La presencia de Vito Quiles en la Universidad de Zaragoza ha vuelto a generar una fuerte polémica en redes sociales. El periodista y activista reaccionó con un mensaje muy comentado después de que cientos de personas se concentraran en el campus aragonés para protestar contra el acto que tenía previsto celebrar en la Facultad de Derecho.
Todo comenzó tras la difusión de imágenes de la concentración estudiantil convocada por organizaciones antifascistas y colectivos universitarios. En varios vídeos compartidos en redes sociales podían verse centenares de manifestantes concentrados en las inmediaciones de la facultad coreando consignas contra Quiles.
Fue entonces cuando el periodista respondió desde su cuenta de X con una publicación que rápidamente se viralizó.
“Estos con tal de no entrar a clase se apuntan a lo que sea. Qué bárbaro”, escribió Quiles junto a un vídeo de la protesta.
La frase desató una inmediata oleada de reacciones entre partidarios y detractores del comunicador.
La protesta coincidió con el acto convocado por Vito Quiles
La movilización estuvo relacionada con la visita que Quiles había anunciado dentro de su gira"Tour Combativos II", una serie de actos políticos y encuentros con seguidores que está desarrollando en distintas ciudades españolas.
El acto previsto en Zaragoza había generado una gran controversia desde días antes debido a que la Universidad de Zaragoza dejó claro públicamente que no había autorizado la celebración del encuentro en sus instalaciones. La institución defendió la necesidad de mantener la neutralidad institucional de los campus universitarios durante el periodo preelectoral.
Pese a ello, Quiles mantuvo la convocatoria y continuó animando a sus seguidores a acudir a la Facultad de Derecho.
En los días previos también publicó mensajes como “La izquierda no va a poder silenciar la voz de la juventud de España” o “Se acabó la hegemonía de los radicales zurdos”, reforzando la convocatoria.
Su comentario provoca un intenso debate en redes
El mensaje sobre los estudiantes terminó convirtiéndose en uno de los contenidos políticos más comentados de la jornada.
Numerosos usuarios criticaron las palabras de Quiles por considerar que menospreciaban una movilización convocada por colectivos universitarios. Otros, en cambio, respaldaron al periodista y compartieron su visión sobre las protestas organizadas contra su presencia.
La polémica se produce además en un contexto especialmente tenso alrededor de la gira universitaria de Quiles. En anteriores paradas de su recorrido por distintas ciudades ya se habían registrado movilizaciones de rechazo y fuertes enfrentamientos verbales entre simpatizantes y detractores.
Lo cierto es que su comentario sobre los estudiantes terminó eclipsando incluso el propio acto convocado en Zaragoza y volvió a colocar al periodista en el centro del debate político y universitario en redes sociales.
Antes de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez trabajó como asesor, consultor y profesor de Economía. Su trayectoria profesional pasó por el Parlamento Europeo, Bosnia y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), además de por la Universidad Camilo José Cela. Parte de esos empleos estuvo vinculada desde el principio a la actividad política, años antes de convertirse en concejal o diputado.
Su formación es económica. Sánchez se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en 1995 por el Real Colegio Universitario María Cristina, un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, según recoge su biografía oficial en Moncloa. Después amplió sus estudios sobre la economía europea y obtuvo el doctorado en 2012.
La vinculación con el PSOE había comenzado antes de terminar la carrera. Se afilió al partido en 1993 y, al año siguiente, a las Juventudes Socialistas. Por eso, sus primeros trabajos y su acercamiento a la política se desarrollaron en paralelo, aunque todavía faltaban años para que ocupara un puesto de representación pública.
De asesor en Bruselas a trabajar en Bosnia
Uno de los primeros empleos que recoge su currículo es el de asesor en el Parlamento Europeo en 1998. Para entonces había orientado parte de su formación hacia los asuntos comunitarios, con un máster en Economía de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas.
También cursó un diploma de Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. La economía y las relaciones internacionales aparecen así tanto en sus estudios como en los puestos que desempeñó durante aquellos años.
En 1999 trabajó en Bosnia. La biografía publicada por el PSOE sitúa esa etapa durante la guerra de Kosovo y le atribuye el puesto de jefe de gabinete del alto representante. La reseña de Moncloa también recoge su paso por ese gabinete, aunque sin precisar el cargo de jefatura.
