, establezcamos leyes normales que podamos votar”.

“Hay que unirse a Rusia”

A partir de ahí, su propuesta cambia de dirección: “Luego nosotros tenemos que unirnos a Rusia para tener acceso a energía barata”. Según su versión, el obstáculo no estaría en Moscú: “Cuando hablas con los rusos, no te creas que los rusos tienen vocación hacia Europa. Lo que pasa es que se ha metido Estados Unidos para que no nos unamos a Rusia”.

Esa lectura le lleva a cuestionar la política de sanciones: “A mí me duele mucho cuando ahora empiezan a hablar de Rusia y borrar, y otro paquete de sanciones, y otro paquete de sanciones. Bueno, señores, vamos a ser serios”. Su crítica se centra en lo que considera una incoherencia: “Lo que no tiene sentido es que me establezcan paquetes de sanciones y estés comprando todavía energía a Rusia. Si la estás comprando, déjate ya de tonterías, compra más y baja los precios”.

Trump, la guerra de Ucrania y el factor chino

El invitado también dio su interpretación de los movimientos de Washington: “Donald Trump quiere que acabe la guerra de Ucrania para hacerse socio de Rusia por los recursos naturales, porque necesita energía”.

Sobre la relación entre Moscú y Pekín, sostuvo que no habrá ruptura: “Rusia no se va a separar de China porque tiene la frontera tan amplia en Mongolia. Y ya ha habido conflicto militar”. De ahí extrae su conclusión final: Rusia buscará “llevarse bien con China, llevarse bien con Estados Unidos y que se lleve mejor con nosotros, con Europa”.

El economista Daniel Lacalle ha cuestionado el discurso del Gobierno sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha advertido de que, aunque el Ejecutivo presuma de que este sueldo "no tributa", su incremento también tiene consecuencias sobre las cotizaciones sociales. Según sostiene, el aumento del salario mínimo eleva las bases mínimas de cotización y, con ellas, los costes que soportan millones de trabajadores.

Lacalle ha puesto el foco en una diferencia que considera fundamental: que un salario no pague IRPF no significa que esté libre de impuestos. En su publicación en redes sociales, el economista sostiene que el Gobierno omite el efecto que tienen las cotizaciones sociales sobre las nóminas y sobre el coste que supone contratar a un trabajador.

"No pagar IRPF no significa que no soporte más cotizaciones sociales", afirma. De esta manera, cuestiona que la ausencia de tributación final por el impuesto sobre la renta pueda presentarse como una ventaja fiscal completa para quienes cobran el salario mínimo.

Lacalle critica el efecto de las cotizaciones sociales sobre el SMI

El economista considera que el debate público se centra demasiado en el IRPF y deja en segundo plano las cotizaciones que se aplican al trabajo. En este sentido, critica que determinados discursos políticos no tengan en cuenta el impacto de estos pagos sobre los salarios y los costes laborales.

"La izquierda caviar siempre se 'olvida' de los impuestos al trabajo", escribe Lacalle en su mensaje.

El economista también explica que el SMI actual queda sin cuota de IRPF gracias a una deducción que el Gobierno ha ampliado. Por tanto, sostiene que la ausencia de una cuota final en este impuesto no implica que el trabajador deje de soportar otras cargas asociadas a su salario.

"El SMI actual solo queda sin cuota de IRPF mediante una deducción que el Gobierno ha ampliado", señala.

Su crítica se dirige, por tanto, a la forma en que se presenta la fiscalidad del salario mínimo. Lacalle sostiene que la subida puede traducirse en mayores cotizaciones sociales, tanto para los trabajadores como para las empresas, y que este efecto debe tenerse en cuenta al valorar el impacto real de la medida.

El economista cuestiona que la subida sea neutral para contratar

Lacalle insiste en que el hecho de que el salario mínimo no tenga una cuota final de IRPF no significa que su incremento sea neutral para el coste de contratación.

"Que el salario mínimo quede sin cuota final de IRPF no significa que no soporte impuestos por cotizaciones sociales crecientes ni que su subida sea neutral para el coste de contratación", afirma.

El economista concluye su argumento con una cifra sobre el impacto que atribuye al aumento del coste laboral: "Sí. El estado se queda con el 30% del aumento de coste laboral, que es salario".

