Às vésperas do segundo turno, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, José Guimarães (PT-CE), tem a tarefa de articular essa semana a votação da PEC da Segurança Pública no Senado Federal. A pauta foi retirada de votação pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), na última quinta-feira, 15 de outubro, sob a justificativa de ter recebido críticas ao calendário especial e para prevenir um pedido de verificação. A proposta segue como uma das prioridades do governo e da oposição.
A votação da PEC da Segurança Pública foi atrapalhada pelo interesse da oposição de incluir a análise da redução da maioridade penal pela Casa Legislativa. O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apresentou uma proposta de emenda que reduz a maioridade penal de 18 anos para 16 anos de forma geral, e em casos de crimes graves, passaria para 14 anos.
Na sequência, o líder do Partido dos Trabalhadores, Camilo Santana (PT-CE), apresentou outra proposta mantendo a imputabilidade penal até os 18 anos, mas com penalização para adolescentes a partir de 16 anos que cometerem crimes hediondos.
O objetivo dos líderes governistas é levar a PEC ao Plenário sem a inclusão da emenda sobre a maioridade penal. Na última tentativa de votar a mudança constitucional, o próprio Alcolumbre relembrou que, caso haja alteração no texto, o texto retornaria para a Câmara dos Deputados.
Debate na Globo fecha encontros entre presidenciáveis
A Rede Globo ficou com a responsabilidade de transmitir o último debate entre os dois principais candidatos da corrida eleitoral de 2026. Tanto o presidente Lula como o senador Flávio Bolsonaro foram convidados pela emissora para apresentarem suas propostas na próxima sexta-feira, 23 de outubro. O encontro será no Rio de Janeiro, com a mediação do jornalista César Tralli e exibido após o Jornal Nacional, a partir das 21h20.
Na próxima quarta-feira, 21 de outubro, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgará a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5059 que questiona o poder do delegado da polícia de requisitar informações e registros de conversas telefônicas sem autorização judicial. A ADI foi proposta pela Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel). A entidade alega que o art. 2º, §2º, da Lei n. 12.830/2013, que “dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia”, afronta os direitos fundamentais à privacidade e à intimidade, o sigilo das comunicações e a separação de poderes.
Estão na agenda da semana de 19 a 25 de outubro:
TSE:
Pesquisa de Opinião (19/10): Último dia para a realização das pesquisas de opinião pública realizadas em data anterior ao dia do segundo turno, para conhecimento público.
Preso ou delito (20/10): data que inicia procedimento em que nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito.
IA e impulsionamento pago (22/10): Data na qual fica vedada a publicação e a republicação, ainda que gratuitas, bem como o impulsionamento pago de novos conteúdos sintéticos produzidos ou alterados por inteligência artificial ou por tecnologias equivalentes que utilizem imagem, voz ou manifestação de candidata ou candidato ou de pessoa pública.
Propaganda Eleitoral (22/10): último dia de propaganda eleitoral.
Segundo turno (25/10): Segundo turno das eleições.
STF:
Exclusão do ISS (RE 592616, 21/10, 14h): Ministros avaliam recurso extraordinário que trata da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Repasses integrais dos tributos (ADI 7324, 21/10, 14h): Ministros avaliam se as distribuidoras de energia elétrica devem repassar integralmente aos consumidores os valores tributários pagos.
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (ARE 1493655, 21/10, 14h): Recurso extraordinário sobre o adicional de 2% da alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOMP).
Gratificação para policiais penais (ADI 7469, 21/10, 14h): Ministros discutem se há incompatibilidade que veda a gratificação por horas extraordinárias dos policiais penais.
Atribuição do delegado da polícia (ADI 5059, 21/10, 14h): Ministros avaliam a atribuição de poder ao delegado de polícia para ter informações e dados para apurar os fatos durante uma investigação criminal.
Exigência de Ordem Judicial (ADC 91, 21/10, 14h): Ministros julgam a constitucionalidade da exigência de ordem judicial para a disponibilização de registros de conexão e de acesso a aplicações de internet e de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas.
Agenda da semana daPúblicaé um serviço apresentado aos leitores, concebido com base nas informações dos portais da Câmara, Senado e STF.
Al filo de la medianoche, casi cuando acababa el plazo legal, pero pudo cerrarse el acuerdo. Aquí sí. El PSOE selló con Frente Amplio este viernes un pacto para presentar listas conjuntas al Senado en prácticamente toda España —43 provincias, 47 circunscripciones— en las elecciones generales del 29 de noviembre y luchar unidos para arrebatar al PP el control de la Cámara alta. Un acuerdo calificado de "histórico" por ambas partes y que se traducirá en una candidatura compartida bajo la marca Senado de Progreso.
Era el broche a una larga jornada que acabó amarga para la izquierda del PSOE, dado que Podemos y Frente Amplio consumieron el plazo sin una entente nacional, por lo que se presentarán por separado salvo en Canarias y Comunidad Valenciana. Y para los socialistas también venía marcado este viernes por el cierre de las candidaturas propias, aprobadas por la tarde, y por unanimidad, con tensiones aisladas. Sobre todo en Burgos y Palencia, y de forma más discreta en Albacete. Además, también dimitió de forma fulminante la portavoz de la ejecutiva (y de campaña), Montse Mínguez, por los negocios del ladrillo de su pareja. Ahora, ya todo queda amarrado a falta del último trámite orgánico: el comité federal de este sábado en la localidad madrileña de Fuenlabrada, que Pedro Sánchez pretende convertir en un mitin de aclamación como candidato y de lanzamiento de la precampaña del 29-N.
Las listas unitarias se presentan en todo el país, incluidas las cuatro islas baleares. Quedan fuera las cuatro provincias catalanas y las dos canarias, salvo la circunscripción de La Gomera
Las listas unitarias de Senado de Progreso las comparten PSOE, IU, Movimiento Sumar, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista y Batzarre. Y a ello se suma el acuerdo entre el PSOE y Més-Izquierda Unida-Movimiento Sumar en las cuatro islas de Baleares y el de todas las fuerzas progresistas en La Gomera. Es decir, que habrá listas conjuntas en toda España salvo en Cataluña —donde el PSC es muy mayoritario y no tendrá dificultad para conseguir tres senadores en las cuatro provincias— y en Canarias (salvo en la isla de La Gomera), donde también los socialistas fueron primeros. De ahí que la marca Senado de Progreso vaya a operar en 43 provincias (todas, menos Barcelona, Girona, Lleida y Girona, y tampoco en las dos canarias) y 47 circunscripciones (porque hay que sumar las cuatro islas baleares y La Gomera). Lo que no se conocen todavía son los detalles del pacto y quiénes serán los aspirantes en cada provincia. Los partidos tienen hasta el 26 de octubre para registrar todas las listas ante las juntas electorales.
El acuerdo nace del "impulso y la colaboración de la sociedad civil", organizado a través de la plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia, y a partir de ahora las fuerzas firmantes se comprometen a "ser consecuentes con este esfuerzo", como han demostrado al llegar a este consenso a través del "diálogo y la responsabilidad". Los socialistas defienden que estas "no son unas elecciones más", lo que justifica que las formaciones progresistas concurran juntas al Senado, bajo una única papeleta, para plantar cara a los "recortes que plantean PP y Vox en las pensiones, la vivienda y los derechos sociales". "Solo desde la unidad de quienes creemos en la justicia social y la igualdad podremos seguir avanzando", escriben.
Un acuerdo histórico a la altura del momento que vivimos.
"Hoy", aseguran en Ferraz, "damos un paso histórico, a la altura del momento político que vivimos y de las demandas de millones de ciudadanos. Hemos escuchado el clamor de las calles y hemos transformado esas reivindicaciones en un acuerdo de país que reúne distintas sensibilidades y va mucho más allá de la suma de nuestras siglas. De esto va la buena política: de alcanzar acuerdos, sumar fuerzas y poner las instituciones al servicio del bienestar de la gente. Es una urgencia democrática que el Senado recupere su verdadera vocación y deje de estar sometido a los intereses de PP y Vox". Lo que pretenden PSOE y Frente Amplio es impedir que los populares dispongan de una amplísima mayoría absoluta en la Cámara alta, impedir que esta sea el espacio en el que la derecha haga y deshaga, como en esta última legislatura. Y la estrategia es optimizar el voto vía alianza. En 2000, también PSOE e IU concurrieron juntos al Senado, y la experiencia fue desastrosa, pero el contexto era muy distinto: estaba el PP en el poder y muy fuerte (alcanzó ese año la mayoría absoluta) y las dos fuerzas de izquierda venían de años de enfrentamientos durísimos, y ahora en cambio colaboran desde hace años en el Gobierno de coalición.
El PSOE cree estár "un paso más cerca de ampliar la mayoría progresista" y conquistar más derechos. Frente Amplio subraya la "urgencia" de devolver al Senado "el papel que le da la Constitución"
Los socialistas creen que este impulso de unidad en la Cámara alta es capital: "Estamos un paso más cerca de ampliar la mayoría progresista y seguir conquistando derechos. Muchas sensibilidades, un propósito compartido: que España siga mirando hacia adelante y hacer posible un Senado de progreso".
Una valoración pareja en Frente Amplio: "Todas las formaciones participantes comparten la necesidad de trabajar para conformar una mayoría de progreso en la Cámara alta, defender la democracia y garantizar que se sigan conquistando avances en derechos, libertades, igualdad y justicia social. El objetivo", advierte, "no puede ser solo frenar a la derecha y a la ultraderecha para acabar con el uso espurio y partidista impuesto en la principal Cámara de representación territorial". "Estamos convencidos de que es una urgencia democrática devolver al Senado el papel que le asigna la Constitución. Es decir, ser un verdadero lugar de encuentro y cooperación entre territorios, comunidades y ciudades autónomas", remata el comunicado de Frente Amplio.
Por Tudanca y Álvaro Bilbao
El otro foco de atención del día estaba puertas adentro de Ferraz. Y los choques por las candidaturas se daban por descontados antes del arranque de la comisión federal de listas. Estaban localizados. Los dos puntos claves eran Burgos y Palencia. En ambas, los comités provinciales habían situado en cabeza a Luis Tudanca —uno al Senado en la plancha burgalesa— y Álvaro Bilbao —uno al Congreso en Palencia—. Ferraz deshizo ambas propuestas, como se esperaba.
En Burgos, Ferraz levanta la candidatura al Senado de Luis Tudanca, y en Palencia también reemplaza al más votado, Álvaro Bilbao, por la diputada Luz Martínez Seijo, totalmente alineada con Sánchez
La de mayor impacto era la primera, porque Tudanca fue secretario general del PSOE de Castilla y León entre 2014 y 2025. Siempre fue un fiel soldado sanchista, pero las relaciones comenzaron a agrietarse en esta última legislatura. Tudanca se quejaba de que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025 —hasta su caída por presunta corrupción, que le llevó a prisión preventiva casi cinco meses—, estaba segándole la hierba bajo los pies, desgastando su liderazgo para promocionar a dos de sus hombres de confianza en la federación, ambos diputados en el Congreso: Javier Alfonso Cendón, secretario provincial de León, y Manuel Arribas, alcalde de Sanchidrián y parlamentario con control sobre la agrupación de Ávila.
🌹El Comité Provincial del PSOE de Burgos propone a @estherpcamarero y a @luistudanca como cabezas de lista al Congreso y al Senado.
La relación acabó rompiéndose del todo y Ferraz promovió la sucesión en Castilla y León, territorio muy conservador que Tudanca ganó en las urnas en 2019 pero que no pudo gobernar por la alianza de PP y Ciudadanos. El heredero al frente de la federación fue el entonces alcalde de Soria, Carlos Martínez. Tudanca fue designado senador autonómico en mayo de 2025 y relevado por su partido en septiembre de 2026 como consecuencia de la renovación propiciada por las elecciones autonómicas del pasado marzo.
