Cuando has hecho una actividad física exigente en la que te has esforzado, lo más normal del mundo es que después del ejercicio llegue lo inevitable, las agujetas. Al día siguiente te sientes 'tieso' y apenas quieres, ni puedes moverte.

Un rodillo de espuma de automasaje es una de las mejores alternativas para descomprimir los músculos. Una herramienta simple, duradera y con respaldo científico para descargar tus músculos desde la alfombra de tu salón.

Las claves del rodillo

Está diseñado con distintos relieves que estimulan los músculos, permitiendo desde un masaje suave difuso, hasta una liberación profunda en tus gemelos, cuádriceps, glúteos y espalda.

Su estructura hace que no se deforme, su núcleo se mantiene rígido y su superficie amortigua hasta 150kg de peso. Su resistencia está testada para que no pierda la forma tras meses de uso.

Es ideal para preparar los músculos antes del entrenamiento incrementando la temperatura local y la movilidad, o incluso para descargar las piernas una vez llegues a casa tras un día agotador en el trabajo.

Su peso y tamaño hace que sea fácil de transportar, apenas notarás que lo llevas porque no pesa nada y su material hace que el rodillo repela el sudor, facilitando su desinfección con un paño.

La ciencia tras el rodillo y cuándo se aconseja usarlo

Un metaanálisis publicado en el Frontiers in Physiology analizó los efectos del rodillo frente a estiramientos estáticos. La ciencia demostró que su uso antes del ejercicio, mejora el rango de movimiento articular y la flexibilidad sin mermar el rendimiento ni la fuerza muscular. Sin embargo, los estiramientos tradicionales, aflojan el musculo y reducen la fuerza explosiva.

No necesitas ser un deportista de élite para hacerte con un rodillo como este. Si llegas cansado de trabajar o simplemente quieres destensar tus músculos y aliviar la tensión que has ido acumulando día a día, esta puede ser tu mejor oportunidad.

El jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, fue uno de los principales blancos en los que el expresidente del Gobierno valenciano, su Consell y todo el PP, trataron de descargar las responsabilidades de su desastrosa gestión de la catástrofe que dejó 233 fallecidos. Lejos de amilanarse, desmontó ante la jueza y en la comisión de investigación del Congreso todos los bulos que lanzaron sobre él. Uno de ellos, la manipulación de un audio por parte del equipo de Mazón, está siendo investigado en el juzgado. Natural de Ciudad Real con 60 años recién cumplidos, geógrafo y climatólogo, Núñez hace balance para elDiario.es de lo sucedido aquel trágico 29 de octubre de 2024 y de todo lo acontecido hasta ahora.

¿Qué balance hace desde el punto de vista institucional de estos dos años que han pasado desde la dana?

Todos nos hemos visto afectados y las instituciones, lógicamente, también. Pensamos que hicimos lo que se debía hacer, aunque la información no se interpretó correctamente. Sí que hemos tenido varias reuniones de lecciones aprendidas. Además, se han cambiado algunas cosas, como, por ejemplo, adelantar la hora de los avisos. En situaciones de aviso naranja alto o de aviso rojo, se crean grupos más amplios que los que había antes para la toma de decisiones y, sobre todo, para la correcta comunicación. Es muy importante, y hay estudios que lo ratifican, que una predicción puede ser buena, pero, si la comunicación no es buena, los impactos no llegan a la sociedad. También es muy importante establecer protocolos de comunicación en situaciones de tiempo adverso, que sean claros y puedan llegar a la gente. Sí que es cierto que, en el apartado de comunicación, no creo que lo hiciésemos mal ese día. La gran diferencia que se ha producido en estos dos años es que ahora se nos escucha más de lo que se nos escuchó ese día.

¿Y a nivel personal cómo se encuentra después de que le pusieran en el foco desde el PP y desde la Generalitat para tratar de eludir responsabilidades?

Bueno, recuerdo que aquellos días lo pasé bastante mal, sobre todo el día en que el presidente Carlos Mazón hizo la comparecencia en las Corts y me nombró. Aquello, la verdad, es que nunca lo olvidaré porque, en un discurso de tres o cuatro horas, larguísimo, solo me nombró a mí. Era un poco como señalarme como negligente aquel día. Yo simplemente fui la cara visible, pero la Agencia Estatal de Meteorología es un equipo de mil personas. Es cierto que quien tiene que dar la cara ese día tiene una responsabilidad tremenda, porque tienes que intentar comunicar bien los impactos y estar en tu lugar. Yo estaba convencido de que lo había hecho bien y, al verme señalado, la verdad es que me sentí bastante mal. Entonces, claro, a partir de ese momento pensé que iba a ser el señalado. Empecé a decir lo que realmente pasó. Durante estos dos años no he insultado a nadie, pero he dicho cosas que contradecían el discurso oficial de la Generalitat, y eso ha sentado muy mal. Pero es lo que hay. Yo creo que, con la perspectiva de estos dos años, hubo unos primeros meses en los que estábamos todos un poco desorientados y no sabíamos exactamente qué había pasado. Sin embargo, creo que ahora mismo ya lo tenemos todos claro. No sé si habrá responsabilidades penales o no, pero la gestión de cada cual ese día yo creo que queda más o menos clara.

¿Desde cuándo es usted jefe de climatología de la Aemet?

Yo soy jefe de climatología desde el año 2002.

Se lo preguntaba porque desde el PP le han acusado de “meteorólogo espía sanchista”...

Sí, lo recuerdo. Es una de tantas acusaciones infundadas. Soy un funcionario que lleva aquí trabajando con todos los gobiernos, tanto del Estado como de la comunidad autónoma, y nunca he recibido ninguna indicación del tipo «tienes que hacer esto» o «tienes que hacer lo otro». En fin, siempre hemos funcionado como un organismo técnico de la Administración.

¿Por qué cree que trataron de politizarle?

Porque intentaron buscar en la Agencia Estatal de Meteorología a la responsable de no avisar, de un supuesto apagón informativo. Yo, que estuve allí, expliqué lo que realmente había pasado. Hubo un momento en que pensé que se estaba grabando todo porque recuerdo que, en una reunión del Cecopi tras la dana, Mazón dijo que no hacía falta que se tomara nota, que se estaba grabando. Yo estaba deseando que se publicara todo lo que pasó allí, porque hay cosas que se te olvidan, pero finalmente no fue así. Entiendo que nadie quiera aparecer como culpable, pero intentar culpabilizar a alguien que no ha tenido ninguna responsabilidad en la tragedia... Bueno, les salió mal.

