O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, providências para garantir que a população indígena possa votar no segundo turno das eleições, no próximo domingo (25).
Além disso, a falta de mesários que falam línguas indígenas também teria contribuído para a abstenção na votação.
Os problemas ocorreram nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Amapá, Pernambuco, Amazonas e Pará.
"Ante o exposto, e com o propósito de afastar impedimentos ao exercício do sufrágio pelas populações indígenas, solicita-se a Vossa Excelência o apoio institucional a fim de que sejam saneadas as dificuldades verificadas durante o primeiro turno de votação", solicitou o procurador.
No Amazonas, indígenas da Terra Indígena Vale do Javari ainda não têm transporte garantido para o segundo turno.
De acordo com a Justiça Eleitoral, a solicitação do serviço foi protocolada pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) fora do prazo legal.
A Justiça Eleitoral do Amazonas negou a gratuidade de transporte fluvial, água e alimentação para indígenas de 43 aldeias da Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, no dia da votação do segundo turno das eleições. O pedido foi feito pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).
Na decisão, a juíza Dálethe Borges Messias, titular da 42ª Zona Eleitoral do Amazonas, em Atalaia do Norte, disse que reconhece a pertinência e relevância do pedido, cita que o direito ao voto pelos indígenas em condição de igualdade é um valor constitucional, mas alegou, porém, que o pedido teria sido feito fora do prazo legal para organizar a operação.
De acordo ainda com a juíza, a Justiça Eleitoral não possui os recursos necessários para custear o transporte e alimentação dos indígenas.
Segundo a Univaja, nas últimas eleições houve uma articulação entre a Justiça Eleitoral e a entidade para garantir uma logística que permitisse a votação dos indígenas. Isso, porém, não ocorreu este ano, e por isso a abstenção dos indígenas no primeiro turno foi muito alta, em torno de 30% a 35%.
A Univaja afirmou que a negativa causa preocupação e que é dever do Poder Público garantir que os indígenas tenham o direito de votar.
Vale do Javari
A Terra Indígena do Vale do Javari é a segunda maior do Brasil, com 8,5 milhões de hectares, uma área maior que o estado da Paraíba. A terra indígena, homologada em 2001, fica no estado do Amazonas, em uma região de tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, e abriga 74 aldeias, sete povos e mais de 6 mil indígenas. Também tem a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo.
Por causa de sua riqueza natural e localização estratégica, o Vale do Javari é alvo constante de redes de narcotráfico, garimpo ilegal, biopirataria e extração ilícita de madeira.
Foi na região que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips foram assassinados em 2022, vítimas de uma emboscada no Rio Itaquaí.
El olor fétido es especialmente fuerte durante las mañanas y después de las lluvias. Hay días en los que el clima cálido y húmedo de la selva maya, en la península de Yucatán, se mezcla con el de las heces y otros desechos de las decenas de instalaciones de granjas de cerdos que se ubican a solo unos kilómetros de las comunidades que pueblan la región. Cifras oficiales del Gobierno mexicano registran al menos 500 granjas de este tipo en el Estado, pero organizaciones medioambientales elevan la cifra hasta 800. La organización Greenpeace México, junto con un laboratorio independiente, ha documentado la calidad del agua de cenotes y pozos en 17 puntos de las localidades Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz, comunidades asediadas por macrogranjas desde hace décadas, y ha encontrado contaminación fecal generalizada y concentraciones de nitrato superiores a los límites establecidos por las normativas nacionales e internacionales, lo que significa que la salud y el equilibrio ambiental están en un grave riesgo ante agua no apta para consumo humano.
Pos Lanai, un asentamiento indígena en el Estado malasio de Pahang, parece ajeno al mundo moderno. La única forma de llegar es en barco, remontando el río Telom entre paredes de selva tropical y aguas turbias. Durante casi una hora, el ruido del motor acompaña el trayecto. Luego, la embarcación reduce la velocidad frente a unas casas de madera construidas justo sobre la orilla del río. La aldea es el hogar de los semai, uno de los principales grupos de los Orang Asli, los pueblos indígenas de Malasia peninsular. Pero este es, también, un territorio en disputa. Bajo el suelo del Estado de Pahang se encuentra una de las mayores reservas de tierras raras de este país del Sudeste Asiático. Desde 2021, los semai luchan porque el Estado les reconozca la posesión de estas tierras y les consulte cuando se presenten proyectos mineros. Ahora, una nueva amenaza se cierne sobre el territorio: el Gobierno de Malasia ha firmado acuerdos de cooperación en materia de minerales críticos con países como Estados Unidos y Japón.
Pos Lanai se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Ulu Jelai, conectada a la Espina Dorsal Forestal Central, el vasto corredor ecológico que se extiende a lo largo de Malasia peninsular. Se trata de uno de los ecosistemas más importantes del país, hogar de numerosas especies animales, entre ellas los elefantes asiáticos y el tigre malayo, en peligro crítico de extinción. Yunus bin Sebel, de 57 años, el jefe de la aldea, habla despacio, sin apartar nunca la mirada del Telom. “No estamos acostumbrados a vivir en ningún otro sitio”, dice el hombre que aparece en esta fotografía. “Nuestro sustento proviene del río, la agricultura y el bosque. Si perdiéramos esta tierra, también perderíamos los cimientos de nuestras vidas”. Para los semai, esta tierra es donde vivieron sus antepasados. Aquí aprenden a cazar, pescar, cultivar y recolectar productos del bosque.
