Un teniente condenado por cobrar de los traficantes a cambio de información confidencial se ha querellado contra un capitán al que acusa de que cuando éste actuó como agente encubierto le incitó a robar 29 fardos de hachís, acusación de la que fue absuelto después. El capitán señalado ya fue visto con narcos en una caseta de la Feria de Sevilla, el año pasado Leer
Un teniente condenado por cobrar de los traficantes a cambio de información confidencial se ha querellado contra un capitán al que acusa de que cuando éste actuó como agente encubierto le incitó a robar 29 fardos de hachís, acusación de la que fue absuelto después. El capitán señalado ya fue visto con narcos en una caseta de la Feria de Sevilla, el año pasado
La Guardia Civil ha registrado este jueves un edificio y una nave industrial utilizados por organizaciones de ayuda a migrantes en Ceuta en el marco de una investigación que indaga sobre un supuesto reparto de aerosoles de gas pimienta y armas blancas. Las pesquisas estudian si se incitó a migrantes a atacar a miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según indican fuentes policiales. Hay ocho personas investigadas, según el auto judicial que ha autorizado las actuaciones, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Fuentes de No Name Kitchen y las Brigadas de Apoyo Mutuo, organizaciones que utilizan como sede los inmuebles registrados y a las que pertenecen las personas implicadas, rechazan las acusaciones y aseguran que su actividad se limita a la asistencia humanitaria y a la documentación de posibles vulneraciones de derechos. El operativo, por el que no han trascendido detenciones, sigue abierto.
El Parlamento Europeo ha desafiado abiertamente a Donald Trump y sus intentos de trastocar el orden y los valores internacionales al conceder este año su premio Sájarov por la libertad de conciencia al Tribunal Penal Internacional (TPI) y sus miembros. Es un gesto contundente de apoyo a los jueces de La Haya, que están, de nuevo, en la mira del presidente de Estados Unidos. La Casa Blanca ordenó otra tanda de duras sanciones contra el organismo internacional inmediatamente después de que una de sus antiguas juezas, Navi Pillay, ganara a comienzos de mes el Nobel de la Paz que tanto ansía el inquilino de la Casa Blanca.
El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha abierto una investigación penal por imprudencia en el caso de los trasteros incendiados el pasado junio en el distrito madrileño de Villaverde. “No he visto una cosa igual en 20 años de profesión de abogado”, confiesa a este diario Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, director del bufete especializado en herencias y divorcios Vacelar Abogados, que fue quien el pasado martes 13 presentó una denuncia penal al detectar posibles indicios de delito en un suceso del que fue, dolorosamente, víctima. Rodríguez perdió todo el legado de tres generaciones de su familia, por el que reclama a la empresa 49.000 euros, 30.000 de ellos en concepto de daños morales. Es una de las 800 personas que vieron cómo las llamas consumían todo lo que tenían guardado en la nave y que quieren saber qué fue lo que ocurrió.
Fotograma de un vídeo publicado por Emergencias Madrid en X del incendio en la nave de trasteros de la calle de San Mamés, en el distrito madrileño de Villaverde, el pasado 18 de junio.
La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.
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