Quito, 20 oct (Prensa Latina) Personas de distintas edades acudieron hoy a una feria de empleo en esta capital, donde más de 100 empresas ofrecieron tres mil 649 vacantes en medio de las dificultades para acceder a un trabajo estable en Ecuador.
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Los responsables de Función Pública han garantizado este martes a los sindicatos que, pese al adelanto electoral, aplicarán la subida salarial del 5% para más de tres millones de empleados públicos en 2027. Así lo han confirmado fuentes sindicales al término de la reunión mantenida entre los responsables gubernamentales y representantes de CC OO, UGT y CSIF. La subida fue comprometida en el último acuerdo del Gobierno con el colectivo, en noviembre de 2025.
© Kiko Huesca (EFE)
El Gobierno ha aprobado este martes el decreto ley que contiene la ampliación del derecho a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que ni se casasen ni se registrasen como parejas de hecho. Desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta norma, tanto los futuros supervivientes como los pasados tienen derecho a pedir esta prestación si acreditan dos años de convivencia ininterrumpida mediante el padrón. Para el segundo grupo se abre una ventana de un año para que aporten pruebas del derecho a la misma.
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El récord de turistas extranjeros que se prevé para este año, con más de 100 millones de viajeros, esta impulsando las cifras de contratación a la Seguridad Social. En septiembre, el último mes de la temporada veraniega, el número de cotizantes vinculados al turismo (hoteles, servicios de comida y bebidas, agencias de viajes o turoperadores, entre otros) creció un 4,5% hasta los 3,05 millones, según la estadística hecha pública este martes por Turespaña. Es la primera vez que se encadenan cinco meses seguidos (desde mayo a septiembre, temporada alta) con más de tres millones de empleados ligados a la actividad turística.
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"Elegir bien cuándo jubilarte puede marcar una gran diferencia en tu pensión", explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, en uno de sus últimos vídeos de YouTube. Este informa que una mala elección de la fecha para la jubilación anticipatoria puede llegar a costarte cientos de euros.
Además, cabe destacar que en 2027 la ley para retirarse del mundo laboral cambiará: a partir del 1 de enero, las personas de 67 años se podrán jubilar al 100% de la pensión si han cotizado al menos 38 años y seis meses. Por ello, conocer la legislación es fundamental para sacarle el mayor rendimiento económico.
Alfonso Muñoz explica que una situación habitual se da cuando un trabajador despedido que percibe el subsidio por desempleo alcanza la edad mínima legal para jubilarse de manera anticipada. Afirma que el impulso inicial suele ser solicitar el retiro inmediato, pero este recomienda "valorar la conveniencia de agotar antes dicha prestación".
Este define que, durante el paro contributivo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) continúa cotizando por el trabajador, tomando como base el promedio de cotizaciones de los últimos seis meses previos a la situación de desempleo. Así, siguen sumándose cotizaciones útiles para la base reguladora.
Por otra parte, "postergar la solicitud reduce los meses de adelanto sobre la edad ordinaria, lo que mitiga los coeficientes reductores que penalizarán la pensión de forma vitalicia", explica Muñoz. Ante esta situación, recomienda plantearse dos preguntas, ya que una variación puede representar una diferencia económica sustancial: ¿Cuánto percibiría retirándome ahora y cuál sería la cuantía final si agoto la prestación?
Otra cuestión que hace saber es la elección del mes donde se realiza la jubilación anticipatoria, ya que esta puede suponer una variación de cientos de euros. En este sentido, el mes de diciembre adquiere un valor estratégico, ya que "las pensiones reconocidas a finales de ejercicio se benefician de la revalorización correspondiente al año siguiente", según el especialista. Por ello, valora que el interesado debería "comparar el coeficiente reductor aplicable por adelantar la fecha frente al porcentaje de subida que experimentará la pensión con el cambio de ejercicio".
El funcionario de la Seguridad Social explica que anticipar la jubilación los dos años máximos es uno de los desaciertos más recurrentes. Esto es debido a que a mayor número de meses, mayor es el porcentaje de recorte y un historial de cotización más prolongado amortigua dicho impacto.
Aun así, esta distribución de las penalizaciones no es lineal y un desfase temporal mínimo puede alterar radicalmente el resultado: adelantar el retiro dos años conlleva una penalización en torno al 21 %, mientras que hacerlo con un año y ocho meses (tan solo cuatro meses de diferencia) puede reducir el castigo al 11 %, prácticamente la mitad. Por este motivo, el punto idóneo se sitúa un año y ocho meses antes de la edad ordinaria.
Existe una condición legal determinante que a menudo se pasa por alto: la cuantía resultante tras la aplicación de los coeficientes reductores en la jubilación anticipada voluntaria debe superar el umbral de la pensión mínima que correspondería al solicitante por su régimen familiar (con cónyuge a cargo, sin cónyuge o con cónyuge no a cargo) al cumplir los 65 años.
Si la cuantía calculada queda por debajo de ese límite, la Seguridad Social denegará la solicitud. Para quienes se encuentren cerca de esa barrera económica, retrasar el trámite unos meses disminuye el coeficiente reductor e incrementa la pensión final, permitiendo rebasar la cuantía mínima requerida. Una resolución desfavorable no excluye necesariamente al beneficiario, sino que suele evidenciar una fecha de solicitud prematura o inadecuada.
Muñoz también incide en los casos por despido. En este sentido, desmiente la creencia de que cualquier cese laboral permite acogerse a la jubilación anticipada involuntaria —con hasta cuatro años de adelanto respecto a la edad ordinaria—. Dilucida que la legislación laboral restringe esta vía a causas de extinción contractual tasadas, tales como despidos colectivos, despidos por causas objetivas, resoluciones judiciales o supuestos de fuerza mayor derivados del fallecimiento, incapacidad o jubilación del empresario, entre otros.
No basta con la noción genérica de despido; resulta indispensable acreditar documentalmente la causa exacta del cese y, en determinados supuestos, el cobro efectivo de la indemnización mediante la carta de despido, el finiquito y el justificante bancario de pago. Finalmente, destaca que la suscripción de un contrato laboral posterior a dicha extinción no extingue automáticamente el derecho a acceder a esta modalidad de jubilación forzosa.
El presidente de la gran patronal española, Antonio Garamendi, confirma que CEOE impugnará en los tribunales la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. El líder empresarial hace este anuncio horas después del registro administrativo del paro, que los sindicatos convocantes ya han formalizado en el Ministerio de Trabajo.
© Borja Sanchez-Trillo (EFE)
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