Bajo este bosque hay yacimientos de tierras raras. Se calcula que Malasia alberga hasta 16 millones de toneladas de estos elementos esenciales para la fabricación de imanes para vehículos eléctricos, aerogeneradores, semiconductores y numerosas tecnologías militares. En 2021, los habitantes del pueblo descubrieron que más de 660 hectáreas de bosque situadas aguas arriba del Telom habían sido destinadas a un proyecto de extracción de tierras raras. Según la comunidad, el emplazamiento propuesto se superpone a parte de su territorio ancestral e incluye las cabeceras de las que depende el río. Por este motivo, llevaron el caso ante el Tribunal Superior de Temerloh, solicitando el reconocimiento oficial de sus tierras y que no se autorizaran nuevas concesiones sin consultarles previamente. El caso está a la espera de sentencia.
“Si este proyecto sigue adelante, el impacto será enorme”, afirma Jeffrey bin Hassan, de 39 años, presidente del Grupo de Trabajo de Pos Lanai para la Protección de las Tierras Consuetudinarias. “Puede que presenten estudios en los que se afirme que la calidad del agua seguirá siendo buena, pero las consecuencias a largo plazo para el río y el medio ambiente serían inevitables”, agrega el hombre, que aparece en esta fotografía. En 2021, el Departamento de Medio Ambiente de Malasia rechazó los términos de referencia para la evaluación de impacto ambiental. Esto impidió que el proyecto siguiera adelante, pero no revocó la autorización concedida por el Gobierno del estado de Pahang en 2019. El proyecto, en la práctica, ha quedado en suspenso.
Bin Hassan abre una carpeta gastada llena de mapas. Uno a uno, los extiende por el suelo de una pequeña cabaña del pueblo, trazando las líneas con el dedo. Algunos muestran coordenadas GPS, mientras que otros están cubiertos de notas escritas a mano. Son el resultado de semanas de caminatas por el bosque junto a otros miembros de la comunidad. “Para documentar nuestro territorio, nos dividimos en dos grupos”, explica. “Cada uno de nosotros llevaba un dispositivo GPS. Cruzamos arroyos, subimos colinas y seguimos los límites que nos habían mostrado los ancianos”. “Mi bisabuela señalaba una colina y decía que pertenecía a nuestra aldea. La siguiente, decía, pertenecía a otra comunidad. Seguimos esas historias y las convertimos en un mapa para presentarlo ante los jueces. Así es como demostramos que llevamos siglos viviendo aquí”. Esos mapas se encuentran ahora entre las principales pruebas presentadas ante el Tribunal Superior de Temerloh.
Para la comunidad es urgente obtener el reconocimiento de sus tierras. Desde hace años, Estados Unidos ha intentado reducir su dependencia de China, que controla gran parte de la cadena de suministro mundial, y ahora busca en Malasia nuevas fuentes de tierras raras. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2024 China representaba el 60% de la producción mundial extraída de tierras raras magnéticas, el 91% de la producción refinada. En octubre de 2025, Washington y Kuala Lumpur firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), que también incluye la cooperación en materia de minerales críticos y elementos de tierras raras, con el objetivo de desarrollar nuevas cadenas de suministro como alternativa a las controladas por Pekín. Este agosto, además, el viceministro de Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental, Syed Ibrahim Syed Noh, ha reconocido que que el Gobierno estaba considerando permitir determinadas exportaciones de tierras raras sin procesar, levantando una prohibición vigente desde 2024.
“Nuestro temor”, afirma Sivarajan Arumugam, miembro del Parti Sosialis Malaysia y activista del movimiento Save Pos Lanai, “es que la creciente demanda internacional acelere la concesión de licencias mineras. Las comunidades indígenas nunca han participado en el proceso de toma de decisiones. Solo se enteraron de ello a través de los periódicos”. “El proyecto implica el uso de una técnica conocida como lixiviación in situ, que consiste en inyectar soluciones químicas en el suelo para separar los elementos de tierras raras de los minerales circundantes”, añade Sivarajan. La contaminación, asegura, llegaría al sistema hídrico del que depende toda la comunidad. “El río, los peces, las tierras de cultivo y el bosque se verían afectados. Todo su modo de vida quedaría destruido”.
No es la primera vez que Pos Lanai ha tenido que defender su territorio. Tras años de protestas y acciones legales, en octubre de 2018 el Gobierno malasio canceló el proyecto de la presa de Telom, que habría inundado el pueblo y unas 7.600 hectáreas de bosque. “Pensábamos que esa sería la batalla más dura. Pero luego llegó la noticia sobre esta mina”, afirma Arumugam.
Mustafar bin Atok, de 57 años, está sentado a la sombra de su porche mientras el Telom fluye a solo unos metros más abajo. De vez en cuando interrumpe su relato para señalar hacia el río. “Cuando era joven, bastaba con lanzar una red para pescar un montón de peces”, dice. “Ahora, muchas especies se han vuelto difíciles de encontrar”. Atribuye parte de estos cambios a las numerosas presas construidas a lo largo de los años en las Tierras Altas de Cameron, aguas arriba de la cuenca del río.
El atardecer cae lentamente sobre el Telom. Los niños siguen zambulléndose en el agua, ajenos a las vistas judiciales, a las licencias mineras y a los acuerdos comerciales firmados lejos de allí. Para los habitantes de Pos Lanai, el tiempo parece medirse ahora por la espera de una decisión del Tribunal Superior de Temerloh, una decisión que podría determinar el futuro de su modo de vida.
