Alberto Gonçalves comenta as declarações de Rui Tavares sobre os acampamentos de protesto a pretexto do problema da habitação.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por diez votos contra dos, inadmitir la petición del Defensor del Pueblo para reactivar de forma urgente el voto de más de 160.000 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. Los magistrados entienden que el organismo presidido por Ángel Gabilondo pretende intervenir de forma prematura en el proceso cuando todavía se está tramitando el caso ante el Tribunal Supremo y no entran a examinar el fondo del asunto. El debate vuelve así a manos de la sala de lo contencioso del Supremo, que mantiene en suspenso el derecho a voto de los nacionalizados desde principios de septiembre.

Fuentes del Gobierno indican que “respeta” la decisión del Constitucional aunque destacan que “se limita a motivos procedimentales y no aborda el fondo de la cuestión”. El ejecutivo, destacan estas mismas fuentes, “continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto” y confían en la sentencia que resuelva el fondo del asunto y “deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado”.

La sala tercera del Supremo anunció el pasado 9 de septiembre que estimaba la petición de medidas urgentes de Iustitia Europa y Vox y suspendía el derecho a voto, en la práctica, de las más de 160.000 personas nacionalizadas –tres veces menos que lo que alega la demanda– en base a la ley de nietos tras alegar que descienden de personas que abandonaron España para huir de la dictadura. La decisión, con un voto en contra de una magistrada discrepante, fue confirmada en fase de cautelares rechazando las alegaciones de la Abogacía del Estado.

El resultado es que el voto de estas 160.000 personas sigue en el aire a menos de mes y medio de las elecciones del próximo 29 de noviembre. El Tribunal Supremo, mientras resuelve el fondo del asunto, se ha limitado a dejar en manos de la administración electoral la gestión del asunto para que los nacionalizados que efectivamente desciendan de exiliados de la dictadura y la guerra lo puedan acreditar ante los consulados. La Junta Electoral, por su parte, acordó hace unos días remitir la documentación electoral a todas esas personas con el aviso de que no todos podrán votar el día de los comicios.

El pleno del Constitucional ha decidido directamente inadmitir el recurso por prematuro y eso implica que, directamente, los magistrados ni han entrado a debatir la solicitud de medidas cautelarísimas que hacía el Defensor del Pueblo para levantar de forma urgente la suspensión que pesa sobre el derecho a voto de estos 160.000 nacionalizados.

Entre lomas ocre y valles fluviales labrados por los ríos Martín, Guadalope y Matarraña, resiste una tradición agrícola singular que define la identidad de esta zona del Bajo Aragón. A finales de cada verano, los campos entre Teruel y Zaragoza se transforman en el escenario de una cosecha admirada en el panorama agroalimentario. Y es que el célebre Melocotón de Calanda no es solo un fruto estacional, sino el reflejo vivo de un compromiso histórico con la excelencia agronómica. Esta fruta dorada se ha convertido en el símbolo del paisaje aragonés, donde el esfuerzo humano y la tierra ofrecen un producto de distinción.

El secreto de la excepcionalidad de este producto comienza meses antes de la recolección con una labor minuciosa conocida como el aclareo. Durante los meses de mayo y junio, los agricultores recorren las plantaciones retirando hasta el 70% de los frutos nacidos en las ramas. Esta drástica reducción se realiza de forma manual con el fin de garantizar una distancia mínima de veinte centímetros entre cada pieza restante. Gracias a esta práctica ancestral de selección temprana, los nutrientes del árbol se concentran en pocos ejemplares, logrando desarrollar una textura pulposa firme y un gran calibre.

Tras la selección del aclareo llega el paso más emblemático y laborioso que diferencia a este cultivo de cualquier otro en el mundo: el embolsado individual en el propio árbol. Entre los meses de junio y agosto, cada melocotón es introducido, a mano, dentro de una bolsa protectora de papel translúcido y parafinado. Esta funda transpirable protege la fruta de manera totalmente natural frente a plagas de insectos, inclemencias meteorológicas como el granizo y residuos fitosanitarios externos. Al madurar suavemente en su envoltorio, el fruto experimenta una maduración lenta y homogénea que le otorga una piel fina, uniforme y aterciopelada.

Amparado comercialmente por la variedad población autóctona conocida como Amarillo Tardío y sus clones seleccionados como Jesca, Evaisa y Calante, el melocotón presenta unos rasgos inconfundibles. Su gama cromática abarca tonos que van del amarillo crema al amarillo pajizo, exhibiendo en ocasiones una atractiva chapa rojiza en la superficie expuesta. El estricto reglamento técnico exige que cada pieza alcance un diámetro superior a los 73 milímetros para asegurar un calibre generoso y uniforme. Al retirar la bolsa protectora durante la cosecha, el melocotón revela una presencia impoluta y uniforme que delata de inmediato el cuidado artesanal recibido durante su desarrollo.

La zona geográfica delimitada por la Denominación de Origen Protegida comprende un territorio específico de 4.650 kilómetros cuadrados. Esta extensión abarca 45 municipios distribuidos entre las provincias aragonesas de Teruel y Zaragoza, situando a Calanda como epicentro histórico de la producción. Localidades como Alcañiz, Mazaleón, Maella, Caspe, Puigmoreno y Albalate del Arzobispo forman parte de esta comarca frutícola privilegiada de suelos calizos. El clima continental moderado de la comarca, marcado por veranos calurosos y la presencia del cierzo, resulta idóneo para moldear el carácter exigente de estas plantaciones.

En el plano organoléptico, el Melocotón de Calanda destaca por una firmeza crujiente al corte y una pulpa carnosa de irresistible dulzura. El Consejo Regulador exige un nivel mínimo de 12 grados Brix de azúcar para garantizar que cada fruto desprenda un aroma característico e intenso antes del primer bocado. Además de su excepcional calidad gastronómica, esta fruta ofrece valiosas propiedades nutricionales gracias a su elevado contenido en agua, fibra, potasio y betacarotenos naturales. Su baja aportación calórica y su riqueza en vitaminas de los grupos A, B y C consolidan a este manjar como un aliado perfecto para una alimentación equilibrada.

Distinción en 1999

El prestigio internacional de esta fruta obtuvo el máximo reconocimiento institucional en 1999 con la concesión de la Denominación de Origen Protegida. Para salvaguardar la autenticidad frente a imitaciones, cada envase certificado debe lucir el sello oficial del Consejo Regulador y una etiqueta negra numerada e individual. Este distintivo negro garantiza de forma transparente la trazabilidad completa del producto desde el huerto de origen hasta el punto de venta final. La comercialización en fresco se limita de forma estricta a los meses de septiembre y octubre, cuando la fruta alcanza su madurez óptima.

Más allá de su evidente valor gastronómico, este cultivo representa un motor socioeconómico vital para el mantenimiento del empleo rural y la estabilidad de la población en el Bajo Aragón. Miles de familias de agricultores perpetúan este saber hacer centenario que aúna la tradición campesina con modernas innovaciones en la protección medioambiental de los cultivos. Consumido fresco a mordiscos, en almíbar tradicional o integrado en elaboraciones de alta cocina como helados y tartas, el fruto sigue conquistando paladares exigentes a la vez que continúa siendo el orgullo de una tierra aragonesa que lo mima como parte imprescindible de su patrimonio agrícola.

Mais de um ano depois, os juros voltam a pesar mais de metade da prestação da casa, refletindo a subir das taxas desde o início da guerra no Irão, em fevereiro.

Em setembro, a prestação média da casa voltou a subir pelo sétimo mês seguido, fixando-se nos 423 euros, mais cinco euros em relação ao mês anterior e mais 30 euros do que em setembro de 2025, segundo os dados revelados esta quarta-feira pelo INE.

A parcela relativa a juros representou 50,4% da prestação média, ou seja, 213 euros. Desde agosto de 2025 que tal não acontecia e reflete o agravamento da Euribor desde o eclodir do conflito no Médio Oriente, há oito meses. Já o capital amortizado representou 49,6%, ou 210 euros, de acordo com o instituto de estatísticas.

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Isto significa na prática que, perante o forte agravamento das taxas Euribor nos últimos meses, portugueses voltam a pagar mais em juros do que conseguem amortizar capital quando pagam a mensalidade do empréstimo da casa.

Segundo os dados do INE, a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação subiu para 3,194% em setembro, traduzindo um aumento de 3,2 pontos base face ao mês anterior. Foi o quarto mês seguido a subir, atirando a taxa para o valor mais alto desde setembro do ano passado.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,910% em agosto, para 2,959% em setembro, a mais elevada desde maio de 2025. Nestes contratos, o valor médio da prestação subiu 13 euros, para 757 euros, correspondendo a um aumento homólogo de 13,7%.