Su provincia, Burgos, dirigida por la exportavoz federal Esther Peña, le votó como candidato al Senado, y la ejecutiva regional de Martínez no corrigió su candidatura este jueves, pero sí defendió que Tudanca fuera sacado de la plancha del Senado en la reunión de la comisión federal de listas de este viernes. Y Ferraz ejecutó y situó en los puestos primero y segundo al Senado a la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, y al exprocurador autonómico Jesús Puente, ambos por detrás de Tudanca en respaldo de las bases. El movimiento generó un fuerte malestar en la provincia y entre los críticos a Martínez.
El malestar está instalado en las dos provincias. En Palencia, su secretaria provincial, Miriam Andrés, muy enfrentada a Ferraz, reprocha a la cúpula que se haya "pasado la voz de la militancia por el forro"
En Palencia, el candidato promovido por la dirección provincial que comanda la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, era su concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, también el más respaldado. Pero Ferraz colocó en su lugar a una dirigente siempre alineada con Sánchez, exsecretaria de Educación de la cúpula federal y diputada desde 2016, Luz Martínez Seijo. Andrés, apoyo de Edu Madina en las primarias de 2014 y de Susana Díaz en las de 2017, es una de las voces críticas en el comité federal, junto a la de Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha. Y este viernes estalló en X porque de nuevo la cúpula federal imponía a Martínez Seijo, contra el parecer de las bases: "Palencia ha debatido, ha participado hasta la extenuación. Y vosotros por quinta vez os habéis pasado la voz de la militancia por el forro. Viva la democracia interna!", escribió, adjuntando un vídeo de Sánchez del 30 de septiembre de 2016, un día antes de ser defenestrado por el establishment socialista, donde precisamente reinvindicaba la votación de los militantes, "la base" del partido: "Yo quiero una organización que debata hasta la extenuación, que vote, y una vez votado, toda la organización vaya a una detrás de esa decisión".
Palencia ha debatido, ha participado hasta la extenuación. Y vosotros por quinta vez os habéis pasado la voz de la militancia por el forro. Viva la democracia interna! pic.twitter.com/8UGOUW9nZi
En Castilla-La Mancha, el jueves por la noche se pudo cerrar uno de los dos flecos pendientes: Guadalajara. La dirección de García-Page y Ferraz acordaron que el uno al Congreso, Rafael Esteban, alcalde de Marchamalo, pasara a cabeza en el Senado, y la que lideraba la papeleta en la Cámara alta, María Jesús Merino, regidora de Sigüenza (y de la total confianza del barón regional), pasara a la carrera de San Jerónimo. Es decir, que Merino es la uno al Congreso y Esteban, el uno al Senado. De tres por la Cámara alta, de muy difícil elección, queda Daniel Jiménez, director adjunto del Gabinete del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nombre propuesto por Ferraz.
En Guadalajara ya se había firmado un acuerdo el jueves, por lo que solo quedaba abierta la discrepancia en Albacete. Castilla-La Mancha dejó constancia de su desacuerdo allí pero votó a favor de todo el dictamen de la comisión de listas
En Albacete no hubo acuerdo y ahí la dirección de Sánchez impuso su voluntad, por el poder que le confieren los estatutos. La uno al Congreso es Amparo Torres, que primero había sido elegida por el comité provincial como la candidata al Senado. Con su nueva ubicación, desplaza y saca de la plancha a Emilio Sáez, que no quiso irse a la Cámara alta. La lista al Senado la encabeza ahora otra mujer, Isabel Belén Iniesta. "Ferraz ofreció intercambiar la uno al Senado [Amparo Torres] con el uno al Congreso [Emilio Sáez]. No ha habido acuerdo porque se planteó con el comité provincial prácticamente en marcha. Pero aun así hemos podido seguir hablando del resto de la lista y acordar en el resto de candidaturas", señalan desde la cúpula regional. El secretario de Organización de Castilla-La Mancha, el diputado (y número dos al Congreso por Toledo), Sergio Gutiérrez, dejó "constancia del desencuentro en Albacete" y votó a favor del dictamen de la comisión de listas. Lo mismo que hará este sábado en el comité federal. Además, hubo algunos ajustes no problemáticos, como el paso del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, del puesto tercero al primero en la plancha al Senado por Badajoz, por lo que con seguridad saldrá elegido.
Lo que queda por saber es cómo se compondrá el puzle completo, porque las candidaturas al Senado sufrirán cambios precisamente por el acuerdo alcanzado con Frente Amplio en casi toda España. Aún hay días por delante para perfilar detalles y nombres, dado que las listas han de presentarse antes del 26 de octubre.
Em sessão solene do Congresso Nacional, foi promulgada nesta sexta-feira (16) a Emenda Constitucional nº 141 de 2026, que põe fim à escala de seis dias de trabalho e apenas um de descanso (6x1) e prevê a escala 5x2, com duas folgas por semana. Com isso, a partir de 15 de dezembro de 2026, a nova jornada entra em vigor em todo país, considerando o período de transição de 60 dias estabelecido na lei.
A emenda também incluiu uma redução gradual da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial, dentro de um período de transição de 14 meses. Após 60 dias, a redução já deverá ser de duas horas semanais. Confira os prazos:
escala de 5 dias de trabalho com 2 dias de descanso (após 60 dias);
redução da jornada de 44 horas para 42 horas semanais (após 60 dias);
jornada de 42 horas para 40 horas semanais, mantida a escala 5x2 (em 14 meses).
No intervalo entre o segundo e o 14º mês após a promulgação, o empregador deverá distribuir, ao longo da semana, as duas horas acima das oito normais de serviço. Se repartidas igualmente, o empregado terá que trabalhar 8 horas e 24 minutos nos cinco dias na semana.
Finalizada a fase de transição, todos os empregados devem trabalhar, no máximo, oito horas diárias e 40 horas semanais em cinco dias na semana. Para trabalhar mais horas, apenas mediante pagamento de hora-extra.
Compensação
O texto permite, excepcionalmente, e mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, que seja estabelecido regime compensatório que permita escala diferente da 5x2.
Nesses casos, os trabalhadores precisam ser compensados no mesmo “mês-calendário”, garantindo “o gozo de pelo menos um dos dias dentro do período máximo de uma semana de trabalho”.
Ou seja, um trabalhador pode fazer ainda a escala 6x1, desde que prevista em acordo coletivo. Nesse caso, o dia trabalhado a mais terá que ser compensado com uma folga dentro do mesmo mês.
Ao final desse mês, ele terá que ter gozado, na média, o equivalente a duas folgas remuneradas por semana.
Terceirizados da administração pública
A regra de transição para os trabalhadores terceirizados do poder público é diferente, sob o argumento de “evitar riscos de descontinuidade na prestação de serviços públicos essenciais executados mediante terceirização”.
As empresas que prestam serviços para o Estado terão prazo de 12 meses após a promulgação da emenda, e não 60 dias como as demais, para acabar com a escala 6x1 dos empregados.
Salários acima de 21 mil
A legislação ainda que a redução da jornada diária não se aplicará aos empregados com diploma de nível superior com remuneração mensal igual ou superior a 2,5 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. Atualmente, essa conta dá R$ 21.188,87.
Nesses casos, a redução da jornada só ocorrerá por liberalidade do empregador (quando é concedido sem obrigação legal) ou se estiver prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O texto, contudo, determina a realização da escala 5x2 nestes casos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) retirou de pauta nesta quinta-feira (15) a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.
O texto, que passou pela Câmara dos Deputados, ganhou celeridade no Senado após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sem alterações, e está pronto para ser votado em plenário em dois turnos sem necessidade de sessões deliberativas prévias, já que teve um calendário especial de tramitação acolhido pelos parlamentares, em votação simbólica na noite de quarta-feira (14).
Alcolumbre explicou que a votação foi adiada para evitar uma "discussão açodada" da matéria e também para que os senadores possam chegar a um acordo sobre as emendas apresentadas à proposta.
"A minha decisão é tirar da pauta de votação de hoje, atendendo àqueles que acharam que botei [a votação do requerimento de calendário especial] no meio da comemoração [da aprovação da PEC que acaba com a escala 6x1] para não haver pedido de verificação", afirmou.
A decisão, segundo ele, evita divergências sobre emendas apresentadas à PEC que não têm consenso entre os senadores. Entre as cinco emendas propostas, estão duas que tratam da redução da maioridade penal.
Propostas
A emenda 84, apresentada pelo senador Rogerio Marinho (PL-RN), propõe reduzir a idade de responsabilização penal para 16 anos como regra geral e para 14 anos nos casos de crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e participação em organizações criminosas.
Já a emenda 87, do senador Camilo Santana (PT-CE), mantém a regra geral de 18 anos, mas reduz a maioridade penal para 16 anos nos casos de crimes hediondos.
A iniciativa do parlamentar petista também não tem amplo apoio na base do governo. A redução da maioridade penal é um tema controverso entre organizações da sociedade civil de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
Ainda segundo o presidente do Senado, a retirada de pauta não foi para atender pedido do governo.
PEC
De autoria do Poder Executivo, a PEC da Segurança estabelece penas mais duras e regimes de prisão mais restritos para chefes de facções e milícias e cria um novo pacto federativo entre União, estados e municípios para o enfrentamento ao crime no Brasil.
Essa proposta foi uma das prioridades do atual governo para a área da segurança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu criar o Ministério da Segurança Pública após aprovação da PEC.
O texto base da proposta foi aprovado no início de setembro, ficando pendente a análise de três destaques que seriam votados hoje com sugestões de mudanças.
O que muda
Entre outras medidas, a PEC propõe a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), alterando o Artigo 144 da Carta Magna, que trata da segurança pública.
A proposta inclui que a segurança deve ser exercida “em regime de cooperação federativa” e “por meio da atuação integrada e descentralizada” das diferentes instituições que trabalham com o tema.
“Art. 144-A. Os órgãos de segurança pública articular-se-ão em regime de cooperação federativa, por meio do Sistema Único de Segurança Pública, destinado a assegurar a eficiência da prevenção, da persecução e da execução penal”, define o texto.
Facções e milícias
A PEC estabelece penas mais duras e regimes especiais de prisão para os chefes de facções e milícias, como prisão em unidades de segurança máxima e restrição ou vedação à progressão de penas.
Também são previstas medidas patrimoniais contra o produto do crime, a responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas e a proteção a denunciantes e seus familiares.
Outra novidade da PEC é a possibilidade de criação de polícias municipais de natureza civil, submetidas ao controle externo do Ministério Público, com a atribuição de realizar policiamento ostensivo e comunitário no âmbito das cidades onde atuarão.
A PEC ainda amplia atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prevê a criação de polícias municipais e aumenta a vinculação do orçamento público para a segurança pública.
Fundos de financiamento
Segundo a PEC, 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) serão repassados pela União para os estados e municípios, excluídas despesas de custeio e investimento da polícia penitenciária nacional do Funpen.
“As regras de financiamento fortalecem o FNSP e o Funpen, criam vinculações e blindagens orçamentárias e garantem repasses obrigatórios. Essas medidas aumentam a previsibilidade financeira, garantindo a perenidade das ações policiais”, escreveu o relator.
O texto ainda prevê que 10% do superávit financeiro anual do Fundo Social, ligado ao pré-sal, sejam destinados aos fundos da segurança, "reforçando o financiamento contínuo das políticas nacionais de segurança pública e execução penal".
A proposta prevê também a criação do Sistema de Políticas Penais, responsável pelo sistema prisional brasileiro, e autoriza União, estados e municípios a atuarem conjuntamente na legislação sobre segurança pública, organização de polícias, guardas municipais e sistema socioeducativo.
O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira (15) o projeto que aumenta o teto da receita bruta anual do microempreendedor individual (MEI) e o perdão de dívidas inscritas na dívida ativa da União até 13 de outubro de 2026. De forma unânime, a proposta foi aprovada por 78 votos favoráveis e nenhum contrário.
Com a aprovação, o limite vai subir progressivamente dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. Esta é a primeira vez desde 2018 que o teto é reajustado. A matéria já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora seguirá para sanção presidencial.
O projeto de Lei Complementar (PLP) 186/26, de autoria do Poder Executivo, estabelece ainda que um MEI possa contratar até dois empregados que recebam exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional. A legislação atualmente permite a contratação de apenas um empregado.
