Pedro Sánchez visita este jueves La Revuelta, el programa de David Broncano en Televisión Española, donde las bromas sobre su continuidad en el Gobierno marcan el comienzo de la entrevista. El presidente también habla de los casos de corrupción que afectan al PSOE y reconoce que lo ocurrido con el exministro José Luis Ábalos ha sido una de sus mayores decepciones.
Broncano recibe a Sánchez luciendo un pin con la bandera de España y no tarda en bromear sobre su futuro político. “El presidente del Gobierno, por poco tiempo, según dicen la mayoría de las encuestas”, anuncia el presentador, que también recuerda que el dirigente socialista “ha salido de unos enredos tremendos”.
Sánchez responde con ironía nada más entrar en el plató: “Dices tú por poco tiempo… Luego me dicen a mí que esta televisión es mía. Menudo recibimiento”, en referencia a las acusaciones de la oposición sobre la influencia del Gobierno en RTVE.
Sánchez bromea sobre el futuro de La Revuelta
Sánchez también hace referencia al futuro del programa y a su continuidad al frente del Ejecutivo. “Tengo una queja formal que hacerte. Yo aspiro a renovar cuatro años La Revuelta en Televisión Española”, comenta el presidente.
Sin embargo, la entrevista no se limita a las bromas. Broncano también le pregunta por los errores que ha cometido durante sus años en La Moncloa y Sánchez señala los casos de corrupción que han afectado al PSOE, especialmente el relacionado con el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
“Los casos de corrupción que he sufrido en mi partido, con Ábalos, han sido una decepción enorme. Eso ha sido un error”, admite el presidente, que sostiene que nunca sospechó de lo que ocurría con su antiguo colaborador.
Cuando Broncano le pregunta si llegó a ver alguna señal de lo que sucedía, Sánchez vuelve a negar que sospechara de los hechos. “De verdad que no. Crees conocer a la gente y de repente se desvela una cara que te quedas helado, y es el caso de Ábalos”, responde.
Sánchez recuerda sus primeros días en La Moncloa
Durante la conversación, el presidente también recuerda su llegada al Gobierno en junio de 2018, después de que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Sánchez también recuerda sus primeros días en La Moncloa y asegura que, aunque por las mañanas se tomaban decisiones que consideraba acertadas, por las tardes surgían problemas que acababan complicando la jornada. Según cuenta, esta situación le dejaba una sensación “agridulce” y de haber terminado el día “en empate”.
La entrevista también abordasus diferencias con Felipe González, expresidente del Gobierno y antiguo líder del PSOE. “Ahora mismo no me siento muy identificado con sus opiniones”, afirma Sánchez.
El padre de Pedro Sánchez quería que sus dos hijos aprendieran inglés y, para pagarles una estancia en el extranjero durante las vacaciones, recurría a un préstamo. Así lo contó el dirigente socialista a Bertín Osborne en "En la tuya o en la mía", en una entrevista emitida en noviembre de 2015, cuando todavía era candidato a la presidencia del Gobierno.
"Mi padre pedía un crédito para pagarnos a mi hermano y a mí un viaje de tres semanas a Irlanda en agosto para aprender inglés", recordó. Sin embargo, aquellas estancias no resultaron como esperaba su padre. Allí coincidía con otros españoles y, según explicó con humor, acabó aprovechando el viaje para practicar algo distinto al idioma.
"Yo le dije que no me enviara. Lo que aprendí allí fue a jugar al ping pong", reconoció ante el presentador. Precisamente, el tenis de mesa también tuvo su momento durante la entrevista: Sánchez y Osborne terminaron jugando un partido después de conversar sobre la familia, los estudios y los recuerdos de juventud del entonces líder de la oposición.
Su madre empezó Derecho a los 40 años
En aquella conversación, Sánchez se describió como "hijo de clase media" y habló de la juventud de su madre cuando él nació. "Mi madre me tuvo a los 20 años. Yo he tenido una madre muy joven", explicó. Dos décadas después, ella decidió retomar los estudios y preparar su entrada en la universidad.
"Cuando tuvo 40 se sacó el acceso a la universidad y empezó a estudiar Derecho. Se sacó la carrera", contó. Así, madre e hijo coincidieron durante una etapa como estudiantes universitarios: ella cursaba Derecho y él, Economía. Al comparar sus resultados académicos, Sánchez no se atribuyó el mejor expediente: "Ella sacaba mucho mejores notas que yo".
También recordó el interés de su madre por la política. "Mi madre tiene una conciencia política brutal. No es militante del Partido Socialista, pero es más socialista que toda la familia junta", aseguró a Osborne.
Las vacaciones en Mallorca y las partidas con su abuelo
Irlanda no fue el único destino de aquellos veranos. Entre sus recuerdos de las vacaciones familiares también apareció Mallorca, una isla por la que expresó su predilección: "Soy un enamorado de las Baleares. Me encantan".