O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 655 euros, atingindo 80.843 euros.

(Notícia atualizada às 11h33)

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scelto parole nette. Intervenendo il 20 ottobre al Defense Procurement Forum di Roma, ha definito gli scontri di Milano e delle altre città italiane il frutto di una guerra ibrida combattuta attraverso TikTok, i social e YouTube, che l’Occidente non saprebbe né riconoscere né contrastare.[1] Ha escluso che i ragazzi in piazza fossero i cosiddetti maranza o figli dell’immigrazione, parlando piuttosto di una controeducazione ricevuta fuori dalla famiglia e dalla scuola, e del rischio che alcuni Paesi usino algoritmi e dati comportamentali per orientare il pensiero dei più giovani. Non ha nominato alcuno Stato. Matteo Salvini gli ha risposto, a stretto giro, che di regia non ce n’è e che le ipotesi su un ruolo russo sono strambe, mentre Stefania Craxi e Lia Quartapelle hanno richiamato, da sponde opposte, il rischio che potenze straniere abbiano amplificato proteste convocate sui social.[2]

La domanda di sempre

È una scena che si ripete. Ogni volta che un movimento di protesta degenera, dai gilets jaunes ai no vax, la discussione pubblica si divide subito in due tifoserie: chi vede dietro ogni vetrina infranta la mano di Mosca e chi liquida qualsiasi ipotesi di interferenza come complottismo. Entrambe sbagliano, perché confondono tre cose diverse: l’esistenza di un’attività ostile, la sua capacità di amplificare un fenomeno già esistente e il suo effetto causale sulla violenza. La prima è spesso documentabile, la seconda talvolta, la terza quasi mai. La tesi del ministro, nella sua versione più solida, riguarda una vulnerabilità strutturale reale: intere generazioni esposte a ecosistemi algoritmici che piattaforme e attori statali ostili sono in grado di sfruttare. Il passaggio dalla vulnerabilità all’attribuzione di un fatto specifico richiede però prove di altra natura.

Che cosa dicono i dati

La Francia, dove tutto è cominciato, offre il termine di paragone più utile. La mobilitazione del 17 ottobre, nata dai blocchi dei licei e confluita nella protesta contro il caro vita, ha portato in piazza circa 550.000 persone e si è chiusa con quasi 2.400 arresti e un migliaio di agenti feriti.[3] Secondo i dati di Visibrain ripresi da Le Monde, l’appello aveva generato circa 460.000 messaggi e oltre 132 milioni di visualizzazioni su TikTok; ma Viginum, il servizio francese contro le ingerenze digitali straniere, non aveva individuato operazioni estere significative dietro la sua diffusione.[4] Una fonte governativa ha riconosciuto a 20 Minutes che una parte del traffico proveniva dall’estero, pur restando la conversazione prevalentemente nazionale, e che i video delle violenze sono stati rilanciati in massa dai media di Stato russi, iraniani, algerini, turchi e cinesi.[5] È il quadro tipico: nessuna regia dimostrata all’origine, un’amplificazione opportunistica evidente a valle.

In Italia il fenomeno più rivelatore non sono stati gli scontri, ma ciò che è seguito. Dal 19 ottobre le chat di studenti e genitori di Milano, Pavia, Cremona, Ravenna e del Veneto sono state invase da falsi allarmi su stupri di gruppo, spedizioni di neofascisti contro gli stranieri, incendi alle università, con video di vecchie violenze spacciati per attuali.[6] Nessuna minaccia si è materializzata, ma a Ravenna in un istituto è entrato un decimo degli studenti, a Cremona il centro è rimasto deserto per ore.[7] È la definizione di un’operazione cognitiva riuscita. Eppure l’unico caso con responsabili accertati, proprio quello di Cremona, ha portato la Digos a denunciare due ragazzi di 14 e 15 anni del posto.[8] Lo stesso panico può nascere da un adolescente come da un servizio straniero, e solo l’analisi tecnica delle reti può distinguere l’uno dall’altro.

Il jihad dell’attenzione

C’è poi un terzo attore, che nessuno ha nominato. BBC Monitoring ha documentato come account dell’area di sostegno allo Stato Islamico abbiano esortato i “fratelli” in Francia a sfruttare il caos e a non distinguere tra civili e militari, salutando una “primavera europea” che comprendeva espressamente l’Italia, mentre altri ambienti islamisti si limitavano a celebrare il declino dell’Occidente.[9] Non c’è alcuna prova di un ruolo jihadista nelle piazze; l’analista Daniele Garofalo ha ricordato che non esistono elementi su un ruolo operativo dei Fratelli musulmani o di altri gruppi.[10] Ma Europol segnala che nel 2025 108 dei 347 arrestati per terrorismo jihadista nell’Unione avevano diciotto anni o meno.[11] Il rischio non è l’infiltrazione organizzata, ma il singolo già radicalizzato che legge nel disordine una copertura. E colpisce la simmetria con la destra radicale: quando Donald Trump attribuisce le proteste francesi all’islam e all’immigrazione, offre agli account jihadisti la stessa cornice di scontro di civiltà che essi propongono.[12] Ogni estremismo trova nell’altro la conferma delle proprie premesse.

Mosca e Teheran, la stessa sceneggiatura

Il 6 ottobre l’Iran ha convocato l’ambasciatore francese, accusando Parigi di repressione violenta e di doppi standard rispetto alle critiche ricevute per le proteste iraniane di gennaio.[13] Il giorno dopo il Quai d’Orsay ha convocato l’ambasciatore iraniano denunciando una campagna di disinformazione condotta dagli account ufficiali del ministero degli Esteri di Teheran.[14] Lo schema è noto. Durante le proteste iraniane di inizio 2026, l’Institute for Strategic Dialogue aveva documentato come RT e la diplomazia russa rilanciassero la narrazione di Teheran sulle rivolte eterodirette, in una filiera che dai media di regime passava ai gruppi islamisti alleati e arrivava fino all’estrema destra occidentale.[15] Oggi il copione si rovescia: sono i media di Mosca e di Teheran a raccontare la Francia come un regime che reprime i suoi giovani. Va detto con precisione: le fonti aperte documentano una convergenza di narrazioni e un’amplificazione reciproca, mentre un coordinamento operativo tra i due apparati resta, come osserva il CSIS, più affermato che provato.[16] Ma per l’effetto cognitivo la differenza conta poco: due voci che ripetono lo stesso racconto valgono più di una.

Quando la regia c’era

La storia recente offre casi in cui l’interferenza è stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio. Il 21 maggio 2016 a Houston due cortei contrapposti, uno contro l’”islamizzazione del Texas” e uno a difesa dei musulmani, si fronteggiarono davanti a un centro islamico: entrambi erano stati convocati da pagine Facebook gestite dall’Internet Research Agency di San Pietroburgo, che secondo il rapporto Mueller organizzò decine di manifestazioni negli Stati Uniti.[17] Nello stesso anno, a Berlino, la falsa notizia dello stupro di una tredicenne russo-tedesca, rilanciata dai media russi e dal ministro Lavrov, portò in piazza la comunità russofona prima che la polizia dimostrasse che il rapimento non era mai avvenuto.[18]

La Francia ha poi conosciuto il salto dal digitale al fisico. Nell’ottobre 2023 le stelle di David dipinte sui muri di Parigi furono rilanciate da 1.095 bot della rete russa RRN, i cui primi post comparvero quarantotto ore prima della prima foto autentica.[19] Il 31 ottobre 2025 il tribunale di Parigi ha condannato quattro bulgari per le mani rosse sul Memoriale della Shoah, definendo indiscutibile l’ingerenza straniera.[20] Nel 2025 la polizia serba ha arrestato undici persone per le teste di maiale davanti alle moschee parigine, che secondo Belgrado agivano su istruzione di un servizio straniero.[21] È la stessa logica di Houston: fabbricare incidenti che mettano comunità contro comunità.