¿Recibió alguna presión o coacción de algún tipo?

El principal acoso que he sufrido no ha sido a través de las redes sociales, aunque también ha habido perfiles anónimos, sino a través de las ruedas de prensa del Consell. Cada vez que había una rueda de prensa, la escuchaba pensando: «A ver qué es lo que van a decir de mí». Y, bueno, la capacidad de todo un Consell de una comunidad autónoma es tan potente que, claro, me afectó, porque me sentía impotente. Entonces, todo lo que he ido haciendo ha sido lo que me ha salido, pero sí que es muy duro. Me consta que el Partido Popular y la Generalitat Valenciana estaban enfadados conmigo, pero, bueno, ¿qué querían que hiciera? No podía bajar la cabeza después de que Mazón hiciera unas declaraciones en las que sacaba de contexto unas palabras mías. Tenía que defenderme, y es lo que he hecho todo este tiempo.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de lo que ocurrió aquel día, ahora visto con perspectiva?

Tuvo que haber una reunión de coordinación por la mañana. No sabemos qué habría pasado porque no podemos volver atrás en el tiempo. No sabemos si habría habido menos muertos, pero la lógica dice que, si te coordinas y te preparas antes de que la emergencia se desarrolle, el pronóstico va a ser más favorable. Además, estás haciendo lo que tienes que hacer. Era lo que se tenía que hacer, lo que se ha hecho siempre y lo que se ha hecho después. No es que, a raíz de la catástrofe del 29 de octubre, se hayan adoptado hábitos distintos, aunque quizás ahora haya más precaución, si cabe. Pero es que antes también se actuaba así. Hubo una dana en la Vega Baja en 2019 en la que también hubo una reunión de coordinación previa. Incluso recuerdo una gota fría que hubo en 2003, hace ya casi un cuarto de siglo, en la que se suspendieron los colegios y otras actividades con antelación.

Teniendo en cuenta su experiencia en otras situaciones de emergencia, ¿qué fue lo que más le sorprendió de lo que sucedió en aquel Cecopi del 29 de octubre de 2024?

Que no se tomaban decisiones. Yo, desde el primer momento, vi las cosas claras desde el punto de vista meteorológico y vi que los técnicos de otros organismos también las tenían claras. En cuanto empezó a hablar el portavoz de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ya dijo que había gente en los tejados, que no podían llegar ni con las lanchas y que había no sé cuántas carreteras cortadas. Estamos hablando de carreteras. Pero, claro, cuando empezó el Cecopi, a las 17.00 horas, ya estaba media provincia inundada. Pradas se quejó de que yo no había estado presencialmente, pero es que nos convocaron a las 16.20 horas, cuando la reunión empezaba a las 17.00 horas. Yo casi siempre procuro estar presencialmente. De hecho, no me gusta participar a distancia. Tuve el tiempo justo para recabar todos los datos y trasladarlos a la reunión.

¿Le sorprendió que suspendieran la reunión y cortaran la conexión a las 18.00 horas?

Es algo que nadie ha explicado aún. Resulta que, cuando empieza la reunión, se dice que hay autovías cortadas, que no se puede acceder a los tejados y que en Forata estaban entrando 2.000 metros cúbicos por segundo y solo se podía evacuar agua a un ritmo de 1.000. Y resulta que, con toda esa situación, dicen que se retiran un momento a pensar. Un momento que duró casi una hora.

Y, de todos los bulos que se han contado para intentar derivar responsabilidades desde el Gobierno valenciano, ¿cuál ha sido el que más le ha molestado?

A ver, la manipulación del audio estuvo muy fea, muy fea, porque, además, fue chapucera. Es decir, la Generalitat tenía el audio porque la Aemet no graba las conversaciones. Entonces, manipularon un audio para tratar de culpar a la Aemet, pero es que, encima, fueron tan torpes que lo hicieron mal, porque enseguida, a las pocas horas, se filtró el audio completo. O sea, no solamente hubo una deficiente gestión de la emergencia, sino también una gestión de la postemergencia muy deficiente, incluida la comunicación. Aunque no soy un experto, me pareció una técnica de comunicación muy mala. Cada afirmación que hacían sobre la situación de Mazón aquella tarde quedaba desmontada.

Se dijo también que había un radar que no funcionaba.

Sí, eso partió de uno de estos influencers. Se estaba modernizando la red de radares. La primera fase de modernización del radar de Valencia, el de Cullera, finalizó en septiembre de 2023, pero, por mala suerte, cayó y dañó la línea de media tensión que lo alimenta. Se utilizó el grupo electrógeno de gasoil hasta que se reparó la línea de media tensión. El radar de Cullera estaba apagado el viernes 25, pero el lunes 28 se encendió con el grupo electrógeno y estuvo funcionando durante todo el episodio. No sé si fue a mediados de noviembre o por esas fechas cuando terminaron las obras de la línea de media tensión. Desde entonces, funciona con normalidad. Es decir, durante todo el episodio estuvo funcionando sin problemas.

Con los últimos episodios de avisos naranjas y rojos, parece que hay quien sigue sin acabar de entender cómo funcionan, cuándo se activan en función de los umbrales y, sobre todo, que una predicción no es una ciencia exacta. ¿Cree que una de las asignaturas pendientes desde la dana es la falta de pedagogía, es decir, divulgar cómo funcionan estos avisos y qué significan, incluso desde el ámbito escolar?

Sí, sí. Todas las administraciones tenemos una labor muy importante. Desde el punto de vista meteorológico, a nosotros nos corresponde explicar en qué consisten los avisos y la diferencia entre aviso y alerta, que no tienen por qué coincidir. Un aviso naranja no tiene por qué traducirse inmediatamente en una alerta naranja. Un ejemplo muy claro que suelo poner es el de una alerta naranja en Alcoy. Por ejemplo, no tiene ningún impacto en los colegios porque Alcoy no tiene colegios en zonas inundables. Entonces, un día de alerta naranja en Alcoy, en lo que respecta al riesgo, supone un peligro para los desplazamientos a los colegios. Sin embargo, ese mismo aviso naranja en una zona más sensible puede tener un impacto importante. Por tanto, hay que explicar la diferencia entre aviso y alerta, por qué se establecen determinados umbrales, qué significa un umbral y también cuestiones climáticas. Es decir, tenemos que volver atrás y explicar que lo que pasó el día 29 fue un fenómeno extremo amplificado por el cambio climático. Todo eso hay que explicarlo. Hay que explicar la geografía, el territorio en el que vivimos y los riesgos climáticos. También hay que explicar cuándo están previstas lluvias torrenciales y qué tipos de lluvias torrenciales hay. No es lo mismo que llueva en la montaña que en la costa. Y todo eso hay que organizarlo, empezando por los colegios.

