Me entristece ver cómo las protestas en Francia, que comenzaron con estudiantes reclamando más profesores y recursos para la educación pública, han terminado siendo noticia por los incendios y los destrozos. El incendio del Ayuntamiento de Limoges es injustificable, pero me indigna que una minoría radical haya conseguido desviar la atención de unas reivindicaciones que merecen ser escuchadas. Lo que empezó como una movilización por las condiciones educativas se ha convertido en un debate sobre violencia. Mientras tanto, los problemas que denuncian los estudiantes siguen ahí. Es una pena que quienes salieron a la calle para defender su futuro hayan acabado perdiendo el protagonismo frente a quienes recurrieron a la agresividad. Los disturbios no deberían hacernos olvidar que detrás de estas movilizaciones hay jóvenes que reclaman algo tan básico como una formación de calidad.

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En el vídeo registrado por la cámara fija del laboratorio del Servicio de Armas de la Guardia Civil de Madrid, se ve al coronel Francisco Pallás entrando con un empleado de la empresa española USP (Uniformidad y Suministros de Protección S.L.) y un guardia, cogen las cajas de cinco fusiles de asalto del instituto armado y comienzan a superponer etiquetas y precintas de la citada empresa sobre los de la Guardia Civil, tapándolos. Esta burda operación, realizada a plena luz del día y con las cámaras de seguridad en funcionamiento, ha sentado esta semana en el banquillo al Coronel, a una directiva de la empresa armamentística y a un empleado de la misma. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el mando de la Guardia Civil por “un delito de falsificación de documento oficial”; y dos años para los miembros de la compañía por lo mismo. El ministerio público entiende que Pallás “falsificó unos documentos para favorecer durante el proceso de licitación a una empresa de cara a la adquisición de un mínimo de 8.250 fusiles de asalto”.

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