Per i grandi movimenti spontanei, invece, le prove dicono altro. Durante i gilets jaunes una rete di circa seicento account legati alla Russia e i media di Stato cavalcarono la protesta, ma gli studiosi ne hanno giudicato limitato l’effetto e nessuno ha dimostrato un ruolo nella sua nascita.[22] Sui vaccini, i troll dell’IRA postavano in eguale misura messaggi pro e contro, con l’unico scopo di dividere.[23] Nel 2021 Facebook smantellò la rete Fazze, che dalla Russia tentava di pagare influencer per screditare i vaccini Pfizer e AstraZeneca: fu scoperta perché furono gli stessi influencer a denunciarla.[24] E quando il fronte no vax è passato alla violenza, come nell’assalto alla Cgil del 2021, i responsabili condannati erano dirigenti di Forza Nuova.[25] Il caso più grave, le rivolte anti-immigrati seguite all’accoltellamento di Southport nel 2024, nacque dal nome falso di un presunto aggressore musulmano diffuso da un sito commerciale a caccia di traffico, senza che la commissione Affari interni di Westminster abbia individuato alcun attore statale.[26] L’interferenza straniera, nell’ultimo decennio, ha fatto da acceleratore, non da detonatore, e il detonatore è stato quasi sempre domestico.

Gli indizi da cercare

Che cosa servirebbe, allora, per trasformare l’allarme del ministro in un’attribuzione? Tre elementi, che l’esperienza francese ha reso riconoscibili. Il primo è temporale: un’operazione coordinata si tradisce quando l’amplificazione anticipa l’evento. Il secondo è materiale: le provocazioni affidate a esecutori stranieri lasciano tracce di viaggi, telefoni e pagamenti. Il terzo è infrastrutturale: le reti già note riutilizzano domini, account e tecniche. Finché nessuno di questi elementi emerge da una valutazione tecnica pubblica, la guerra ibrida resta un’ipotesi plausibile e un allarme legittimo, ma non una prova. E un’attribuzione prematura rischia di fare esattamente ciò che l’avversario desidera: alimentare sfiducia e polarizzazione. La vulnerabilità più grave, ci dice il decennio alle spalle, non è la forza di chi ci attacca, ma la disponibilità delle nostre società a fare da sole il suo lavoro.

[1]Ansa, «Crosetto: “I fatti di Milano frutto della guerra ibrida”», 20 ottobre 2026; Lettera43, «Scontri a Milano, Crosetto: “Frutto della guerra ibrida”», 20 ottobre 2026

[2]mam-e, «Scontri a Milano, Crosetto parla di “guerra ibrida”. Salvini lo smentisce», 20 ottobre 2026, ; Il Fatto Quotidiano, «Guerra ibrida a Milano, Crosetto: “I social usati contro l’Occidente”», 20 ottobre 2026

[3]CNBC, «France hit by worst unrest in years», 19 ottobre 2026

[4]La Clé publique, «17 octobre : lycéens et gilets jaunes se retrouvent sur TikTok», 17 ottobre 2026

[5]20 Minutes, «Violences du 17 octobre : y a-t-il eu des ingérences étrangères sur les réseaux sociaux ?», ottobre 2026

[6]Il Fatto Quotidiano, «Fake news nelle chat: falsi allarmi su stupri e incendi alle università», 20 ottobre 2026

[7]Ravenna&Dintorni, «Minacce nelle chat, scuole presidiate a Ravenna ma nessun incidente», 20 ottobre 2026

[8]Cremonaoggi, «Psicosi da disordini: denunciati due minori per istigazione a delinquere e procurato allarme», 20 ottobre 2026

[9]BBC Monitoring, «Briefing: Jihadists, Islamists seek to exploit protests in France, Europe», 19 ottobre 2026

[10]The Media Line, «France’s Riots Give Extremist Networks an Opening, Experts Warn», 20 ottobre 2026

[11]Europol, EU Terrorism Situation and Trend Report 2026; sintesi in eucrim 

[12]AFP, «Islam Wanting to Take Over: Trump Blames France Protests on Migration», 7 ottobre 2026, ripreso da Deccan Chronicle

[13]Anadolu Agency, «Iran summons French ambassador over student protests», 6 ottobre 2026

[14]KUNA/ Kuwait Times, «France summons Iran’s ambassador over disinformation campaign», ottobre 2026

[15]Institute for Strategic Dialogue, «Axis of amplification: Regime media, proxies and Western supporters respond to Iranian protests», 2026

[16]N. Shah, J. Sherman, «Understanding Russia-Iran Collaboration in Cyberspace», CSIS, 14 luglio 2026

[17]RFE/RL, «U.S. Senator Says Russian Trolls Were Behind Competing Protests In Houston», 2 novembre 2017; KUT, «Confederate Rally In Houston Cited In Mueller Report As Earliest Evidence Of Russian Interference», 18 aprile 2019

[18]The Local Germany, «Germany warns Moscow not to exploit Berlin rape investigation», 27 gennaio 2016; per la ricostruzione complessiva

[19]Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, «Russie – Nouvelle ingérence numérique russe contre la France», 9 novembre 2023,

[20]The Local France, «French court jails Bulgarians for up to four years for Holocaust memorial defacement», 1° novembre 2025

[21]Brut, «Têtes de cochon devant des mosquées en région parisienne : 11 arrestations en Serbie», 2025

[22]Deutsche Welle, «France’s “yellow vests” and the Russian trolls that encourage them», 15 dicembre 2018, ripubblicato dall’IFRI

[23]D. A. Broniatowski et al., «Weaponized Health Communication: Twitter Bots and Russian Trolls Amplify the Vaccine Debate», American Journal of Public Health, 2018

[24]CyberScoop, sul rapporto di Facebook del 10 agosto 2021

[25]LaPresse, «Assalto Cgil, Giuliano Castellino condannato a 8 anni e 7 mesi», 20 dicembre 2023

[26]Logically Facts, «How dubious website Channel3Now fueled misinformation about Southport suspect», 6 agosto 2024; sulla relazione della Home Affairs Committee del 14 aprile 2025

França continua sob intensa pressão nos mercados obrigacionistas perante a deterioração das contas públicas e o clima de tensão nas ruas. Os juros dos títulos a 10 anos superaram esta quarta-feira a fasquia dos 5% pela primeira vez desde 2002, refletindo a grande preocupação dos investidores com a situação gaulesa.

Esta manhã, a yield a 10 anos atingiu os 5,002%, mais oito pontos base em relação à sessão anterior, de acordo com os dados da Refinitiv. O prémio de risco em relação à Alemanha alargou-se para 157 pontos base, aproximando-se dos valores mais elevados desde 2011.

“A vontade política para qualquer consolidação orçamental antes das eleições é muito, muito baixa”, salientou Jeff Mueller, co-responsável pelo rendimento fixo da Morgan Stanley Investment Management, citado pelo Financial Times, acrescentando que há muito espaço para “a situação piorar a partir daqui”.

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Praticamente desde fevereiro que os mercados globais de dívida estão a ser fortemente pressionados, na sequência dos ataques dos EUA e Israel no Irão, que levou os juros em todo o lado a subirem à boleia do petróleo.

Mas o problema afetou sobretudo os países mais endividados e, por isso, França tem estado na mira dos investidores, com a perceção de risco a agravar-se de dia para dia para níveis preocupantes.

Os custos de financiamento do Estado francês foram os que mais subiram nas maiores economias do mundo desde o início do conflito no Médio Oriente, justamente por conta das dúvidas quanto à capacidade do governo de sanear as contas públicas, receios a que se juntaram nas últimas semanas a forte contestação nas ruas.

O Executivo de Sébastien Lecornu apresentou um pacote de consolidação orçamental de 43 mil milhões de euros, com o objetivo de reduzir o défice de 5,4% do PIB este ano para 5% em 2027. Contudo, a aprovação parlamentar é incerta e os analistas duvidam que as medidas sejam suficientes para conter o défice orçamental e estabilizar a dívida pública, que está nos 115% do PIB (final de 2025) e deverá continuar a subir este ano e no próximo.

Também há incerteza em relação às promessas de Marine Le Pen para sanear as contas públicas. A candidata presidencial do Rassemblement National e que lidera as sondagens para as eleições de abril prometeu uma redução significativa do défice público caso o seu partido vença as eleições. O plano passa por reduzir as necessidades de financiamento do Estado para 3,7% do PIB e baixar o défice para menos de 3% do PIB até 2030.

Esta semana termina com um outro momento de tensão para a segunda maior economia da Zona Euro, com a Moody’s a atualizar o rating do país na sexta-feira. Em cima da mesa pode estar uma descida da notação de risco, tendo em conta o outlook negativo do atual rating de Aa3, o iria adicionar pressão sobre os juros.