Al hablar de su abuelo paterno, Sánchez recordó las partidas de cartas que compartían. "Me hacía muchas trampas cuando jugábamos al cinquillo", relató. Su abuelo había trabajado como pastor y jornalero y había emigrado a Alemania para trabajar.
El adolescente que bailaba en Azca
La entrevista también dejó una imagen de Sánchez bastante distinta a la de sus intervenciones políticas. A los 14 años le gustaba el breakdance y acudía con otros jóvenes a las plazas interiores de Azca, en Madrid, donde se reunían para bailar.
"Con 14 años iba vestido con chándal y era un breaker", recordó. Vivía cerca de aquella zona y se acercaba con amigos para competir con otros bailarines: "Íbamos dos o tres a picarnos con algunos de ellos".
Pedro Sánchez se sincera sobre su infancia: "Mi padre pedía un crédito para pagarnos a mi hermano y a mí un viaje de tres semanas a Irlanda en agosto para aprender inglés"
Agentes de la Policía Nacional han actuado este jueves en el campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza para separar a estudiantes y curiosos a favor y en contra del agitador de ultraderecha Vito Quiles, que tenía previsto acudir a la Facultad de Derecho para celebrar un acto que ha trasladado a una plaza cercana.
Después de más de un mes de silencio desde las instancias oficiales, la cuestión de la reivindicación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla ha reemergido este jueves en el Parlamento de Marruecos durante el debate de investidura de Fátima Mansouri como primera ministra. El vicepresidente de la Cámara de Representantes Adil el Bitar, miembro del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) de la jefa de Gobierno designada, ha defendido en una intervención parlamentaria la soberanía marroquí sobre ambas ciudades autónomas “ocupadas”, así como las islas y peñones bajo control del ejército español frente las costas del país magrebí. El Bitar, apeló a la “legitimidad histórica” de la reclamación de un contencioso territorial que debe solventarse mediante el “diálogo” y a través de “medios pacíficos”.
La presencia de Vito Quiles en la Universidad de Zaragoza ha vuelto a generar una fuerte polémica en redes sociales. El periodista y activista reaccionó con un mensaje muy comentado después de que cientos de personas se concentraran en el campus aragonés para protestar contra el acto que tenía previsto celebrar en la Facultad de Derecho.
Todo comenzó tras la difusión de imágenes de la concentración estudiantil convocada por organizaciones antifascistas y colectivos universitarios. En varios vídeos compartidos en redes sociales podían verse centenares de manifestantes concentrados en las inmediaciones de la facultad coreando consignas contra Quiles.
Fue entonces cuando el periodista respondió desde su cuenta de X con una publicación que rápidamente se viralizó.
“Estos con tal de no entrar a clase se apuntan a lo que sea. Qué bárbaro”, escribió Quiles junto a un vídeo de la protesta.
La frase desató una inmediata oleada de reacciones entre partidarios y detractores del comunicador.
La protesta coincidió con el acto convocado por Vito Quiles
La movilización estuvo relacionada con la visita que Quiles había anunciado dentro de su gira"Tour Combativos II", una serie de actos políticos y encuentros con seguidores que está desarrollando en distintas ciudades españolas.
El acto previsto en Zaragoza había generado una gran controversia desde días antes debido a que la Universidad de Zaragoza dejó claro públicamente que no había autorizado la celebración del encuentro en sus instalaciones. La institución defendió la necesidad de mantener la neutralidad institucional de los campus universitarios durante el periodo preelectoral.
Pese a ello, Quiles mantuvo la convocatoria y continuó animando a sus seguidores a acudir a la Facultad de Derecho.
En los días previos también publicó mensajes como “La izquierda no va a poder silenciar la voz de la juventud de España” o “Se acabó la hegemonía de los radicales zurdos”, reforzando la convocatoria.
Su comentario provoca un intenso debate en redes
El mensaje sobre los estudiantes terminó convirtiéndose en uno de los contenidos políticos más comentados de la jornada.
Numerosos usuarios criticaron las palabras de Quiles por considerar que menospreciaban una movilización convocada por colectivos universitarios. Otros, en cambio, respaldaron al periodista y compartieron su visión sobre las protestas organizadas contra su presencia.
La polémica se produce además en un contexto especialmente tenso alrededor de la gira universitaria de Quiles. En anteriores paradas de su recorrido por distintas ciudades ya se habían registrado movilizaciones de rechazo y fuertes enfrentamientos verbales entre simpatizantes y detractores.
Lo cierto es que su comentario sobre los estudiantes terminó eclipsando incluso el propio acto convocado en Zaragoza y volvió a colocar al periodista en el centro del debate político y universitario en redes sociales.
Antes de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez trabajó como asesor, consultor y profesor de Economía. Su trayectoria profesional pasó por el Parlamento Europeo, Bosnia y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), además de por la Universidad Camilo José Cela. Parte de esos empleos estuvo vinculada desde el principio a la actividad política, años antes de convertirse en concejal o diputado.
