La Fiscalía de la Audiencia Nacional señala a Irán en sus conclusiones sobre el intento de asesinato perpetrado en 2023 en Madrid contra Alejo Vidal-Quadras, exvicepresidente del Parlamento Europeo, fundador de Vox y exdirigente del PP de Cataluña. El ministerio público, que solicita hasta 27 años de cárcel para siete procesados por el crimen, sitúa a la República Islámica tras el atentado: “Irán se ha visto involucrada en operaciones encubiertas para perseguir, intimidar e incluso asesinar a opositores, disidentes y voces críticas fuera de sus fronteras”, destaca en un escrito.

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La Audiencia Nacional ha aplicado la amnistía a los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) acusados por terrorismo. El tribunal ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía insistiera en que se debían beneficiar ya de la medida de gracia después de que esta obtuviese el pasado julio el respaldo del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Pese a que hacía tres meses que el organismo comunitario avaló la normativa, la Audiencia Nacional todavía no se había pronunciado al respecto y, a finales de septiembre, volvió a pedir a las partes que se manifestasen “sobre el alcance” que la sentencia del TJUE debía tener. Finalmente, los magistrados han comunicado su resolución este viernes.

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La exmilitante socialista Leire Díez ha presentado una querella contra el PP en la Audiencia Nacional por el vídeo elaborado con inteligencia artificial (IA) para arremeter contra el PSOE a través de la suplantación de varias personas vinculadas a los socialistas. Leire Díez reclama que se ordene la retira inmediata de esas imágenes —que los populares han lanzado esta semana en sus redes sociales y que han generado una enorme polémica— y atribuye al partido conservador tres delitos (calumnias con publicidad, contra la integridad moral y suplantación de identidad digital).

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La última ofensiva del PP lanzada en redes sociales contra el PSOE —un vídeo que suplanta con inteligencia artificial (IA) la identidad, entre otros, de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán— ha crispado aún más los ánimos de esta descarnada precampaña electoral. Los socialistas han anunciado que estudian emprender acciones legales contra los conservadores, que defienden que no tenían la intención “espuria de hacer creer que los personajes que aparecen ahí son los reales”. “Todo el mundo es capaz de interpretar que es una manera de utilizar las herramientas digitales para comunicar la hipocresía en la que vive el PSOE”, se ha amparado el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper. Sin embargo, más allá de este caso concreto, la iniciativa del partido de la calle Génova evidencia la irrupción de esta nueva tecnología en el terreno político e intensifica el debate sobre sus límites y su influencia irregular en el voto.

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Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, entra en una enorme sala de vistas de la Audiencia Nacional sobre las 10.15 de este jueves. La antigua baronesa del PP, que aún mantiene una enorme influencia en las filas conservadoras, camina de seguido hacia los magistrados del tribunal que enjuician a Ignacio González, quien fuera su mano derecha durante años y su sucesor en el cargo. Mientras ella deja el bolso en el banquillo de los acusados (a solo cinco asientos de su exsubordinado) y silencia el móvil, él evita mirarla a la cara y centra la vista en un cuaderno de notas en blanco. Establecen así tantas distancias como las que marcará Aguirre en su breve declaración para desvincularse de las irregularidades atribuidas a González por el presunto amaño de contratos del Canal de Isabel II para la puesta en marcha de un campo de golf en las instalaciones de la empresa pública en el centro de la capital (un proyecto impulsado por la propia política popular y desmantelado en 2021 tras una intensa lucha vecinal). La expresidenta regional reivindica esa idea, pero asegura que no sabe nada del desarrollo de las obras.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuestiona que uno de los vehículos del comisionista Víctor de Aldama sufriese un tiroteo como amenaza, según consta en uno de sus informes enviados a la Audiencia Nacional. Los agentes han interceptado varias comunicaciones donde el empresario informa a la aseguradora de que le “han intentado robar” en su Audi A8 y que han tratado de “romper el cristal” con un “punzón”, pero no lo “han conseguido”. “No hemos puesto denuncia porque no lo hemos visto. Ha sido de madrugada y poner denuncia es ridículo porque es perder tres horas”, añadió Víctor de Aldama.

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El empresario Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante, describió en julio en la Audiencia Nacional cómo ejercía de intermediario entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la cúpula de la aerolínea Plus Ultra, que recibió un rescate de 53 millones de euros tras la pandemia de coronavirus. “Cuando empezamos en el tema de la solicitud de esa financiación y de ese préstamo, las cosas que se me iban diciendo y las que eran importantes, yo siempre las trasladaba al presidente Zapatero”, afirmó ante el magistrado instructor José Luis Calama. “Voy informando al presidente Zapatero de las necesidades o no en el caso de Plus Ultra”, remachó, según consta en la transcripción de su comparecencia, facilitada ahora a las partes personadas en el sumario abierto contra el antiguo secretario general del PSOE.

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Lourdes Cavero, esposa del expresidente madrileño Ignacio González, ha negado este martes que la constructora Dragados costease el acondicionamiento de un jardín en su vivienda en 2006, después de que esa compañía ganase el proyecto para levantar un campo de golf en el centro de la capital. Pese a que la Fiscalía sospecha que esas obras fueron una contraprestación, la mujer del expolítico ha defendido que las abonaron de su bolsillo. “Pagué en efectivo y paulatinamente a medida que se iba avanzando con las obras”, ha insistido Cavero al declarar como testigo en el primer juicio que acoge la Audiencia Nacional contra el exdirigente del PP por el caso Lezo.

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