“Com a expectativa de mais protestos, recolher obrigatório noturno e o governo a enfrentar uma pressão renovada, o risco soberano francês continua a ser uma fonte adicional de incerteza para os mercados europeus de rendimento fixo”, consideram os analistas do Danske Bank.

Os juros a 10 anos de Portugal também estão a subir, situando-se nos 3,92% — aliviando, ainda assim, dos 4% do final do mês passado.

(Notícia atualizada às 10h53)

When American rapper Macklemore took the stage as Ed Sheeran’s opening act at MetLife Stadium in New Jersey on September 4 and 5, he used the platform to make a case for Palestinian liberation before audiences estimated at roughly 80,000. He performed “Hind’s Hall”—a protest song named for Hind Rajab, a 5-year-old Palestinian girl killed...

La aplicación de la amnistía al delito de malversación del procés ha desembocado en un cruce de acusaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional con escasos precedentes. El auto de la Sala de lo Penal que aplica la ley de perdón al caso de varios exconsellers catalanes deja una docena de reproches al tribunal de garantías que van desde el fondo hasta la forma. Acusaciones de “injerencias” y dardos sobre la falta de unanimidad en el Constitucional en respuesta a las acusaciones de “contradicción interna” que este tribunal hizo al Supremo hace pocos días.

El pleno del Tribunal Constitucional aprobó, con los votos a favor de sus siete magistrados progresistas y en contra de los cinco conservadores, una sentencia sobre Dolors Bassa: la que ordenó por primera vez aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre los líderes del procés, tanto sobre los condenados como también sobre Carles Puigdemont. La sentencia, que tuvo como ponente a Cándido Conde-Pumpido, respondió a varias reclamaciones de la exconsellera de Trabajo en el Govern catalán. Las principales: que el Supremo había errado y vulnerado sus derechos al entender, en contra de lo afirmado en la sentencia del procés, que no solo malversaron dinero público, sino que se enriquecieron personalmente y que, además, afectaron a los intereses económicos de la Unión Europea.

La “contradicción interna” del Supremo

La sentencia del Tribunal Constitucional lanzó varios reproches al Supremo, el primero por interpretar “en un sentido claramente expansivo” cuándo la malversación no podía ser perdonada. Apuntó a continuación a una “contradicción interna” de la Sala de lo Penal: afirmar que Bassa y el resto de condenados se enriquecieron personalmente después de no afirmarlo en su sentencia. La decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación, añadió el Constitucional, “excede los límites de interpretación de la ley” y fue, en conclusión, una “interpretación impredecible” sin “nexo de coherencia”.

Más duros fueron los argumentos para reiterar, como ya hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes, que el procés no afectó a fondos comunitarios. Su sentencia de 2019, recuerda el Constitucional, destacó la “manifiesta inviolabilidad jurídica” y el carácter de “señuelo” del desafío independentista para presionar al Gobierno central. Los autos sobre la amnistía, sin embargo, constituyeron un “pronunciamiento recíprocamente irreconciliable”, una “contradicción interna” y algo “contradictorio, irrazonable y carente de sentido lógico”.

Estas no son las primeras críticas que llegan al Tribunal Supremo por su gestión de la amnistía y su aplicación a la malversación. Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal que condenó a los líderes del procés, ya se pronunció en contra de sus propios compañeros en términos aún más contundentes. Acusó al resto de la Sala de hacer “deducciones artificiosas”, de “resquebrajar los diques de la lógica” y de introducir matices “novedosos y peligrosos”. “Retuerce los perfiles del ánimo de lucro”, llegó a decir esta magistrada.

La “injerencia” del Constitucional

El juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ya hizo una defensa de sus compañeros de Sala cuando levantó la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont en aplicación de los criterios del Constitucional. Cargó, entre otras cosas, a la falta de “mesura” del Constitucional en sus argumentos sobre el tema. Unas críticas que ha desarrollado la Sala de lo Penal con un tribunal de tres magistrados con Manuel Marchena como ponente apuntando directamente a una “injerencia”.

Algunos dardos de este auto van dirigidos tanto a la falta de acuerdo interno del Constitucional, profundamente dividido entre bloques para sentenciar la amnistía, con constantes alusiones a “el grupo mayoritario” y a la existencia de votos particulares del sector conservador para reclamar expresiones menos contundentes a la hora de calificar sus argumentos sobre la amnistía. También hay críticas a cómo el Constitucional ha “ensanchado hasta límites históricos” su labor, consumando su “mutación” en una “última instancia con capacidad revisora de interpretación” de cualquier decisión del Supremo. Algo que, añaden, “está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978”. Se refieren a sí mismos como “jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley” frente a los del Constitucional, “quienes sin esas garantías y durante un período temporal cerrado de 9 años se ocupan de preservar las garantías constitucionales”.

Los argumentos del Constitucional no gustaron en el Supremo y las críticas del Supremo han sorprendido en el Constitucional, donde consideran que no se han expresado en términos más duros que en otras resoluciones referidas a otros tribunales. Según el Supremo, el Constitucional se apartó de la “contención” que contempla su Ley Orgánica y escribió “consideraciones manifiestamente prescindibles” y “absolutamente innecesarias” para desarrollar sus argumentos.

“La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”, afirma el Supremo en un auto que deja por escrito y a las claras la enemistad entre ambos tribunales después de una sucesión de reveses llegados a la Sala de lo Penal desde el Constitucional: ahora la amnistía, pero antes los ERE de Andalucía o el caso de Alberto Rodríguez, entre otros.

La Dana de 2024 es la catástrofe más costosa para el Consorcio de Compensación de Seguros: 5.164 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Ese año, se indemnizó 5.327 millones por inundaciones, el 48% de lo abonado por este tipo de siniestros en las dos últimas décadas. Además, las anegaciones se convierten en la segunda emergencia por la que más se activa la UME Leer

Cuando la temporada del Mundial de Resistencia se acerca a su final en el circuito de Monza, las nueve marcas inscritas en la categoría Hypercar del WEC 2027 preparan ya sus coches. Peugeot prácticamente estrenará uno nuevo, completamente diferente al anterior, que databa de 2022. Un biplaza fallido en su concepción sin alerón trasero, algo que ni siquiera su corrección en 2024 ha conseguido paliar.

Peugeot Sport ha exprimido al máximo la mecánica del 9X8 en esta última temporada, mejorando su fiabilidad y prestaciones, pero en el marco de un campeonato enormemente disputado con otras siete marcas, entre las que se cuentan Toyota, Ferrari, Aston Martin, BMW, Cadillac, Alpine y Genesis. Una competición en la que las diferencias se miden en centésimas de segundo, con los diez primeros coches terminando en la misma vuelta tras seis horas de carrera…

El equipo Peugeot TotalEnergies ha luchado en muchas pruebas por los puestos de honor, especialmente en las 6 Horas de Spa, donde batió a todos en la Hyperpole y donde su mejor coche marchaba cuarto cuando fue embestido por otro… Los 9X8 puntuaron después en Le Mans, en el Circuito de las Américas y en Fuji, donde el mejor fue sexto. Antes de terminar la temporada 2026, la marca francesa ocupa el séptimo lugar en el Mundial.

Con todo, Peugeot Sport también ha estado trabajando este año en el sustituto del 9X8, con una profunda evolución de la que solo se han podido ver algunas imágenes «robadas» de las primeras pruebas en pista. Exteriormente, presenta una carrocería totalmente diferente, aunque debe conservar el mismo chasis. Y no se sabe si el motor de combustión (un V6 turbo de 2,6 litros) o el sistema híbrido 4x4 siguen siendo los mismos.

Peugeot ya había agotado sus cinco «comodines» para evolucionar su Hypercar, pero se acogerá a una nueva norma añadida este año que permite a la organización del WEC admitir modificaciones extra si algún coche tiene una desventaja de prestaciones significativa. «Será el punto de partida para preparar el próximo capítulo de la historia del Peugeot 9X8 en Resistencia», según Emmanuel Esnault, team principal de Peugeot Sport en el WEC. «Desde su debut en 2022, el 9X8 ha sido una plataforma en continua evolución, compitiendo al más alto nivel de la Resistencia mientras aprendíamos, nos adaptábamos y progresábamos. Nuestro objetivo está claro: colocar el 9X8 entre los mejores. De cara a 2027, el equipo ha subido un peldaño en el desarrollo, enfocado en revisar las prestaciones, la eficiencia y el diseño».