Su formación es económica. Sánchez se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en 1995 por el Real Colegio Universitario María Cristina, un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, según recoge su biografía oficial en Moncloa. Después amplió sus estudios sobre la economía europea y obtuvo el doctorado en 2012.
La vinculación con el PSOE había comenzado antes de terminar la carrera. Se afilió al partido en 1993 y, al año siguiente, a las Juventudes Socialistas. Por eso, sus primeros trabajos y su acercamiento a la política se desarrollaron en paralelo, aunque todavía faltaban años para que ocupara un puesto de representación pública.
De asesor en Bruselas a trabajar en Bosnia
Uno de los primeros empleos que recoge su currículo es el de asesor en el Parlamento Europeo en 1998. Para entonces había orientado parte de su formación hacia los asuntos comunitarios, con un máster en Economía de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas.
También cursó un diploma de Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. La economía y las relaciones internacionales aparecen así tanto en sus estudios como en los puestos que desempeñó durante aquellos años.
En 1999 trabajó en Bosnia. La biografía publicada por el PSOE sitúa esa etapa durante la guerra de Kosovo y le atribuye el puesto de jefe de gabinete del alto representante. La reseña de Moncloa también recoge su paso por ese gabinete, aunque sin precisar el cargo de jefatura.
Su empleo en la OCU y la consultoría para empresas
A su regreso a España, Sánchez trabajó como director de Relaciones Internacionales de la OCU en 2000, según la información biográfica del PSOE. Es uno de los puestos de su trayectoria ajenos a los cargos electos por los que después sería conocido.
Ese mismo currículo recoge su trabajo como asesor de Economía de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2000 y 2004. También señala que ejerció como consultor autónomo y asesoró a empresas extranjeras, aunque no detalla los nombres de esas compañías ni las fechas de cada encargo.
Su primer cargo electo llegó en 2004, cuando entró como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Permaneció en el consistorio hasta 2009, año en el que dio el salto al Congreso como diputado por Madrid.
Profesor de Economía en la Universidad Camilo José Cela
La docencia es otra de las ocupaciones que figuran en las biografías oficiales de Sánchez. Ejerció como profesor de Economía en la Universidad Camilo José Cela, la misma institución en la que obtuvo el doctorado en 2012.
Esa fecha permite situar su formación doctoral dentro de una carrera política que ya estaba en marcha. Para entonces había sido concejal y había pasado por el Congreso durante la legislatura anterior. Su actividad académica, por tanto, no pertenece íntegramente a una etapa previa a la política.
En 2013 publicó el libro "La nueva diplomacia económica europea". Según la reseña del PSOE, la obra recogía y desarrollaba parte de los contenidos de su tesis doctoral.
De concejal en Madrid a la presidencia del Gobierno
Tras sus primeros años como diputado, Sánchez alcanzó la Secretaría General del PSOE en julio de 2014, elegido mediante el voto directo de la militancia. Ocupó el puesto hasta 2016 y volvió a ganarlo en las primarias de mayo de 2017.
Su llegada a la presidencia del Gobierno se produjo en junio de 2018, después de prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Habían transcurrido catorce años desde su entrada en el Ayuntamiento de Madrid y más de dos décadas desde que terminó la licenciatura en Economía.
Salvador Illa, líder del PSC y exministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021, ha fijado su posición sobre varios asuntos de cara a las elecciones generales del próximo 29N.
El presidente de la Generalitat de Cataluña ha defendido a Montse Mínguez, exportavoz del PSOE, que dimitió el pasado 16 de octubre tras la crisis desatada en el partido después de que Artículo14 publicara información sobre las empresas inmobiliarias de Sergi Vélez, su pareja. Según lo publicado por este medio, su actividad incluye el alquiler de al menos 30 pisos y apartamentos, así como procedimientos de desahucio por impago.
Preguntado por la polémica salida de Mínguez, Illa fue claro y sostuvo que el caso no suponía una contradicción con las políticas socialistas en esta materia. Según explicó, en la situación mencionada se aplicaba la ley de vivienda y los precios estaban topados.
El dirigente socialista ha situado la vivienda entre las principales preocupaciones de su Ejecutivo y ha defendido la necesidad de intervenir el mercado para hacer frente a la emergencia habitacional. "Hay una emergencia habitacional y hay que intervenir el mercado de la vivienda", ha afirmado. En este sentido, ha reivindicado que el acceso a una vivienda debe entenderse como un derecho y no como un negocio.
Preguntado por el debate alrededor de la "ley de nietos", Illa ha defendido el derecho al voto de las personas que tienen la nacionalidad española y ha lamentado que miles de ciudadanos puedan quedarse sin ejercerlo mientras continúa el procedimiento judicial.