Investigamos o que importa para os brasileiros além do que passa na campanha eleitoral. Leia mais reportagens como essa clicando aqui.
Os cinco partidos com políticos que mais atuaram em pautas consideradas contrárias aos povos indígenas, segundo a plataforma do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), vão ocupar 53 cadeiras no Senado Federal a partir de 2027. São eles o PL, o PP, o Republicanos, o União Brasil e o MDB. O PL conseguiu ocupar a maior bancada do Congresso Nacional, com 121 deputados e 28 senadores eleitos pelo partido.
Como a Agência Pública já noticiou, entre 2019 e 2026, o PL foi o partido que mais votou e propôs propostas legislativas que ameaçavam os direitos dos povos originários, segundo levantamento do Cimi. Luis Ventura, secretário-executivo do Conselho, vê a nova formação do Congresso Nacional como um perigo direto aos povos indígenas.
Na avaliação de Ventura, no Senado, cinco partidos vão poder aprovar sozinhos alterações da Constituição que podem afetar diretamente os indígenas. Na Câmara dos Deputados, entretanto, mesmo em menor número, ainda se espera um campo de resistência, ainda que minoritário. “Há muitos outros parlamentares não indígenas que já aderiram, de forma sistemática, às pautas indígenas. Existe uma frente parlamentar mista de defesa dos direitos dos povos indígenas desde 2019 […] era uma frente parlamentar mista de mais de 150 parlamentares entre senadores e deputados”, explica Luís Ventura.
No Senado, nenhum dos 54 senadores eleitos se autodenomina indígena. Atualmente, na Casa, só dois parlamentares se identificam como indígenas: Wellington Dias (PT-PI) e o ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que adotou essa identidade nas eleições de 2022.
Ventura explica que a presença de indígenas no Senado sempre foi mais difícil. “O Senado sempre foi uma Casa totalmente hermética para os povos indígenas e isso porque o sistema eleitoral no Brasil torna muito difícil conquistar uma vaga nesse lugar. As formas de colonialismo político nos estados são muito herméticas e, se você perceber, dos 54 [senadores eleitos], salvando algumas exceções do campo da esquerda, estamos falando de pessoas que pertencem a um espectro político reacionário, conservador, fundamentalista, militarizado”, acrescenta o secretário.
Um Senado com baixa representatividade de povos indígenas, na visão do secretário executivo da Cimi, reforça um movimento que deve retroceder nas pautas centrais para essa população. “O objetivo deles vai ser impedir as demarcações, impor o Marco Temporal e abrir os territórios para a exploração econômica de terceiros. Esses são os grandes três objetivos dessa grande bancada reacionária que entrou no Senado”, prevê.
Indígenas ocuparão menos do 1% do Congresso Nacional
Ex-ministra dos povos indígenas do governo Lula, Sônia Guajajara se reelegeu deputada federal pelo PSOL
Os resultados do primeiro turno mostram que a presença de povos indígenas no Congresso Nacional ficará abaixo de 1% em 2027. Apenas duas das 45 candidaturas indígenas lançadas pela “Bancada do Cocar” foram eleitas no primeiro turno.
A bancada é um movimento iniciado no Acampamento Terra Livre em 2017 e tentou eleger deputados e senadores indígenas para defender suas pautas. Para a Pública, a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG), que não retornará à Câmara para novo um mandato em 2027, afirma que o objetivo era eleger entre seis a oito parlamentares federais. Entre os 45 candidatos, apenas Sônia Guajajara (PSOL-SP), com 54.207 votos, e Juliana Cardoso (PT-SP), com 111.904 votos, conseguiram uma cadeira na Câmara.
Outros 21 nomes, de vários locais do país e que participaram do projeto, conseguiram cargos de suplente. Entre todas as candidaturas, o único candidato da bancada do cocar que disputou um cargo majoritário, Isael Munduruku (Rede-AM), não conseguiu se eleger a governador do Amazonas. Ismael (Rede-AM), único candidato a senador do projeto, também não foi eleito.
Isael Munduruku fez parte do movimento Aldear a Política como candidato ao governo do Amazonas, mas não se elegeu
Sônia Guajajara entende que o Projeto Aldear a Política ajudou a ampliar candidaturas, formar lideranças e colocar as pautas indígenas no debate eleitoral. Entretanto, para ela, as eleições foram muito desiguais para indígenas. “Muitas candidaturas indígenas tiveram poucos recursos, pouco tempo de televisão, estruturas partidárias insuficientes e enfrentaram racismo, violência política e dificuldades territoriais”, denuncia.
“O resultado acende um sinal de alerta, mas não representa um recuo da nossa mobilização. Essa força não desaparece quando termina a eleição. É dela que precisamos para combater o desmanche das políticas ambientais e mostrar à sociedade que direitos indígenas e demarcações estão diretamente ligados à preservação das nossas florestas e combate à crise climática”, ressalta.
Para Guajajara, diante de um Congresso majoritariamente anti-indígena, é necessário fortalecer o diálogo, não só com os partidos de esquerda, mas com parlamentares comprometidos com a existência dos povos originários e com a defesa da Constituição. Fora do Congresso, a deputada afirma que é preciso consolidar as organizações indígenas, a comunicação dos territórios e a formação de novas lideranças.