Peugeot Sport cuenta con más de treinta ingenieros centrados en el proyecto. Lionel Berthier es el diseñador jefe del Peugeot 9X8, coordinador de la integración de cientos de componentes y sistemas y del equilibrio entre carga aerodinámica y resistencia al avance. Se apoya en la oficina de diseño de Stellantis Motorsport, dirigida por Yann Le Fur; en Kevin Fishermann, como ingeniero de diseño de chasis, y en Kendal Beykoylu, responsable de la interfaz entre el sistema de propulsión y el propio chasis.

La temporada 2027 no solo contará con un 9X8 completamente renovado y mucho más competitivo, sino también con un equipo de pilotos reforzado por la llegada de Robert Shwartzman (ex-Ferrari) y el joven Alex Quinn, que ya debutó en Barcelona. El equipo Peugeot TotalEnergies estrenará nuevos colores y la nueva identidad de marca (firma luminosa) en el frontal de su Hypercar.

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Alberto Gonçalves desconfia dos motivos que juntam os manifestantes que dizem lutar pelo acesso à habitação.

A associação que representa as instituições de crédito ao consumo critica o atraso da transposição da diretiva europeia para a lei nacional, cujo projeto devia ter sido publicado há um ano, considerando que a incerteza em relação a este processo poderá levar a um desinvestimento estrangeiro no setor.

A Diretiva CCD II traz um novo regime jurídico para o crédito ao consumo para a lei nacional, com um reforço da proteção dos consumidores, e devia ter sido transposta até novembro do ano passado para entrar em vigor daqui a um mês.

Porém, quase um ano depois, a ASFAC não tem qualquer indicação relativamente ao projeto e calendário relativo ao processo de transposição da diretiva, uma incumbência do Ministério da Economia e da Direção-Geral do Consumidor.

“Receio que seja mais uma peça do puzzle que possa levar a um desinvestimento em Portugal”, alertou o diretor-geral da ASFAC, Duarte Gomes Pereira, esta terça-feira, num encontro com os jornalistas, justamente um mês antes da data que era suposto o novo regime entrar em vigor.

“Com esta incerteza temos um risco de desinvestimento estrangeiro”, acrescentou.

Entre outras alterações, a diretiva alarga para 100 mil euros o montante máximo dos créditos que passam a estar abrangidos pelo novo regime, face ao atual intervalo entre 200 euros e 75 mil euros, e traz um reforço da informação que a instituição de crédito tem de prestar ao cliente.

Soluções como o Buy Now Pay Later, que permite parcelar uma compra em várias prestações a pagar no futuro, também passam a estar abrangidos.

Duarte Gomes Pereira avisou ainda que o atraso acarreta riscos legais para o Estado português. “Quem fizer um crédito Buy Now, Pay Later e ficar sobreendividado, se o processo tivesse sido feito de acordo com o novo regime, teria sido realizada uma análise de insolvência do cliente e o crédito não teria sido concedido. O que acontece é que o cliente poderá queixar-se às instituições nacionais, ao Estado português com o argumento de que ‘Entrei em insolvência por um crédito que não me devia ter sido dado”, explica.

Segundo dados da ASFAC, apenas Portugal ainda não tem sequer qualquer projeto, sendo que Bruxelas já avisou duas vezes o país relativamente ao atraso no processo de transposição da diretiva.

“Nada se conhece do que o Estado irá fazer”, lamenta Duarte Gomes Pereira. “Do lado do ministério, já sou acusado de insistir demasiado. Todas as semanas pergunto como está o processo. Não vou deixar de ser um cão de fila e estar todas as semanas a perguntar”, declarou ainda o responsável.

As instituições associadas da ASFAC representam quase 70% do mercado de crédito ao consumo em Portugal.

L’8 settembre Jacob Coxon, ricercatore ventisettenne che per tre anni ha lavorato al pretraining dei modelli prima in OpenAI e poi in Anthropic, ha annunciato su X le proprie dimissioni con un messaggio destinato a fare il giro del mondo: i grandi laboratori, ha scritto, corrono verso una superintelligenza capace di migliorarsi da sé e stanno giocando d’azzardo con le nostre vite. In trentasei ore il post ha superato, secondo Time, i centocinquanta milioni di visualizzazioni. Nel giro di una settimana gli hanno dato ragione un dirigente della sua stessa azienda, Bernie Sanders e Steve Bannon; e una parte non piccola della rete gli ha dato del burattino.

Chi studia la guerra cognitiva sa che i fatti raramente arrivano al pubblico nudi: arrivano dentro una cornice, e la battaglia vera si combatte sulla cornice. Il caso Coxon è istruttivo proprio perché ne ha prodotte due, simultanee e incompatibili, ciascuna con i propri argomenti, i propri amplificatori e i propri interessi. Vale la pena metterle una accanto all’altra.

La storia del testimone

La prima è la storia del testimone che rinuncia. Coxon non è un addetto alla sicurezza assunto per preoccuparsi: è uno di quelli che il motore lo hanno costruito, accreditato da OpenAI tra i contributori principali di GPT-4o. Si è dimesso, riferisce Axios, circa due mesi prima che maturassero le sue azioni, rinunciandovi. E soprattutto non è rimasto solo: Evan Hubinger, responsabile dell’alignment science di Anthropic, ha dichiarato pubblicamente di condividerne la diagnosi, stimando oltre il dieci per cento la probabilità che l’IA causi l’estinzione umana entro il decennio; pochi giorni dopo lo stesso amministratore delegato, Dario Amodei, ha invocato un rallentamento. In questa lettura l’allarme non è un’operazione: è la crepa che si apre quando chi sta dentro dice ad alta voce ciò che si ripete in privato.

La storia della campagna

La seconda è la storia della campagna. Qui l’attenzione si sposta dal messaggio alla sua meccanica: l’esclusiva del Wall Street Journal online circa diciotto minuti prima del post; le prime risposte arrivate in pochi minuti da esponenti di Encode AI, AI Futures Project e AI Policy Network, organizzazioni che condividono finanziatori legati al mondo dell’altruismo efficace e, in alcuni casi, agli investitori di Anthropic; la sponda immediata di parlamentari che invocano una legge già pronta. La cornice teorica è quella che il critico Cal Newport ha chiamato “doom trolling”: aziende che descrivono solennemente i danni potenziali dei propri sistemi continuando a svilupparli, con l’effetto, secondo chi la sostiene, di gonfiarne la percezione di potenza e di favorire regole che soffocano i concorrenti più piccoli.

Che cosa regge e che cosa no

Entrambe le storie contengono elementi veri, ed entrambe ne omettono altri. La narrazione della campagna ha ragione su un punto che merita di essere preso sul serio: l’ecosistema della “sicurezza dell’IA” è finanziato in larga parte da pochi donatori, e quando giornalisti, testate ed esperti citati sono sostenuti dalle stesse fonti senza dichiararlo, c’è un problema di trasparenza che non dipende dalla buona fede di nessuno. Ma la stessa narrazione inciampa sui fatti. La proposta Sanders-Casar per la messa al bando della superintelligenza era stata annunciata il 3 settembre, cinque giorni prima delle dimissioni: il post le ha dato slancio, non l’ha generata. E un’esclusiva concessa sotto embargo a un grande quotidiano è prassi comune di chi prepara un annuncio pubblico: prova la pianificazione, non una regia altrui. La verifica più accurata finora disponibile conclude che le evidenze pubbliche non dimostrano né un controllo dei donatori su Coxon né un’operazione condotta da Anthropic, e che il ricercatore appare sincero.

La narrazione del testimone, a sua volta, tace qualcosa. Coxon non denuncia illeciti verificabili; ad Axios ha anzi detto di non aver visto Anthropic sacrificare la sicurezza per battere i rivali. La sua è una previsione, non una prova: che le cose possano sfuggire di mano entro la fine del 2027 è un giudizio personale, che oggi non può essere né confermato né smentito. E il dilemma su cui poggia la critica opposta, se ci credete fermatevi e se non ci credete state manipolando, trascura la posizione che le aziende effettivamente dichiarano: il rischio è reale ma incerto, e se la tecnologia verrà costruita comunque è meglio che a costruirla sia chi lo prende sul serio. È un argomento discutibile, ma va discusso, non eluso.

Una paura trasversale

C’è poi un dato che smonta entrambe le cornici nella loro versione più semplice: la geografia politica. La lettura della campagna sottolinea che quasi tutti i politici intervenuti sono democratici, a due mesi dal voto di metà mandato. Ma il 15 settembre, a Washington, Sanders e Bannon sono intervenuti alla stessa conferenza su un approccio “pro-umano” all’IA, uniti nell’allarme e divisi sui rimedi, mentre il presidente Trump liquidava la reazione come una bufala. La diffidenza verso i nuovi oligarchi della tecnologia è diventata trasversale, e la paura dell’IA è ormai una risorsa contesa da destra e da sinistra. Anche la contronarrazione, del resto, ha i suoi sponsor: l’argomento del regulatory capture è stato reso popolare da David Sacks e dal fronte che chiede meno regole, non meno potenza di calcolo.

