El exconsejero catalán Toni Comín, fugado de la justicia española hace nueve años como consecuencia de su papel en el proceso independentista, se ha presentado finalmente este jueves en Madrid para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) y jurar la Constitución española para adquirir plenamente la condición de eurodiputado. A la salida, Comín ha querido restar trascendencia a ese gesto formal y lo ha catalogado como “una pataleta de mal perdedor” y “un derecho al pataleo” del Estado español: “Es una prueba más de que saben que hemos ganado. Confirma nuestra victoria”.

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La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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Es muy difícil demostrar que eres descendiente de exiliados del franquismo. Y si tu bisabuelo se marchó de España a finales del siglo XIX a Uruguay, sería casi imposible demostrar que puedes optar a la nacionalidad española según una vía pensada para descendientes de exiliados del franquismo sin la instrucción de Sofía Puente, que modificaba ilegalmente lo que habían decidido los representantes de la soberanía nacional. La ciudadanía, la jerarquía normativa y el censo son cuestiones serias en una democracia. Pero nuestro Estado se respeta poco a sí mismo y quienes lo dirigen no respetan casi nada a los demás.

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Henry Hernández vio en la televisión local que una de sus panaderías cubanas favoritas en el sur de Miami había recibido al candidato demócrata al Congreso Elliot Rodríguez y al líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, el viernes de la semana pasada. Tanto le indignó la visita de los políticos, a quienes tilda de “socialistas”, que este miércoles ha venido a tomarse una última colada de café y a decirle a la cajera: “Vengo a despedirme, porque yo no vuelvo más”.

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Una mayoría de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional defenderá este miércoles que se inadmita el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, según fuentes del órgano de garantías. El recurso pedía restablecer el derecho al voto de más de 160.000 españoles, nacionalizados en virtud de la ley de nietos, que viven en el extranjero y a quien el Tribunal Supremo ha retirado cautelarmente el sufragio a poco más de un mes de las próximas elecciones generales. La mayoría del Pleno, sin reflejar esta vez la división de referencia entre progresistas y conservadores, considera que como el Supremo abrió un plazo de alegaciones para los afectados —vigente hasta el viernes, 23 de octubre—, el recurso del Defensor es prematuro y no cumple con el requisito de subsidiariedad del amparo: esto es, que se haya agotado la vía de la justicia ordinaria.

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