"El derecho a voto es sagrado. Me sabe mal que 168.000 personas con pasaporte no puedan ejercer el derecho a voto", sentenció en declaraciones a COPE. Además, ha señalado que el Tribunal Constitucional no ha entrado en el fondo del asunto y ha añadido que habrá que esperar para conocer cómo evoluciona el procedimiento.
Illa, sobre la inmigración y la seguridad en Cataluña
Sobre el modelo migratorio que defiende para Cataluña, el presidente de la Generalitat ha rechazado vincular directamente la inmigración con la inseguridad ciudadana.
Illa ha asegurado que la seguridad ha mejorado en Cataluña durante los últimos dos años, aunque ha reconocido que existen problemas relacionados con el aumento de las armas de fuego y el tráfico de drogas. También ha destacado que hay más efectivos policiales y más agentes de los Mossos d'Esquadra.
"Vincular inseguridad con inmigración es un relato muy demagógico que no comparto", ha afirmado al respecto.
Salvador Illa defiende a la exportavoz del PSOE: "Estamos a favor de que la vivienda sea un derecho y no un negocio. En el caso de Montse Mínguez no era una contradicción"
La investigación judicial sobre el hermano de Pedro Sánchez ha abierto un nuevo frente político en Extremadura. La Asamblea autonómica aprobó este jueves una iniciativa del Partido Popular para exigir al Gobierno central que manifieste públicamente su respaldo institucional a la jueza Beatriz Biedma, encargada de investigar a David Sánchez.
La propuesta prosperó con el apoyo de Vox y el voto en contra del PSOE y Unidas por Extremadura, en medio de la polémica por las informaciones que apuntan a presuntos contactos con clanes del narcotráfico de Badajoz para intimidar a la magistrada y obstaculizar sus investigaciones.
En la iniciativa de pronunciamiento defendida por el PP, el portavoz 'popular' José Ángel Sánchez Juliá ha comenzado su intervención mostrando un apoyo "rotundo" y "sin fisuras" a Biedma.
De esta forma, ha reseñado que si su grupo parlamentario trae esta propuesta a la cámara es porque el Gobierno y las "cloacas" del PSOE han traspasado "todas las líneas rojas" y han pasado "de la esfera política al terreno de lo criminal".
Sánchez Juliá se ha referido a que hace algunas semanas se conocieron informaciones de medios de comunicación que apuntaban a que las "cloacas del Partido Socialista hacían encargos a clanes del narcotráfico en Badajoz" para darle un "sustillo" a Biedma y frenar así sus investigaciones en el caso del hermano de Pedro Sánchez.
"Informaciones que han pasado a ser confirmaciones", ha señalado, además de considerar que estas actuaciones no se pueden "normalizar" y tienen que hacer "reaccionar a todos" y hacer "saltar todos los resortes institucionales".
Ante ello, ha condenado el "silencio cómplice" del PSOE, que es "delatante" y "preocupante". "¿Cómo es posible, señorías, que en Extremadura hubiese una organización criminal, que se pusiesen determinados medios a su disposición, que se pusiesen determinadas infraestructuras y ni el partido del Gobierno ni el Gobierno de España hayan dado una sola explicación? ¿Cómo es posible tanto silencio, señorías?", se ha preguntado.
De este modo, el 'popular' ha asegurado que su partido no espera de los socialistas en esta jornada "apoyo" o "condenas", sino una explicación, que "urge" ya, y respuestas a preguntas como "¿quién dio la orden de deshacerse de la jueza Biedma?, ¿quién del Partido Socialista de Extremadura conocía a Leire --Díez-- y sabía lo que estaba pasando en Badajoz? o ¿quién puso en contacto a las cloacas con los narcos?".
Al respecto, Sánchez Juliá ha aseverado que este jueves la política extremeña ha hablado con el sentido del voto hacia esta iniciativa, algo que harán los españoles el próximo 29 de noviembre "eligiendo entre decencia o delincuencia, entre mafia o democracia". "Lo que les digo es que la democracia va a sacar por la ventana a la mafia", ha advertido.
Entre otros aspectos, la propuesta de pronunciamiento exige al Gobierno condenar cualquier actuación dirigida a investigar "de forma clandestina, desacreditar, intimidar, coaccionar o apartar a jueces, fiscales o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" por razón de las investigaciones que desarrollen.
Otras de las medidas es ordenar, en el ámbito de sus competencias, la trazabilidad y conservación íntegra de documentos, correos, agendas, registros de visitas, expedientes, contratos, comunicaciones oficiales y demás información relacionada con los hechos, impidiendo su destrucción, alteración u ocultación y poniéndola a disposición de la autoridad judicial.
Así como reforzar los protocolos de integridad y denuncia en la Administración General del Estado y su sector público para que cualquier "ofrecimiento de favores, presión, petición de información reservada o intento de interferencia en una investigación judicial, fiscal o policial sea documentado y comunicado de inmediato a la autoridad competente, con protección efectiva frente a represalias".