“Precisamos acompanhar as comissões, disputar relatorias, impedir votações apressadas e apresentar projetos que tornem permanentes as políticas construídas nos últimos anos. Quando uma proposta violar direitos constitucionais, devemos acionar os instrumentos jurídicos cabíveis e as instituições de proteção”, conclui.
A possibilidade de alteração na Constituição Federal
“Se na legislatura passada houve um aumento de proposições legislativas contrárias aos povos indígenas, nos últimos quatro anos foram 83 [proposições feitas], o que cabe esperar, nos próximos quatro anos, é que muitas dessas, ou várias dessas, concluam o ciclo legislativo”, diz Ventura.
Ele teme não apenas a sanção de propostas com impacto negativo aos indígenas, mas também o aumento de proposições legislativas no mesmo sentido. Entre todos os prejuízos, o que mais se espera é que haja tentativas e processos para mudar a Constituição Federal de 1988, que protege os direitos fundamentais dos povos originários e comunidades tradicionais.
A alteração da Constituição Federal não é um perigo ilusório. Durante um evento em Goiânia, nesta terça-feira, 6 de outubro, o candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) decretou que pretende atuar junto com a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados para eleger um novo Presidente da Câmara e “mudar a Constituição e redemocratizar o país”.
O Artigo 231 da Constituição Federal de 1988 regula as terras de povos indígenas, proibindo a remoção de suas terras, determina que a posse e o usufruto das riquezas extraídas do território é dos indígenas, além de determinar a competência da demarcação de terras à União.
Ricardo Terena, diretor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), explica que, hoje, o Supremo Tribunal Federal (STF) já entende o artigo 231 como cláusula pétrea, dispositivo imutável da Constituição Federal de 1988, mesmo com emendas parlamentares. No entanto, mesmo que a discussão, juridicamente, não seja válida, a atuação do STF acerca dos direitos indígenas é uma preocupação para Terena.
“Nós temos o Supremo criando alguns entraves no processo de demarcação, aumentando a possibilidade de indenizações nos processos de demarcação das terras indígenas, colocando certas limitações para o que a gente chama de redimensionamento das terras indígenas”, explica.
Advogado Ricardo Terena, da Apib, preocupa-se com a possível guinada à direita no STF
Desde a explosão do Caso Master e a divulgação de conversas entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, que ocasionou uma crise institucional na Corte, a reforma do STF é um dos principais tópicos da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. O senador do PL do Rio de Janeiro, inclusive, já anunciou que, se eleito, apresentará uma proposta de reforma no Judiciário.
Para Ventura, uma reestruturação do STF significa um caminho tortuoso aos povos indígenas. “Se o Flávio Bolsonaro utilizar suas prerrogativas para transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte também reacionária nós estaremos diante de um período que podemos chamar de autoritário dentro de uma forma democrática. E, num período autoritário, os direitos dos povos indígenas não estão, evidentemente, garantidos”, conclui.
Terena entende que não seria necessário uma reforma no Judiciário para gerar um impacto aos povos originários. “O próximo presidente vai ter a indicação de quatro ministros e, dependendo de como é o posicionamento desses ministros, vamos ter muitos problemas com relação ao debate sobre direitos indígenas no Supremo”, avalia.
Em uma possível eleição de Bolsonaro, Terena prevê ministros sem comprometimento direto com os direitos indígenas. Já em um cenário onde Lula é reeleito, o advogado vê mais possibilidades de pessoas comprometidas com os direitos indígenas no STF.
Mesmo assim, as Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que tramitam no Congresso Nacional hoje mostram um cenário que coloca a integridade do Artigo 231 em risco. A PEC 48/2023, que muda o Artigo 231 para instaurar o Marco Temporal foi aprovada pelo Senado e tramita agora na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados.
A proposta prevê entraves administrativos para a demarcação de terras, como a limitação de terras apenas para aqueles que já estavam nela e usufruindo do ambiente em 5 de outubro de 1988; também institui indenização a não-indígena. Terena explica que por tramitar como uma emenda constitucional, ela não passa por sanção ou veto do presidente da República.
Pelo menos quatro outras PECs que tramitam no Congresso Nacional, atualmente, propõem que o Artigo 231 seja alterado para determinar a competência da demarcação de terras ao Congresso Nacional, ao invés da União. Para Ricardo Terena, uma mudança para o legislativo ocasionaria um prejuízo ao processo de homologação de terras, que hoje já passa por um processo complexo de estudos.
“Quando a gente chega no momento de homologação, que é o ato do presidente da República, basicamente todo o processo já está feito [e] o Ministério da Justiça já validou. Quando a gente transfere essas competências para outros órgãos, como o legislativo, está sujeitando o direito das comunidades indígenas a certas dinâmicas políticas que prejudicam muito o processo de demarcação”, alega.
Um Congresso com baixa representação indígena, transformaria a demarcação de territórios em um acordo político, onde os movimentos indígenas não alcançariam maioria, analisa o advogado.
Órgãos de defesa aos indígenas em perigo
Além dos direitos descritos por lei, órgãos que são ferramentas para a proteção dos povos indígenas também podem ser afetados pelo aumento da bancada da direita e até por uma eventual mudança na presidência da República. Ainda sem resultados para presidente, o que Ventura vê são dois caminhos, ambos tortuosos, para as entidades como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).