O texto foi apresentado sob o regime de urgência constitucional. O governo argumentou que a mudança atende a uma demanda recorrente dos microempreendedores, impulsionada pelas discussões sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, aprovados no Congresso Nacional.
Segundo o relator do projeto no Senado, Carlos Fávaro (PSD-MT), a proposta corrige uma distorção histórica com os microempreendedores brasileiros e com as pessoas que sonham em tocar o próprio negócio.
"O microempreendedor individual representa uma das mais relevantes de políticas públicas de inclusão produtiva implementadas no país. A exposição de motivos informa a existência de aproximadamente 17 milhões de MEIs que serão beneficiados pelo projeto", destacou na tribuna.
A ampliação do teto de receita bruta, segundo o governo, não representa expansão real do regime, mas recomposição monetária do mesmo patamar fixado em 2018. Desde então, a inflação acumulada supera os 54%, fator que justificaria o reajuste. O impacto orçamentário da expansão será de R$ 1,57 bilhão em 2027, R$ 3,15 bilhões em 2028 e R$ 3,38 bilhões em 2029.
Perdão de dívidas
O projeto também concede anistia integral de dívidas de MEIs, inscritos na Dívida Ativa da União até 13 de outubro de 2026. Cerca de 3,6 milhões de microempreendedores podem ser beneficiados por este perdão e o volume estimado de débitos chega a R$ 12,6 bilhões.
Para ter direito ao benefício, o MEI deverá ficar adimplente no recolhimento dos tributos nos seis meses subsequentes à data de entrada em vigor da lei complementar, sob pena de cancelamento da remissão.
Além disso, o MEI terá que desistir de ações judiciais em curso na data de entrada em vigor da lei complementar. Não haverá pagamento de honorários advocatícios por causa da extinção do processo judicial.
A proposta aprovada também aumenta para R$ 100 mil o limite do valor para realização de licitações destinadas exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, atualmente fixado em R$ 80 mil.
Enquanto governistas discursavam a favor do projeto que estabelecia o fim da escala de trabalho 6×1, parlamentares da oposição se reuniam para debater estratégias e discursos da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. A reunião durou mais de três horas e aconteceu no gabinete do líder do PL no Senado Federal e chefe da campanha de Flávio, Rogério Marinho (RN), que não compareceu ao plenário nem participou da votação da proposta — aprovada na noite de quarta-feira (14), como mostrou a Agência Pública. Procurado pela reportagem, Marinho não retornou até a publicação.
Discussão e votação, em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6×1
Outros dois aliados de Flávio também não votaram: os senadores Sérgio Moro (PL-PR) e Marcio Bittar (PL-AC). O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), que presidiu a sessão, não votou. Pelas regras do regimento interno do Senado, o presidente não vota. Entretanto, a norma permite que o parlamentar entregue o comando da Casa a outro senador para que este participe da votação. O texto foi aprovado em dois turnos por 75 votos a favor e um voto contrário: o do ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos-RS).
O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi o único parlamentar a votar contra a PEC que acaba com a escala de trabalho 6×1 no Senado
Rogério Marinho é autor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), apresentada em maio deste ano, que prevê uma jornada por regime de horas trabalhadas — alternativa da oposição à PEC que estabeleceu o fim da escala 6×1. Flávio Bolsonaro e seus aliados sempre se posicionaram contra a redução da jornada de trabalho sem impacto nos salários, por considerarem que isso representaria prejuízos econômicos à indústria. No entanto, diante da campanha governista e da mobilização popular em favor da proposta, Flávio recuou e afirmou que votaria a favor da aprovação do texto. A mudança foi anunciada na terça-feira (13), após ele visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.
Flávio Bolsonaro trocou a votação sobre o fim da escala 6×1 no Senado por um ato de campanha em Porto Alegre
O novo discurso foi reforçado durante a reunião no gabinete de Rogério Marinho. Além dele, três correligionários do PL estavam no encontro: os senadores Magno Malta (ES), Carlos Portinho (RJ) e o eleito José Medeiros (MT). Também estavam presentes três congressistas do PP: a senadora e ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina (MS); o senador eleito e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL); e o deputado federal Ricardo Barros (PR), ministro da Saúde na gestão de Michel Temer.
“A gente não pode deixar a narrativa nas mãos do adversário”, declarou à Pública, sob reserva, um dos membros da reunião a respeito da mudança no discurso da campanha a menos de duas semanas para o segundo turno das eleições. “Foi uma decisão do presidente [Flávio] e o Lira também concordou”, completou o parlamentar.
Questionado pela Pública após sair da reunião, Lira afirmou que não foi ao gabinete para tratar da PEC em votação.
Flávio Bolsonaro votou à distância enquanto participava de um ato político em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele subiu ao palanque ao lado dos governadores eleitos Luciano Zucco (PL-RS) e Sérgio Moro (PL-PR); e dos governadores reeleitos Jorginho Mello (PL-SC) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Na ocasião, afirmou aos apoiadores que o governo terá que “pagar a conta” do novo modelo de trabalho para compensar empresários que, segundo ele, estariam “quebrados”.
Senado conservador: “não teremos medo de realizar todas as mudanças necessárias”
Aliados de Flávio confirmaram à Pública que a campanha se reuniu, ao longo do último mês, com empresários para discutir as possíveis consequências da implantação da nova jornada de trabalho. A transição de 44 para 40 horas semanais será gradual e começará a valer dois meses após a promulgação da PEC — função do presidente do Congresso. Durante o primeiro ano da nova regra, a jornada terá um limite de 42 horas. Após esse período, o limite passará a ser oficialmente de 40 horas.
Diante disso, Flávio sinalizou ao setor empresarial que, caso eleito, pretende aplicar medidas “compensatórias”; entre elas, propostas legislativas que revertam os efeitos do fim da escala 6×1. As ações seriam possíveis com o apoio dos parlamentares do PL no Congresso Nacional. Em 2027, a legenda terá a maior bancada das duas casas: 28 senadores e 121 deputados. “Com um Senado conservador, não teremos medo de realizar todas as mudanças necessárias”, disse uma parlamentar da extrema-direita à reportagem, sob condição de anonimato.
Após a imprensa revelar a articulação com representantes da indústria, contudo, o discurso da campanha tornou-se mais cauteloso. O senador Carlos Portinho (PL-RJ) declarou que a medida estudada por uma possível nova gestão bolsonarista é a desoneração da folha de pagamento. O benefício já é garantido a 17 setores da economia. Com ele, há uma diminuição expressiva no percentual de impostos pagos pelas empresas, decorrente de uma tributação baseada na receita bruta total, em vez de uma taxa fixa sobre o salário dos funcionários.
“Como a gente não tem os dados [de possíveis prejuízos com a aprovação], não pode avaliar, a gente entende que a proposta para o trabalhador é um benefício. Para o setor produtivo, a gente terá instrumentos no futuro para tentar mitigar, o que só empiricamente a gente vai poder comprovar se houve dano ou não. A única coisa que falei aqui é que isso vai ser avaliado durante a execução da lei e vai ter impactos, é lógico. E, para mitigar o setor produtivo, pode voltar a desoneração da folha para tentar equilibrar essa relação”, declarou Portinho.
Na Câmara dos Deputados, a oposição se manifestou de forma mais incisiva contra o novo modelo de trabalho. Durante a discussão do texto no Senado, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), frisou que o partido defende a aprovação, no ano que vem, de uma PEC sobre jornada de trabalho por horas trabalhadas. Conforme o parlamentar, a proposta dará a opção de escolha entre a contratação baseada na Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) ou por meio do modelo de Microempreendedor Individual (MEI).
Mesmo com os votos favoráveis da oposição em meio a pressão eleitoral, o plenário do Senado foi tomado pela base governista. Uma semana antes da votação, parlamentares do PL ainda acreditavam que a pauta poderia ser adiada com uma possível reavaliação por parte de Davi Alcolumbre, em meio a negociações para se reeleger presidente do Congresso.
A proposta estava parada no Senado desde maio de 2026, quando foi aprovada na Câmara dos Deputados. Desde então, Alcolumbre fez várias declarações afirmando que não se renderia às “pressões” para votar em pleno ano eleitoral. A postura mudou após negociações com a campanha de Lula, sobretudo com a intensificação da disputa pelo Planalto e os resultados desfavoráveis a Alcolumbre no primeiro turno das eleições. Os dois candidatos apoiados por ele no Amapá foram derrotados: o governador Clécio Luís (União) e o senador Randolfe Rodrigues (PT).
Um dia antes da sessão, parlamentares do PT discutiam nos bastidores a possibilidade de o presidente Lula comparecer ao Congresso para comemorar o resultado. O presidente, por sua vez, comemorou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. “Quero parabenizar o povo que foi para a rua, quero parabenizar os senadores e senadoras que votaram favorável porque o povo merece respeito e conquistou esse respeito”.
A aprovação do fim da escala 6x1, com a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, repercutiu na imprensa internacional, que destacou que a votação foi uma vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às vésperas do 2º turno das eleições no Brasil.
O jornal espanholEl Paísescreveu no título que “dezenas de milhões de trabalhadores conquistam um segundo dia livre no Brasil, uma vitória política para Lula”.
Na Argentina, o jornal Clarín classificou a aprovação como “jogada política de Lula: Brasil aprova redução da jornada de trabalho, a menos de duas semanas do segundo turno das eleições”.
O também argentino La Nacion disse que a votação é “a grande aposta de Lula antes do segundo turno”, acrescentando que “o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro mudou de posição e anunciou seu voto favorável 48 horas antes da sessão".
O jornal inglês Financial Times, especializado em economia e finanças, destacou que os legisladores brasileiros “votaram para abolir uma semana de trabalho de seis dias na maior economia da América Latina”.
O jornal diz que a votação foi uma “vitória para Lula” próxima ao segundo turno eleitoral, acrescentando ainda as críticas dos grupos empresariais que reclamam de aumento de custos.
“Terminar a semana de trabalho de seis dias alinhará o Brasil com muitas nações de renda mais alta, onde as horas de trabalho diminuíram à medida que a produtividade e a eficiência melhoraram”, escreveu o Financial Times.
O também britânico The Guardian aponta vitória de Lula com a aprovação e calcula que a mudança pode afetar até 30 milhões de pessoas no Brasil.
“A proposta começou como um movimento do TikTok chamado Vida Além do Trabalho, fundado por um assistente de farmácia que entrou na política após seu sucesso e mais tarde foi abraçado por Lula”, escreveu o The Guardian.
Mudança de posição
A imprensa estrangeira ainda lembrou que o candidato Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o 2º turno contra Lula, era contrário à proposta de emenda à constituição (PEC) que acaba com a 6x1, mas acabou mudando de posição poucos dias antes da votação.
“Mesmo depois de mudar sua posição, Bolsonaro disse na terça-feira que ‘apoia algo ainda melhor’, referindo-se a uma proposta alternativa que há muito tempo defendia em que o pagamento seria baseado nas horas realmente trabalhadas”, acrescentou o The Guardian.
A agência de notícias dos Estados Unidos (EUA) Associated Press (AP) apontou que o único voto contrário foi “do ex-vice-presidente Hamilton Mourão, que atuou durante o governo do presidente Jair Bolsonaro”.
A AP explicou que os aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL) “deixaram de bloquear a medida popular para que ele não fosse prejudicado em sua disputa acirrada contra Lula”.
Manifestantes participam de ato pelo fim da escala 6x1 e caminham pela Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Aprovação no Senado
O plenário do Senado concluiu a aprovação da PEC do fim da 6x1 na noite de quarta (14), com 75 votos a favor e apenas um contrário.
A oposição, que era contrária à aprovação da matéria, mudou de lado após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pautar o tema no plenário.
Em entrevista à TV Jovem Pan, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que, se eleito, Flávio Bolsonaro deve aprovar a PEC 12/2026, que prevê um contrato “por hora trabalhada”.
Entenda a PEC
O texto da PEC que acaba com a 6x1 prevê descanso remunerado obrigatório de dois dias por semana, em jornada máxima de 5x2, sem redução salarial, e também reduz a atual jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com uma regra de transição total de 14 meses.