También adoptar las medidas de protección y seguridad que resulten necesarias para garantizar la integridad de la magistrada instructora del caso del hermano del presidente y de cualesquiera jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad u otros servidores públicos que pudieran encontrarse "amenazados o intimidados" como consecuencia de su intervención en las investigaciones.
Finalmente, la propuesta exige la adopción de una posición "activa y firme" en defensa de la independencia judicial y del libre ejercicio de la función jurisdiccional y, a tal efecto, promover, a través de los órganos y servicios jurídicos competentes, el ejercicio de cuantas acciones judiciales resulten legalmente procedentes.
"Incluida, en su caso y cuando concurran los requisitos de legitimación exigibles, la personación de la Administración General del Estado en los procedimientos que pudieran derivarse de estos hechos, en defensa de los intereses generales y de las instituciones del Estado frente a cualquier actuación que, de resultar acreditada, pudiera estar dirigida a intimidar, condicionar o interferir ilegítimamente en el ejercicio independiente de la función judicial", ha recalcado. POSTURA DE LOS GRUPOS
En el turno de los grupos, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que se asiste a un "debate impropio" en el hemiciclo con una iniciativa que, a su juicio, "ni siquiera debía haber sido calificada por la cámara".
En su opinión, es un "esperpento" de iniciativa y ha recordado las "vergonzantes declaraciones" realizadas en la Asamblea y en medios de comunicación por miembros del gobierno y el PP en relación a este caso, momento en el que ha preguntado "qué día han ido a la Fiscalía de Extremadura a denunciar lo que han dicho que saben".
Así, la socialista ha recalcado que si se afirma que hay "pruebas" y las "conocen" se debería haber ido a la Fiscalía. "Es indecente la actitud política con la que han decidido transitar en la vida pública este nuevo PP de Extremadura", ha recalcado, además de insistir en que la posición de su partido es "inequívoca" de apoyo a la jueza Biedma y a su familia.
Por su parte, la diputada de Vox Eva García Alegre ha asegurado que lo que se está conociendo sobre el "caso Leire Díez" no es "ruido", sino que se está ante el "uso nauseabundo de métodos mafiosos" para "perseguir, espiar en la vida privada de los jueces y fiscales y desprestigiarlos por cumplir con su deber de investigar".
"Grábenselo en la cabeza, señores del PSOE, nadie está por encima de la ley, no hay ningún partido político por encima de la Constitución", ha dicho la diputada de Vox, quien ha añadido que gobernar no da a los socialistas "ni patente de corso ni impunidad".
Por ello, ha condenado "rotundamente" toda coacción a la magistrada Beatriz Biedma, al tiempo que ha recordado al PSOE que el poder es "temporal, no es eterno" y la legitimidad que otorgan las urnas "no es una bula para delinquir".
Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi Pareés ha señalado que la tribuna huele a "vergüenza ajena", ya que el PP en Extremadura ha decidido ser un "meme con patas", algo que demuestra con su "actividad parlamentaria" y la "calidad" de propuestas de pronunciamiento como ésta.
Así, como ha dicho, la iniciativa parece sacada de las "páginas centrales de cualquier revista del corazón" y a ella hay que darle "presunción de veracidad", además de invitar a los 'populares' a mirar primero lo que "tienen en casa".
Al respecto, el diputado de Unidas por Extremadura ha aludido a las "cloacas del PP", como la "maniobra montada" para ocultar la muerte y el asesinato "por incompetencia de 42 militares españoles", a la supuesta existencia de armas de destrucción masiva o la policía patriota.
La visita de Pedro Sánchez al programa La Revuelta de David Broncano no se ha emitido todavía, pero ya ha generado una nueva batalla política en redes sociales. La entrevista del presidente del Gobierno en el espacio de RTVE ha servido de excusa para que PSOE y PP protagonicen un intercambio de mensajes cargados de ironía y ataques políticos.
Todo comenzó cuando la cuenta oficial del PSOE decidió bromear con la presencia de Sánchez en el programa presentado por Broncano. Los socialistas publicaron un mensaje dirigido al presentador en el que advertían, en tono humorístico, de la importancia de la entrevista.
“A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista”, escribió el PSOE en la red social X antes de la emisión del programa.
La publicación no tardó en hacerse viral y rápidamente obtuvo respuesta desde la sede nacional del Partido Popular.
El PP aprovecha la ocasión para lanzar un dardo a Sánchez
Los populares entraron en la conversación utilizando el mismo tono irónico, pero aprovechando la oportunidad para atacar directamente al presidente del Gobierno.
“David, no seas muy duro con Pedro, que te manda a Los Rochos”, respondió la cuenta oficial del PP.
La referencia no pasó desapercibida. El mensaje hacía alusión a la polémica que durante las últimas semanas ha rodeado al PSOE a raíz de diferentes informaciones relacionadas con el denominado clan de Los Rochos, un asunto que ha sido utilizado por la oposición para intentar desgastar al Gobierno.