En esa misma línea, ¿cree que también es importante concienciar y educar en autoprotección?

Así es. Hay que avanzar en ese ámbito porque la autoprotección es fundamental cuando existe un riesgo de esta magnitud. Pero, para protegerse, alguien te tiene que decir de qué te tienes que proteger, qué tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir, hacia dónde no tienes que ir y si tienes que subir o no bajar en un momento dado. Me parece muy importante establecer grupos técnicos más homogéneos. No se trata de quitarle las competencias a nadie, sino de intentar crear oficinas técnicas en las que trabajen todos, sea de la Administración que sea. Y no solo para situaciones de crisis, sino también para el día a día.

¿Está encima de la mesa la creación de un aviso negro, superior en gravedad y riesgo al rojo?

El día 29 de octubre no fue un problema de avisos: los avisos estaban ahí. No podemos saber si habría habido un aviso negro si se hubiera actuado de otra manera. Crear un aviso negro... no sé. El sistema Meteoalerta está coordinado con Europa. En toda Europa es igual. Si entramos en la página de Meteoalarm, donde están todos los avisos meteorológicos vigentes en Europa, vemos que se utiliza un código de colores: verde, amarillo, naranja y rojo. Creo que, a raíz de las inundaciones de 2021 en Alemania, allí establecieron internamente un aviso negro. Bueno, es algo que hay que debatir. No es una cuestión que dependa de la Aemet, porque el plan Meteoalerta está consensuado con las comunidades autónomas y esto se discute dentro del Plan Nacional de Protección Civil. Hay que tener en cuenta que crear un aviso negro puede hacer que se infravalore el rojo, que ya es algo extraordinario.

Da la sensación de que han mejorado las relaciones con la Conselleria de Emergencias, que ya no entra en confrontación con la Aemet si alguna previsión no se cumple al 100 %. ¿A qué se debe ese cambio?

La verdad es que, en el último año, las relaciones han sido bastante buenas, como lo eran antes de la dana. Nos comunicamos fluidamente cuando hay una emergencia y hablamos de todo lo que hay que hablar, de la incertidumbre y de la previsión. Son relaciones fluidas, como las que había antes del 29 de octubre. Yo creo que la dimisión de Mazón y la entrada del nuevo presidente, Pérez Llorca, hicieron que las cosas se fueran tranquilizando. La salida de Mazón fue claramente un punto de inflexión, aunque el conseller sea el mismo. La tensión se relajó en este aspecto.

¿En qué medida afectó el cambio climático al impacto de la dana?

El cambio climático no es una cuestión de creencias ni de fanatismo, como dicen ahora. Los que nos llaman fanáticos climáticos lo hacen sin mirarse al espejo previamente. Las bases físicas del cambio climático se establecieron hace 200 años y, durante el siglo XIX, se fue desarrollando la ciencia. A mediados de ese siglo, aunque aún no se hablaba de cambio climático, ya se empezó a plantear que el CO₂ influye en que la Tierra sea notablemente más cálida. Esto empezó con Joseph Fourier hace 200 años. A mediados del siglo XIX, una científica estadounidense ya señaló que los gases presentes en la atmósfera que permiten que la Tierra sea más cálida son los gases de efecto invernadero, que hacen posible la vida sobre la Tierra y que la temperatura sea 33 grados más alta de lo que sería si no existieran. Lo que pasa es que hemos aumentado un 50 % los gases de efecto invernadero. Por explicarlo de forma sencilla, si una manta cubre la Tierra y la mantiene caliente y le añadimos otra media manta, la temperatura asciende. Eso es indiscutible, porque ya se ha demostrado que la temperatura está aumentando. En España, la temperatura ha ascendido aproximadamente 1,9 grados desde la época preindustrial, es decir, desde alrededor de 1850. La temperatura es una medida de energía y lo que nos indica es que estamos en un planeta más energético. En el caso del Mediterráneo, se trata de un mar semicerrado y su calentamiento está siendo notablemente superior al de los océanos. El calentamiento del Mediterráneo supone un mayor aporte de energía y de humedad. La lógica dice que una mayor energía y una mayor humedad tienen que dar lugar a fenómenos más violentos, y eso es lo que ya se está demostrando. Se han realizado varios estudios de atribución de la dana y todos coinciden en que fue entre un 15 % y un 20 % más intensa de lo que habría sido en un escenario sin cambio climático.

Si quieren leer la última resolución del Tribunal Supremo en la que insiste en privar del derecho al voto a centenares de miles de españoles, les sugeriría que se pongan de música de fondo El aprendiz de brujo de Paul Dukas y se dejen cautivar por la agonía de quien, a medida que intenta tapar su desatino, ve multiplicarse las incongruencias y los charcos. Aquí tenemos a unos magistrados, vestidos de toga y capirote, que enredando entre calderos pretenden separar el agua dulce de la salada, y tienen muy poco tiempo, apenas nada, para hacerlo. Pillados en su imprevisión, se enfadan y retuercen, mientras chapotean en el agua que sale a borbotones por las rendijas de sus argumentos.  

Ya conocen ustedes el contexto, el ‘lore’ que dicen ahora. La Ley de Memoria Democrática ofreció la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia u orientación sexual. Para facilitar la demostración de todo ello y ahorrar a los interesados pruebas imposibles de recabar, una Instrucción posterior incluyó una presunción: se presumirán exiliados todos los que abandonaron España en la posguerra, desde 1936 hasta finales de 1955. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (entre cuyos miembros no figuran muchos descendientes de exiliados o represaliados por el franquismo, dejémoslo ahí) está en desacuerdo con esta Instrucción, que considera excesiva. Opinan que la opción para recuperar la nacionalidad debería concederse únicamente a los nietos que demuestren fehacientemente que sus abuelos fueron perseguidos por Franco, olvidando que una dictadura persigue a todos sus ciudadanos, aunque solo castigue a los más débiles. Estos magistrados querrían quitar la nacionalidad a estos nietos, pero no pueden, al menos por ahora; nadie se lo ha pedido. Pero aprovechando que el azar ha puesto en su camino el recurso contra una decisión de la Junta Electoral Central, han borrado a estos nuevos españoles del censo de expatriados y les han quitado un derecho, el de votar, que está garantizado como fundamental en la Constitución que juraron respetar. 

