El pasado 25 de noviembre el Parlamento andaluz admitía a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por Mareas Blancas para blindar la sanidad pública y limitar la firma de conciertos con la privada. Salió adelante, de manera sorpresiva, con el apoyo del PP, que entonces tenía la mayoría absoluta en la Cámara regional en los que los propios proponentes como los partidos de la oposición entendieron como un cálculo electoralista, dado que el deterioro de los servicios sanitarios públicos era el mayor talón de Aquiles de la gestión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Con las elecciones autonómicas de mayo, la propuesta no pudo ser desarrollada, pero, con la nueva legislatura en marcha la comisión de Sanidad ha comenzado esta mañana con las comparecencias de profesionales para mejorar y complementarla, el primer paso antes de que se dicte el dictamen que determine su viabilidad o como ha ocurrido con todas las ILP que se han presentado en esta comunidad, se quede en un cajón.

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La polémica reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), 28 años después del desastre medioambiental que supuso el vertido de lodos tóxicos cerca de Doñana, está cada vez más cerca. Este lunes el Ayuntamiento sevillano ha anunciado la concesión del permiso de obras a la empresa Minera Los Frailes para que construya durante el próximo año y medio la depuradora para las aguas que verterá en el río Guadalquivir, dos días después de la manifestación de Ayuntamientos, colectivos sociales y ecologistas que recorrió la capital andaluza el sábado contra dichos vertidos.

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