La contesa sulle parole

Il punto, allora, non è stabilire se Coxon sia un profeta o una pedina. È capire che la contesa sulle parole, “sicurezza”, “rischio”, “controllo”, precede e determina qualunque regola verrà scritta, e che entrambi i campi lo sanno benissimo. Per un decisore pubblico, e per l’Europa in particolare, la lezione è doppia. Da un lato pretendere trasparenza sui finanziamenti di chiunque partecipi al dibattito, allarmisti e scettici. Dall’altro riportare l’attenzione su ciò che è verificabile oggi: il consumo di energia e acqua dei data center, l’impiego dei modelli negli apparati di sorveglianza e nelle decisioni militari, la sostenibilità finanziaria di un’industria che brucia capitale in attesa di ricavi futuri. Episodi come quello riferito dalle cronache di luglio, quando agenti di OpenAI sarebbero usciti dall’ambiente di test attaccando Hugging Face, mostrano che il confine tra rischio ipotetico e incidente presente è più sottile di quanto entrambe le narrazioni lascino credere.

Chi abbia ragione, alla fine, conta meno di una domanda: chi decide di che cosa dobbiamo avere paura?

La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha autorizado que la Unidad Central Operativa (UCO) acceda no solo a sus datos bancarios sino a toda su información financiera para investigar si ejecutó un “soborno”, como dice la Fiscalía, a un directivo del Grupo Quirón. Los jueces toman esta decisión tras estimar un recurso de la Fiscalía al que ni siquiera la defensa del propio Alberto González Amador se había opuesto tras la petición de la propia unidad de élite de la Guardia Civil.

El juez Antonio Viejo asumió la doble investigación contra el comisionista sanitario después de la jubilación de la anterior titular del juzgado. La causa por fraude fiscal, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía piden condenas de cárcel por defraudar 350.000 euros usando un sistema de facturas falsas, se encuentra solo a la espera de fecha para el juicio. La segunda causa, en fase de instrucción, analiza si el empresario compró por medio millón de euros una empresa sin actividad ni medios de la esposa de Fernando Camino, un directivo de Quirón imputado desde hace dos semanas, a modo de “soborno” como sospecha la Fiscalía.

Esta segunda ramificación del caso ha avanzado con lentitud en el juzgado de Viejo, hasta el punto de que la propia UCO solicitó al instructor tener acceso a toda la información bancaria y financiera de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La respuesta del instructor, medio año después, fue autorizar solo el acceso a la información bancaria pero no a la relacionada con sus impuestos o sus pagos a la Seguridad Social. La Fiscalía recurrió al entender que acceder a esa información denegada era algo necesario y “mucho menos invasivo” que lo que ya había aceptado el juez. No tener acceso a la información tributaria de Alberto González Amador, dijo el Ministerio Público, “dificulta enormemente” la investigación.

La defensa de González Amador y sus empresas no se opuso a esta medida y la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aceptar las alegaciones. “Resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas”, razona el tribunal madrileño que supervisa la instrucción. El propio González Amador, recuerda este auto, “ha mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación”.

Acusaciones de fraude fiscal y soborno

La investigación judicial contra Alberto González Amador es doble. En un primer momento, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, la Fiscalía acusó al comisionista sanitario de eludir el pago de 350.000 euros en los impuestos de sus empresas usando un sistema de facturas falsas por servicios no realizados. Una causa que avanzó lenta y en la que la magistrada intentó varias veces sin éxito tomar declaración a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El empresario ya fue procesado y se abrió juicio oral contra él con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, solicitando hasta tres años y nueve meses de cárcel para él. La causa se encuentra pendiente de que los tribunales pongan fecha al juicio.

Una segunda ramificación del caso, ahora impulsada por la Audiencia de Madrid, se centra en la relación de González Amador con Quirón, el gigante sanitario para el que trabaja a través de una de sus filiales. La Fiscalía considera que ejecutó un “soborno” al pagar medio millón de euros por una empresa fantasma de la esposa del directivo Fernando Camino, citado a declarar a principios del próximo mes de diciembre.

Ubicada en el sureste de Marruecos, entre el Alto Atlas y el Anti-Atlas, la ciudad de Tinerhir -conocida en lengua amazigh como la ciudad de la montaña- constituye un enclave emblemático del sur del país. Situada a 1.300 metros de altitud, esta población actúa como antesala hacia las célebres Gargantas del Todra y el Sáhara. Su paisaje destaca por un cautivador contraste donde la aridez rocosa de los cañones se combina con la frondosa franja verde del río Todra. A lo largo del cauce, pequeños poblados de adobe se alinean pacíficamente frente a las montañas, creando una preciosa estampa que preserva la auténtica esencia del entorno sahariano.

El corazón agrícola de este territorio reside en el afamado Palmeral del Todra, considerado uno de los oasis más extensos e impresionantes de Marruecos. Alimentado por las aguas del río Todra mediante un milenario sistema de irrigación, este vergel sostiene una producción escalonada de alta precisión. En el nivel superior, miles de palmeras datileras dan sombra para proteger cultivos sensibles. Bajo este palio vegetal florecen frutales como granados e higueras, mientras los agricultores cultivan trigo, cebada, alfalfa y verduras frescas. Este entramado agrícola representa la fuente de subsistencia para cientos de familias locales que cuidan con esmero la frondosa tierra.

En el ámbito monumental, la edificación más imponente se alza estratégicamente sobre la cima de la colina de Ighir n'Mehalt, dominando todo el valle. Se trata de la fortaleza o kasbah de El Glaoui, una colosal construcción defensiva de 7.000 metros cuadrados erigida a principios del siglo XX por el poderoso caudillo Thami El Glaoui, conocido como el Señor del Atlas. Esta majestuosa estructura de adobe y paja sirvió como centro militar y económico para consolidar el control sobre prósperas rutas comerciales. A pesar de la erosión climática, sus gruesos muros perimetrales y torres almenadas ofrecen una impresionante vista panorámica sobre la inmensidad verde del palmeral.

La arquitectura regional se caracteriza por el uso tradicional del adobe, una técnica basada en la mezcla de barro, agua y paja secada al sol. Esta materia prima proporciona un excelente aislamiento térmico frente a las extremas temperaturas del clima semidesértico. A lo largo del valle coexisten fortificaciones históricas en ruinas con kasbahs conservadas, reflejando el poderío defensivo de las antiguas tribus berberiscas. Las construcciones destacan por sus torres ornamentadas y acabados en tonos ocre que se mimetizan con el terreno rocoso. Desde los miradores de las laderas adyacentes, la vista evidencia el bello contraste entre la calidez de la arcilla y el frondoso verdor del oasis.

Otro elemento de singular valor histórico que alberga Tinerhir es su antiguo barrio judío o Mellah, conocido localmente como Ait El Haj Ali, testimonio arquitectónico único al sur del Atlas. Este entramado urbano conserva un trazado de callejuelas estrechas, pasadizos y viviendas de barro decoradas con madera tallada. Aunque la antigua comunidad judía ha migrado, el barrio mantiene intacta su memoria cultural mediante la preservación de sus estructuras. Hoy en día, sus pacíficas calles albergan talleres artesanales donde los visitantes admiran la elaboración de afamada bisutería de plata, piezas cerámicas con motivos geométricos, alfombras tejidas a mano y refinados textiles locales.

El patrimonio espiritual del oasis se completa con edificaciones de inestimable valor como la antigua Mezquita Ikelane, ubicada cerca del histórico poblado de Afanour. Construida con tierra, madera de palmera y piedra local, esta estructura representa un magnífico ejemplo de la arquitectura islámica rural del sur marroquí. Diversas iniciativas comunales intentan salvaguardar este legado cultural frente a los desafíos del clima y la modernización. En el interior del palmeral, la vida cotidiana transcurre a un ritmo pausado, donde los campesinos trabajan la tierra mediante herramientas tradicionales, manteniendo una profunda conexión con el agua pura que fluye por las acequias.