Pelo texto, 60 dias após a promulgação da emenda constitucional, as empresas deverão adotar a escala 5x2 e reduzir a jornada máxima para até 42 horas semanais de trabalho. Depois de mais 12 meses, a jornada será reduzida para 40 horas semanais.
Senadores progresistas de Brasil declararon que, en el entorno del próximo balotaje, la aprobación del final del 6x1 significa una victoria para el presidente Lula, pero también para la movilización en las calles.
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 14 de outubro, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que determina o fim da escala 6×1, que estabelecia seis dias de trabalho, com somente uma folga por semana. O novo texto constitucional prevê a redução gradual da jornada de trabalho semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 que a jornada de trabalho no Brasil não sofria uma redução. Foi a Constituição da redemocratização do país que diminuiu para 44 horas a jornada máxima de trabalho semanal que era até então de 48 horas.
A chamada “PEC do fim da 6×1” é uma das principais bandeiras de campanha para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A votação teve 75 votos favoráveis e apenas um contra, o do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente no governo de Jair Bolsonaro. No fim da votação dos dois turnos, os senadores aliados ao governo chegaram a entoar um dos jingles mais famosos da campanha à reeleição de Lula.
A votação em dois turnos no mesmo dia foi viabilizada a partir do requerimento apresentado à Mesa Diretora pela líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-CE), que conquistou a assinatura de 56 senadores para aprovação do pedido. Partidos de oposição ao governo, como Progressistas (PP) e Partido Liberal (PL), liberaram suas bancadas para votação da PEC. A bancada do Republicanos votou a favor da proposta.
Líder do PT no Senado, Teresa Leitão foi a articuladora da votação da PEC em dois turnos
“Sim, principalmente pelas trabalhadoras, mães atípicas, que serão as mais beneficiadas”, afirmou a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), durante a votação. O apoio às mães atípicas é uma das principais bandeiras defendidas pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, que ocupará uma cadeira no Senado Federal no próximo ano.
Na abertura da sessão desta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), destacou que cumpriu com sua palavra ao pautar a discussão da PEC. “Nos últimos meses e semanas, afirmei publicamente que a proposta seria pautada depois das eleições. Assumi esse compromisso para que cada senador e senadora pudesse decidir, passada a disputa eleitoral, com liberdade, consciência e convicção. Hoje, nesta sessão deliberativa, cumpro a minha palavra”, declarou Alcolumbre. “Para quem acorda cedo, pega ônibus lotado, cumpre sua jornada e volta para casa no fim do dia, essa é uma mudança gigantesca”, completou.
Em suas redes sociais, o presidente Lula também comemorou a aprovação. “É oficial: a escala 6×1 acabou! Hoje é dia de comemorar uma conquista histórica de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. O fim da 6×1 é mais do que uma mudança na jornada. É mais tempo para viver, descansar, estar com a família, acompanhar os filhos crescerem, cuidar de si e aproveitar a vida. Quem trabalha tanto para construir o Brasil também merece ter tempo para viver”, declarou a postagem do presidente na rede social X (antigo Twitter).
Mesmo ausente no Senado, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro também votou, de forma online, a favor da PEC que põe fim à Escala 6×1. Até a última terça-feira, 13 de outubro, o candidato evitou se comprometer com a votação da proposta e defendia como alternativa ao fim da escala 6×1, a inclusão na Constituição do regime de pagamento por hora trabalhada. A mudança ocorreu depois de uma visita ao pai, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, condenado pela tentativa de golpe de Estado.
Flávio Bolsonaro não se manifestou nas redes sobre o assunto e preferiu publicar um vídeo, na noite desta quarta-feira, defendendo a redução da maioridade penal.
O caminho até a aprovação da PEC
A votação foi pautada após ter sido aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados no dia 27 de maio deste ano. Na ocasião, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou a discussão pelo plenário no mesmo dia em que o parecer do relator, o deputado Leo Prates (Republicanos-BA), foi aprovado na Comissão Especial sobre o tema da Casa Legislativa por 34 votos favoráveis e 4 contrários. Já no plenário, a aprovação do texto veio com 472 votos a favor e 22 contra, no primeiro turno e 461 a 19, no segundo turno.
Apesar de ter sido aprovada pela Câmara em maio, a PEC só voltou a ser discutida no Congresso Nacional cerca de quatro meses depois. A demora inspirou a oposição e o Centrão a desenvolver a proposta de substituir o fim da jornada 6×1 pelo regime de trabalho pago por hora em junho deste ano, como mostrou a Agência Pública. O acordo para retomar a tramitação da PEC ocorreu já no segundo semestre entre o presidente Lula, Alcolumbre e Hugo Motta. Os três se encontraram em 27 de agosto, no Palácio da Alvorada, e indicaram o avanço na tramitação de propostas de interesse do governo, entre elas as PECs da Escala 6×1 e da Segurança Pública, que estavam paradas na Casa Alta.
A reunião ocorreu após meses de afastamento entre o governo federal e Alcolumbre, iniciados quando o Senado rejeitou a indicação por Lula de Jorge Messias, Advogado-Geral da União, a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).
Já como resultado do acordo, na última semana de atividades do Congresso, antes do recesso eleitoral, durante o chamado esforço concentrado, as duas PECs foram deliberadas e aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O relator da PEC sobre a jornada de trabalho na CCJ, senador Omar Aziz (PSD-AM), rejeitou todas as emendas apresentadas e não alterou o texto da proposta, como parte da estratégia do governo para que a PEC continuasse caminhando na Casa. Se o relatório fosse alterado por Aziz, a proposta deveria voltar à Câmara para ser novamente analisada pelos deputados.
Aprovada de forma simbólica, apenas quatro senadores registraram seus votos e se posicionaram contra a proposta na Comissão: Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Jaime Bagattoli (PL-RO), Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS).
Proposta de pagamento por horas trabalhadas
O senador Rogério Marinho, que também é coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, apresentou em maio uma PEC que flexibiliza a jornada de trabalho. No lugar do fim da escala 6×1, a proposta defende que o trabalhador possa escolher entre o regime previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou o pagamento por horas trabalhadas, em um regime flexível determinado a partir do acordo entre patrão e empregado. Benefícios como FGTS, férias e 13º salário também seriam pagos proporcionalmente.
Senador Rogério Marinho (PL-RN) é autor da PEC que pretende criar no Brasil o regime de trabalho com pagamento por hora
Apesar de ter afirmado nesta terça-feira, dia 13 de outubro, que votaria no plenário a favor do fim da escala 6×1, Flávio Bolsonaro apoia a PEC apresentada por Marinho. Não à toa, o líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou, antes do início da sessão de votação que pode acabar com a escala 6×1, que Flávio deve caminhar com a tramitação da PEC que flexibiliza a jornada de trabalho.
“Queremos redução da jornada de trabalho e liberdade para o trabalhador. Como o governo só quer fazer demagogia eleitoral, votamos o fim da jornada 6×1 e ano que vem aprovamos o pagamento por hora trabalhada”, declarou Sóstenes. A jornalistas, o líder do partido no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), afirmou, também, que o PL vai trabalhar no próximo ano, em um possível governo de Flávio, para mudar o que for aprovado na PEC da 6×1.
Durante a votação, a senadora Teresa Leitão, líder do governo no Senado, chamou atenção para a estratégia da oposição de mudar a pauta. “Tem votos que estão vindo agora [para a PEC do fim da 6×1] para Flávio melhorar na eleição, mas depois esses votos vão mudar na posição de uma nova PEC”, afirmou em referência a “PEC das horas trabalhadas”, de Rogerinho Marinho.
Quando a PEC do fim da escala 6×1 ganhou força?
Apesar de propostas para reduzir a jornada de trabalho terem sido apresentadas no Congresso Nacional desde 1990, a luta pelo fim da escala 6×1 alcançou maior popularidade somente nos últimos três anos, após a repercussão de uma petição pública online organizada pelo Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), liderado pelo atual vereador e deputado federal eleito Ricardo (Rick) Azevedo (PSOL-RJ).
Vereador Rick Azevedo foi o fundador do movimento Vida Além do Trabalho (VAT) que inspirou a proposta de fim da escala 6×1 no Brasil
Em 2023, antes de entrar na carreira política, Azevedo trabalhava como caixa em uma farmácia no Rio de Janeiro, quando publicou vídeos no TikTok compartilhando sua rotina, com seis dias de trabalho e apenas um de descanso. “Eu não tenho filho, não tenho marido, sou sozinho e não consigo fazer as coisas, imagina quem tem tudo isso e casa para cuidar. A pessoa se doa para a empresa seis dias na semana e só tem um dia para folgar, isso para ganhar um salário mínimo”, declarou em uma das publicações.
Com a viralização dos vídeos, ele criou grupos nos aplicativos de mensagens instantâneas WhatsApp e Telegram que impulsionaram o movimento. Depois de ser catapultado a uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Rick Azevedo chega à Câmara dos Deputados em 2027, após alcançar mais de 190 mil votos nas eleições deste ano.
A jornada de trabalho pode inclusive impactar no direito ao voto, conforme a Agência Pública mostrou nesta reportagem. Depois de acompanhar as dificuldades dos trabalhadores que encaram a escala 6×1 para votarem nas eleições de 2022 e 2024, o Ministério Público do Trabalho (MPT) do Rio Grande do Sul obrigou um grupo de empresas a garantir que os empregados tivessem tempo de votar no primeiro turno das eleições deste ano.
A petição “Por um Brasil que vai além do trabalho: VAT e Ricardo Azevedo na vanguarda da mudança” atingiu quase três milhões de assinaturas, chegando a ser citada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) na justificativa da PEC 8/2025, apresentada por ela e outros parlamentares. A proposta previa o modelo 4×3 de jornada de trabalho.
No texto, Hilton afirma que a alteração “reflete um movimento global em direção a modelos de trabalho mais flexíveis aos trabalhadores, reconhecendo a necessidade de adaptação às novas realidades do mercado de trabalho e às demandas por melhor qualidade de vida dos trabalhadores e de seus familiares”.
A proposta da deputada ganhou tração na Câmara e passou a tramitar junto à PEC 221/2019, de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que defendia a redução de 44 para 36 horas semanais de trabalho. “Todos tentaram impedir que a nossa matéria desse andamento, quando ela foi protocolada na Câmara. Na própria Câmara houve inúmeras tentativas de obstruir, colocar emendas, mudar o tempo de transição que havia sido proposto. Todas as manobras regimentais foram usadas, mas nós conseguimos aprovar com um quórum altíssimo de deputados”, declarou a deputada a jornalistas nesta quarta-feira, 14 de outubro, durante a sessão da 6×1 no Senado.
Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) esteve no Senado e acompanhou a votação da PEC que altera a jornada de trabalho
“Os trabalhadores estão aguardando pelo fim da escala 6×1. E nenhuma manobra feita pelos aliados do Flávio Bolsonaro, inclusive já há apresentação de requerimento para tentar aprovar a PEC das horas trabalhadas [referência a PEC apresentada por Rogério Marinho], e emenda tentando mudar o tempo de transição, mas todas elas também serão derrotadas”, completou.
Com maior projeção após a defesa do fim da escala 6×1, Hilton foi reeleita no pleito de 2026 com mais de 1,5 milhão de votos, alcançando a marca de mulher mais votada da história na Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou nesta quarta-feira (14) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1 – seis dias de trabalho para um de descanso. Com a mudança na legislação, o trabalhador agora terá dois dias de folga na semana, para cada cinco trabalhados, sem redução de salário.
O texto também prevê a redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais. A PEC, agora, deverá ser promulgada pelo Congresso Nacional.
Levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que o fim da escala 6x1 e a redução da jornada máxima de trabalho para 40 horas semanais deve beneficiar 26,8 milhões de trabalhadores.
O totalreúne 22 milhões de trabalhadores formais, o equivalente a 54% dos empregados com carteira assinada, e aproximadamente 4,8 milhões de trabalhadores informais que atualmente cumprem jornadas superiores a 40 horas por semana. O estudo foi elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) referente a 2025.
Quando passa a valer?
De acordo com o texto aprovado, em 60 dias após a promulgação da emenda constitucional, as empresas terão que garantir a escala 5x2, assim como a redução da jornada de 44 para 42 horas semanais.
