La seguridad ha desplazado a la economía en el centro de la política latinoamericana. La creciente insatisfacción social y el avance sin tregua de la criminalidad ha empujado a los candidatos presidenciales a abandonar el tradicional debate sobre reformas, crecimiento y desarrollo para colocar el control territorial, el despliegue policial y la lucha contra el crimen organizado como prioridades de gobierno, según se concluye del Informe de Economía Latinoamericana, publicado este martes por el Banco de España.
Francia afronta su particular otoño caliente, marcado por una fractura política y social, un elevado déficit y un coste de financiación que se encarece día a día. El país afronta la próxima primavera unas elecciones presidenciales, que según los sondeos ganará en primera vuelta la ultraderechista Marine Le Pen. Para entonces, el actual Ejecutivo de Sébastien Lecornu aspira a tener aprobados unos presupuestos de 2027 que incorporan recortes por 54.000 millones de euros y que acaban de llegar a una Asamblea Nacional más dividida que nunca. Una fractura que ya se ha instalado en las calles de decenas de ciudades, donde a las movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo se han sumado las protestas estudiantiles.
Decenas de miles de jóvenes han tomado las calles en Francia, Bélgica, España, Portugal, Italia y Albania. Se suman así a la llamada revolución de la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), que impulsó en los dos últimos años la caída del Gobierno de Bangladés, la dimisión del primer ministro de Nepal y la disolución del Gobierno de Madagascar. Ahora, en Europa, a las puertas de un superciclo electoral, en el que se decidirán los gobiernos de cuatro de los cinco países más poblados de la UE (Francia, Italia, España y Polonia), los jóvenes comparten un descontento generacional marcado por la sensación de que su futuro se vuelve cada vez más estrecho y precario.
La Estatua de la Libertad es mucho más que un monumento: es el símbolo más reconocible de EE UU y un reclamo turístico que cada año atrae a millones de visitantes de todo el mundo. Sin embargo, ni siquiera esta condición de ícono nacional la ha librado de las consecuencias del bloqueo presupuestario, el temido government shutdown estadounidense. Miss Liberty, como se conoce popularmente el monumento entre los locales, tuvo que cerrar sus puertas en más de una ocasión porque el Congreso no logró ponerse de acuerdo para desbloquear a tiempo la financiación de la administración federal. El cese reciente más largo del monumento fue en 2013 y duró 12 días. A casi 6.000 kilómetros de distancia, en España, la legislación no contempla escenarios tan drásticos. Prueba de ello son los últimos años, en los que ni la Alhambra ni el Museo del Prado han dejado de recibir visitantes, ni mucho menos se ha paralizado el gasto público, aunque el país acumula ya más de 1.000 días sin que el Gobierno haya puesto sobre la mesa unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
La parálisis presupuestaria que vive España desde hace unos años supone una anomalía en toda regla y deja en evidencia el vacío de la normativa al respecto. Las disposiciones legales relativas a la prórroga son muy escuetas y no prevén cómo proceder si el impasse perdura en el tiempo. “Nadie puede forzar a redactar un proyecto de ley. Antes era casi automático que, si el Parlamento no apoyaba los Presupuestos, el Gobierno convocaba elecciones. Ya no es así, y está ocurriendo también a nivel autonómico”, subraya Violeta Ruiz Almendral, catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid.
Hay quien, sin embargo, ha movido ficha ante el bloqueo: el Senado —dominado por el PP— ha presentado un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno por llevar años sin presentar un nuevo proyecto de Presupuestos. El organismo ha admitido a trámite el recurso y se espera una resolución para finales de año. La argumentación de los senadores es que el Gobierno está incumpliendo su mandato constitucional, recogido en el artículo 134 de la Carta Magna, de elaborar y presentar las cuentas, privando así al Parlamento de ejercer su función legislativa.
Mientras tanto, no hay ningún precedente que ofrezca pistas sobre cómo puede dirimirse la cuestión. El caso que más se asemeja a este conflicto se refiere a la declaración de inconstitucionalidad de una ley aprobada por el País Vasco para adaptar la prórroga del presupuesto autonómico en 2002. El Gobierno central impugnó la norma, alegando que pretendía crear un doble régimen presupuestario, y el Constitucional terminó anulándola por vulnerar los principios de unidad y universalidad presupuestaria.
Ruiz Almendral —quien fue letrada del Constitucional entre 2011 y 2020— explica que una manera para forzar un Gobierno a presentar los Presupuestos pasaría, por ejemplo, por endurecer el mismo artículo 134 de la Constitución. “¿Pero cuál serían las consecuencias? Puede que el resultado sea peor”, reflexiona la jurista. La idea de un bloqueo total como el estadounidense le parece impensable no solo en España, sino en Europa, un continente donde el sector público ocupa un gran espacio y el Estado del bienestar está asentado. “No sería asumible”, zanja.
Mientras las calles de Franciase llenan de protestas exigiendo mayor gasto público, los intereses que exige el mercado para comprar los bonos franceses a diez años rozan el 5% y su prima de riesgo supera los 100 puntos básicos, un nivel que no se veía desde la crisis del euro de 2012.
Francia se encuentra bajo la lupa de los mercados. Y no es para menos. Su deuda pública pasará del 115% sobre el PIB en 2025 al 120% al cierre de 2026 y el déficit sigue sin corregirse. Además, con un crecimiento previsto de apenas el 0,5% y una factura anual por los intereses de la deuda que ronda los 90.000 millones de euros, el Ejecutivo francés tiene cada vez menos margen para cuadrar sus cuentas.
Pero no es solo un problema económico, la política incrementa la desconfianza de los inversores. A las puertas de las elecciones presidenciales de 2027, las propuestas económicas de la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, y del candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, añaden incertidumbre sobre la credibilidad financiera del país.
Y, mientras los mercados ponen en entredicho la capacidad de Francia para corregir sus desequilibrios, queda otra incógnita: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Banco Central Europeo realmente para frenar una eventual crisis de deuda francesa?
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