El comentario fue interpretado por numerosos usuarios como una forma de vincular la entrevista televisiva con las controversias políticas que rodean al Ejecutivo en plena precampaña electoral.
La publicación generó miles de reacciones y comentarios en apenas unas horas, convirtiéndose en uno de los mensajes políticos más compartidos de la jornada.
La entrevista de Sánchez se convierte en un nuevo frente político
La presencia de Sánchez en La Revuelta se produce en un momento especialmente sensible, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La estrategia del presidente pasa por reforzar su presencia mediática y acercarse a públicos más jóvenes a través de formatos televisivos alejados de la entrevista política tradicional.
Mientras el PSOE intenta convertir la entrevista en un escaparate para su líder, el PP ha optado por utilizar el acontecimiento para mantener la presión sobre Sánchez y recordar algunas de las polémicas que han marcado la legislatura.
El intercambio de mensajes evidencia hasta qué punto la precampaña electoral se está librando también en redes sociales, donde una simple broma puede transformarse en una nueva herramienta de confrontación política.
Por el momento, la entrevista todavía no se ha emitido, pero el cruce entre populares y socialistas ya ha conseguido convertirla en uno de los acontecimientos políticos más comentados del día.
El Partido Socialista ha confirmado este jueves que participará en un cara a cara con el principal líder de la oposición el próximo 16 de noviembre, primer lunes de campaña electoral. De esta forma, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se volverán a encontrar en un debate organizado por una cadena privada, tal y como ocurrió el 10 de julio de 2023 en Antena 3 (Atresmedia), 13 días antes de las elecciones generales. Desde principios de octubre, el Partido Popular ya había confirmado su disposición para celebrar el cara a cara con el líder socialista en esa misma fecha. Los populares quieren que tenga lugar en la cadena privada Mediaset, aunque el PSOE no lo ha confirmado.
Los candidatos a la presidencia del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez (i) y el popular Alberto Núñez Feijóo, antes de iniciar el debate electoral del 11 de julio de 2023.
Desde que formaron Gobierno de coalición con el PP tras las elecciones andaluzas, los diputados de Vox se sienten más fuertes y envalentonados. Y entre esos parlamentarios hay uno que es además vicepresidente segundo, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Se llama Manuel Gavira, fue candidato a la presidencia de la Junta por Vox, es abogado, es de Cádiz y tiene 57 años. En el primer pleno ordinario de la XIII Legislatura llamó “puteros” a los socialistas en el debate de una iniciativa presentada por el PSOE sobre la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. Lo hizo desde el banco verde del Ejecutivo.
El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, durante la sesión de control del Parlamento de Andalucía, este jueves en Sevilla.
El PSOE ha pedido al juez a cargo del caso Leire Díez que le dé más tiempo para poder entregar a la Audiencia Nacional la documentación que le reclamó sobre la contratación de abogados y consultores del partido entre 2021 y 2025. En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la formación ha explicado que se encuentra a la espera de que el Consejo General de la Abogacía Española le conteste si la información requerida afecta al secreto profesional, una petición que, según ha incidido, “no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado” por el instructor. Además, ha incidido en que los datos reclamados no están centralizados y que ahora, como está “concentrada” en el “desarrollo de la campaña” electoral, su capacidad de “respuesta inmediata” se ve “obviamente mermada”.
En los próximos días se realizará el sorteo para determinar a los miembros de las mesas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, los ayuntamientos designarán mediante sorteo a quienes serán presidentes y vocales de las mesas y deberán comunicarles su designación en un plazo máximo de tres días.
A partir de ese momento, los elegidos tendrán siete días para presentar alegaciones si no están en condiciones de participar en la jornada electoral. Uno de los motivos para quedar eximido de esta responsabilidad, recogido en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, es encontrarse en situación de incapacidad temporal para el trabajo, acreditada mediante la correspondiente baja médica.
Por tanto, si estás de baja laboral puedes solicitar quedar eximido de formar parte de una mesa electoral durante el 29N, siempre que acredites debidamente esta situación.
Si el impedimento aparece posteriormente, también puede comunicarse. Cuando falten al menos 72 horas para las elecciones, el ciudadano deberá informar a la Junta Electoral de Zona y presentar la documentación que justifique la imposibilidad de acudir. En situaciones sobrevenidas y de última hora, cuando ya no sea posible cumplir ese plazo, será necesario comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral y, en todo caso, antes de la constitución de la mesa.
Eso sí, la Junta Electoral dispone de un plazo de cinco días para resolver las alegaciones presentadas. Solo la Junta Electoral de Zona tiene la potestad de aceptar o rechazar las excusas para no formar parte de la mesa electoral.
Otros motivos que permiten quedar eximido de una mesa electoral
Ser mayor de 65 años y menor de 70.
Estar en situación de discapacidad.
Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Estar embarazada de seis meses o más o encontrarse en el período correspondiente de descanso para el cuidado del menor.
Estar internado en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico.
Haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años.
Ser víctima de un delito cuando exista una resolución judicial en vigor que imponga al condenado o investigado una prohibición de aproximación y este figure inscrito en alguna de las mesas del mismo colegio electoral.
También debes recordar que no presentarse sin una causa justificada o abandonar las funciones asignadas puede tener consecuencias penales. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para presidentes, vocales y suplentes que incumplan determinadas obligaciones relacionadas con el desempeño de estos cargos.
El Ministerio del Interior ha tomado la decisión de retirar las placas de matrícula reservadas que, con fines de seguridad personal y de sus familias, tenían los miembros de la Guardia Civil de las comandancias del País Vasco y Navarra, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Se mantienen las que usan los grupos operativos, lo que no resta gravedad a la resolución adoptada. Esta nueva situación coincide con la entrada en la cárcel de dos miembros del movimiento disidente proetarra Jardun, que tenían en su poder información relevante sobre agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los fines por los que habían acumulado los datos sólo los conocen los ahora encarcelados, ya que se negaron a declarar ante el juez, pero resulta preocupante que estuvieran en manos de unos individuos, uno de los cuales fue el encargado de leer el manifiesto del «Gudari Eguna» (Día del Soldado Vasco), que se celebró en una localidad fronteriza francesa al día siguiente de que fueran interceptados por una patrulla de Tráfico de la Ertzaintza que, inexplicablemente, no procedió a su detención para que se pusieran en marcha los protocolos habituales en estos casos, entre ellos el registro de sus domicilios. Además, lo ocurrido el 26 de septiembre se mantuvo oculto a la opinión pública hasta que el Gobierno del PNV-PSE decidió darlos a conocer días pasados.
El manejo de la información que se incautó, fuera por razones políticas u otras, no resta gravedad al asunto, por lo que no se entiende la medida adoptada por el Ministerio del Interior que afecta a la seguridad de los agentes y sus familias.
Las placas reservadas de matrícula es una medida de seguridad destinada a que los individuos, por las razones que sean, quieran controlar los movimientos de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco y Navarra. Se trata de algo absolutamente necesario cuando ETA estaba operativa. Es verdad que la banda terrorista ha dejado de matar lo que no significa que su siniestra presencia no se mantenga en las provincias del norte, bien sea con pintadas, homenajes y una omnipresencia de determinados elementos que estuvieron vinculados a su entorno y que ejercen una presión sobre los sectores considerados como españolistas.
Las fuentes que ha consultado este periódico no se explican por qué se ha adoptado esta medida y qué necesidad había de hacerlo ahora. En las dos últimas legislaturas, la opinión pública ha asistido, singularmente las víctimas del terrorismo, al blanqueamiento de ETA y sus crímenes, como si la banda no hubiera existido, tal vez para justificar unos pactos políticos necesarios para el mantenimiento del poder.
Es responsabilidad de quien lo ha hecho que deberá someterse al veredicto de las urnas el 29N, pero retirar una medida de seguridad necesaria no va a contribuir a cambiar una historia que está ahí, para dolor de tantos españoles.
Las placas reservadas de matrícula es una de tantas medidas para evitar que determinados individuos, como al parecer ocurría con los encarcelados de Jardun, pudieran identificar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad.
Al retirar la medida a los vehículos particulares se expone no sólo a los agentes sino también a sus familias, que pueden viajar con ellos para cualquier desplazamiento, como ir al colegio, compras, vacaciones, etcétera.
Se dirá que ya no hay peligro, los últimos acontecimientos parecen indicar lo contrario; en cualquier caso, como medida preventiva no costaba tanto mantenerla porque a ningún agente que trabaje en el País Vasco y a sus familiares les gusta ser identificados por los señalamientos existen con fines claramente intimidatorios.
“Normalización” es una palabra que durante décadas utilizó el entorno de la banda terrorista dentro de su estrategia de poner en el mismo fiel de la balanza a víctimas y verdugos.
Las referidas fuentes señalaron que los agentes no entran en asuntos políticos sino a los que pueden afectar a su seguridad personal y familiar y, sobre todo, al derecho que tiene todo español a disfrutar de una vida tranquila sin tener que poner en marcha medidas suplementarias en lo que afecta a sus vehículos.
Se supone que, al igual que en los vehículos operativos, las placas reservadas se mantienen para su uso en los vehículos oficiales camuflados de instituciones oficiales dado la amenaza terrorista de carácter global que sufre Occidente.
Uno de los programas más ambiciosos de modernización de las Fuerzas Armadas españolas ha quedado temporalmente bloqueado.
Se trata del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), un proyecto valorado en cerca de 2.000 millones de euros que debía renovar una parte importante de los medios acorazados del Ejército de Tierra y sustituir a los veteranos TOA que llevan décadas en servicio.