Su empleo en la OCU y la consultoría para empresas
A su regreso a España, Sánchez trabajó como director de Relaciones Internacionales de la OCU en 2000, según la información biográfica del PSOE. Es uno de los puestos de su trayectoria ajenos a los cargos electos por los que después sería conocido.
Ese mismo currículo recoge su trabajo como asesor de Economía de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2000 y 2004. También señala que ejerció como consultor autónomo y asesoró a empresas extranjeras, aunque no detalla los nombres de esas compañías ni las fechas de cada encargo.
Su primer cargo electo llegó en 2004, cuando entró como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Permaneció en el consistorio hasta 2009, año en el que dio el salto al Congreso como diputado por Madrid.
Profesor de Economía en la Universidad Camilo José Cela
La docencia es otra de las ocupaciones que figuran en las biografías oficiales de Sánchez. Ejerció como profesor de Economía en la Universidad Camilo José Cela, la misma institución en la que obtuvo el doctorado en 2012.
Esa fecha permite situar su formación doctoral dentro de una carrera política que ya estaba en marcha. Para entonces había sido concejal y había pasado por el Congreso durante la legislatura anterior. Su actividad académica, por tanto, no pertenece íntegramente a una etapa previa a la política.
En 2013 publicó el libro "La nueva diplomacia económica europea". Según la reseña del PSOE, la obra recogía y desarrollaba parte de los contenidos de su tesis doctoral.
De concejal en Madrid a la presidencia del Gobierno
Tras sus primeros años como diputado, Sánchez alcanzó la Secretaría General del PSOE en julio de 2014, elegido mediante el voto directo de la militancia. Ocupó el puesto hasta 2016 y volvió a ganarlo en las primarias de mayo de 2017.
Su llegada a la presidencia del Gobierno se produjo en junio de 2018, después de prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Habían transcurrido catorce años desde su entrada en el Ayuntamiento de Madrid y más de dos décadas desde que terminó la licenciatura en Economía.
Salvador Illa, líder del PSC y exministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021, ha fijado su posición sobre varios asuntos de cara a las elecciones generales del próximo 29N.
El presidente de la Generalitat de Cataluña ha defendido a Montse Mínguez, exportavoz del PSOE, que dimitió el pasado 16 de octubre tras la crisis desatada en el partido después de que Artículo14 publicara información sobre las empresas inmobiliarias de Sergi Vélez, su pareja. Según lo publicado por este medio, su actividad incluye el alquiler de al menos 30 pisos y apartamentos, así como procedimientos de desahucio por impago.
Preguntado por la polémica salida de Mínguez, Illa fue claro y sostuvo que el caso no suponía una contradicción con las políticas socialistas en esta materia. Según explicó, en la situación mencionada se aplicaba la ley de vivienda y los precios estaban topados.
El dirigente socialista ha situado la vivienda entre las principales preocupaciones de su Ejecutivo y ha defendido la necesidad de intervenir el mercado para hacer frente a la emergencia habitacional. "Hay una emergencia habitacional y hay que intervenir el mercado de la vivienda", ha afirmado. En este sentido, ha reivindicado que el acceso a una vivienda debe entenderse como un derecho y no como un negocio.
Preguntado por el debate alrededor de la "ley de nietos", Illa ha defendido el derecho al voto de las personas que tienen la nacionalidad española y ha lamentado que miles de ciudadanos puedan quedarse sin ejercerlo mientras continúa el procedimiento judicial.
"El derecho a voto es sagrado. Me sabe mal que 168.000 personas con pasaporte no puedan ejercer el derecho a voto", sentenció en declaraciones a COPE. Además, ha señalado que el Tribunal Constitucional no ha entrado en el fondo del asunto y ha añadido que habrá que esperar para conocer cómo evoluciona el procedimiento.
Illa, sobre la inmigración y la seguridad en Cataluña
Sobre el modelo migratorio que defiende para Cataluña, el presidente de la Generalitat ha rechazado vincular directamente la inmigración con la inseguridad ciudadana.
Illa ha asegurado que la seguridad ha mejorado en Cataluña durante los últimos dos años, aunque ha reconocido que existen problemas relacionados con el aumento de las armas de fuego y el tráfico de drogas. También ha destacado que hay más efectivos policiales y más agentes de los Mossos d'Esquadra.