Dessa forma, caso a PEC seja promulgada ainda em outubro, as regras entrariam em vigor em dezembro de 2026.
Após essa primeira redução, 12 meses depois a jornada cai para 40 horas. Com isso, a transição completa levará 14 meses.
A exceção são os trabalhadores terceirizados da administração pública, que terão uma regra de transição diferenciada (confira abaixo).
Veja as regras de transição da PEC que acaba com a escala 6x1:
escala de 5 dias de trabalho com 2 dias de descanso (após 60 dias);
redução da jornada de 44 horas para 42 horas semanais (após 60 dias)
jornada de 42 horas para 40 horas semanais, mantida a escala 5x2 (em 14 meses).
Como será feito o cálculo das horas de trabalho?
No intervalo entre o segundo e o 14º mês após a promulgação, o empregador deverá distribuir, ao longo da semana, as duas horas acima das oito normais de serviço. Se repartidas igualmente, o empregado terá que trabalhar 8 horas e 24 minutos nos cinco dias na semana.
Finalizada a fase de transição, todos os empregados devem trabalhar, no máximo, oito horas diárias e 40 horas semanais em 5 dias na semana. Para trabalhar mais horas, apenas mediante pagamento de hora-extra.
A proposta prevê que lei complementar posterior poderá estabelecer medidas transitórias de mitigação dos impactos da redução da jornada para os microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.
Compensação
O texto permite, excepcionalmente, e mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, que seja estabelecido regime compensatório que permita escala diferente da 5x2.
Nesses casos, os trabalhadores precisam ser compensados no mesmo “mês-calendário”, garantindo “o gozo de pelo menos um dos dias dentro do período máximo de uma semana de trabalho”.
Ou seja, um trabalhador pode fazer ainda a escala 6x1, desde que prevista em acordo coletivo. Nesse caso, o dia trabalhado a mais terá que ser compensado com uma folga dentro do mesmo mês.
Ao final desse mês, ele terá que ter gozado, na média, o equivalente a duas folgas remuneradas por semana.
Terceirizados do Estado
A regra de transição para os trabalhadores terceirizados do poder público é diferente, sob o argumento de “evitar riscos de descontinuidade na prestação de serviços públicos essenciais executados mediante terceirização”.
As empresas que prestam serviços para o Estado terão prazo de 12 meses após a promulgação da emenda, e não 60 dias como as demais, para acabar com a escala 6x1 dos empregados.
Os contratos aditados após 60 dias da promulgação da emenda já terão que observar a nova jornada de trabalho instituída pela PEC.
Salários acima de 21 mil
A PEC prevê ainda que a redução da jornada diária não se aplicará aos empregados com diploma de nível superior com remuneração mensal igual ou superior a 2,5 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. Atualmente, essa conta dá R$ 21.188,87.
Nesses casos, a redução da jornada só ocorrerá por liberalidade do empregador (quando é concedido sem obrigação legal) ou se estiver prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O texto, contudo, determina a realização da escala 5x2 nestes casos.
O plenário do Senado Federal aprovou na noite desta quarta-feira (14) um requerimento que cria um calendário especial de tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.
O texto, que já passou pela Câmara dos Deputados, havia sido aprovado mais cedo pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, sem alterações. Com isso, a votação da PEC em dois turnos poderá ser feita de forma direta, sem necessidade de sessões de deliberação antes e após cada turno, como prevê o Regimento Interno da Casa legislativa.
São necessários os votos favoráveis de 49 dos 81 senadores para que a proposta seja aprovada.
Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a PEC será analisada em plenário na sessão deliberativa marcada para a tarde desta quinta-feira (15).
De autoria do Poder Executivo, a PEC da Segurança estabelece penas mais duras e regimes de prisão mais restritos para chefes de facções e milícias e cria um novo pacto federativo entre União, estados e municípios para o enfrentamento ao crime no Brasil.
Essa proposta foi uma das prioridades do atual governo para a área da segurança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu criar o Ministério da Segurança Pública após aprovação da PEC.
O texto base da proposta foi aprovado no início de setembro, ficando pendente a análise de três destaques que seriam votados hoje com sugestões de mudanças.
Os requerimentos, porém, não foram votados porque os autores, Carlos Portinho (PL-RJ) e Alessandro Vieira (MDB-SE), não estavam presentes na sessão.
O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), justificou, com base no Artigo 300 do regimento interno do Senado, que os destaques apresentados ficaram prejudicados com a ausência dos senadores.
PEC
Entre outras medidas, A PEC propõe a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), alterando o Artigo 144 da Carta Magna, que trata da segurança pública.
A proposta inclui que a segurança deve ser exercida “em regime de cooperação federativa” e “por meio da atuação integrada e descentralizada” das diferentes instituições que trabalham com o tema.
“Art. 144-A. Os órgãos de segurança pública articular-se-ão em regime de cooperação federativa, por meio do Sistema Único de Segurança Pública, destinado a assegurar a eficiência da prevenção, da persecução e da execução penal”, define o texto.
Facções e milícias
A PEC estabelece penas mais duras e regimes especiais de prisão para os chefes de facções e milícias, como prisão em unidades de segurança máxima e restrição ou vedação à progressão de penas.
Também são previstas medidas patrimoniais contra o produto do crime, a responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas e a proteção a denunciantes e seus familiares.
Outra novidade da PEC é a possibilidade de criação de polícias municipais de natureza civil, submetidas ao controle externo do Ministério Público, com a atribuição de realizar policiamento ostensivo e comunitário no âmbito das cidades onde atuarão.
A PEC ainda amplia atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prevê a criação de polícias municipais e aumenta a vinculação do orçamento público para a segurança pública.
Fundos de financiamento
Segundo a PEC, 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) serão repassados pela União para os estados e municípios, excluídas despesas de custeio e investimento da polícia penitenciária nacional do Funpen.
“As regras de financiamento fortalecem o FNSP e o Funpen, criam vinculações e blindagens orçamentárias e garantem repasses obrigatórios. Essas medidas aumentam a previsibilidade financeira, garantindo a perenidade das ações policiais”, escreveu o relator.
O texto ainda prevê que 10% do superávit financeiro anual do Fundo Social, ligado ao pré-sal, sejam destinados aos fundos da segurança, "reforçando o financiamento contínuo das políticas nacionais de segurança pública e execução penal".
A proposta prevê também a criação do Sistema de Políticas Penais, responsável pelo sistema prisional brasileiro, e autoriza União, estados e municípios a atuarem conjuntamente na legislação sobre segurança pública, organização de polícias, guardas municipais e sistema socioeducativo.
Em uma decisão histórica, o plenário do Senado Federal aprovou na noite desta quarta-feira (14), em votação em dois turnos, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 221/2019, que põe fim à escala 6x1 de trabalho, aquela em que o empregado trabalha seis dias por um de folga na semana.
Foram 75 votos a favor da PEC e apenas um contrário, em ambos os turnos.
O quórum exigido para uma emenda constitucional era de pelo menos 49 votos favoráveis. O número de parlamentares com presença registrada em plenário chegou a 77 dos 81 senadores, segundo o painel de votação.
O texto prevê descanso remunerado obrigatório de dois dias por semana, em jornada máxima de 5x2, sem redução salarial, e também reduz a atual jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com uma regra de transição total de 14 meses.
A mudança representa um marco na luta por direitos trabalhistas desde a Constituição de 1988, quando a jornada foi reduzida de 48 para 44 horas semanais, e concede um dia a mais de descanso para que trabalhadores com carteira assinada possam descansar, ampliar o convívio com a família e ter mais tempo de lazer e estudos.
Pelo texto, 60 dias após a promulgação da emenda constitucional as empresas deverão adotar a escala 5x2 e reduzir a jornada máxima para o máximo de 42 horas semanais de trabalho. Depois de mais 12 meses, a jornada será reduzida para 40 horas semanais.
"Eu tenho certeza que, desde a Constituinte de 1988, esta é a maior conquista dos trabalhadores brasileiros", afirmou o senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da matéria na Casa legislativa.
Ele manteve o mesmo texto aprovado pelos deputados há cinco meses, de forma que a proposta não precisará retornar à Câmara e poderá seguir diretamente para a promulgação.
A votação em primeiro e segundo turnos na mesma noite foi possível após a aprovação, em votação simbólica, de um requerimento de calendário especial, feito por líderes partidários, que dispensou a exigência de novas sessões deliberativas para análise da proposta.
Brasília-DF - 14/10/2026 - Sessão do Senado que votou o fim da escala 6X1. Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Debate em plenário
A sessão deliberativa começou pouco depois das 14h e se estendeu até por volta das 22h, quando o resultado da votação foi revelado. Praticamente todos os senadores que subiram à tribuna se declararam favoráveis à proposta, mesmo com críticas pontuais.
"Estamos escrevendo este capítulo ao lado de cada trabalhador que acorda antes do sol nascer, de cada mãe e cada pai que querem acompanhar o crescimento de seus filhos, de quem deseja estudar, cuidar da saúde, encontrar os amigos, estar com a família ou descansar", afirmou a senadora Tereza Leitão (PT-PE), líder do governo no Senado.
"A jornada de 44 horas semanais vigora desde a Constituição de 1988 e não reflete mais a realidade do mundo do trabalho, profundamente transformado pela tecnologia, pela automação, por novas normas e formas de organização produtiva", comentou o senador Eduardo Braga (MDB-AM).
Citando dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a senadora Leany Lemos (PSD-DF) destacou que 36,2 milhões de vínculos de trabalho com carteira assinada possuem jornada contratada superior a 40 horas semanais no Brasil, o que equivale a praticamente 80% dos vínculos celetistas analisados.
"Ou seja, somente 20% dos trabalhadores formalizados no país não trabalham na jornada 6x1. Esses dados permitem dimensionar o alcance da redução da jornada e identificar os setores mais afetados", pontuou.
Em seu pronunciamento em plenário, o senador Paulo Paim (PT-RS) disse que não tinha como conter a emoção.
"Quando eu olho para trás, para 30, 40, 50 anos, eu me sinto aqui, agora, um menino negro e pobre que esperou 50 anos para este momento acontecer. Quem operou, trabalhou, em fundições, em fábricas, em marcenarias, em fábricas de barro e de vasos, como eu e tantos trabalhadores, sabe que este momento é especial", afirmou.
Mesmo favorável à PEC, o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) alertou sobre os riscos de a medida aumentar o custo do trabalho e causar impactos a micro e pequenas empresas, que contratam boa parte da força de trabalho que atua na escala 6x1.
"Não podemos permitir que essa conquista se torne, a médio e longo prazos, em prejuízo para quem queremos proteger", observou. Apesar de, ao longo do debate, ter sido contrário à proposta, o Partido Liberal (PL) liberou a bancada para a votação.
Empresário, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) informou já ter eliminado a escala 6x1 em suas empresas, o que ampliou a oferta de mão-de-obra e aumento da produtividade.
"A única maneira que nós encontramos de resolver a falta de mão-de-obra, que há muitos anos assola esse país, não é de agora, foi flexibilizar o fim dessa jornada, que nas nossas empresas acontece há mais de 5 anos", disse o parlamentar.
O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi o único a votar contra a proposta.
Durante discurso na tribuna do Senado, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, criticou a ausência dos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Rogério Marinho (PL-RN) na sessão destinada à votação da proposta.
"Eu olho para o painel do Senado e ainda não vejo a presença do senador Flávio Bolsonaro, nem do coordenador de campanha dele, o senador Rogério Marinho. Eles haviam dito primeiro que eram contra [o projeto]. Diziam eles que era eleitoreiro, mas mudaram de posição", afirmou.
Flávio cumpriu agenda de campanha no Rio Grande do Sul ao longo do dia, mas registrou a presença em plenário para votar a matéria de forma remota. No painel de votação, Flávio Bolsonaro registrou voto favorável à PEC. Marinho não registrou presença na votação, constando como ausente.
Milhões de beneficiados
Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), elaborada com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), apontou que 80% dos vínculos com jornadas superiores a 40 horas semanais tinham salários contratuais de até dois salários mínimos (atualmente em R$ 3.242). O percentual chegava a 90% quando considerado o limite de três salários mínimos (R$ 4.863).