Em um cenário em que Lula é eleito, Ventura prevê um movimento de resistência dos órgãos públicos, que esbarrarão com um Congresso Nacional que dificultará suas ações. Já em um cenário em que Flávio Bolsonaro seja eleito, o secretário espera um desmonte absoluto da Funai. “Não cabe esperar por uma questão especulativa, o que nós pensamos que poderia acontecer, porque isso já aconteceu no governo Jair Bolsonaro”, alerta.
Durante o Governo de Jair Bolsonaro, a Funai foi transformada em uma ferramenta anti-indígena. O órgão foi militarizado, houve abertura de processos administrativos disciplinares contra servidores de carreira, além de paralisação de processos de demarcação de terras. Com Flávio, Ventura vê um caminho parecido, de desmantelamento e reconfiguração de órgãos indigenistas.
A questão orçamentária também pode ser um entrave. Como o Congresso Nacional é quem decide o orçamento de cada instituição, Terena prevê a incapacidade de agir por motivos financeiros. “Nos últimos tempos, a gente também tem lidado muito com uma circunstância de projetos, de decretos legislativos que, de alguma maneira, suspendem atos, às vezes, do presidente da República. São instrumentos utilizados para tentar, de alguma maneira, atacar a demarcação das terras indígenas”, conclui.
O MPF (Ministério Público Federal) no Amazonas identificou 11 terras indígenas, reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, localizadas em oito municípios, onde alunos de ensino médio foram aprovados e passaram de ano mesmo sem a oferta regular de aulas.
Faltam professores, escolas, merenda, transporte e estrutura básica para a oferta das disciplinas a indígenas e ribeirinhos que querem cursar o ensino médio sem necessidade de deslocamento às cidades, em regiões amazônicas marcadas por longas distâncias e isolamento em relação a núcleos urbanos.
Após dezenas de reuniões com integrantes de comunidades tradicionais, a Procuradoria da República no Amazonas fez um mapeamento dos casos em que alunos ficam sem aulas e, mesmo assim, conseguem aprovação no sistema de registro escolar mantido pela Secretaria de Educação do Governo do Amazonas.
A Procuradoria diz suspeitar que crimes são cometidos para efetivar essas aprovações, com uso de documentos falsos por integrantes da pasta.
MPF propõe acordo com o governo estadual
O MPF tenta fazer um TAC (termo de ajustamento de conduta) com a Secretaria de Educação do Amazonas e estabeleceu o próximo dia 13 como prazo para o aceite do governo.
No termo, são estabelecidas medidas emergenciais, como contratação de professores indígenas por meio de processos simplificados e levantamento das necessidades de transporte, infraestrutura escolar e material didático.
Se o acordo não for firmado, a Procuradoria pretende ingressar com ações judiciais na esfera cível. O MPF deve investigar as suspeitas de uso de documentos falsos na aprovação de alunos que passaram anos sem aulas.
A reportagem questionou o Governo do Amazonas sobre os apontamentos do MPF, em email enviado na tarde da última terça-feira (6), mas não obteve resposta.
Problema foi denunciado em 2025
A Folha de S. Paulo noticiou, em junho de 2025, a aprovação de alunos indígenas no ensino médio sem que o estado ofertasse aulas de disciplinas básicas. A reportagem detalhou os casos da Terra Indígena Tenharim do Igarapé Preto, no sul do Amazonas, e do Vale do Javari, a segunda maior do país, na região de fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.
Desde então, o procurador Fernando Merloto Soave fez dezenas de reuniões com comunidades tradicionais em diferentes partes do estado, onde existem mais de mil salas de aula indígenas.
A partir desses encontros, a Procuradoria sistematizou um levantamento sobre as precariedades na oferta do ensino básico, especialmente no ensino médio, em que são frequentes aprovações de um ano pedagógico a outro mesmo sem a oferta de aulas.
A percepção da Procuradoria da República é que o problema se repete em todo o estado, o que é difícil mapear em razão da capilaridade e das distâncias das comunidades tradicionais espalhadas nas calhas dos rios.
Falta de professores e estrutura escolar
O MPF(Ministério Público Federal apontou um cenário de escassez de professores e escola sem infraestrutura básica | Foto: Puré Juma-Uru-Eu-Wau-Wau
Em reservas extrativistas de Boca do Acre, no sul do Amazonas, ribeirinhos que cursam o ensino médio são aprovados sem a oferta de aulas porque faltam professores, conforme o levantamento.
Em Coari, no centro do estado, alunos de uma reserva extrativista estão matriculados, mas faltam equipamentos para a efetivação das aulas.
Indígenas de Fonte Boa, cidade que fica no médio rio Solimões, “apenas respondem provas quando o professor manda e vão passando de ano normalmente”, registra o levantamento feito pelo MPF.
Em uma aldeia de terra indígena próxima a Humaitá, no sul do Amazonas, o transporte escolar não conta com embarcação própria e depende de empréstimos das comunidades. Há alunos que fazem trajetos de dois quilômetros por terra, a pé, para alcançar a sala de aula.
Em uma reserva extrativista na região de Japurá, no oeste do estado, faltam professores e merendeiros, e alunos de ensino médio precisam se deslocar à noite pelo rio, num trecho de duas horas, para chegar a uma sala de aula.
Já em reservas de desenvolvimento sustentável de Novo Aripuanã, no sudeste do Amazonas, pilotos de barcos fazem o transporte escolar sem contratos formais, e a merenda chegou a ficar suspensa por quatro meses consecutivos. Professores do ensino médio tecnológico dão dez dias de aulas por mês; outros não comparecem o ano inteiro, de acordo com relatório da Procuradoria da República.