De esta forma, Lacalle plantea que el debate sobre el SMI no debería limitarse al dinero que llega al trabajador después del IRPF, sino que también debería contemplar el conjunto de cotizaciones y el coste total que supone el empleo.

Sus declaraciones constituyen una crítica al enfoque fiscal del Gobierno y a la presentación de la subida del salario mínimo como una mejora que no implica una mayor carga tributaria para quienes lo perciben.

El Gobierno del Reino Unido establecerá límites de ingresos salariales para los hogares que deseen beneficiarse de su nuevo programa estatal de préstamos para compradores de primera vivienda, según adelanta una información firmada por el periodista Paul Seddon para la cadena pública BBC a partir de datos publicados por The Times.

De acuerdo con los detalles del proyecto, las familias que opten a estas ayudas deberán registrar unos ingresos anuales inferiores a las 110.000 libras en la mayor parte del territorio, mientras que el umbral máximo se elevará hasta las 140.000 libras para aquellas propiedades adquiridas en la región de Londres. La medida busca canalizar los recursos públicos hacia las rentas medias que afrontan mayores dificultades para acceder al mercado residencial.

El programa, bautizado bajo el nombre de Your First Home (Tu Primera Casa), concederá préstamos de capital respaldados por la administración pública por un valor equivalente al 20 % del precio de inmuebles de obra nueva comercializados por promotoras participantes en Inglaterra.

Condiciones de financiación y diferencias con programas anteriores

La principal novedad operativa de la iniciativa radica en que permitirá a los compradores adquirir un inmueble aportando entradas iniciales reducidas de tan solo el 2,5 % del valor total de la propiedad. Asimismo, los créditos concedidos por el Estado contarán con un periodo inicial exento del pago de intereses para facilitar la amortización a las familias beneficiarias.

A diferencia de los programas estatales desplegados en décadas anteriores, los cuales carecían de restricciones por nivel de renta y recibieron duras críticas por encarecer los precios de la vivienda al incrementar la capacidad crediticia de los compradores más acomodados, la nueva regulación acota expresamente el perfil del solicitante. Las autoridades británicas sostienen que el plan permitirá además reactivar la actividad constructora en el país tras admitir dificultades para alcanzar el objetivo gubernamental de edificar 1,5 millones de viviendas.

Financiación presupuestaria y críticas de la oposición

Respecto al impacto en las arcas públicas, la administración laborista ha precisado que el programa se financiará con cargo a las partidas presupuestarias ya existentes, si bien las empresas desarrolladoras que se adhieran al sistema deberán aportar contribuciones directas para sufragar los costes operativos de gestión.

Por su parte, la oposición conservadora ha calificado la medida como una admisión de fracaso de las políticas de construcción del Ejecutivo y ha advertido de que la tasa impuesta a los promotores podría terminar encareciendo el precio final de los inmuebles de obra nueva. El sistema guarda similitudes con el antiguo plan Help to Buy, utilizando préstamos participativos vinculados a la evolución del valor de mercado de las propiedades.

El economista Santiago Niño Becerra ha recuperado en Twitter un episodio de la historia de Francia que combina inflación, descontento popular, una crisis política y un intento de restaurar la monarquía. La escena se remonta al otoño de 1795, cuando el Gobierno francés atravesaba una situación especialmente delicada y tuvo que hacer frente a una insurrección armada.

En su publicación, el economista establece un paralelismo entre las dificultades económicas y la inestabilidad política que se vivían entonces. Según explica, el Ejecutivo se encontraba en una posición "muy precaria" debido al fortísimo aumento de la inflación, que había provocado un "palpable descontento popular".

La crisis económica coincidía, además, con una reorganización de los partidarios de la monarquía. Seis años después del inicio de la Revolución francesa, los sectores monárquicos habían recuperado fuerza y buscaban volver al poder mediante actuaciones dentro de la Convención Nacional, el Parlamento de la época.

La inflación y el descontento popular, en el origen de la crisis

Niño Becerra señala que el Gobierno decidió modificar la composición de la Convención Nacional, una medida que terminó dejando a los monárquicos en minoría. Esta situación frustró sus aspiraciones políticas y contribuyó a que optaran por una vía mucho más radical.

"Pero el Gobierno modificó la composición de la cámara y los monárquicos quedaron en minoría", relata el economista en su hilo. Según su explicación, ese cambio fue el detonante de un alzamiento armado destinado a derrocar al Ejecutivo y reinstaurar el régimen monárquico.