Os vínculos com contratos de até 40 horas semanais registravam remuneração mensal média de R$ 6.211,16. Já os trabalhadores contratados para jornadas de 44 horas recebiam, em média, cerca de 42,3% desse valor, ou seja, cerca de R$ 2.627,32.
A escolaridade também aparece associada à duração da jornada. Mais de 83% dos vínculos de trabalhadores com ensino médio completo ou escolaridade inferior tinham jornadas superiores a 40 horas semanais. Entre aqueles com ensino superior completo, a proporção era de 53%.
Uma outra pesquisa apontou que o fim da escala 6x1 e a redução da jornada máxima de trabalho para 40 horas semanais deve beneficiar 26,8 milhões de trabalhadores. O número reúne 22 milhões de trabalhadores formais, o equivalente a 54% dos empregados com carteira assinada, e aproximadamente 4,8 milhões de trabalhadores informais que atualmente cumprem jornadas superiores a 40 horas por semana.
Os dados são de um levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, referente a 2025. Segundo o estudo, mais da metade dos trabalhadores formais brasileiros ainda trabalham acima da jornada de 40 horas semanais.
O Senado iniciou nesta quarta-feira (14) votação em primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221/2019), que reduz a jornada de trabalho e estabelece dois dias de descanso semanais.
Neste momento, os senadores discursam no plenário. O sistema para registrar os votos dos senadores ainda não está aberto.
Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno, e por mais três sessões de discussão para votação em segundo turno. Todas as sessões e votações ocorrem no plenário do Senado.
São necessários, pelo menos, 49 votos de senadores a favor, em cada turno, para ser aprovada.
O texto que será analisado pelos senadores é o mesmo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio, em dois turnos, por ampla maioria.
Sendo mantida e aprovada em dois turnos pelos senadores, a proposta segue automaticamente para promulgação pelo Congresso Nacional.
>> Veja a proposta:
dois dias de descanso na semana, sem redução salarial
redução da jornada máxima de 44 horas semanais para 40 horas.
60 dias após a promulgação: empresas deverão adotar a escala 5x2 e reduzir a jornada para 42 horas semanais.
12 meses: a jornada será reduzida para 40 horas semanais.
jornadas diferenciadas para trabalhadores com diploma de ensino superior que recebam remuneração igual ou superior a R$ 21.188,87, desde que seja mantida a escala 5x2. Duração da jornada poderá ser definida por negociação direta entre empregador e empregado.
preserva a possibilidade de acordos e convenções coletivas para disciplinar situações específicas e categorias submetidas a regimes diferenciados.
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado concluiu, nesta quarta-feira (14), a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.
O texto agora está pronto para análise no plenário do Senado. Se aprovada sem alterações, a PEC 18 de 2025 será promulgada uma vez que já foi aprovada na Câmara.
De autoria do Poder Executivo, a PEC estabelece penas mais duras e regimes de prisão mais restritos para chefes de facções e milícias e cria um novo pacto federativo entre União, estados e municípios para o enfrentamento ao crime no Brasil.
Essa proposta foi uma das prioridades do atual governo para área da segurança, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometendo criar um ministério da segurança pública após aprovação da PEC.
Os requerimentos, porém, não foram votados porque os autores dos requerimentos Carlos Portinho (PL-RJ) e Alessandro Viera (MDB-SE) não estavam presentes na sessão.
O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), justificou, com base no Artigo 300 do regimento interno do Senado, que os destaques apresentados ficaram prejudicados com a ausência dos senadores.
“Não tendo solicitado a palavra o autor do destaque para encaminhamento, ficam prejudicado os destaques”, disse.
Alencar informou à imprensa que conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para votar o tema no plenário ainda antes do segundo turno das eleições, marcadas para 25 de outubro.
“Pelo que o Davi me falou ontem, nós temos condição de aprova-la ainda nesse período antes do segundo turno. Vamos trabalhar por isso, para que a matéria possa ser promulgada e o presidente [Lula] possa criar o Ministério da Segurança Pública do país."
A PEC
Entre outras medidas, A PEC propõe a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), alterando o Artigo 144 da Carta Magna, que trata da segurança pública.
A proposta inclui que a segurança deve ser exercida “em regime de cooperação federativa” e “por meio da atuação integrada e descentralizada” das diferentes instituições que trabalham com o tema.
“Art. 144-A. Os órgãos de segurança pública articular-se-ão em regime de cooperação federativa, por meio do Sistema Único de Segurança Pública, destinado a assegurar a eficiência da prevenção, da persecução e da execução penal”, define o texto.
Facções e milícias
A PEC estabelece penas mais duras e regimes especiais de prisão para os chefes de facções e milícias, como prisão em unidades de segurança máxima e restrição ou vedação à progressão de penas.
Também são previstas medidas patrimoniais contra o produto do crime, a responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas e a proteção a denunciantes e seus familiares.
Outra novidade da PEC é a possibilidade de criação de polícias municipais de natureza civil, submetidas ao controle externo do Ministério Público, com a atribuição de realizar policiamento ostensivo e comunitário no âmbito das cidades onde atuarão.
A PEC ainda amplia atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prevê a criação de polícias municipais e aumenta a vinculação do orçamento público para segurança pública.
Fundos de financiamento
Segundo a PEC, 50% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) serão repassados pela União para os estados e municípios, excluídas despesas de custeio e investimento da polícia penitenciária nacional do Funpen.
“As regras de financiamento fortalecem o FNSP e o Funpen, criam vinculações e blindagens orçamentárias e garantem repasses obrigatórios. Essas medidas aumentam a previsibilidade financeira, garantindo a perenidade das ações policiais”, escreveu o relator.
A PEC ainda prevê que 10% do superávit financeiro anual do Fundo Social, ligado ao pré-sal, sejam destinados aos fundos da segurança, "reforçando o financiamento contínuo das políticas nacionais de segurança pública e execução penal".
A proposta ainda prevê a criação do Sistema de Políticas Penais, responsável pelo sistema prisional brasileiro, e autoriza União, estados e municípios a atuarem conjuntamente na legislação sobre segurança pública, organização de polícias, guardas municipais e sistema socioeducativo.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou nesta terça-feira (13) que um requerimento para acelerar a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do fim da escala 6x1 já conta com assinaturas suficientes para ser apreciado em plenário. Com isso, a votação da PEC pode ocorrer em dois turnos já nesta quarta-feira (14), se o requerimento for aprovado.
"Vários senadores assinaram um requerimento de calendário especial. Já há o número regimental para a apreciação do calendário especial na tarde da sessão de amanhã", disse Alcolumbre, pouco antes de encerrar a sessão deliberativa desta terça.
A PEC 221, de 2019, prevê descanso remunerado de dois dias por semana, sem redução salarial, e reduz a atual jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com uma regra de transição total de 14 meses.
Desde a semana passada, o texto está em deliberação no plenário. O Regimento Interno do Senado exige cinco sessões deliberativas antes da votação da proposta em 1º turno, que já estava prevista para ocorrer na sessão desta quarta-feira.
Por ser uma mudança constitucional, uma votação em 2º turno também é exigida, com intervalo de mais três sessões deliberativas. É justamente esse interstício de três sessões extras que poderá ser quebrado com a aprovação do requerimento de calendário especial, viabilizando a segunda votação. Em ambos os casos, o número de mínimo de votos favoráveis para que a matéria seja aprovada é de 49 dos 81 senadores.
O texto que será analisado é o mesmo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio, também em dois turnos, por ampla maioria.
Sendo mantida e aprovada em dos turnos pelos senadores, a proposta segue automaticamente para promulgação pelo Congresso Nacional. Caso haja alguma alteração de mérito, o texto teria que retornar à Câmara, cenário muito pouco provável no atual contexto.
O que muda para o trabalhador
A proposta substitui gradualmente a atual jornada máxima de 44 horas semanais, associada à escala de um dia de descanso remunerado a cada seis dias de trabalho, por um modelo com dois dias de descanso remunerado por semana e redução gradual da jornada máxima para 40 horas.
Pelo texto, 60 dias após a promulgação da emenda constitucional as empresas deverão adotar a escala 5x2 e reduzir a jornada máxima para o máximo de 42 horas semanais de trabalho. Depois de mais 12 meses, a jornada será reduzida para 40 horas semanais.
A PEC também prevê jornadas diferenciadas para trabalhadores com diploma de ensino superior que recebam remuneração igual ou superior a R$ 21.188,87, desde que seja mantida a escala 5x2. Nesses casos, a duração da jornada poderá ser definida por negociação direta entre empregador e empregado.
Na prática, a mudança garantiria mais tempo de descanso e convivência familiar aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
A proposta também preserva a possibilidade de acordos e convenções coletivas para disciplinar situações específicas e categorias submetidas a regimes diferenciados.
Aprovada pela Câmara dos Deputados em maio, a PEC chegou em agosto à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A comissão aprovou a proposta no início de setembro. Com isso, o texto foi encaminhado ao plenário para votação.
O Senado deve votar em primeiro turno, nesta semana, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê o fim da escala de trabalho 6×1 e a passagem gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial. A possibilidade foi anunciada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), após três sessões de discussão realizadas na última semana, entre terça-feira e quinta-feira, 8 de outubro. A tramitação foi marcada por críticas de aliados do senador e candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao momento escolhido para a análise da proposta, em meio ao segundo turno das eleições presidenciais.
Pelo rito regular, são necessárias cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno e outras três antes do segundo. Na última terça-feira, 6 de outubro, Alcolumbre afirmou a jornalistas que pretende cumprir integralmente as etapas regimentais, sem acelerar a tramitação. Se as cinco sessões de discussão forem concluídas, a matéria poderá ser submetida ao plenário em primeiro turno. A PEC precisa de pelo menos 49 votos favoráveis, entre os 81 senadores, em cada turno de votação.
A líder do governo Lula no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), articula a apresentação de um requerimento de calendário especial para acelerar a tramitação da proposta. A senadora informou que estava recolhendo assinaturas para apresentar o pedido, que permitiria reduzir as etapas regimentais e viabilizar a votação em dois turnos em um intervalo menor, ainda nesta semana.
Em entrevista na quarta-feira, 7 de outubro, Alcolumbre afirmou que “se o requerimento aparecer, eu vou colocar para deliberação, e o Plenário é soberano, a vontade da maioria vai prevalecer”. Sem a aprovação de um calendário especial ou a dispensa dos intervalos regimentais, a votação em segundo turno dependerá do cumprimento das três sessões adicionais de discussão.
A discussão ocorre após a aprovação da proposta pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, em setembro. O texto prevê uma redução gradual da jornada semanal, inicialmente para 42 horas e, posteriormente, para 40 horas, além de garantir dois dias de repouso remunerado, sendo um deles, preferencialmente, o domingo.
Na oposição, o líder Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, classificou a discussão como “oportunista” e acusou o presidente Lula (PT) de tentar recuperar apoio eleitoral com a pauta. A jornalistas, após reunião do bloco Vanguarda, formado por parlamentares conservadores, Marinho afirmou que o grupo quer o cumprimento do regimento antes de definir sua atuação na votação. Ele também criticou a falta de discussão sobre produtividade, qualificação profissional e diferenças entre as categorias de trabalhadores.
“Nós não somos contra nem a favor do fim da escala 6×1. Nós somos a favor de que haja uma jornada flexível”, afirmou Marinho. O senador defendeu que trabalhadores e empregadores tenham liberdade para negociar as condições de trabalho e argumentou que a imposição de um mesmo modelo para diferentes atividades pode prejudicar setores com regimes específicos, como plataformas de petróleo, aviação, segurança e saúde. Ao final da entrevista, contudo, ao ser questionado sobre a proposta em discussão, indicou que seria contrário ao texto nos moldes apresentados.