Yanomamis enfrentam precariedades na educação
Os yanomamis também enfrentam precariedades no ensino básico em aldeias da parte do território que fica no Amazonas a terra yanomami, a maior do Brasil, ocupa uma extensa área de floresta no Amazonas e em Roraima.
Um relatório elaborado em setembro pela Associação Parawami Yanomami, e enviado ao MPF, descreve problemas como falta de escolas, de professores e de material didático, alunos estudando no chão, salas de aula improvisadas pelas comunidades e merenda escolar composta por alimentos ultraprocessados. São frequentes relatos de diarreia entre os alunos.
Numa aldeia, “faltam cadeiras, quadro, lápis, canetas e material de cozinha”, descreve o relatório. Em outra, “não tem prédio e alunos estudam no chão”. (Vinicius Sassine/FOLHAPRESS)
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Nas duas últimas legislaturas no Congresso Brasileiro, 370 deputados e senadores foram responsáveis por propostas de lei que enfraquecem os direitos indígenas — e 270 deles disputam reeleição neste ano. Ao todo, esses políticos atuaram em 252 projetos, a maioria incidindo negativamente sobre o direito à terra para esses povos.
As informações são baseadas em um levantamento da Agência Pública a partir da nova plataforma lançada pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o Congresso Anti-Indígena.
Entre os projetos de lei que afetam os indígenas, estão propostas que buscavam anular decretos de demarcação de territórios e outros que alteram a Constituição Federal, para que as decisões sobre a demarcação sejam feitas pelo Congresso Nacional — justamente onde estão os políticos que atuam contra a demarcação de mais terras.
Para Cleber Buzatto, missionário do Cimi Regional Sul, essa atuação mostra que o principal interesse é impedir as demarcações e também explorar as terras.
“Isso demonstra uma articulação dos setores anti-indígenas, seja do ponto de vista político, mas, também, dos grupos econômicos que têm interesses sobre as terras, portanto, se organizam e atuam de forma bastante enfática e violenta contra os direitos indígenas no Congresso Nacional por meio de um conjunto amplo de partidos e parlamentares”, explica Buzzatto.
Entre 513 deputados e deputadas federais eleitos em 2022, apenas cinco se autodeclaram indígenas, menos de 1% do total. Como a Públicamostrou, neste ano, o movimento indígena lançou 47 pré-candidaturas para tentar mudar esse quadro. “É importante que os próprios povos [indígenas] consigam acessar espaços nessas casas legislativas, especialmente no âmbito da Câmara dos Deputados, que é onde tem mais candidatos indígenas disputando as vagas, até para que essa diretriz seja coerente com a defesa de fato dos direitos e dos interesses dos projetos de vida e futuro dos povos indígenas”, afirma.
Atualmente, segundo dados do Cimi, 291 propostas legislativas que impactam os direitos indígenas tramitam no Congresso Nacional. Entre elas, 204 têm efeitos negativos, segundo o levantamento.
PL, de Bolsonaro, é o principal partido a votar em propostas anti-indígenas, aponta levantamento
A partir da análise de mais de 41 mil votos, a plataforma identificou, dentre os partidos políticos, 19 que votaram sempre ou quase sempre em projetos que vão contra os povos indígenas. Apenas oito partidos votaram favoravelmente.
O Partido Liberal (PL), do candidato à presidência Flávio Bolsonaro, fica em primeiro lugar tanto entre os partidos cujos políticos mais propuseram propostas anti-indígenas, quanto entre os parlamentares que mais votam em projetos contrários aos direitos desses povos. São 95 proposições e 6.630 votos desfavoráveis segundo a classificação do Cimi. Em seguida, está o MDB, com 47 proposições, e o Partido Progressista (PP), com 42. Já entre os partidos cujos políticos tiveram mais votos em projetos contrários aos direitos indígenas, após o PL, está o PP, com 3.232 votos, e, em terceiro lugar, o União, com 3.063.
Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente e candidato Lula, é o que mais teve propostas e votos em projetos classificados como favoráveis aos indígenas, com 4.971 a favor e 71 proposições. Em seguida, está o PSB, com 1.127 votos a favor, e o PDT, com 1.114 votos. O PCdoB, mesmo com apenas 11 deputados na Câmara, tem 100% dos votos direcionados a pautas consideradas favoráveis aos indígenas. Após o PT, entre os partidos que mais propuseram propostas favoráveis, estão o Psol, com 31 propostas.
Políticos que fizeram mais propostas com efeitos negativos aos direitos indígenas, segundo o levantamento
Deputado federal Marcos Pollon (PL-MS)
Candidato à reeleição para deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, o deputado tem um total de 26 propostas classificadas como contrárias aos direitos indígenas, sendo 24 delas sobre o direito territorial dos povos tradicionais. O deputado é o terceiro-secretário da Frente Parlamentar Invasão Zero, grupo criado em 2023 que defende o direito à propriedade contra o Marco Temporal.
Entre as principais propostas do deputado está o PL 2145/2023, que altera o “Estatuto do Índio” para impedir o reconhecimento de determinadas áreas como de ocupação tradicional. Já o PDL 521/2025 impede a atuação da Força Nacional em apoio à Funai na Terra Indígena Rio dos Índios (RS) e o PL 4039/2024 obriga a União a indenizar não indígenas em áreas que ocorreu esbulho por indígenas e que não eram demarcadas.