La insurrección se produjo en un contexto de tensión política y económica. La inflación había alimentado el malestar de la población, mientras que los partidarios de la monarquía trataban de recuperar la influencia que habían perdido tras la Revolución.

El episodio, tal y como lo describe Niño Becerra, refleja cómo las dificultades económicas y las disputas por el poder coincidieron en un momento especialmente convulso para Francia.

Napoleón Bonaparte, el militar que frenó la insurgencia

Ante el levantamiento, el Gobierno encargó la operación para neutralizar a los insurgentes a Napoleón Bonaparte, que entonces era general de brigada de artillería.

El economista destaca que las fuerzas monárquicas superaban ampliamente en número a las gubernamentales. En concreto, los insurgentes contaban con una proporción de cinco a uno, una diferencia que hacía especialmente complicado frenar la rebelión.

Pese a esa inferioridad numérica, Bonaparte consiguió neutralizar el alzamiento gracias al uso de la artillería. Niño Becerra subraya así el papel decisivo que desempeñó el militar en la defensa del Gobierno revolucionario.

La conclusión del economista es contundente: "Napoleón salvó la Revolución". Con esta frase termina el hilo publicado en Twitter, en el que recuerda cómo un episodio marcado por la inflación, el descontento popular y la lucha por el poder terminó convirtiéndose en un momento clave para la trayectoria del futuro emperador francés.

La Justicia ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de supermercado que acumuló varios episodios de desobediencia, faltas de respeto y comportamientos contrarios a las normas laborales. Entre los hechos que llevaron a su salida figuran negarse a realizar determinadas tareas, llamar "chihuahua" a una compañera durante una discusión y pedir a otra trabajadora que fichara por él utilizando una expresión insultante.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con sede en Las Palmas, ha desestimado el recurso presentado por el empleado contra la resolución judicial de instancia. La sentencia, dictada el 10 de septiembre de 2026, confirma íntegramente la procedencia del despido y descarta que tenga derecho a indemnización o salarios de tramitación.

El trabajador prestaba servicios como dependiente desde julio de 2023. La empresa justificó la medida disciplinaria en una serie de incidentes ocurridos entre el 8 de marzo y el 5 de abril de 2025, que los tribunales consideran suficientemente graves para poner fin a la relación laboral.

Se negó a varias tareas y habló de un sueño con cuchillos

Entre los incumplimientos acreditados figura la negativa a realizar diferentes encargos de sus superiores, como retirar etiquetas de vino, trasladar un producto a otro establecimiento cercano o trabajar en la sección de carnicería.

Precisamente, este último episodio llamó especialmente la atención. El empleado manifestó que no podía utilizar cuchillos porque había tenido un sueño recurrente en el que, después de ser despedido, mataba con ellos a un apoderado de la empresa y a una encargada de otro centro. Ante esta situación, la compañía decidió trasladarlo a otra sección.

La Sala considera que la referencia a los cuchillos "pudiera considerarse como una amenaza velada" y, en cualquier caso, la califica de "impropia e inadecuada".

El trabajador también protagonizó una discusión con una compañera por la limpieza de las neveras. Durante el enfrentamiento, le silbó y la llamó "chihuahua".

El tribunal rechaza que este comportamiento pueda considerarse admisible en el ámbito laboral. "Silbar a una compañera, llamándola chihuahua no es admisible en ningún contexto", recoge la resolución, que lo considera "una ofensa grave, injuriosa y que afecta a la dignidad de cualquier persona, hombre o mujer".

El intento de fichaje y el error de 100 euros en una compra

La sentencia también recoge un error en el cobro de una compra de 113,21 euros, de la que el empleado únicamente cobró 13,21 euros. La empresa localizó posteriormente al cliente, que abonó la cantidad pendiente.

Otro de los episodios acreditados se produjo cuando el trabajador pidió a una compañera que fichara por él. Para ello, le ofreció su DNI y le solicitó que introdujera la palabra "puta" en el registro. La empleada se negó y el dependiente terminó realizando el fichaje de manera ordinaria.

La Sala considera que esta actuación fue "absolutamente impropia y contraria al principio de corrección y buena fe que domina la relación laboral".

Los magistrados entienden que no se trató de incidentes aislados, sino de una conducta "contumaz, rebelde y tenaz" dirigida a incumplir las instrucciones de sus superiores.

