El PSOE ha pedido al juez a cargo del caso Leire Díez que le dé más tiempo para poder entregar a la Audiencia Nacional la documentación que le reclamó sobre la contratación de abogados y consultores del partido entre 2021 y 2025. En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la formación ha explicado que se encuentra a la espera de que el Consejo General de la Abogacía Española le conteste si la información requerida afecta al secreto profesional, una petición que, según ha incidido, “no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado” por el instructor. Además, ha incidido en que los datos reclamados no están centralizados y que ahora, como está “concentrada” en el “desarrollo de la campaña” electoral, su capacidad de “respuesta inmediata” se ve “obviamente mermada”.

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El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto sentar en el banquillo a cuatro exjefes de ETA por el atentado cometido, el 4 de agosto de 2002, contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que dejó dos muertos —uno de ellos, una niña de seis años— y más de medio centenar de heridos. Se trata de Juan Antonio Olarra Guridi, alias Jokin; Ainhoa Múgica Goñi, Olga; María Soledad Iparraguirre Guenechea, Anboto; y Félix Ignacio Esparza Luri, Navarro. Con ellos, ya son seis los exdirigentes de la organización terrorista procesados por este atentado, después de que en agosto de 2024 lo fueran Mikel Albisu Iriarte, Antza y Ramon Sagarzazu Gaztelumendi, Ramontxo. Todos ellos están acusados de los delitos de asesinato, lesiones y daños terroristas.

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Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, entra en una enorme sala de vistas de la Audiencia Nacional sobre las 10.15 de este jueves. La antigua baronesa del PP, que aún mantiene una enorme influencia en las filas conservadoras, camina de seguido hacia los magistrados del tribunal que enjuician a Ignacio González, quien fuera su mano derecha durante años y su sucesor en el cargo. Mientras ella deja el bolso en el banquillo de los acusados (a solo cinco asientos de su exsubordinado) y silencia el móvil, él evita mirarla a la cara y centra la vista en un cuaderno de notas en blanco. Establecen así tantas distancias como las que marcará Aguirre en su breve declaración para desvincularse de las irregularidades atribuidas a González por el presunto amaño de contratos del Canal de Isabel II para la puesta en marcha de un campo de golf en las instalaciones de la empresa pública en el centro de la capital (un proyecto impulsado por la propia política popular y desmantelado en 2021 tras una intensa lucha vecinal). La expresidenta regional reivindica esa idea, pero asegura que no sabe nada del desarrollo de las obras.

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La jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta, ha requerido al Ministerio de Defensa un informe para que explique si entre el 29 de julio y el 10 de agosto se produjeron entradas de buques de guerra marroquíes en aguas territoriales españolas, tal y como contó EL PAÍS. La magistrada reclama al departamento que dirige Margarita Robles que aclare si hubo presencia en aguas españolas de embarcaciones de la Armada marroquí y, en caso afirmativo, en qué fechas y tramos horarios concretos, si bien explica que de momento no se puede concluir que este hecho tuviera “relación causal” alguna con la entrada de los 80.000 migrantes el día 31 de julio que motivaron la apertura de la investigación.

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Munimul Islam, el empresario tecnológico reclamado por las autoridades de Myanmar por la contratación de un grupo de presión estadounidense, ya es un hombre libre tras haber pasado un mes en la cárcel de Brians 1. Islam, de 40 años y residente en Reino Unido, espera a que se resuelva el proceso de extradición junto a su mujer, Rebecca Connor, y las dos hijas de la pareja, en un piso cedido por el consulado de su país, Bangladesh, en Barcelona. Esa circunstancia, o sea disponer de arraigo, es lo que ha permitido a la Audiencia Nacional ordenar su puesta en libertad provisional, al considerar que el riesgo de que se dé a la fuga ha disminuido, según el auto al que ha accedido EL PAÍS.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuestiona que uno de los vehículos del comisionista Víctor de Aldama sufriese un tiroteo como amenaza, según consta en uno de sus informes enviados a la Audiencia Nacional. Los agentes han interceptado varias comunicaciones donde el empresario informa a la aseguradora de que le “han intentado robar” en su Audi A8 y que han tratado de “romper el cristal” con un “punzón”, pero no lo “han conseguido”. “No hemos puesto denuncia porque no lo hemos visto. Ha sido de madrugada y poner denuncia es ridículo porque es perder tres horas”, añadió Víctor de Aldama.

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El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión, acusados de delitos de terrorismo, a los dos disidentes de la izquierda abertzale detenidos por la Ertzaintza el sábado después de que se presentaran en la comisaría de Irún acompañados de su abogado. Se trata de Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grünig Ibáñez, de 23 años, a los que el magistrado considera integrantes de Jardun Koordinadora, una organización integrada por disidentes de la izquierda abertzale supuestamente contrarios a la decisión que tomó ETA en octubre de 2011 de abandonar la violencia. Bilbao es señalado como “el motor principal” de este colectivo e “impulsor y dinamizador” del mismo. A su compañera, el magistrado la describe como “militante activa”. El magistrado esgrime para ordenar su encarcelamiento tanto riesgo de fuga como de reiteración delictiva de ambos, que tenían antecedentes policiales por “actos violentos” en otros países europeos.

