La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de juzgar la macrocausa por el mayor brote de listeriosis de Europa, originado en la fábrica sevillana de Magrudis en 2019 y que se saldó con más de 250 infectados, cuatro víctimas mortales y seis abortos, ha accedido a la petición de las acusaciones particulares de aplazar una semana más el inicio del juicio para que puedan tratar de cerrar un acuerdo con las aseguradoras del Ayuntamiento de la ciudad para garantizar las indemnizaciones de todos los afectados. Encima de la mesa hay un montante de unos 10 millones de euros, pero el único escollo para alcanzar ese pacto es el propio consistorio de la capital andaluza, que, como responsable civil subsidiario, debería aportar la cantidad que las compañías de seguros no pueden cubrir. En este tiempo, denuncian las víctimas, no se ha comprometido a nada, pese a la insistencia de las partes implicadas. “Lo que estamos esperando es que el Ayuntamiento ponga dinero encima de la mesa, hablando en plata. Es la pata de la negociación que nos falta”, ha asegurado esta mañana en una comparecencia ante los medios Manuel Parrilla, letrado de las dos personas con más secuelas y que reclaman mayor cuantía: los mellizos Pablo y Javier de 7 años, que tienen un 75% y un 40% de minusvalía reconocida.

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El pasado 24 de septiembre, el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, asistía a la colocación de un azulejo conmemorativo del centenario de la construcción de la primera capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio del Cerro del Águila. Lo que debía ser un acto de reconocimiento relacionado con una advocación firmemente arraigada en esta barriada, ha provocado la indignación de buena parte de los vecinos porque sobre el baldosín figura el nombre del cardenal Eustaquio Ilundáin y Esteban, que la bendijo en 1926. Ilundáin era el arzobispo de la capital andaluza en esa época y fue un firme defensor de la sublevación contra la República que se produjo 10 años después y del franquismo, que entre el 18 de julio del 36 y 1963 dejó 11.287 víctimas, muchas de ese mismo barrio, de acuerdo con la investigación del historiador José María García Márquez. El Cerro del Águila fue una de las zonas de la ciudad hispalense que más sufrió la represión del general Gonzalo Queipo de Llano tras el golpe de Estado.

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“Lo que ocurrió en 2006, en aquella primera manifestación de hombres contra la violencia, fue impactante. Pensábamos que iba a ser algo absolutamente marginal, pero fue la primera en la que yo he percibido que la gente se sumaba de manera entusiasta. De alguna manera, dimos luz a la posibilidad de que ocurriera algo que hasta ese momento no tenía nombre”. Este es el principal recuerdo que Ritxar Bacete, antropólogo, trabajador social, especialista en género, masculinidades, feminismo, políticas de igualdad, paternidad positiva y economía del desarrollo, tiene de la primera manifestación de Hombres contra las violencias machistas que se celebró en Sevilla el 21 de octubre de hace 20 años y que se repite cada lustro, la última esta tarde en la capital andaluza. Eso que “no tenía nombre” es un movimiento para reivindicar el papel de los hombres en la eliminación del machismo y sus violencias, que, como las piezas del dominó, ha multiplicado el marco teórico, la militancia, los espacios y las políticas públicas que se han institucionalizado, como Gizonduz, el Servicio para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad del Gobierno Vasco, constituido en 2007, o el programa específico sobre masculinidades igualitarias, desarrollado desde 2023 por la Diputación de Cádiz, y cristalizado en medidas concretas, como el permiso de paternidad. “Han pasado cosas muy serias que no hubieran sido posibles sin esa movilización”, abunda Bacete.

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“Dame la dureza de la verdad, pero no me engañes con una mentira”. Así de tajante demuestra María del Monte (Sevilla, 64 años) lo importante que es para ella la transparencia y la sinceridad. Por eso, en el segundo párrafo del libro que acaba de publicar, Si el corazón se equivoca, se le perdona (HarperCollins), advierte de que su contenido “no va de su vida”, o al menos, de esa vida que ha asomado en la prensa y los programas del corazón más allá de su trayectoria profesional. “Eso no me interesa, la vida tiene más profundidad como para quedarse en esa capa de superficie”, zanja durante una mañana soleada que desafía los malos augurios de lluvia. La primera incursión de la sevillana en el mundo editorial es una generosa inmersión en sus inquietudes, sus motivaciones, sus zozobras y sus anhelos, que destapa describiendo de una manera franca y natural cómo se ha ido guiando en los ámbitos que para ella son más importantes: su familia, amigos, parejas, seres queridos y ausentes, sus orígenes y tradiciones, y ella misma. “Lo más bonito que me han dicho del libro, y que era mi único objetivo, es que leerlo era como charlar conmigo”, explica sonriente.

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El pasado 25 de noviembre el Parlamento andaluz admitía a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por Mareas Blancas para blindar la sanidad pública y limitar la firma de conciertos con la privada. Salió adelante, de manera sorpresiva, con el apoyo del PP, que entonces tenía la mayoría absoluta en la Cámara regional en los que los propios proponentes como los partidos de la oposición entendieron como un cálculo electoralista, dado que el deterioro de los servicios sanitarios públicos era el mayor talón de Aquiles de la gestión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Con las elecciones autonómicas de mayo, la propuesta no pudo ser desarrollada, pero, con la nueva legislatura en marcha la comisión de Sanidad ha comenzado esta mañana con las comparecencias de profesionales para mejorar y complementarla, el primer paso antes de que se dicte el dictamen que determine su viabilidad o como ha ocurrido con todas las ILP que se han presentado en esta comunidad, se quede en un cajón.

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El 5 de octubre, varios centros de día para personas sin hogar de las provincias de Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba que gestiona la ONG Inserta Andalucía se quedaron sin luz por impago de las facturas del suministro eléctrico. Un corte que también afectó a algunas oficinas de la entidad, según confirmaron al personal los coordinadores territoriales de la entidad. Ese día, los usuarios tuvieron que acudir a otras instituciones para poder comer y asearse. Al impago de la luz, se suman las reclamaciones de varios caseros por no abonar el alquiler de los pisos en los que desarrollan otros programas de acogida y atención, como ha podido constatar este diario. Son algunos de los problemas de gestión y organización que atraviesa esta entidad y que afectan a sus trabajadores ―parte de la plantilla que se acogió a un ERE en junio no ha cobrado aún y los empleados arrastran retrasos en el abono de sus salarios― y a los beneficiarios de los programas sociales que prestan, la mayoría subvencionados por la Junta de Andalucía. Además, todos estos usuarios se encuentran en situación de vulnerabilidad y, en muchos casos, tampoco reciben las prestaciones a las que tienen derecho.

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