Y aquí empieza el juego de los calderos, con estos aprendices brincando en un piélago inundado. Según el Instituto Nacional de Estadística, el censo electoral cerrado a primero de agosto de 2026 lo conforman 38,7 millones de personas. Dentro de este gran depósito se encuentra uno más pequeño, el llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes, el famoso CERA, que integra a los españoles que residen fuera de España; este caldero tiene 2,7 millones de personas de las que, en realidad, votan bastantes pocos. Y dentro de esta tinaja del CERA pululan 163.020 españoles que han obtenido la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. 

La música empieza a sonar. El 10 de septiembre pasado el Tribunal Supremo tomó la decisión de eliminar del CERA y suspender el derecho al voto a todos los españoles que hubieran obtenido su nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Democrática; al mismo tiempo, y para salvar la excepción que se disponen a aceptar, permitió la incorporación de aquellos nuevos españoles que hubieran demostrado que su padre o su abuelo habían sido efectivamente perseguidos. Debió de pensar el Supremo que la operación era tan fácil como meter el cazo en el caldero del CERA y retirar los garbanzos negros, pero alguien les susurró que en aquel potaje no era sencillo distinguir el solvente del soluto y que la cosa iba para largo.

¿Cómo se retira a estos españoles del censo? Habría que saber cómo han obtenido la nacionalidad, pero el Registro de Matrícula Consular no permite conocer este dato de manera inmediata; se necesita una comprobación manual para distinguir aquellos que optaron a la nacionalidad conforme a la Ley de Memoria Democrática del resto. La información necesaria para la inscripción en el CERA no incluye la relativa a cómo se adquirió la nacionalidad. ¿Se puede certificar el motivo que ofreció cada optante para obtenerla? Sin duda, pero el expurgo llevaría meses, porque habría que revisar uno a uno los expedientes de nacionalización, desperdigados en 172 oficinas consulares de España. 

Y en esto llegó Pedro Sánchez y convocó elecciones, con lo que las puertas del censo se cerraron inopinadamente. En cumplimiento de los plazos electorales, el 12 de octubre el censo se puso a disposición de ayuntamientos y consulados para consultas durante ocho días. Pasado ese plazo, el próximo 23 de octubre se publicará oficialmente y quedará bloqueado e inmodificable a todos los efectos. Entre el 24 y el 30 de octubre los inscritos en el CERA empezarán a recibir la documentación electoral. ¡Qué desastre!

El mismo día 12 de octubre el Supremo desestimó el recurso presentado contra su decisión de excluir del CERA a los nuevos españoles. Lo primero que llama la atención de este auto es, sin duda, el enfado con el que está redactado. Está firmado por hombres enormemente irritados, con todo el mundo: con la Abogacía del Estado, con los Registros Consulares, con el Instituto Nacional de Estadística... Y un juez enojado nunca dicta una buena sentencia. El verdadero motivo de su enfado es que el conflicto se les va de las manos, las escobas de brujo se multiplican y el agua se derrama por doquier. Ahora han comprobado que su decisión no se puede cumplir en el tiempo disponible; ahora han caído en la cuenta de que tienen que llamar al procedimiento a los 163.020 españoles a quienes han quitado el derecho a votar (se les ha convocado por tablón de anuncios porque se ignora quiénes son); ahora han advertido que sin revisar los expedientes no se puede conocer qué motivo dieron para optar a la nacionalidad. Pero huyen hacia adelante. 

Como único argumento para mantener contra viento y marea su decisión imposible, el Supremo reitera su anhelo de garantizar unas elecciones inmaculadas e impolutas: el auto reitera la necesidad de asegurar su limpieza (palabra que repite tres veces), pureza (se repite en dos ocasiones) y pulcritud (otras dos), en expresiones de mañana de domingo y ropa recién lavada, palabras que no dicen nada. Porque la única elección pura, limpia y pulcra es aquella donde pueden votar todos y no se deja a ningún español sin voz ni voto. 

Con estas reflexiones el Tribunal Supremo parece comprar el argumentario de la ultraderecha más rancia, que no solo desprecia a los extranjeros sino que, en su arrogancia, pretende decidir quiénes son españoles y quiénes no, para permitir el voto solo a los limpios, puros y pulcros... que viven aquí. ¿Será este el pulso que late en el fondo de esta falsa polémica? Tal vez: con la excusa de cuestionar la Instrucción de 2022, que no distingue entre residentes y ausentes, en realidad el Supremo se dispone a limitar el voto solo de quienes viven en el extranjero, dejando incólume el derecho al sufragio de los nuevos españoles que, aplicándoseles la misma Instrucción que tienen por sospechosa, residen en España. La Constitución reconoce en su artículo 68.5 el derecho al voto de los españoles que viven fuera de España, pero quienes reparten patentes de patriotas han decidido que esos españoles ausentes, hijos de exiliados, de represaliados o simples hijos del proletariado emigrado en una dictadura, no merecen participar en unas elecciones pulcras, limpias y puras. Es, de nuevo, el resentimiento de los vencedores. 

No se vayan, que hay más. Dentro de unos días, el Tribunal Supremo contemplará desolado que sus órdenes no se han podido cumplir y arderá Troya. Viendo que se ignora cuántos de estos 163.020 españoles inscritos en el CERA son nietos de represaliados y cuántos no, ya ha decidido que privará del derecho a todos ellos, que Dios reconocerá a los suyos. Pero todavía hay algo más grave, como recordó la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo: esta cifra de 163.020 se conoce por información general estadística, pero no está individualizada. No hay un listado de estas personas ni se conocen sus nombres y apellidos, por lo que el proceso de extraerlos del CERA llevaría un tiempo que no tenemos, así que la única alternativa real es esta: o se suspende el derecho a votar a todos los españoles inscritos en el CERA o no se suspende a ninguno, porque es materialmente imposible el expurgo ordenado en el plazo del que se dispone. Claro que, en tal caso, en lugar de tener a ciento y pico mil afectados a sus puertas, el Supremo tendría que lidiar con más de dos millones y medio de afectados; más escobas acarreando agua entre sus tinajas. ¿Qué hará el Supremo? Nadie lo sabe. La experiencia enseña que un juez suele ser prudente cuando sabe que su fallo es irrecurrible; de estos magistrados, que saben que el Tribunal Constitucional revisará pronto sus decisiones, puede esperarse cualquier cosa.  

En la balada que inspiró a Paul Dukas su conocida melodía, Goethe advertía a los aprendices de brujo: cuidado con los espíritus que invocáis; os será difícil libraros de ellos. Sigan atentos a la pantalla, porque esto no ha terminado.