La resolución recuerda que la desobediencia puede justificar el despido cuando concurren gravedad, culpabilidad, reiteración, trascendencia e injustificación. En este caso, concluye que los incumplimientos fueron "graves, culpables y reiterados", encajaban en la infracción muy grave prevista en el convenio colectivo y justificaban la máxima sanción disciplinaria.

Por ello, el TSJC confirma que el despido fue proporcionado y ajustado a derecho.

La ejecución de Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, vuelve a poner en el punto de mira el protocolo de inyección letal del estado estadounidense. Después de dos ejecuciones fallidas, nuevos documentos judiciales describen las dificultades que habría encontrado el equipo encargado de administrar los fármacos y reabren el debate sobre la fiabilidad de este método.

Según informó Fox 17 News, los abogados de Pike han presentado una declaración en la que relatan lo ocurrido durante el intento de ejecución de la reclusa. El documento recoge que los integrantes del equipo tuvieron problemas para colocarle una vía intravenosa y que, antes de administrar los medicamentos, uno de ellos habría cuestionado si el procedimiento estaba siendo realizado correctamente.

La información fue difundida por la periodista Madeline Nolan, que explicó que los abogados pretenden incorporar estos nuevos detalles a una demanda que ya cuestiona el protocolo de inyección letal de Tennessee.

Los abogados denuncian dificultades para colocar la vía intravenosa

El abogado Randy Spivey asegura que un integrante del equipo de ejecución habría pronunciado una frase mientras intentaba colocar la vía a Pike: "Creo que está roto". La declaración presentada por el letrado describe repetidos intentos de colocar la vía intravenosa, con aproximadamente diez agujas.

Los abogados que cuestionan el procedimiento consideran que este episodio respalda las advertencias que habían formulado antes de que Tennessee utilizara el protocolo.

Kit Thomas, abogado de la Oficina Federal de Defensores Públicos, sostiene que los problemas denunciados coinciden con los riesgos que ya habían señalado durante el litigio.

"Que el equipo no pudiera colocar una vía intravenosa, que la colocara incorrectamente y que se produjera una extravasación", explicó Thomas al describir las preocupaciones que, según los abogados, se han materializado.

La extravasación se produce cuando un medicamento administrado por vía intravenosa se filtra fuera de la vena hacia los tejidos circundantes. Los letrados pretenden que el tribunal examine estos nuevos hechos dentro del procedimiento que mantienen contra el protocolo de ejecución.

Tennessee revisará los métodos de ejecución y la transparencia

La polémica también ha llegado al ámbito político. El senador republicano Mark Pody, partidario de la pena de muerte, considera que Tennessee necesita disponer de un sistema fiable antes de continuar con las ejecuciones.

"Creo que los estados, por lo que he hablado con mis compañeros, estamos en una posición en la que ya no estamos interesados en la inyección letal. No queremos que eso sea necesario aquí", señaló, según la transcripción de Fox 17 News.

Pody espera que los legisladores vuelvan a examinar los métodos de ejecución y la transparencia cuando regresen a la actividad parlamentaria en enero.

Mientras tanto, los abogados de Pike intentan que las nuevas alegaciones sean incorporadas a la demanda. La vista prevista para el 6 de noviembre ha sido cancelada por un juez de Nashville. En lugar de presentar argumentos orales, las partes podrán entregar documentos para exponer sus posiciones por escrito.

La información difundida por Fox 17 News también recoge que el 84% de los participantes en una encuesta de la cadena consideraba que Tennessee debía revisar sus protocolos de ejecución, frente al 16% que opinaba que podían mantenerse como estaban.

El caso continúa abierto y los nuevos documentos buscan que la Justicia examine las circunstancias denunciadas durante el intento de ejecución.

El centro de París se blinda ante una nueva manifestación prevista el sábado próximo, con comercios que protegen sus escaparates con tablones de madera y propietarios que compran armas defensivas por miedo a que se repitan los episodios de violencia y robo del pasado fin de semana.

El gobierno francés anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para evitar nuevos desórdenes ante los “numerosos llamados en redes sociales a cometer abusos” y “saqueos”.

En la Armería de la Bolsa, en la zona de Les Halles, donde numerosos comercios fueron saqueados el pasado sábado, el propietario, Yves Gollety, asegura que las ventas de material defensivo se han disparado en la última semana.