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El empresario Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante, describió en julio en la Audiencia Nacional cómo ejercía de intermediario entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la cúpula de la aerolínea Plus Ultra, que recibió un rescate de 53 millones de euros tras la pandemia de coronavirus. “Cuando empezamos en el tema de la solicitud de esa financiación y de ese préstamo, las cosas que se me iban diciendo y las que eran importantes, yo siempre las trasladaba al presidente Zapatero”, afirmó ante el magistrado instructor José Luis Calama. “Voy informando al presidente Zapatero de las necesidades o no en el caso de Plus Ultra”, remachó, según consta en la transcripción de su comparecencia, facilitada ahora a las partes personadas en el sumario abierto contra el antiguo secretario general del PSOE.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a requerir al PSOE que entregue documentación sobre los despachos de abogados y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025, según consta en una providencia dictada este martes, a la que ha tenido acceso El Independiente, en la causa que investiga un posible delito de tráfico de influencias. El magistrado se ha dirigido al servicio jurídico del PSOE y ha recordado que el requerimiento ya se acordó el pasado 6 de octubre.

En concreto, Pedraz reclama una relación completa de los letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría contratados por el PSOE en cualquiera de sus órganos centrales o territoriales durante ese periodo. Además, pide copia de los expedientes o documentación que permita comprobar para qué servicios se les contrató -incluidas las notas de encargo o contratos y la autorización correspondiente-, así como la documentación aportada para justificar que esos servicios, efectivamente se prestaron.

El juez hace constar que ha transcurrido el tiempo desde que realizó el primer requerimiento al servicio jurídico del PSOE sin que hasta la fecha haya recibido la documentación solicitada. Pedraz establece, no obstante, que la entrega deberá hacerse respetando el secreto profesional de los abogados y el derecho del partido a no aportar aquella información que considere que puede incriminarle, en los términos previstos en el Estatuto General de la Abogacía.

Esta diligencia judicial se enmarca en la instrucción del 'caso Leire Díez', donde el magistrado investiga una presunta trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Según las investigaciones, esta red habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa señala que la gerente del PSOE, Ana María Fuentes -también imputada-, habría sido la encargada de falsear dos notas de encargo profesional bajo las directrices de Cerdán y con la intermediación de Díez.

Una de estas notas de encargo correspondería al despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, exletrado del exasesor ministerial Koldo García, y la otra a Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán, figurando ambos letrados como investigados en el procedimiento. Asimismo, entre las principales líneas de investigación de Pedraz figura esclarecer si el PSOE utilizó sociedades mercantiles ligadas a Oliver y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para canalizar pagos a Leire Díez como contraprestación por sus servicios en la trama.

Noticia en ampliación...

La Fiscalía ha recurrido por “prematura” la reciente decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de conceder por segunda vez el tercer grado o régimen abierto al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi. El ministerio público alega para ello que solo han pasado tres meses desde que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro le revocara en julio una medida similar al considerar ya entonces que el recluso no había acreditado una “maduración suficiente del proceso de reinserción”. Es la cuarta vez en el último mes y medio que la Fiscalía se opone a aplicar una medida similar a presos de ETA. El juez Castro debe resolver aún los recursos por las semilibertades de Henri Parot, alias Unai; la exjefa etarra Soledad Iparragirre, Anboto; e Idoia Mendizábal, Iliargi.

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Lourdes Cavero, esposa del expresidente madrileño Ignacio González, ha negado este martes que la constructora Dragados costease el acondicionamiento de un jardín en su vivienda en 2006, después de que esa compañía ganase el proyecto para levantar un campo de golf en el centro de la capital. Pese a que la Fiscalía sospecha que esas obras fueron una contraprestación, la mujer del expolítico ha defendido que las abonaron de su bolsillo. “Pagué en efectivo y paulatinamente a medida que se iba avanzando con las obras”, ha insistido Cavero al declarar como testigo en el primer juicio que acoge la Audiencia Nacional contra el exdirigente del PP por el caso Lezo.

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Víctor de Aldama no está dispuesto a que vendan sus coches por él. El comisionista considera que puede sacar un precio más alto si la Audiencia Nacional le permite buscar a él compradores en lugar de realizar una subasta a través de una oficina del Ministerio de Justicia. Aldama ha realizado una tasación aproximada de los cuatro vehículos, entre los que se incluye un Ferrari, y le sale un montante de 760.000 euros. El juez del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si permite que el empresario, condenado a una multa de 72.000 euros por delitos de organización criminal y cohecho, haga la venta.

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