"Vincular inseguridad con inmigración es un relato muy demagógico que no comparto", ha afirmado al respecto.
Salvador Illa defiende a la exportavoz del PSOE: "Estamos a favor de que la vivienda sea un derecho y no un negocio. En el caso de Montse Mínguez no era una contradicción"
La investigación judicial sobre el hermano de Pedro Sánchez ha abierto un nuevo frente político en Extremadura. La Asamblea autonómica aprobó este jueves una iniciativa del Partido Popular para exigir al Gobierno central que manifieste públicamente su respaldo institucional a la jueza Beatriz Biedma, encargada de investigar a David Sánchez.
La propuesta prosperó con el apoyo de Vox y el voto en contra del PSOE y Unidas por Extremadura, en medio de la polémica por las informaciones que apuntan a presuntos contactos con clanes del narcotráfico de Badajoz para intimidar a la magistrada y obstaculizar sus investigaciones.
En la iniciativa de pronunciamiento defendida por el PP, el portavoz 'popular' José Ángel Sánchez Juliá ha comenzado su intervención mostrando un apoyo "rotundo" y "sin fisuras" a Biedma.
De esta forma, ha reseñado que si su grupo parlamentario trae esta propuesta a la cámara es porque el Gobierno y las "cloacas" del PSOE han traspasado "todas las líneas rojas" y han pasado "de la esfera política al terreno de lo criminal".
Sánchez Juliá se ha referido a que hace algunas semanas se conocieron informaciones de medios de comunicación que apuntaban a que las "cloacas del Partido Socialista hacían encargos a clanes del narcotráfico en Badajoz" para darle un "sustillo" a Biedma y frenar así sus investigaciones en el caso del hermano de Pedro Sánchez.
"Informaciones que han pasado a ser confirmaciones", ha señalado, además de considerar que estas actuaciones no se pueden "normalizar" y tienen que hacer "reaccionar a todos" y hacer "saltar todos los resortes institucionales".
Ante ello, ha condenado el "silencio cómplice" del PSOE, que es "delatante" y "preocupante". "¿Cómo es posible, señorías, que en Extremadura hubiese una organización criminal, que se pusiesen determinados medios a su disposición, que se pusiesen determinadas infraestructuras y ni el partido del Gobierno ni el Gobierno de España hayan dado una sola explicación? ¿Cómo es posible tanto silencio, señorías?", se ha preguntado.
De este modo, el 'popular' ha asegurado que su partido no espera de los socialistas en esta jornada "apoyo" o "condenas", sino una explicación, que "urge" ya, y respuestas a preguntas como "¿quién dio la orden de deshacerse de la jueza Biedma?, ¿quién del Partido Socialista de Extremadura conocía a Leire --Díez-- y sabía lo que estaba pasando en Badajoz? o ¿quién puso en contacto a las cloacas con los narcos?".
Al respecto, Sánchez Juliá ha aseverado que este jueves la política extremeña ha hablado con el sentido del voto hacia esta iniciativa, algo que harán los españoles el próximo 29 de noviembre "eligiendo entre decencia o delincuencia, entre mafia o democracia". "Lo que les digo es que la democracia va a sacar por la ventana a la mafia", ha advertido.
Entre otros aspectos, la propuesta de pronunciamiento exige al Gobierno condenar cualquier actuación dirigida a investigar "de forma clandestina, desacreditar, intimidar, coaccionar o apartar a jueces, fiscales o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" por razón de las investigaciones que desarrollen.
Otras de las medidas es ordenar, en el ámbito de sus competencias, la trazabilidad y conservación íntegra de documentos, correos, agendas, registros de visitas, expedientes, contratos, comunicaciones oficiales y demás información relacionada con los hechos, impidiendo su destrucción, alteración u ocultación y poniéndola a disposición de la autoridad judicial.
Así como reforzar los protocolos de integridad y denuncia en la Administración General del Estado y su sector público para que cualquier "ofrecimiento de favores, presión, petición de información reservada o intento de interferencia en una investigación judicial, fiscal o policial sea documentado y comunicado de inmediato a la autoridad competente, con protección efectiva frente a represalias".