El València CF ha conseguido llevar ante los tribunales al gigante Netflix y la productora Conspiraçao Films S. A. al considerar que el documental Baila, Vini, sobre el astro brasileño del Real Madrid, atenta contra el honor y la imagen del club y de su afición.

Una parte del documental se centra en el partido entre los dos equipos que tuvo lugar el 21 de mayo de 2023 y, concretamente, en un momento en que el graderío de Mestalla, después de la expulsión del jugador madridista, lo despidió al grito de “tonto, tonto”. Sin embargo, en el documental aparece un video de aquel momento en que se rotula “mono, mono”, un hecho que el club valencianista considera una manipulación que perjudica su reputación porque asocia toda una afición con un comportamiento racista que no se produjo de aquella manera. El mismo Vinícius compartió en sus redes sociales videos con el letrero erróneo.

Sí que se produjeron insultos racistas por parte de un grupo reducido de ultras antes del partido, en los alrededores del estadio, cuando llegó el autobús del Real Madrid, y también durante el encuentro, por parte de tres forofos situados detrás de una de las porterías, a los cuales lo València CF identificó y expulsó de Mestalla pocos días después del partido. Además, estos forofos fueron condenados por la justicia. Es decir, dos hechos puntuales, uno de los cuales fuera del estadio, ante la imagen que ofrece el documental de todo un estadio entonando un cántico con un letrero que no se corresponde con la realidad del que sucedió.

De este modo, tal como avanzó Radio Valencia Cadena SER y ha confirmado elDiario.es, la vista tendrá lugar el próximo 17 de febrero. Además, según la información recopilada por este periódico, se celebrará en las 9.30 horas en la Sala Multiusos del Juzgado de Primera Instancia número 16, ahora denominado plaza 16 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de València.

Tal como consta en el escrito de admisión a trámite de la demanda por parte del juzgado mencionado, al cual ha tenido acceso esta redacción, entre las pruebas presentadas por el club figura un dictamen pericial sobre el análisis del audio del video incluido en el documental, elaborado por un perito ingeniero informático. El club cuantifica en 100.000 euros la indemnización por los daños causados a su imagen.

Antes de que se señalara el juicio, el club pidió formalmente a la plataforma que rectificara los letreros e intentó impedir que se emitiera el documental si no se hacían las correcciones mencionadas. Pero tanto Netflix como la productora hicieron caso omiso de la petición, por lo cual la entidad valencianista inició la vía judicial para considerar que el reportaje muestra una imagen falsa y manipulada de la afición valencianista y que perjudicaba la reputación corporativa de la sociedad anónima deportiva. El desenlace se conocerá de aquí a cuatro meses.

Es verano de 2026 y dos personas acuden a la sede de una empresa pública de un gran municipio español. Es un padre acompañado de su hijo, un adolescente de 17 años. Vienen a disculparse por un error de juventud, casi “una trastada”, reconocerían más tarde fuentes policiales. Pero una extremadamente grave: el joven ha utilizado modelos comerciales de inteligencia artificial para abrir una brecha en la seguridad del portal oficial de la institución y robar los datos personales de unos 5.000 ciudadanos.

Pese a que el progenitor acudió con su hijo para pedir perdón e informar sobre la necesidad de cerrar el agujero, el alcance de los hechos hizo obligatoria la denuncia a las autoridades. Hoy el caso está en manos de la jurisdicción de menores. Es un ejemplo de las situaciones que se están viviendo alrededor de la IA, pero que pasará bajo el radar.

La Policía no tiene previsto hacer públicos los detalles del caso porque el joven está colaborando. Y podría hacerlo aún más. “Hemos planteado a la autoridad judicial que este chico pueda colaborar con nosotros, obviamente sin tener información de ninguna investigación, pero sí ayudándonos a crear alguna herramienta que nos ayude a monitorizar lo que está sucediendo”, explica el inspector Javier Izquierdo, jefe de grupo de investigación de Ciberataques de la Policía Nacional.

Los hackers adolescentes, y más aún aquellos que colaboran con la Policía, han sido durante décadas un estereotipo exagerado. Una figura alejada de la realidad sobre el terreno de la ciberdelincuencia, cada vez más especializada y profesionalizada. Sin embargo, están reapareciendo. En muchos casos, como el citado, con actividades en las que “no vemos ningún ánimo de lucro”, continúa Izquierdo.

“Estamos deteniendo a chavales menores, algunos con altísimos conocimientos de ciber. Chavales con 15 o 16 años que no han pisado una facultad de informática en la vida, pero que disponen de una cantidad de herramientas que antes no estaban a su alcance. Son nativos digitales, han nacido con una pantalla delante, y ahora cuentan con las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Es como darle una pistola a un mono, para ellos los ciberataques se han convertido en un reto”, alerta el inspector jefe.

Estamos deteniendo a chavales que no han pisado una facultad de informática en la vida, pero que disponen de herramientas de IA que antes no estaban a su alcance. Es como darle una pistola a un mono

Javier Izquierdo — jefe del grupo de investigación de Ciberataques

Para la Policía esto resulta muy preocupante. No solo por la inconsciencia de los jóvenes, que cometen delitos extremadamente graves solo por “el reto”. También, porque es un patrón: al igual que hace décadas, cuando la llegada de Internet abrió un territorio nuevo en el que algunos adolescentes jugaban a poner a prueba los límites de la tecnología, el mundo está cambiando de nuevo.

La inteligencia artificial vuelve a abrir un espacio inexplorado. Nuevas herramientas, nuevas armas y nuevas defensas. Y con tendencias más peligrosas que el aumento de hackers adolescentes.

Una tecnología que cambia las reglas

Al jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática, el comisario Juan Carlos Sancho, le extraña un tanto la petición de elDiario.es de visitar las instalaciones del grupo de investigación de Ciberataques. Para él, es solo una oficina. Pero como la unidad encargada de investigar los ciberdelitos más complejos, es la primera línea donde se están investigando los cambios que la inteligencia artificial trae a los ciberataques.

Una parte de la lógica es sencilla. Hay un efecto llamada. Para los criminales es más fácil pedirle a ChatGPT que haga su trabajo que jugársela sobre el terreno. “Gente que hasta hace un año se dedicaba a llevar la gasolina en una barquita para dársela a los narcos que cruzan el estrecho para traer hachís, ahora la estamos deteniendo por hacer ciberataques de spoofing”, cuenta el comisario.