A reportagem procurou a assessoria do deputado, que afirmou, em nota, não reconhecer o Cimi como “autoridade para julgar meu mandato” e que seu trabalho para os povos originários é para que eles “tenham reconhecido o direito de propriedade das terras que ocupam e possam produzir e prosperar nessas áreas, sem violência no campo.”. O deputado também cita que atuou como consultor jurídico em 2015 durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cimi, criada para investigar as ações do órgão no estado. A CPI foi anulada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul não tinha competência para realizar a CPI.
Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS)
Com 15 propostas classificadas como anti-indígenas, todas elas com relação ao direito territorial, o senador Luis Carlos Heinze, que teve passagem na Câmara dos Deputados e no Senado, ocupa o segundo lugar entre os políticos que mais propuseram leis contra os indígenas.
Entre as propostas de autoria do senador, estão três Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que transferem do Poder Executivo para o Congresso Nacional a atribuição de demarcar terras indígenas, as PECs 61/2023, 319/2004 e 59/2023.
Questionado sobre sua posição diante a classificação que suas propostas são contrárias aos povos indígenas, Heinze em nota à Pública afirma que “suas propostas não são contrárias aos povos indígenas”. Segundo o senador, sua atuação “é pautada pelo respeito e defesa do direito de propriedade e da segurança jurídica no campo, garantindo a proteção aos produtores que possuem o título legítimo de suas terras” e também defendeu a inclusão dos povos originários “deve passar pela autonomia e pelo desenvolvimento econômico”.
Senador Zequinha Marinho (Pode-PA)
Concorrendo à reeleição no Senado, Zequinha Marinho é autor de 13 proposições legislativas que interferem no direito territorial dos povos indígenas.
Além de criar a PEC 10/2024, que modifica o artigo 231 da Constituição Federal para “permitir aos índios [sic] produzir e comercializar livremente sua produção”, que abre brechas jurídicas para a entrada do agronegócio em territórios reservados, o senador é também assina a PEC 59/2023, que retira o poder do Ministério da Justiça e da Presidência da República para decidir sobre demarcações, colocando o tema sob crivo dos parlamentares.
A reportagem procurou a assessoria do senador, que não respondeu.
Deputada Coronel Fernanda (PL-MT)
Com 13 proposições classificadas como contrárias aos indígenas, e concorrendo para a reeleição na câmara dos deputados, a deputada Coronel Fernanda apresentou propostas que também podem gerar danos ao meio ambiente.
O PDL 466/2023, de sua autoria, suspende o decreto nº 11.367/2023, que recriou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), enfraquecendo ferramentas de proteção ambiental e de enfrentamento à grilagem.
Também é de sua autoria o PDL 380/2024, que suspende resolução do Conselho Nacional de Política Indigenista que recomenda ao Governo Federal a inclusão do tema da demarcação das terras indígenas como eixo do Plano Clima.
Procurada, a assessoria da deputada não respondeu.
Menos de dois meses depois de uma operação da Polícia Federal, o avanço de uma invasão de garimpeiros na Terra Indígena Baú, no sudeste do Pará, forçou indígenas Kayapó a tomarem uma atitude de alto risco. Desde segunda-feira, 21 de setembro, um grupo de guerreiros Kayapó bloqueia a via de acesso a um garimpo ilegal chamado Pista Velha, próximo ao rio Curuazinho, no meio do território.
Com o bloqueio, os indígenas tentam frear a logística de abastecimento do garimpo, que vem atraindo cada vez mais invasores pelo alto volume de ouro extraído no local. Segundo informações das organizações da Rede Xingu+, que atuam nas terras indígenas Baú e Menkragnoti e monitoram o local, o número de garimpeiros quadruplicou apenas nos últimos dois meses, chegando a aproximadamente 400 pessoas.
A cada dia de espera, cresce a tensão e o medo de um novo conflito. Informações passadas ao grupo que está bloqueando o acesso ao garimpo apontam que há armas de vários calibres no local, incluindo armas pesadas, como pelo menos quatro fuzis. Por conta desse armamento, os indígenas suspeitam de participação de facções criminosas ligadas ao narcotráfico na extração ilegal de ouro.
Ainda assim, os indígenas afirmam que não estão dispostos a sair do local enquanto não houver uma ação do poder público para retirar os invasores. À reportagem, a Polícia Federal (PF) afirmou estar acompanhando a situação.
O garimpo criminoso na Terra Indígena (TI) Baú é um problema desde 2019 e tem provocado vários conflitos entre garimpeiros e indígenas Kayapó (autodenominados Mebengôkre), que tentam proteger o território. A atividade, porém, vem se intensificando desde o ano passado, sem que as autoridades tenham conseguido desestruturá-la de forma efetiva.
No final de julho, a PF e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizaram uma operação na Terra Indígena Baú. Na ação, as equipes realizaram autuações, registraram as áreas degradadas e inutilizaram dois acampamentos, além de pás-carregadeiras, motores usados em balsas de garimpo, gerador, tanque e galões de combustível. Mas a operação não chegou ao garimpo de Pista Velha e apenas dispersou os infratores momentaneamente, segundo as organizações que acompanham de perto a situação. A TI Baú é um vasto território de 1,5 milhão de hectares (dez vezes a cidade de São Paulo), onde vivem os povos Kayapó e os isolados Pu´rô.