“Los comerciantes compran material de defensa, aerosoles y cosas así, porque han sido agredidos y han tenido miedo -explica Gollety a EFE-. La gente se encontró bloqueada al fondo de sus tiendas por esas bandas de delincuentes. Muchos están traumatizados”, añade.

La armería, de hecho, está llena de clientes que compran aerosoles de gas pimienta y dispositivos que dispersan gases irritantes, para los que no es necesario ningún permiso. Las pistolas que disparan bolas de caucho, conocidas como ‘flash-ball’, también están en venta libre, aunque el dueño de la tienda confirma que están agotadas.

A horas de la nueva manifestación, el temor se palpa también en el bulevar Saint-Antoine, entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, por donde discurrirá la única marcha autorizada el sábado. Decenas de furgones policiales ocupaban ya la calle el miércoles, pese a que la plaza de la Bastilla permanecía abierta al tráfico y apenas se veían manifestantes.

El despliegue acompaña la imagen de los comercios cerrados y los escaparates cubiertos con tablones de madera en pleno centro de París. Las placas protegen establecimientos de las grandes cadenas.

Otros negocios siguen abiertos, pero también han blindado sus fachadas, una estampa inusual en una arteria comercial de la capital francesa, donde las tiendas parecen prepararse para resistir una amenaza inminente, tras la ola de violencia del 17 de octubre que causó daños en unos 3.000 comercios.

En una tienda especializada en productos de peluquería, Alice, una joven dependienta, confirma que cerrarán el sábado. “Sí, hay alguien que va a venir esta tarde a instalar las protecciones”, explica.

A pocos metros, unos operarios colocan tablones en la fachada de una farmacia. Tara, su responsable, resume la indignación de muchos comerciantes: “Desgraciadamente, nos estamos atrincherando. Nosotros no hemos sufrido daños, pero otros comerciantes sí”.

“Esto no es normal. Macron (el presidente francés) no hace nada. Es complicado, es triste, no es normal que haya otra manifestación prevista”, se indigna, subrayando el hecho de que en otras ciudades como Lyon o Marsella las autoridades las han prohibido.

La inquietud y la incertidumbre son los sentimientos más extendidos. Sarah, dependienta de una boutique, dice que todavía no sabe si van a cerrar.

Tony, dueño de una peluquería, muestra su asombro al descubrir que la marcha discurrirá el sábado posiblemente por delante de su comercio: “No van a hacer pasar la manifestación por el bulevar Saint-Antoine, ¿verdad?”, pregunta preocupado.

Muchos comerciantes prefieren no hablar con la prensa y preguntan primero de qué medio proceden los periodistas.

En una tienda de ropa tejana, un dependiente confirma que rompieron las protecciones de madera de los escaparates, aunque el interior parece estar en buen estado. Una empleada de una reconocida firma francesa, parada delante de las vitrinas cubiertas de su comercio, reconoce que han sufrido daños, pero no quiere dar más detalles: “Me han dicho que no haga declaraciones”.

En un pequeño kebab, cuyo cristal está fracturado, Amhed recibe a todo el mundo con una sonrisa. “Sí, nos lo rompieron durante la manifestación”, cuenta. Aun así, no piensa proteger la fachada: “Si quieren entrar, que entren y les damos de comer”.

“Nosotros somos todo: los dueños, los cocineros y los vigilantes. No vamos a hacer nada”, añade, señalando a sus compañeros sentados en el fondo de la estrecha sala.

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CSIF, CCOO y UGT— se reunieron este martes con el Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, para garantizar la subida salarial acordada en noviembre de 2025 para los próximos años. El acuerdo contemplaba un incremento del 4,5% en 2027, al que se sumará otro 0,5% adicional correspondiente a 2026, ya que la inflación se ha disparado por encima del 1,5% previsto inicialmente.

De esta forma, en conjunto, los funcionarios verán cómo aumentan sus salarios un 5% en 2027, el mayor incremento anual del siglo. Además, la subida tiene un coste adicional para las arcas públicas de alrededor de 9.000 millones de euros, que se incorporará de forma estructural al gasto de las Administraciones, al consolidarse los incrementos salariales en las nóminas de los próximos ejercicios. Es decir, supondrá un gasto público fijo que no podrá ser utilizado para financiar otras partidas presupuestarias. Por ello, la reunión ha vuelto a poner en el foco del debate público las retribuciones de los empleados públicos y su evolución respecto a los salarios privados.