Gente que hasta hace un año se dedicaba a llevar la gasolina a los narcos en el estrecho, ahora la estamos deteniendo por ciberataques de spoofing

Juan Carlos Sancho — jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática

El spoofing es la técnica de suplantar el número de teléfono o el correo electrónico de una empresa o institución. Uno de los formatos más repetidos es falsificar el remitente de los SMS de los bancos para que el intento de estafa llegue bajo el nombre oficial de la entidad: “Se ha detectado una transferencia de 5.000 euros desde su cuenta. Si no reconoce el cargo, active el sistema de seguridad en el siguiente enlace”.

Para este tipo de perfiles, la IA ha derribado las barreras de entrada. “Toda la primera campaña, todas las primeras comunicaciones de 'voy a buscar víctimas', eso ahora lo hace la IA. Gente que no tenía ningún tipo de cultura informática, ni formación técnica ni nada de nada, está cometiendo este tipo de delitos. Compran la herramienta como si la pidieran por Amazon, compran los listados de potenciales víctimas, y con la ayuda de la IA se ponen a ciberatacar”, explica Sancho.

Esta “democratización” del cibercrimen es el principal cambio que ha traído consigo la IA, destacan el comisario y sus agentes. La IA ha limado muchas de las trabas que frenaban a los delincuentes a dar el salto al ciber. Elimina, por ejemplo, la principal pista que permitía detectar fraudes simples, como las faltas de ortografía, facilitando la redacción de ganchos más convincentes.

El impacto se percibe también en estafas más complejas, en las que se están empleando chatbots para contactar a potenciales víctimas. La Policía está viendo cómo en delitos como “el despiece del cerdo” (llamado así porque los ciberdelincuentes se ganan la confianza de la víctima durante semanas o meses para luego intentar estafarla varias veces) ya hay grupos que utilizan IA para llevar a cabo el primer contacto e intentar guiar a los ciudadanos a plataformas falsas de inversión. Los estafadores reales intervienen después, cuando alguien ha mordido el anzuelo y llega el momento del fraude.

Pero el salto va más allá. Un ejemplo detectado en bandas más especializadas es el uso de IA para burlar la verificación de identidad online que utilizan los bancos e instituciones financieras con sistemas de “prueba de vida”, que comprueban que quien aparece ante la cámara es una persona real y no una grabación. Los más habituales son los que piden al usuario que se grabe sosteniendo su DNI y haciendo diferentes movimientos con la cabeza.

“Hemos visto grupos que utilizan DNI robados para darse de alta en servicios muy, muy relevantes, a través de los cuales cometen fraudes. Se ponen una careta de la persona del DNI con inteligencia artificial, y mueven la cara como les pide el sistema. Pero claro, luego ves los vídeos de diferentes personas y está el mismo cuadro, la misma silla o incluso la misma camiseta. Pero la cara ha cambiado”, detalla Sancho.

Veías los vídeos de diferentes personas y estaba el mismo cuadro, la misma silla o incluso la misma camiseta. Pero la cara había cambiado

Juan Carlos Sancho — jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática

El comisario sostiene que el agujero que utilizó ese grupo ya se ha subsanado, pero el caso da idea de las capacidades de estas nuevas herramientas. “La empresa que hacía la acreditación se había relajado mucho”, lamenta. En este nuevo escenario, la falta de actualización de las herramientas es una puerta abierta a los delincuentes. “Prefiero no dar más detalles, por si acaso”, responde el comisario ante las preguntas de este medio.

La defensa debe evolucionar ya

La inteligencia artificial está permitiendo automatizar estafas y refinar fraudes para que perfiles sin conocimientos técnicos puedan lanzar ciberataques exitosos. Pero las amenazas que ya eran peligrosas antes, ahora lo son aún más. “Este nuevo paradigma es crítico, no solo por la aparición de actores con escasa especialización, sino también por la potencia que alcanzan aquellos que tradicionalmente han supuesto una amenaza grave”, explica el Centro Criptológico Nacional (CCN).

Si la Policía Nacional libra la batalla diaria contra los fraudes que sufren ciudadanos y empresas, el CCN se ocupa de la alta ciberseguridad de las instituciones e infraestructuras críticas del Estado. Depende directamente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su misión es vigilar amenazas a escala global. Su conclusión es clara. “La IA no descansa. Nos enfrentamos a un escenario de automatización y paralelización de los ciberataques que puede hacer colapsar las estructuras defensivas si no se adaptan a la misma velocidad que la parte ofensiva. Los próximos 12 a 18 meses serán decisivos”, avanza el organismo a elDiario.es.

La IA no descansa. Puede hacer colapsar las estructuras defensivas si no se adaptan a la misma velocidad que la parte ofensiva

Centro Criptológico Nacional

Cuando habla de “automatización y paralelización”, el organismo se refiere a cómo los modelos de IA pueden leer el código de una aplicación o analizar cómo responde una web, detectar fallos y preparar herramientas diseñadas expresamente para explotarlos. Esto, que antes exigía horas de análisis especializado sin garantía de éxito, es algo que la máquina puede automatizar y repetir con miles de objetivos a la vez.

Según fuentes policiales, es exactamente el proceso que siguió el joven contra el portal oficial de la empresa pública, con una orden a la IA tan sencilla como: “escanéame la infraestructura de este servicio, dime por dónde se puede atacar y cómo podemos sacar información”.

Esa “capacidad de la IA para detectar automáticamente deficiencias o vulnerabilidades en el software, y desarrollar el código necesario para explotarlas” es la que está cambiando también el modus operandi de las bandas de ciberdelincunecia organizada y los grupos patrocinados por estados, expone el CCN. La tendencia dominante ha dejado de ser los ataques de ransomware, basados en el secuestro de archivos y sistemas informáticos para extorsionar a la víctima. Ahora se centra en el robo de información y bases de datos personales para su posterior venta en el mercado negro.

Un ataque de ransomware equivale a asaltar un comercio por la puerta principal. Explotar un agujero descubierto por la IA es como encontrar las llaves de la entrada de servicio y llevarse la caja fuerte sin ser visto. Es mucho más limpio, ya que de momento “solo es posible determinar si un incidente se ha realizado con IA tras su investigación”, recuerda el organismo.

La consecuencia no son más ciberataques, sino más daño. No hay “un incremento significativo en el número de incidentes gestionados”, pero sí “un aumento en el impacto recibido”, señala el CCN. Los datos del Ministerio del Interior apuntan en la misma línea en cuanto al volumen: el peso de la cibercriminalidad sobre el total de delitos se mantiene en torno al 20% desde 2023, en plena explosión de la IA generativa. No miden, en cambio, la gravedad de los ataques.

