Investigan a dos personas en Málaga por adulterar más de 30 toneladas de productos cárnicos con agua oxigenada
La Guardia Civil ha investigado a dos personas por utilizar peróxido de hidrógeno de alta concentración industrial para blanquear carne en una instalación clandestina de Benaoján (Málaga), en una operación desarrollada en colaboración con los servicios de control sanitario de la Junta de Andalucía.
La investigación, denominada operación 'Redox', comenzó en diciembre de 2025 tras una inspección en una nave que operaba sin las licencias necesarias, según ha informado el instituto armado a través de un comunicado. Las instalaciones se encontraban junto a otra nave que sí disponía de autorización oficial y, según los investigadores, se utilizaban para desviar la producción y ocultar la mercancía adulterada antes de volver a introducirla en el mercado.
Durante la inspección, los agentes detectaron graves deficiencias higiénico-sanitarias. La carne se almacenaba sin refrigeración y había productos depositados directamente en el suelo, entre fluidos y suciedad.
Un producto prohibido en el sector alimentario
Los análisis determinaron que los investigados sumergían huesos y espinazos de cerdo en soluciones de peróxido de hidrógeno al 50%, un producto conocido como agua oxigenada de uso industrial cuya utilización en el sector alimentario está expresamente prohibida.
Los informes del Grupo de Periciales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil y de la Junta de Andalucía advierten de los riesgos de esta práctica. Debido a la elevada porosidad del hueso, la sustancia química puede quedar absorbida y provocar quemaduras graves y daños corrosivos en el aparato digestivo. Además, la ruptura de la cadena de frío favoreció una importante contaminación microbiológica de los productos.
El rastreo de las compras del producto químico reveló que la titular de la explotación había adquirido 45.830 kilogramos de esta sustancia entre febrero de 2025 y junio de 2026.
Ante la amenaza para la salud pública, la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga ordenó el cierre inmediato de las instalaciones y la intervención y destrucción de un total de 30.530 kilogramos de carne y huesos contaminados.
La propietaria de la empresa y el encargado de la planta están siendo investigados como presuntos autores de delitos contra la salud pública y falsedad en documento privado. Las diligencias han quedado a disposición de los Servicios Generales de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda (Málaga).