A posição defendida por Marinho se aproxima da proposta de flexibilização das jornadas apresentada por Flávio Bolsonaro, que também critica o momento da discussão e sustenta que as condições de trabalho devem considerar a negociação entre empregados e empregadores. O fim da escala 6×1 é uma pauta considerada positiva para o presidente Lula, candidato à reeleição, junto com Flávio Bolsonaro, no segundo turno. A alternativa se diferencia da PEC em análise no Senado, que estabelece limites constitucionais para a jornada e prevê dois dias de descanso remunerado. Apesar das críticas, a oposição ainda não havia anunciado uma posição conjunta definitiva sobre a votação.
A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), aliada de Flávio Bolsonaro, também acusou o governo de utilizar a pauta eleitoralmente. “Todos nós aqui queremos o melhor para o trabalhador. Agora, o que o PT está fazendo é ridículo”, afirmou após a reunião do bloco. Para ela, a crítica não está relacionada à defesa do fim da escala 6×1, mas ao momento escolhido para a discussão. A senadora questionou por que a proposta não avançou antes do primeiro turno e acusou o governo de tentar associar a pauta à imagem de Lula como defensor dos trabalhadores.
Corrida eleitoral
As últimas tratativas sobre o fim da escala 6×1 ocorrem em meio à disputa presidencial do segundo turno, que terá novos confrontos entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Além de acompanhar a tramitação da PEC no Senado, a semana ainda será marcada por entrevistas dos candidatos e pela preparação para os últimos debates antes da votação, marcada para 25 de outubro. Na quinta-feira, 15 de outubro, Lula será entrevistado no Jornal Nacional, e Flávio Bolsonaro participará do mesmo programa na sexta-feira, 16. As entrevistas serão exibidas após o telejornal.
Lula e Flávio Bolsonaro foram convidados para um debate organizado pelo grupo O Momento da Decisão, formado por 11 veículos de comunicação, entre eles CNN Brasil, SBT, SBT News, Metrópoles, RedeTV! e VEJA+ na mesma quinta-feira, 15. No domingo.18 de outubro, às 20h, os candidatos têm outro debate marcado, desta vez promovido pela TV Band, com transmissão também por veículos parceiros.
Estão na agenda da semana de 12 a 18 de outubro:
TSE
Propaganda eleitoral no segundo turno (9 a 23/10): Candidatas e candidatos que disputam o segundo turno voltam a ter propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A veiculação começou na sexta-feira (9) e segue até 23 de outubro, dois dias antes da votação.
Certidão de quitação eleitoral (12/10): Data-limite para o reinício da emissão de certidões de quitação eleitoral pela internet, pelo Sistema ELO e pelo e-Título.
Relatórios de auditoria do primeiro turno (14/10): Prazo final para os Tribunais Regionais Eleitorais encaminharem ao TSE os relatórios individuais de auditoria referentes ao primeiro turno das eleições.
Prestação de contas de campanha (15/10): Último dia para órgãos da Receita Federal e secretarias estaduais e municipais de Fazenda enviarem ao TSE arquivos com notas fiscais eletrônicas relativas a bens e serviços fornecidos às campanhas. A data também marca o prazo para o envio de informações sobre permissões de serviços públicos concedidas no período previsto no calendário eleitoral.
Restrição à prisão de candidatos (9 a 27/10): Desde sexta-feira (9), candidatas e candidatos que disputam o segundo turno não podem ser presos ou detidos, salvo em caso de flagrante delito. A regra vale até 27 de outubro.
DIREITOS HUMANOS
Câmara
Inclusão de pessoas com deficiência no trabalho (CICS, 13/10, 15h): A comissão também analisa o PL 6218/2025, que prevê medidas para incentivar a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além do empreendedorismo em igualdade de condições.
Orientação acessível em edifícios públicos (CDU, 14/10, 10h): A comissão também analisa o PL 1233/2026, que propõe tornar obrigatórios sistemas de orientação por proximidade e realidade aumentada em edifícios públicos federais, para ampliar a autonomia de pessoas com deficiência e idosas.
Senado
Direitos das meninas (CDH, 15/10, 9h): Comissão debate os direitos das meninas, em referência ao Dia Internacional da Menina, celebrado em 11 de outubro. A audiência deve discutir desafios, avanços e lacunas nas políticas públicas voltadas à proteção integral de meninas no Brasil.
MEIO AMBIENTE
Câmara
Proibição de penas e plumas de origem animal (CICS, 13/10, 15h): A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços analisa o PL 1097/2019, que proíbe em todo o país o uso de penas e plumas de origem animal na produção de fantasias e alegorias.
Transparência no reúso de água (CDU, 14/10, 10h): Parlamentares analisam o PL 6715/2025, que prevê a divulgação periódica de informações operacionais sobre o reúso de água realizado por condomínios.
POLÍTICA
STF
Contribuição previdenciária de produtores rurais (ADI 4395): A ação discute a constitucionalidade da contribuição previdenciária de produtores rurais pessoas físicas sobre a receita da comercialização da produção, conhecida como Funrural, e a responsabilidade das empresas compradoras pelo recolhimento do tributo.
Agenda da semana daPúblicaé um serviço apresentado aos leitores, concebido com base nas informações dos portais da Câmara, Senado e STF.
A tramitação da PEC que prevê o fim da escala 6×1 ganhou novo peso no Senado em meio à reta final do segundo turno das eleições presidenciais. O governo trabalha para acelerar a análise e tentar levar a proposta à votação antes de 25 de outubro, enquanto a oposição, liderada pelo PL, busca postergar a decisão para depois do pleito.
Na quarta-feira (7), os senadores realizaram a segunda das cinco sessões de discussão previstas antes da votação em primeiro turno. Assim como na primeira sessão, a presença de parlamentares da oposição foi reduzida, enquanto integrantes da base governista participaram em maior número. Uma terceira sessão está prevista para esta quinta-feira (8), seguida de outras duas na próxima semana.
Pelo calendário divulgado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a expectativa é que o primeiro turno ocorra em 15 de outubro. A votação, porém, pode ter o cronograma alterado caso seja aprovado um requerimento para acelerar a tramitação.
Oposição quer deixar votação para depois das eleições
O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que também coordena a campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência, defende que a PEC não seja votada durante o período eleitoral. Para ele, uma mudança dessa dimensão deveria ser analisada fora do contexto das eleições.
Marinho classificou a discussão neste momento como oportunista e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria tentando recuperar espaço junto ao eleitorado.
Apesar da intenção de atrasar a análise, a oposição ainda não fechou uma estratégia única para a votação. Parlamentares do grupo, principalmente do PL, defendem que o Senado siga rigorosamente as regras regimentais e que não haja mudanças no rito para acelerar o processo.
O tema também gera um dilema eleitoral para os oposicionistas. Há preocupação de que a aprovação da PEC possa favorecer a candidatura de Lula, mas, ao mesmo tempo, uma eventual posição contrária à redução da jornada poderia trazer dificuldades para a campanha de Flávio Bolsonaro.
O candidato do PL afirmou na quarta-feira (7) que possui uma alternativa ao modelo defendido pelo governo para acabar com a escala 6×1. Marinho também se posicionou contra o texto em discussão e defendeu uma proposta que já tramita no Senado.
A alternativa prevê maior flexibilidade na organização das jornadas, com possibilidade de remuneração proporcional às horas trabalhadas. Na avaliação de Marinho, a definição da escala não deveria ser imposta de maneira única e poderia ser estabelecida por meio de negociações.
Governo articula calendário especial
Enquanto a oposição tenta ganhar tempo, a liderança do governo no Senado trabalha para reduzir o prazo de tramitação. A líder governista, Teresa Leitão (PT-PE), articula a coleta de assinaturas para apresentar um requerimento de calendário especial.
A intenção é permitir que a PEC avance mais rapidamente e seja votada antes do segundo turno. Para isso, o governo pretende utilizar uma possibilidade prevista no regimento do Senado que permite reduzir o intervalo entre as votações.
Atualmente, o rito estabelece cinco sessões de discussão antes do primeiro turno e outras três antes da segunda votação. Também existe previsão de um intervalo de cinco dias úteis entre os dois turnos, chamado de interstício.
O regimento, porém, permite que esse intervalo seja dispensado caso o plenário aprove a medida. É justamente essa possibilidade que o governo pretende utilizar para tentar acelerar a conclusão da análise.
Alcolumbre afirmou que, caso um requerimento seja apresentado à Mesa, colocará a proposta em votação para que os próprios senadores decidam sobre a mudança no calendário.
PEC estava parada desde maio
A proposta permaneceu sem avanço no Senado desde maio, quando foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Alcolumbre havia evitado colocar a matéria em discussão no plenário nos meses seguintes, argumentando que o tema poderia interferir no ambiente eleitoral.
As negociações para destravar a tramitação avançaram no fim de agosto, durante um almoço que reuniu Lula, Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na ocasião, foi discutida a pauta da semana de esforço concentrado, que acabou incluindo a PEC.
Com o acordo para retomar a discussão, o Senado iniciou nesta semana o calendário de sessões que antecedem a votação. Pelo cronograma anunciado por Alcolumbre, a primeira análise em plenário pode ocorrer em 15 de outubro.
O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado | Foto: Divulgação
Em junho de 2025, a CPI das Bets terminou em pizza – como se diz quando uma investigação acaba sem punir ninguém. Mas agora, mais de um ano depois, as empresas que passaram impunes pela comissão estão de volta, desta vez como alvos de uma ação civil pública na Justiça.
No dia 28 de setembro, a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou na Justiça Federal em Pernambuco contra 17 empresas ligadas a 20 marcas de apostas online, pedindo ressarcimento de gastos pela União. A Agência Pública cruzou essa lista com a documentação reunida pelos senadores da CPI e descobriu que ao menos 14 delas estavam nos documentos da comissão como remetentes ou beneficiárias de transferências financeiras. Dessas, 12 foram citadas no relatório final. Esse documento, da então senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) – que não foi reeleita neste ano -, foi rejeitado por 4 votos a 3.
Na ação da AGU, o órgão pede que as empresas de apostas ressarcem o Sistema Único de Saúde (SUS) pelo tratamento de apostadores adoecidos, custo que o Ministério da Saúde (MS) estima em, no mínimo, R$ 2,6 bilhões. Pede também R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e a devolução em dobro do que as pessoas diagnosticadas com ludopatia apostaram.
Aparecer nos papéis da CPI não indica, por si só, irregularidade. Nem todas as empresas aparecem como suspeitas. A Superbet, por exemplo, surge como titular legítima de uma autorização que outra plataforma teria usado indevidamente. Duas, a OIG e a Ventmear (Sportingbet), estão ligadas a pedidos de indiciamento, todos contra pessoas, não contra as empresas. Seis delas, OIG, Esportes Gaming, NSX, Ventmear, BPX e Foggo (Blaze), somam cerca de 31% do mercado, segundo as contas da própria AGU, e ocupam lugar de destaque nas 541 páginas deixadas por Thronicke.
Muitas siglas: Bets, CPI, MP de Lula e Fux no STF
A ação da AGU veio três dias depois da Medida Provisória 1.394, assinada pelo presidente Lula, que proíbe as apostas de quota fixa, tira as plataformas do ar até 6 de outubro e extingue as autorizações em 30 dias, sem devolver o que as empresas pagaram pelas outorgas. Se o Congresso não aprovar a MP em até 120 dias de tramitação, prazo suspenso durante o recesso parlamentar, ela perde a validade. A CPI já havia ido nessa direção: entre as vinte medidas do relatório derrubado estava a proibição de cassinos on-line, como o Tigrinho.
A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) já apresentaram pedido a Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), para suspensão dos efeitos da medida provisória.
Nesta segunda-feira, 5 de outubro, a AGU pediu que o STF rejeite a suspensão da Medida Provisória. Na manifestação, assinada pelo advogado-geral Jorge Messias, a AGU sustenta que o marco legal das bets, formado pelas leis 13.756/2018 e 14.790/2023, era “extensamente falho” e falhava em autorização, fiscalização, publicidade e prevenção à lavagem de dinheiro. Para concluir, a peça diz que “o ‘dragão’ era indomável”. O órgão cita dados oficiais segundo os quais os registros no SUS ligados ao jogo patológico cresceram 140% entre 2018 e 2025, e as apostas retiraram R$ 62,5 bilhões dos orçamentos familiares só em 2025. A AGU também pediu que o procurador-geral da República seja ouvido em 72 horas e sugeriu uma nova audiência pública sobre o tema, atualizando a realizada em novembro de 2024.