Para los defensores, todo esto tiene una parte positiva: no hay que irse muy lejos para encontrar la solución. También es la inteligencia artificial: IA defensiva que frene a la IA ofensiva. O, lo que es lo mismo, “centros de operaciones de ciberseguridad soportados por agentes de IA donde las máquinas, y no las personas, puedan responder a los ciberataques ejecutados con ayuda de la IA”, pide el CCN.

Las personas no pueden seguir el ritmo de las máquinas. Por ello, los defensores deben hacer “un uso extensivo de la IA” tanto para detectar y cerrar los agujeros de seguridad, como para “optimizar las capacidades técnicas de los analistas”. “El punto clave aquí es el control de estos agentes por personas, que deben tener un nivel de formación elevado tanto en ciberseguridad como en IA”, advierte el organismo.

Más allá de la IA contra la IA

Para el resto de ciudadanos, el espíritu crítico es el mejor escudo. Pese a su sofisticación, los fraudes y estafas con IA siguen dependiendo, en casi todos los casos, de engañar a la víctima. “Hay que poner en duda todo lo que se vea en una pantalla. Ya no te puedes creer un audio, un texto o un vídeo solo porque lo estés viendo: tienes que ponerlo en duda”, enfatiza el comisario Juan Carlos Sancho.

Ante cualquier tipo de comunicación oficial o web que genere sospechas, la respuesta debe ser contactar con los canales oficiales de esa empresa u organismo, continúa el mando policial. Incluso aunque en la pantalla del teléfono aparezca el nombre de una entidad reconocida. Y ante todo, siempre hay que desconfiar de cualquier acción que requiera actuar de urgencia, una sensación que los ciberdelincuentes explotan por su capacidad de anular el espíritu crítico de la víctima.

Hay que poner en duda todo lo que se vea en una pantalla. Ya no te puedes creer un audio, un texto o un vídeo solo porque lo estés viendo: tienes que ponerlo en duda

Juan Carlos Sancho — jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática

Cuando esa comunicación venga de personas del círculo cercano, también hay un método sencillo para anular cualquier engaño, provenga de la IA o no. Establecer una palabra clave. “En mi familia tenemos una contraseña, una palabra que es una tontería, pero que solo sabemos nosotros. Si alguna vez les pido dinero por WhatsApp o por teléfono, saben que me tienen que pedir esa palabra”, expone Sancho.

Con todo, los especialistas técnicos piden que la responsabilidad recaiga también en las compañías. Esta semana, más de 400 científicos e investigadores de una treintena de países pidieron en una carta abierta a los laboratorios que desarrollan los modelos más potentes que corrijan la “negligencia irresponsable” en sus prácticas de ciberseguridad, tanto en la investigación de IA avanzada como en su despliegue.

Mientras tanto, en la oficina de la unidad de ciberataques, intentan desincentivar a todos aquellos a los que se les pase por la cabeza que los ciberataques son demasiado fáciles como para no intentarlo. Es la “prevención activa”: los agentes crean páginas-señuelo donde se anuncian herramientas ofensivas y en cuanto detectan que alguien está intentando comprar, envían un mensaje de advertencia informando de las penas que recoge el Código Penal y advirtiendo de que la Policía monitoriza constantemente esos canales.

No es una trampa en la que vayan a caer delincuentes experimentados, pero sí puede asustar lo suficiente a los más inexpertos o a los adolescentes aspirantes a hacker, asume el inspector jefe Izquierdo. No obstante, son métodos sencillos que no esconden el problema global: la IA facilita los ciberataques y los defensores piden más recursos, tanto personales como técnicos. “Va a haber que crecer como unidad y con equipos de investigación especializados en esta materia, porque si no, de aquí a muy poco tiempo vamos a estar desbordados. Lo tengo claro”.

Los armadores y tripulantes de las flotas de arrastre y de palangre de fondo del Mediterráneo, formada por más de 600 buques, tienen señalado en el calendario el 14 y 15 de diciembre. Las fechas del último Consejo Europeo de Pesa del año. Una cita en la que los Veintisiete deciden las cuotas pesqueras para 2027. A falta de que la Comisión Europea presente su propuesta, temen otro recorte en los días de pesca como los que se vienen repitiendo desde la entrada en vigor del 'Plan Plurianual de Pesca del Mediterráneo Occidental' en 2020. Fuentes consultadas apuntan, incluso, a diferencias dentro de la Comisión y recuerdan que la negociación llega con España en plena resaca electoral.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunciaba esta semana que no concurriría como candidato del PSOE y advertía que "las próximas semanas son claves para las negociaciones y la definición de la política agrícola y pesquera del periodo 2028-2034" en referencia a la nueva Política Agraria Común (PAC) o el sudoku pesquero de las cuotas. Planas reconocía también que agricultores, ganaderos y pescadores "merecen un buen resultado de las mismas".

"Las próximas semanas son claves para las negociaciones y la definición de la política agrícola y pesquera del periodo 2028-2034", ha reconocido esta semana el ministro de Agricultura Luis Planas que no será candidato el 29-N

Negociar 'en funciones' un reglamento cuestionado

Sin embargo, el titular de Agricultura más longevo de la democracia tendrá que negociar como ministro en funciones - las nuevas Cortes no se constituyen hasta el 23 de diciembre - y sobre un reglamento cuya reforma exigen desde hace años actores tan relevantes como la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y, desde este miércoles, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE) que aprobó un informe en esta línea a instancias de su presidenta la eurodiputada 'popular' Carmen Crespo.

El documento, que será sometido al pleno del Parlamento Europeo en las próximas semanas, se habla de reducciones en el número de días de pesca - 'esfuerzo pesquero' - por encima del 44% en segmentos de la flota española como la de los buques de arrastre. Además, el informe aprobado por los eurodiputados, insta al Ejecutivo de Von der Leyen a presentar una propuesta legislativa el 1 de diciembre y a limitar los recortes en el esfuerzo al 20% considerando el impacto socioeconómico, entre otras cuestiones.

La interinidad de Planas es vista con preocupación por representantes de la flota como Pedro Carmona, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana (CPV) y su homólogo de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores (FBCP), Domingo Bonín. "Este año es mucho peor por el tema de la representación del Gobierno, ya que hay elecciones y tendrán que ir al Consejo de Ministros europeo en funciones", opina Carmona. Bonín reconoce que "lo complica todo más".