La brecha salarial supera los 1.000 euros

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, el salario bruto medio mensual de los asalariados del sector público alcanzó los 3.232 euros en 12 pagas, frente a los 2.182 euros del sector privado. Una diferencia que supera los 1.000 euros mensuales.

La brecha también se aprecia en la distribución por tramos salariales: el 45% de los trabajadores del sector público percibía más de 3.200 euros brutos mensuales en 12 pagas, frente al 14% de quienes se empleaban en el sector privado.

Además, si se rebaja el umbral hasta los 2.000 euros, la diferencia persiste y se ensancha: el 82% de los empleados públicos cobraba por encima de esta cantidad, frente al 35% de los asalariados privados. De hecho, este umbral también permite verlo de otra manera: más de la mitad de los trabajadores del sector privado —el 65%— no alcanzaba los 2.000 euros brutos mensuales, frente al 18% del sector público.

La paradoja del poder adquisitivo: los funcionarios pierden y en el sector privado ganan

No obstante, la comparación cambia cuando se analiza la evolución acumulada de los incrementos salariales y se descuenta la inflación. Es decir, cuando se estudia la variación del poder adquisitivo. Pues bien, los cálculos realizados por El Independiente a partir de las series de subidas pactadas desde 2001 y hasta 2026 apuntan a que las retribuciones públicas han aumentado casi un 50%, frente a un incremento acumulado de los precios del 78%. Un resultado que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.

Por su lado, la evolución de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos privados ofrece un resultado distinto. Según la Estadística de convenios colectivos elaborada mensualmente por el Ministerio de Trabajo, las subidas acumuladas desde 2001 alcanzan aproximadamente el 86%, por encima de la inflación registrada durante el mismo periodo. Es decir, los trabajadores privados han mejorado su poder adquisitivo (al menos, una parte de ellos, ya que hay 'truco' en esta estadística).

La fuente de datos del Ministerio de Trabajo no mide la evolución del salario medio de todos los trabajadores privados, sino las subidas acordadas para quienes están cubiertos por estos convenios. Aunque la estadística permite aproximarse a la evolución de los salarios pactados en el sector privado, sus resultados no son directamente extrapolables al conjunto de los trabajadores.

Los convenios registrados afectan a unos nueve millones de empleados (una cifra que se mantiene estable desde 2001), frente a los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, el incremento acumulado del 86% refleja la evolución de las subidas salariales acordadas en los convenios, pero no permite generalizar que el conjunto de los asalariados privados haya ganado poder adquisitivo.

Asimismo, también es relevante señalar por el lado de los funcionarios que, incluso si la inflación se situara en el 0% tanto en 2027 como en 2028, los empleados públicos seguirían sin recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2001. En este escenario hipotético, si se aplicasen las subidas salariales pactadas del 5% en 2027 y del 2% en 2028, el incremento acumulado de sus retribuciones rondaría el 60%, frente al encarecimiento del 78% registrado por los precios en el periodo. De hecho, este escenario sería un supuesto especialmente favorable, dado que la guerra en Irán continúa y las tensiones en los mercados energéticos garantizan unos precios al alza en los próximos años.

Mientras las calles de Francia se llenan de protestas exigiendo mayor gasto público, los intereses que exige el mercado para comprar los bonos franceses a diez años rozan el 5% y su prima de riesgo supera los 100 puntos básicos, un nivel que no se veía desde la crisis del euro de 2012.

Francia se encuentra bajo la lupa de los mercados. Y no es para menos. Su deuda pública pasará del 115% sobre el PIB en 2025 al 120% al cierre de 2026 y el déficit sigue sin corregirse. Además, con un crecimiento previsto de apenas el 0,5% y una factura anual por los intereses de la deuda que ronda los 90.000 millones de euros, el Ejecutivo francés tiene cada vez menos margen para cuadrar sus cuentas.

Pero no es solo un problema económico, la política incrementa la desconfianza de los inversores. A las puertas de las elecciones presidenciales de 2027, las propuestas económicas de la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, y del candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, añaden incertidumbre sobre la credibilidad financiera del país.

Y, mientras los mercados ponen en entredicho la capacidad de Francia para corregir sus desequilibrios, queda otra incógnita: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Banco Central Europeo realmente para frenar una eventual crisis de deuda francesa?