Como a CPI terminou em pizza
Em 26 de novembro de 2024, Fernando Oliveira Lima, o Fernandim OIG, sentou-se diante dos senadores da CPI das Bets amparado por um habeas corpus. Tinha 33 anos, disse ter estudado até o primeiro ano do ensino médio e se apresentou como empresário de tecnologia, criador de jogos para o Facebook que teriam alcançado 250 milhões de usuários durante a pandemia. Os senadores exibiram dois vídeos e perguntaram se ele conhecia os sites 7Games, R7Games e Betão. Ele conhecia e disse que pertenciam à OIG Gaming Brazil, da qual é sócio. Perguntaram se era dono do “jogo do tigrinho”, mas ele negou. Respondeu que a OIG pagava para oferecê-lo. O empresário contou ainda que, naquela mesma semana, a empresa havia sido uma das primeiras a obter a aprovação completa do Ministério da Fazenda para operar.
A CPI das bets a fez audiência com depoimentos de três representantes de casas de apostas, entre eles Fernando Oliveira Lima, CEO da OIG Group
Fernando não era o único convocado do dia. A pauta listava também João Studart, dono da Betnacional, e Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva, apresentado no requerimento como “diretor do Grupo Entain e proprietário do Sportingbet”. Studart faltou e só depôs uma semana depois. Marcus Vinicius não apareceu: na véspera, seus advogados alegaram que ele não fora intimado e que morava no exterior. As três empresas ligadas a eles, a OIG, a NSX (dona da Betnacional) e a Ventmear (operadora do Sportingbet), estão hoje entre as rés da AGU.
Seis meses depois, o relatório final propôs indiciar Fernando, um primo dele e o administrador da OIG, por lavagem de dinheiro e por associação criminosa. Marcus Vinicius e as influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra estavam entre os alvos de 16 pedidos de indiciamento, mas nenhum deles vingou com a derrubada do texto.
No especial Jogo Perigoso: o Brasil das Bets, a Pública contou os bastidores dessa votação. Votaram contra o relatório de Thronicke os senadores Ângelo Coronel (Republicanos-BA), Efraim Filho (PL-PB), Eduardo Gomes (PL-TO) e Professora Dorinha Seabra (União-GO). Eduardo Girão (Novo-CE), que votou a favor ao lado de Alessandro Vieira (MDB-SE), atribuiu o resultado a uma manobra do Centrão, com senadores que não acompanharam os depoimentos e só apareceram para votar. Thronicke contou à reportagem que passou a andar com seguranças do Senado após receber “recados” e ameaças veladas. Mesmo com a rejeição, ela levou o material às autoridades e diz ter apresentado, desde então, projetos de lei para endurecer o controle sobre as apostas.
O senador Eduardo Girão (Novo-CE) em reunião para apresentação do relatório final das CPI das BETS
Entre os documentos da CPI estava a carta de Vania Borges, que perdeu o filho para as bets, como revelou a Pública.
A apuração também mostra quem atuou na comissão a favor do setor. Ciro Nogueira (PP-PI) foi apontado por colegas como “advogado” de Fernandim OIG, que havia comprado três apartamentos de uma incorporadora da família do senador. Ângelo Coronel justificou o voto pela “falta de tempo” para analisar as 541 páginas do relatório e declarou abertamente ser favorável aos jogos como fonte de receita. O presidente da CPI, Dr. Hiran (PP-RR), foi criticado por não pautar todos os depoimentos aprovados. Os bastidores incluem ainda uma investigação da Polícia Federal sobre um lobista que teria cobrado R$ 50 milhões de empresários do setor para evitar convocações e indiciamentos, acusação sem comprovação oficial. Selfies de senadores com Virginia Fonseca durante o depoimento dela ajudaram a minar a credibilidade da comissão, cujo desfecho um integrante descreveu como “melancólico”.
Ação da AGU se apoia em números do setor
Na Justiça, a AGU seguiu outro caminho. As empresas foram escolhidas por um único critério, o tamanho. A AGU usou as vinte marcas de um levantamento da consultoria Blask, que juntas concentrariam cerca de 80% da receita do setor, e chegou às empresas que as operam, num mercado em que a Fazenda tinha 85 autorizadas em agosto deste ano. A Betano, sozinha, responderia por 21% do mercado. A OIG, com 7Games e Betão, pouco mais de 5%. Para justificar o foro em Pernambuco, a AGU invoca o Código de Defesa do Consumidor e a concentração de população vulnerável no Nordeste.
O país tem 28 milhões de apostadores, 10,9 milhões deles com padrão de risco. Os atendimentos no SUS por jogo patológico cresceram cerca de 140% entre 2018 e 2025. Quase 1,3 milhão de pessoas pediram para serem excluídas das plataformas. No primeiro semestre de 2026, o INSS concedeu 260 afastamentos do trabalho por vício em jogo; em todo o ano de 2022, foram 11, segundo dados obtidos pelo UOL e citados na ação. Pela lei, cabe ao Ministério da Saúde 0,12% da arrecadação do setor, cerca de R$ 50 milhões no último exercício.
A tese é que o dano à saúde mental é inerente ao negócio, e não fruto do desvio de uma ou outra empresa. Por isso, a AGU propõe calcular a parcela das doenças atribuível às apostas e distribuir a conta conforme a fatia de mercado de cada ré. A fórmula vem de um julgamento de 1980 na Suprema Corte da Califórnia, contra fabricantes de um remédio para gestantes, e já foi usada pela Justiça do Rio Grande do Sul contra a Souza Cruz. A ação segue o molde da que a AGU move desde 2019 contra a indústria do cigarro.
A própria peça avisa que a participação no mercado “não constitui presunção de ilicitude”. O relatório de Thronicke, aliás, recomendava ao Ministério Público ajuizar ações civis públicas para indenizar consumidores lesados e já registrava a pressão sobre a rede de atenção psicossocial do SUS, cujos atendimentos por jogo patológico tinham passado de 841, em 2022, para 1.290 no ano seguinte.
A peça da AGU também traz estimativa do Ministério da Fazenda de que, somente em 2025, as apostas tenham retirado cerca de R$ 62,5 bilhões dos orçamentos das famílias brasileiras.
O último esforço concentrado do Congresso Nacional para votações antes das eleições termina nesta semana. A principal disputa deve ficar em torno do fim da escala 6×1. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve analisar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas e garante dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial. O relator, senador Omar Aziz (PSD-AM), apresentou na última quinta-feira (27) parecer favorável à manutenção do texto aprovado pela Câmara dos Deputados e rejeitou as 12 emendas apresentadas por outros senadores. Se passar pela CCJ, a PEC ainda precisará ser votada em dois turnos no plenário do Senado.
Também deve ser analisado pelo Senado nesta semana o PL 2.780/2024, sob relatoria do Senador Eduardo Braga (MDB-AM), que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O tema ganhou peso diante do interesse estrangeiro pelas reservas brasileiras de terras raras e da preocupação em manter no país as etapas de maior valor agregado da cadeia produtiva. A proposta busca estimular a pesquisa, extração, beneficiamento e transformação desses minerais, importantes para setores como transição energética, tecnologia e defesa.
Também está no radar do Congresso a Medida Provisória (MP) 1.357/2026, que suspende temporariamente a cobrança do Imposto de Importação sobre compras internacionais de até 50 dólares, a chamada “taxa das blusinhas”. A medida perde a validade em 8 de setembro, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pretende levar o texto rapidamente aos plenários das duas Casas.
Corrida Eleitoral
A próxima semana será a primeira com exibição todos os dias do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. A propaganda começou na última sexta-feira (28) e seguirá até 1º de outubro, com programas para presidente às terças, quintas e sábados e inserções ao longo da programação. Além disso, a disputa presidencial também terá uma rodada de sabatinas da Jovem Pan.
A programação começa nesta segunda-feira, 31 de agosto, com Ronaldo Caiado (PSD). A terça será o dia de Renan Santos (Missão), e a quarta-feira terá o presidente Lula (PT). Na quinta-feira, 3 de setembro, a emissora recebe Romeu Zema (Novo) e fecha a programação com o senador Flávio Bolsonaro (PL), na sexta. As entrevistas serão exibidas sempre das 8h às 9h, durante o Jornal da Manhã.
STF e PF: encontro busca reduzir as divergências
Enquanto as campanhas avançam por todo o Brasil, o governo também tenta reduzir uma tensão entre a Polícia Federal (PF) e o Supremo Tribunal Federal (STF). O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, deve se reunir nesta semana com o ministro André Mendonça. O encontro foi articulado pelo presidente Lula e deverá ser mediado pelo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, com possível participação do advogado-geral da União, Jorge Messias. A conversa ocorre em meio às divergências sobre investigações conduzidas pela PF e decisões do ministro em casos de forte repercussão política. Entre eles, as apurações sobre o Banco Master, as fraudes no INSS e as investigações envolvendo o filho do presidente, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.
Estão na agenda da semana de 31 de agosto a 4 de setembro:
TSE:
Consulta à seção eleitoral (1/9): A partir desta terça-feira (1º), eleitores poderão consultar, pelo e-Título ou pela internet, a seção onde irão votar, já com informações sobre eventuais transferências temporárias de local de votação. A data é diferente do que havia sido indicado anteriormente: o calendário oficial do TSE estabelece o dia 1º de setembro.
DIREITOS HUMANOS
Câmara
Maioridade penal (Comissão Especial da PEC 32/2015, 1/9, 14h): Comissão especial analisa requerimentos para realização de audiência pública sobre a redução da maioridade penal. O debate deve abordar se a idade penal é protegida como cláusula pétrea da Constituição e os limites para alterar direitos e garantias individuais previstos na Carta de 1988.
Publicidade de bets nas redes sociais (CEXBRLEG, 1/9, 15h): Audiência discute os impactos da publicidade de apostas online e de jogos de azar, como o “tigrinho”, nas redes sociais e nas grandes plataformas de tecnologia. A audiência deve abordar também o papel das chamadas big techs no combate à pirataria e na circulação de publicidade do mercado de apostas.
Fortalecimento do INSS (CDHMIR, 1/9, 16h30): Parlamentares debatem a situação do Instituto Nacional do Seguro Social, com foco na falta de servidores, nas filas de atendimento e na demora na análise de benefícios. Entre os temas está a convocação de candidatos aprovados no cadastro de reserva do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU2).
Senado
Tecnologias no combate à violência contra mulheres (CMCVM, 2/9, 14h30): Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher discute como ferramentas tecnológicas podem ser usadas para prevenir agressões, facilitar denúncias e ampliar a proteção das vítimas. A audiência reúne representantes do Ministério das Mulheres, Defensoria Pública, polícias e organizações que desenvolvem aplicativos de proteção.
Inclusão de pessoas com deficiência nas eleições (CDH, 3/9, 9h): Comissão realiza audiência pública sobre as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência no processo eleitoral de 2026, incluindo acessibilidade para votar e se candidatar.
MEIO AMBIENTE
Câmara
Multas do ICMBio em Minas Gerais (CFT, CINDRE e CPOVOS, 1/9, 16h): Três comissões realizam audiência conjunta sobre multas ambientais aplicadas pelo ICMBio, a expansão de unidades de conservação e a definição de áreas de amortecimento no Norte de Minas Gerais.
Combustível do Futuro e hidrogênio verde (CEENERG, 2/9, 14h): Comissão especial promove seminário sobre a implementação e os desafios do programa Combustível do Futuro e da produção de hidrogênio verde no país. O debate ocorre em meio à discussão sobre transição energética e novas fontes de energia.
SAÚDE
Câmara
Doenças raras (CDHMIR, 1/9, 10h): Parlamentares realizam audiência pública para discutir o atendimento a pessoas com doenças raras e condições crônicas. O debate trata de acesso a tratamentos, assistência especializada e garantia de direitos.
Agenda da semana daPúblicaé um serviço apresentado aos leitores, concebido com base nas informações dos portais da Câmara, Senado, TSE e STF.
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