"Este año es mucho peor por el tema de la representación del Gobierno, ya que hay elecciones y tendrán que ir al Consejo de Ministros europeo en funciones", Pedro Carmona (Federación de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana)

Sin visos de un 'nuevo' Reglamento

La Comisión Europea, según coinciden diferentes fuentes consultadas, no ha presentado hasta el momento una propuesta para modificar el citado Reglamento del Mediterráneo y se ha limitado a realizar una consulta pública previa, que se cerró el pasado 23 de junio. Lo que, añaden, hará difícil que haya una nueva legislación y obligará a negociar con las mismas reglas. Tanto el Ministerio de Agricultura como Cepesca, Europêche o Cofradías realizaron sus propias aportaciones.

El secretario general de Cepesca y presidente de Europêche, Javier Garat, reconoce que ,"si se modificara antes el Reglamento, el comisario de Pesca Costas Kadis tendrá más margen para negociar, sin embargo, con el vigente es una incógnita" y fija el punto de partida de la negociación para diciembre en "los 143 días de pesca de media por embarcación" fijados en 2025.

Una compleja toma de decisiones

El también máximo representante de la patronal pesquera europea introduce otras 2 variables: Lo que, desde la flota pesquera y sus representantes, perciben como "diferencias" entre el comisario Costas y la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), así como los resultados de los informes científicos de órganos consultivos como el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (STECF, en inglés) que se publicarán durante el mes de noviembre.

El presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores (FBCP), Domingo Bonín, reconoce "una diferencia abismal de trato" con Kadis y lamenta que el actual comisario "no tenga políticamente más fuerza" frente a otros estamentos. El representante de Cofradías confía en que el Parlamento Europeo tenga "un peso importante" en el proceso

"El comisario y la DG MARE parecen entidades diferentes", lamenta Garat quien pide que se valore el esfuerzo de la flota. Bonín, de Cofradías, critica que "el actual comisario no tenga políticamente más fuerza"

"El comisario y la DG MARE parecen entidades diferentes", sostiene por su parte Garat quien pondera las medidas adoptadas en los últimos años por la flota pesquera para mejorar la selectividad de peces como la instalación de puertas voladoras en las embarcaciones, que según Carmona, cuesta alrededor de 60.000 euros. Para el secretario general de Cepesca "el problema es que esta mayor selectividad no se va a ver sobre el papel, ya que se usan datos de hace 2 años" en referencia al STECF.

Garat critica que no se estén teniendo en cuenta los datos mandados por España. La Comisión de Pesca de la Eurocámara insta en su informe a "mejorar la coordinación de la investigación científica en pesca usando los datos más actualizados a nivel europeo, nacional y regional". Los eurodiputados también piden "incrementar la interoperabilidad y el intercambio entre la bases de datos europeas de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) y los institutos técnicos nacionales".

"Una situación tensa"

Pero, ¿cómo llega la flota pesquera del Mediterráneo a este punto? El también presidente de Europêche menciona otra realidad, que impacta en toda la actividad pesquera: el elevado precio del gasóleo por el conflicto en Oriente Próximo y que, según el último boletín energético del Ministerio de Agricultura publicado esta semana, se encuentra en un promedio de 1,298 euros. Esto es un 5,63% más que hace 7 días. A lo que se suma "unos precios en primera venta del pescado que no suben".

La Flota del Mediterráneo, como el resto del sector, se enfrenta a una dificultad adicional: el elevado precio del gasóleo de uso pesquero, que en solo una semana ha subido un 5,63%

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana (CPV) describe la situación de la flota como "tensa" por el elevado precio del gasóleo y señala que "muchos no saben qué hacer". Carmona cita los ejemplos de las embarcaciones de Santa Pola y Villajollosa "que están agobiados", y Bonín se queja de que un barco arrastrero de Palma tenía 230 días de pesca en 2019 de promedio, ahora solo 150 días.

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Por volta das seis horas da manhã, a plataforma internacional IQAir registrou índice de qualidade do ar de 167, classificado como insalubre. Com isso, a capital amazonense voltou ao primeiro lugar no ranking de capitais com maior poluição atmosférica do país, após ter apresentado melhora nos índices no dia anterior.

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No bairro Aleixo, na zona centro-sul, a concentração de partículas chegou a 139,6 microgramas por metro cúbico, considerado péssimo. Já no bairro Tarumã, na zona oeste, o índice era de 39 microgramas por metro cúbico, considerado moderado.

Por causa da piora da qualidade do ar, as aulas presenciais da rede municipal de ensino foram suspensas nesta sexta-feira como medida preventiva para reduzir a exposição de alunos e profissionais da educação à fumaça.

A Universidade do Estado do Amazonas também suspendeu as aulas e as demais atividades acadêmicas presenciais em todas as unidades, na capital e no interior, durante os três turnos. Na universidade, parte das atividades administrativas passou a ser realizada remotamente.

Saúde

A fumaça que atinge Manaus é resultado de queimadas no interior do Amazonas e em estados vizinhos, como Rondônia, Pará e Mato Grosso. As partículas liberadas pelo fogo podem permanecer suspensas no ar por vários dias e ser transportadas pelo vento por longas distâncias. A falta de chuvas também contribui para a permanência dos poluentes na atmosfera.

O avanço das queimadas levou o governo federal a reforçar o monitoramento dos impactos sobre a saúde da população amazonense.

Segundo o Ministério da Saúde, 12 municípios já foram identificados como necessitados de algum tipo de apoio nos serviços de saúde. Equipes da Força Nacional do SUS, em articulação com as autoridades sanitárias do estado e dos municípios, realizam diagnóstico da situação da rede de atendimento.

O Ministério da Saúde também avalia o consumo e a capacidade de fornecimento de oxigênio nas unidades de saúde, incluindo os distritos sanitários especiais indígenas. O objetivo é preparar a rede para eventuais emergências e garantir a disponibilidade de insumos essenciais.

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças pré-existentes estão entre os grupos que exigem maior atenção, já que a exposição à fumaça pode agravar problemas respiratórios e cardiovasculares.

No combate aos incêndios, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que extinguiu 303 focos de incêndio no Amazonas desde o início das operações.

Para reforçar o trabalho, 11 aeronaves foram disponibilizadas, entre aviões de combate direto ao fogo, helicópteros e uma aeronave de apoio logístico. Entre os equipamentos, estão seis aviões Air Tractor e um avião KC-390 mobilizado pelo Ministério da Defesa para o lançamento de grandes volumes de água.

No dia 10 de outubro, o governo do estado decretou situação de emergência em cerca de 36 municípios por causa das queimadas.
 

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