Ferida aberta pelo garimpo Pista Velha na Terra Indígena Baú é visível em imagem de satélite do Google Earth
Meses antes da operação, em fevereiro, a Rede Xingu+, formada por 53 organizações indígenas, ribeirinhas e da sociedade civil com atuação na bacia do rio Xingu, alertou a vários órgãos do governo federal que uma expedição de vigilância realizada pelos Kayapó havia interceptado dois grupos de garimpeiros. Na ocasião, um dos responsáveis pelo garimpo disse que havia dezenas de mineradores ilegais instalados no território, e os próprios indígenas apreenderam duas armas de fogo.
No começo do ano, o trabalho de vigilância dos Kayapó identificou outro ponto de garimpo ilegal, além do Pista Velha, e informou às autoridades a localidade que serviria como “porta de entrada” para a invasão do território. Agora, com a chegada de mais garimpeiros ao Pista Velha, os indígenas da TI Baú e da vizinha Terra Indígena Menkragnoti se uniram para tentar impedir a continuidade do funcionamento do garimpo.
Nesta quinta-feira, 24 de setembro, uma equipe indígena de vigilância encontrou uma espingarda calibre 28 e um motor de barco escondidos em uma área próxima ao Pista Velha. Em sites na internet, esse motor custa entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.
O medo é que o garimpo cresça ainda mais nos próximos meses. Ali, a extração ilegal de ouro se dá em barrancos abertos no meio da floresta. As árvores são derrubadas, a vegetação é destruída e o solo é revirado na busca predatória por minério. A atividade de mineração é proibida em terras indígenas pela legislação e, além de provocar impactos graves para a natureza, também causa conflitos sociais nas comunidades indígenas.
A Agência Pública procurou o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), mas não teve resposta até a publicação desta reportagem.
Já a PF afirmou que a operação na TI, realizada entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, empregou três aeronaves para combater “atividades ilegais de extração mineral na região e em áreas externas que, conforme informações reunidas pelos órgãos participantes, impactam cursos d’água e comunidades indígenas”.
“Diante da situação, a Polícia Federal segue atuando no acompanhamento da região e na adoção de medidas cabíveis para o enfrentamento de atividades ilícitas”, completou o órgão.
Desde 2019, ano em que o garimpo Pista Velha foi reativado, a área afetada pela mineração ilegal na Terra Indígena Baú vem crescendo. A maior parte da expansão garimpeira se deu durante o governo Bolsonaro. Até 2017, 150 hectares haviam sido desmatados no território, mas apenas entre 2018 e 2022, as áreas de garimpo superaram 308 hectares, segundo levantamento do Instituto Socioambiental. Em 2025, elas chegaram a um total acumulado de 332 hectares, o equivalente a cerca de 460 campos de futebol, conforme dados disponibilizados pela plataforma Amazon Watch.
No ano passado, já haviam sido detectados vários pontos ativos de garimpo em diversas partes do território, e um sobrevoo confirmou que havia mineração ilegal em expansão na área do Pista Velha. Ao longo de 2025, a Rede Xingu+ enviou alertas formais aos órgãos governamentais com denúncias sobre a atuação criminosa.
Além dos pontos de garimpo identificados dentro do território, há vários outros dispostos ao longo das fronteiras oeste das Terras Indígenas Baú e Menkragnoti. Em maio, uma decisão da Justiça Federal no Pará determinou que o Ibama realizasse ações de fiscalização para desmobilizar um desses garimpos, o “Esperança IV”. Às margens do rio Curuá, a atividade minerária ilegal ameaça diretamente o rio – e todos que dependem dele e de seus mais de cem igarapés e afluentes.
Imagem de sobrevoo realizado neste ano mostra o garimpo “Esperança IV”, localizado às margens do rio Curuá, na região que faz fronteira com a Terra Indígena Baú
Uma análise do monitoramento da Rede Xingu+ mostra que a área desmatada por garimpo no entorno oeste das duas terras indígenas cresceu 11% entre 2024 e 2025 e que quase 80% dessas áreas de garimpo não possuíam autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM) para exploração.
A Terra Indígena Baú tem uma longa história de resistência à pilhagem da natureza. No início dos anos 1990, quando o território foi declarado como de posse indígena, invasores impediram várias vezes a demarcação física da área. Em 2003, quando o processo de demarcação foi retomado, os Kayapó aceitaram abrir mão de uma faixa equivalente a 3 mil km² do lado oeste da terra indígena com a promessa de que as invasões seriam interrompidas. A homologação do território, etapa final da demarcação, só aconteceu cinco anos depois.
Os demais territórios Kayapó no eixo da rodovia BR-163 (que liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará) também sofrem os impactos da extração ilegal de ouro. No caso das TI Panará e da TI Menkragnoti, há denúncias de contaminação dos rios, que têm adquirido um aspecto barrento, ameaçando a disponibilidade de água para as comunidades indígenas.
As terras onde vivem os Kayapó fazem parte de um mosaico de territórios indígenas e unidades de conservação que formam uma grande área contínua de conservação na bacia do Xingu. Na região, o garimpo tem promovido o avanço do desmatamento também nas Terras Indígenas Kuruaya, Trincheira Bacajá e Apyterewa e em outras cinco áreas protegidas. Uma das situações mais críticas, segundo o monitoramento da Rede Xingu+, é na Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, onde nascem vários dos rios que banham a bacia.
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