Según informa El País, el Ministerio de Defensa ha decidido paralizar el inicio del programa después de las diferencias surgidas con el consorcio adjudicatario, Tess Defence, liderado por Indra. La propuesta económica planteada por las empresas habría superado ampliamente las previsiones iniciales del departamento.
El proyecto estaba considerado estratégico por el Ejército de Tierra debido a la antigüedad de muchos de los vehículos que actualmente siguen operativos y que fueron diseñados hace varias décadas.
El blindado llamado a sustituir a los históricos TOA
El objetivo principal del programa VAC era sustituir a los conocidos TOA M-113, vehículos blindados de transporte de tropas que comenzaron a incorporarse hace más de medio siglo y que todavía continúan prestando servicio en numerosas unidades.
Aunque estos vehículos han sido actualizados en varias ocasiones, sus capacidades se encuentran muy alejadas de las exigencias operativas actuales. Por ello, Defensa apostó por una nueva plataforma capaz de ofrecer mayor protección, más movilidad, mejores comunicaciones y una integración completa en los sistemas digitales de combate.
El programa contemplaba distintas versiones especializadas destinadas al transporte de tropas, evacuación sanitaria, apoyo logístico, mando y control o recuperación de vehículos dañados.
No se trataba de una compra menor. Con casi 2.000 millones de euros de presupuesto, el VAC se había convertido en uno de los mayores contratos para la industria militar terrestre española.
Defensa mantiene abiertas las negociaciones
Pese a la paralización, el proyecto no se considera cancelado. Según explica El País, las conversaciones entre el Ministerio de Defensa y el consorcio industrial continúan abiertas y ambas partes siguen trabajando sobre una nueva propuesta presentada durante el pasado mes de septiembre.
Fuentes gubernamentales citadas por el diario aseguran que el objetivo es desbloquear una iniciativa considerada esencial para el futuro de las capacidades terrestres españolas.
El interés de Defensa es evidente. La sustitución de los TOA forma parte de un proceso mucho más amplio que incluye programas como el 8x8 Dragón, nuevos sistemas de defensa aérea y diversos proyectos de digitalización y modernización militar.
Mientras continúan las negociaciones, el futuro del VAC permanece en suspenso. Sin embargo, una cosa parece clara: el Ejército de Tierra necesitará reemplazar tarde o temprano unos vehículos que, pese a su fiabilidad y trayectoria, se acercan al final de su vida operativa.
Pese a que se vaticinaba lo contrario, el Tribunal Constitucional ha inadmitido, por una amplia mayoría, el recurso presentado por el Defensor del Pueblo. Si la credibilidad de Ángel Gabilondo estaba deteriorada, la decisión del Constitucional le ha dado la estocada final.
En las distintas e importantes responsabilidades que ha ostentado, nunca ha sido una característica de Gabilondo un nivel elevado de actividad. Ha sido su sello personal en su etapa como rector, en la de portavoz en la Asamblea y en la actual como defensor del pueblo.
Según las memorias del Tribunal Constitucional, Gabilondo solo ha interpuesto un recurso de amparo en los casi cinco años que lleva al frente de la institución, precisamente contra la decisión del Tribunal Supremo en relación con la denominada Ley de Nietos.
En lo único que se ha mostrado siempre raudo es en atender las peticiones que se le han realizado desde la calle Ferraz. Así fue cuando se le sondeó sobre la disponibilidad para ser candidato a la alcaldía de Madrid en el año 2010, aunque finalmente la decisión de la dirección socialista fue otra.
De igual manera, aceptó, en menos de 24 horas, ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 y fue líder de la oposición hasta que Pedro Sánchez decidió que había que relevarlo y exigió alguna contrapartida. Se consideró que sería útil como defensor del pueblo.
La ironía es que quien invoca la Constitución ha recibido una respuesta basada precisamente en el respeto al procedimiento constitucional. La inadmisión de su recurso lleva a preguntarse si el Defensor del Pueblo está ejerciendo toda su función constitucional o si está concentrando su actuación en una sola dimensión del problema.
La Instrucción de octubre de 2022 estableció una presunción de exilio para los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa interpretación administrativa es una de las cuestiones controvertidas del caso. La segunda pregunta incómoda es ¿qué investigaciones administrativas ha promovido el Defensor para comprobar la aplicación de esa instrucción y las garantías del censo?
No es una cuestión ajena al Defensor del Pueblo, el 12 de diciembre de 2024, Gabilondo dirigió un recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento de Gijón por un error administrativo que había impedido votar a un ciudadano en las elecciones europeas.
Si el Defensor consideró necesario exigir rigor administrativo para proteger el voto de una persona en Gijón, ¿qué grado de supervisión administrativa corresponde cuando están afectados más de 163.000 electores residentes en el extranjero?
Nadie debería olvidar que la memoria de los exiliados merece respeto, pero el censo electoral, además, exige garantías y seguridad jurídica.
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