Riqueza geológica

Más allá de sus atractivos turísticos, Tinerhir destaca como un vital motor económico y nexo de comunicaciones a lo largo de la carretera N10, la famosa Ruta de las Mil Kasbahs. La prosperidad de la zona se encuentra vinculada a su riqueza geológica subyacente, destacando la cercana mina de plata de Imider, una de las explotaciones mineras más importantes de África. Este notable desarrollo motivó un acelerado crecimiento urbano que culminó en 2009 con la elevación de la ciudad a capital provincial independiente. Gracias a esta equilibrada convergencia entre minería, agricultura tradicional y turismo en expansión, Tinerhir ha consolidado su gran relevancia socioeconómica regional.

En definitiva, la pequeña ciudad de Tinerhir trasciende la condición de parada de tránsito para erigirse en un destino imprescindible que cautiva por su autenticidad y riqueza patrimonial. Como antesala hacia las majestuosas Gargantas del Todra —cuyas imponentes paredes verticales se elevan hasta los 300 metros de altura—, la localidad ofrece un refugio idílico lejos de las aglomeraciones. La perfecta integración entre la grandeza de su fortaleza en la colina, la inmensidad de su palmeral y la calidez de su gente convierten a Tinerhir en una joya de Marruecos difícil de olvidar cuando se visita.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acaba de anunciar que aplica la amnistía a todos los condenados por malversación en el procés: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Lo hace, eso sí, entre críticas a los términos, la “injerencia” y la “innecesaria grandilocuencia” empleada por el Constitucional a la hora de sentenciar el caso: “Revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional”.

Se trata de la segunda decisión que toma el Tribunal Supremo sobre el caso después de que el Tribunal Constitucional declarase que la amnistía también abarcaba el delito de malversación de caudales públicos. El primero en mover ficha fue el instructor Pablo Llarena, que ha levantado la orden de detención nacional que pesaba desde 2017 sobre Carles Puigdemont. Ahora ha sido la Sala de lo Penal la que ha aplicado este fallo del Constitucional sobre los políticos catalanes que fueron condenados.

El juez Llarena ya incluyó algunas críticas contra los términos elegidos por el Constitucional para imponer su criterio al Supremo y ahora la Sala de lo Penal, con Manuel Marchena como ponente, eleva la intensidad del reproche. Apunta a “consideraciones que son manifiestamente prescindibles” y niega que el Supremo incurriera en una “drástica contradicción” a la hora de negar la amnistía a la malversación. “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”.

El Supremo no oculta su malestar por la decisión del Constitucional y tampoco por la dureza de la sentencia que se impuso en la aplicación de la amnistía. Llega incluso a destacar que la decisión del Constitucional sobre la amnistía no fue unánime, tal y como no lo fue la del propio Supremo. “El significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida”.

Los jueces, con Marchena como ponente, lanzan varias críticas al Constitucional por su gestión de la amnistía después de acatar su criterio. “Se aparta de los precedentes”, añade, al “interferir en el núcleo de la potestad de juzgar” del Supremo. Tampoco cumple, añade, con el “deber de contención argumental” que establece la Ley del Tribunal Constitucional.

El final penal del procés

La resolución del Tribunal Supremo cargada de duras críticas al Tribunal Constitucional ponte punto y final a la mayor parte de la causa penal que arrancó en 2017 con una querella de la Fiscalía por rebelión contra los responsables políticos y sociales tanto del referéndum del 1 de octubre como de la Declaración Unilateral de Independencia. Las condenas iniciales de hasta 13 años de prisión impuestas en 2019 se encontraron en primer lugar con los indultos parciales firmados por el Consejo de Ministros en el verano de 2021. También con una reforma legal de los delitos de sedición y malversación que el Supremo aplicó a sus condenas.

Sin condena de cárcel por cumplir, los políticos catalanes condenados por el procés contaban con un último obstáculo para volver a la política: las condenas de inhabilitación asociadas al delito de malversación que no habían sido ni indultadas ni eliminadas con la reforma del Código Penal. Llegó entonces la ley de amnistía pero la interpretación del Tribunal Supremo también cerró esa puerta. Los jueces, con el voto en contra de la magistrada Ana Ferrer y contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, entendieron que la malversación del procés no cumplía con los requisitos de la ley de amnistía para ser perdonada.

El Constitucional primero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después rechazaron las alegaciones del Supremo y del PP contra la ley de amnistía y pasaron a resolver entonces los recursos concretos de cada condenado. Fue el caso de Dolors Bassa, con ponencia de Cándido Conde-Pumpido, el primero en salir adelante gracias a los votos de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, el que ha obligado al Supremo a amnistiar también la malversación. La única decisión pendiente está en manos de Pablo Llarena sobre si aplica el mismo criterio a la malversación atribuida a Puigdemont tras levantar su orden de detención.

Pasa a menudo que lo urgente se lleva por delante lo importante y, con el caso de la reciente convocatoria de elecciones, eso es precisamente lo que está ocurriendo. Los partidos de la derecha quieren hablar de la situación en Ceuta, de inmigración y de la corrupción del PSOE. Por su parte, los partidos de la izquierda quieren hablar de vivienda, de empleo y salarios y de servicios públicos. Es un planteamiento lógico, porque son los temas en las que cada bloque es más competitivo, lo que les permite movilizar a aquellos votantes que perciben tales problemas como inmediatos y urgentes. Pero hay una cuestión que los atraviesa a todos y que apenas aparece en los discursos políticos: la crisis ecológica.

Aunque es habitualmente tratado de forma marginal, no es un problema separado de los anteriores. La ciencia ha demostrado que el cambio climático encarece los alimentos, deteriora la salud, destruye viviendas y agrava las desigualdades y, sin embargo, seguimos hablando de estos efectos como si fueran asuntos independientes. Hay incluso quien afirma que se trata de problemas que solo importan a gente con la vida ya “solucionada”. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es posible que una amenaza que condiciona nuestra economía y nuestra vida cotidiana siga ocupando un lugar tan secundario en la competición política?

Merece la pena recordar que España es uno de los países más golpeados por las consecuencias del cambio climático y, sin embargo, apenas hemos logrado convertir este problema en un asunto central de la conversación pública. Probablemente el caso paradigmático es el de la dana de Valencia, que provocó más de doscientos fallecidos, pero cuyo debate giró fundamentalmente en torno a la capacidad de gestión de los gobernantes durante el evento y no en torno a las causas últimas —las condiciones climatológicas— y la gestión previa al evento.

No son solamente desastres naturales

Cuando tiene lugar algún evento climatológico que causa muertes, lo habitual es escuchar el discurso de que se trata de un desastre natural. Como esa idea está asociada a lo inevitable, es también un argumento recurrente empleado por los gobernantes con objeto de eludir sus propias responsabilidades. Por otro lado, no contentándose con culpables abstractos, las víctimas y el sistema judicial buscan responsables de carne y hueso a los que hacer responder por los daños. En ambos casos se evita centrar la cuestión en algo previo y, en el fondo, más importante: que lo que suele llamarse un desastre natural nunca es únicamente el resultado de un fenómeno físico.

Lo que realmente existen son amenazas naturales, tales como crecidas, erupciones, terremotos o sequías que, de cuando en cuando, golpean territorios donde viven poblaciones humanas. Pero lo que convierte una amenaza en desastre es la sociedad, no la naturaleza. No hay ninguna ley física o fuerza sobrenatural que obligue a construir en las zonas inundables de los ríos ni tampoco a los pies de los volcanes, y ni siquiera en las fallas activas. Y mucho menos a hacerlo en condiciones de tanta precariedad que, de acontecer el fenómeno natural correspondiente, el daño humano sea muy alto. Eso lo deciden el mercado del suelo, la desigualdad y la (ausente) planificación. Pero es que, además, en un clima alterado por la acción humana, incluso la amenaza empieza a dejar de ser del todo natural.

Este enfoque tiene unas implicaciones muy distintas de las que derivamos cuando pensamos convencionalmente. Piénsese en el debate posterior a la dana de Valencia, que giró principalmente en torno a dónde estaba el presidente de la Generalitat durante la tarde de las inundaciones y de quién era la responsabilidad de dar el aviso a la Generalitat. Sin embargo, y exceptuando las comparecencias de algunos expertos que pasaron por la comisión de investigación, otras preguntas estructuralmente más relevantes quedaron fuera del plano. Por ejemplo, ¿por qué la lluvia fue tan abundante?, ¿por qué cientos de miles de personas viven en suelo inundable?, ¿qué pasará con la próxima dana? Estas otras preguntas hubieran conducido a una politización de las causas últimas, y obligarían a replantear el modelo de urbanización, ocupación del territorio y crecimiento económico; algo que pondría en duda lo que, hasta ahora, ha sido un espacio de consenso entre los principales partidos políticos.

Los impactos climáticos sobre España

En efecto, estamos más acostumbrados a preguntarnos por quién actuó de manera negligente ante un evento que por quién calentó el Mediterráneo y el planeta. Y eso es precisamente lo que debemos cambiar. Y ese cambio no vendrá dado por la cantidad de daños acumulados a causa de los fenómenos derivados del cambio climático, como bien ejemplifica el caso de Valencia, sino por el avance de un enfoque político distinto.

La ciencia ya ha demostrado que un mediterráneo más cálido significa más combustible para la precipitación torrencial de otoño; un proceso que estamos volviendo a ver en estos primeros días de otoño, también en el litoral. De acuerdo con el informe del estado del clima de Aemet, la temperatura media superficial del Mediterráneo alcanzó en 2025 nuevos récords y el agua estuvo más de 1 °C por encima de lo normal. Este fenómeno es una de las expresiones del calentamiento global y, aunque es común a todos los mares y océanos, en el Mediterráneo adquiere mayor intensidad. Lo que cada vez está más claro es que ese vínculo entre calentamiento y precipitación más abundante contribuye a explicar la magnitud de fenómenos como el de la dana de Valencia, como avala un reciente estudio del CSIC en el que se afirma que el calentamiento global fue un amplificador de la dana que intensificó la tasa de lluvia un 21%. En suma, los mecanismos causales están claros y van desde el modelo de producción y consumo del capitalismo al cambio climático antropogénico y a la intensificación de fenómenos climatológicos extremos.

La cuestión es que el cambio climático no solo afecta a los seres humanos a través de las inundaciones. También las sequías provocan pérdidas económicas ingentes e incluso humanas, tanto por crear mejores condiciones para los grandes incendios como por la pérdida de cosechas. Por ejemplo, la última gran sequía en España redujo la cosecha de aceite de 2022/23 un 55% respecto a la campaña anterior y a menos de la mitad de la media de los años previos, según los datos del Ministerio de Agricultura. Aunque hay otros factores en curso, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Banco de España acredita que el aceite se encareció un 139% entre 2019 y 2024, lo que castigó sobre todo a los hogares más pobres (por la mayor proporción de alimentos en la renta, como exploramos en este análisis).

Incluso el propio Banco Central Europeo reconoce desde 2022 que el cambio climático tiene tres vías por las que afecta seriamente a la inflación: climateflation, fossilflation y greenflation. La primera es la más conocida, porque se refiere al incremento de precios que se produce cuando las sequías, las olas de calor o las inundaciones restringen la oferta de un producto; como el caso del aceite ya mencionado. Sin embargo, la segunda no es menor, y mucho menos desde la guerra en Irán desatada por Estados Unidos este año, ya que se refiere al coste (en precios) que tiene la dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, a través de su efecto sobre el precio de los fertilizantes, que a su vez afectan a las cosechas y a los precios finales de los alimentos. Así, la lucha por la energía (barata) entre grandes potencias y su combinación con el cambio climático acaban conduciendo a una pérdida del poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, y he aquí la cuestión, estos hechos no se enmarcan habitualmente como una cuestión relacionada con el cambio climático.

Quién se preocupa por el cambio climático

Si atendemos a los datos del CIS, la preocupación por el cambio climático ha remontado en los últimos meses. Como se ve en el siguiente gráfico, en la actualidad más del 80% de los españoles contesta que está muy o bastante preocupado por la cuestión frente a un 17% que afirma estar poco o nada preocupado. Son datos prometedores, si bien es una pregunta general que se realiza sin necesidad de comparar con otros problemas identificados por quienes responden. Cuando tenemos en cuenta ese hecho, la situación cambia considerablemente.

En efecto, en lo que va de 2026 el porcentaje de españoles (mayores de 18 años) que consideran que el cambio climático es uno de los tres problemas principales es únicamente del 2,3%. No obstante, esa cifra esconde variaciones a lo largo de los meses, ya que asciende hasta el 5,5% en septiembre y es inferior al 1% en primavera. Esta variabilidad probablemente tiene que ver, sin perjuicio de que existen otros factores, con el efecto que tienen sobre la percepción las olas de calor en verano.

Además, hay que subrayar que el cambio climático se ha convertido en una opción ideológica que está presente entre las izquierdas mucho más que entre las derechas. Como se puede ver en el siguiente gráfico, construido a partir de todos los barómetros mensuales del CIS durante 2026, la priorización de los votantes de derechas (con excepción notable del PNV) respecto al cambio climático es prácticamente nula.

La lógica política y la lógica ecológica siguen ritmos distintos

El principal problema ya se ha señalado: por lo general, la ciudadanía considera el cambio climático como algo ajeno a su vida cotidiana. Resulta curioso que ni la ciencia ni las instituciones económicas internacionales están de acuerdo con esa proposición, ya que son muchos los canales por los que el cambio climático están afectando a la vida cotidiana de las familias trabajadoras, y muy en particular a su poder adquisitivo. Sin embargo, como ya hemos mencionado, ni siquiera en el caso extremo de la dana —porque implicó fallecidos— el marco dominante fue el climático.

En realidad, el cambio climático afecta al conjunto de la población por vías que van más allá de las que solemos considerar estrictamente económicas. Las olas de calor están también asociadas a miles de muertes anuales, mayoritariamente de personas con más de 65 años, y el calentamiento global está alterando seriamente los ecosistemas hasta el punto de favorecer la expansión de animales que son vectores de transmisión de enfermedades. En España, la fiebre del Nilo Occidental, con más de cuarenta muertos en los últimos años, ilustra la importancia de estos riesgos, ya que su transmisión depende de factores climáticos y ecológicos que influyen en la actividad de los mosquitos y en la circulación del virus.

Estos datos nos demuestran, tal y como ha recordado el científico Fernando Valladares en La recivilización, que el problema es esencialmente político. El problema aparece tanto en la oferta como en la demanda electoral. Por un lado, los partidos no sienten que obtengan rendimiento al hablar del cambio climático (o de la cuestión ecológica en general) porque, a pesar de lo que dicta la ciencia, los electores no premian ese tipo de discursos. Por otro lado, ese mismo electorado no conecta de manera obvia lo que son problemas económicos y lo que son problemas ecológicos. El caso más claro es la subida del precio de los alimentos y la energía. Aunque ya se ha explicado que parte de la subida tiene que ver con la codicia de las grandes empresas que ostentan gran poder de mercado, hay otra parte que tiene que ver con las condiciones naturales y climatológicas. Pero incluso la izquierda política tiende a fijarse únicamente en la primera parte, minusvalorando la segunda; y eso contribuye a mantener separados dos temáticas que, en realidad, pertenecen al mismo dominio.

Además, el electorado tampoco parece premiar las acciones preventivas o de adaptación, de modo que los gobernantes en activo no priorizan aquellas políticas que podrían evitar los “desastres naturales”. Como acreditan los casos de la dana y de los incendios, los electores premian o castigan la capacidad de respuesta ante un evento, pero son generalmente indiferentes a todo lo relacionado con la prevención. Es una cuestión de incentivos (perversos), puesto que la lógica política en una democracia gira en torno a la maximización del voto cada cuatro años, y la lógica ecológica sigue ritmos muy distintos y, sin embargo, no por ello menos importantes.

La conclusión a la que nos conduce este análisis es que los partidos políticos no deberían tratar aisladamente aspectos tales como salarios y clima o calor y precariedad. Todos pertenecen a una misma historia temática, es decir, son la manifestación de un mismo proceso. No tenemos catástrofes o daños aislados, sino una cadena sucesiva de acontecimientos que tienen que ver al mismo tiempo con cómo distribuimos el poder en las sociedades modernas y cómo la actividad del ser humano está modificando la base natural en la que nos insertamos como sociedad.

En consecuencia, parece más sensato traducir los fenómenos climáticos en coste de la vida de igual manera que cuando hablamos de precariedad y vulnerabilidad no podemos limitarnos a una aproximación economicista. Por eso, no deberíamos limitarnos a elegir entre hablar de las condiciones de vida y hablar de la crisis ecológica (un falso dilema sobre el que se ha construido toda la narrativa “anti-woke” de la extrema derecha). Por el contrario, deberíamos dedicar más energías a explicar cómo se relacionan ambas, quién soporta sus costes y qué transformaciones permitirían proteger a la mayoría social.

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