También adoptar las medidas de protección y seguridad que resulten necesarias para garantizar la integridad de la magistrada instructora del caso del hermano del presidente y de cualesquiera jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad u otros servidores públicos que pudieran encontrarse "amenazados o intimidados" como consecuencia de su intervención en las investigaciones.
Finalmente, la propuesta exige la adopción de una posición "activa y firme" en defensa de la independencia judicial y del libre ejercicio de la función jurisdiccional y, a tal efecto, promover, a través de los órganos y servicios jurídicos competentes, el ejercicio de cuantas acciones judiciales resulten legalmente procedentes.
"Incluida, en su caso y cuando concurran los requisitos de legitimación exigibles, la personación de la Administración General del Estado en los procedimientos que pudieran derivarse de estos hechos, en defensa de los intereses generales y de las instituciones del Estado frente a cualquier actuación que, de resultar acreditada, pudiera estar dirigida a intimidar, condicionar o interferir ilegítimamente en el ejercicio independiente de la función judicial", ha recalcado. POSTURA DE LOS GRUPOS
En el turno de los grupos, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que se asiste a un "debate impropio" en el hemiciclo con una iniciativa que, a su juicio, "ni siquiera debía haber sido calificada por la cámara".
En su opinión, es un "esperpento" de iniciativa y ha recordado las "vergonzantes declaraciones" realizadas en la Asamblea y en medios de comunicación por miembros del gobierno y el PP en relación a este caso, momento en el que ha preguntado "qué día han ido a la Fiscalía de Extremadura a denunciar lo que han dicho que saben".
Así, la socialista ha recalcado que si se afirma que hay "pruebas" y las "conocen" se debería haber ido a la Fiscalía. "Es indecente la actitud política con la que han decidido transitar en la vida pública este nuevo PP de Extremadura", ha recalcado, además de insistir en que la posición de su partido es "inequívoca" de apoyo a la jueza Biedma y a su familia.
Por su parte, la diputada de Vox Eva García Alegre ha asegurado que lo que se está conociendo sobre el "caso Leire Díez" no es "ruido", sino que se está ante el "uso nauseabundo de métodos mafiosos" para "perseguir, espiar en la vida privada de los jueces y fiscales y desprestigiarlos por cumplir con su deber de investigar".
"Grábenselo en la cabeza, señores del PSOE, nadie está por encima de la ley, no hay ningún partido político por encima de la Constitución", ha dicho la diputada de Vox, quien ha añadido que gobernar no da a los socialistas "ni patente de corso ni impunidad".
Por ello, ha condenado "rotundamente" toda coacción a la magistrada Beatriz Biedma, al tiempo que ha recordado al PSOE que el poder es "temporal, no es eterno" y la legitimidad que otorgan las urnas "no es una bula para delinquir".
Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi Pareés ha señalado que la tribuna huele a "vergüenza ajena", ya que el PP en Extremadura ha decidido ser un "meme con patas", algo que demuestra con su "actividad parlamentaria" y la "calidad" de propuestas de pronunciamiento como ésta.
Así, como ha dicho, la iniciativa parece sacada de las "páginas centrales de cualquier revista del corazón" y a ella hay que darle "presunción de veracidad", además de invitar a los 'populares' a mirar primero lo que "tienen en casa".
Al respecto, el diputado de Unidas por Extremadura ha aludido a las "cloacas del PP", como la "maniobra montada" para ocultar la muerte y el asesinato "por incompetencia de 42 militares españoles", a la supuesta existencia de armas de destrucción masiva o la policía patriota.
La visita de Pedro Sánchez al programa La Revuelta de David Broncano no se ha emitido todavía, pero ya ha generado una nueva batalla política en redes sociales. La entrevista del presidente del Gobierno en el espacio de RTVE ha servido de excusa para que PSOE y PP protagonicen un intercambio de mensajes cargados de ironía y ataques políticos.
Todo comenzó cuando la cuenta oficial del PSOE decidió bromear con la presencia de Sánchez en el programa presentado por Broncano. Los socialistas publicaron un mensaje dirigido al presentador en el que advertían, en tono humorístico, de la importancia de la entrevista.
“A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista”, escribió el PSOE en la red social X antes de la emisión del programa.
La publicación no tardó en hacerse viral y rápidamente obtuvo respuesta desde la sede nacional del Partido Popular.
El PP aprovecha la ocasión para lanzar un dardo a Sánchez
Los populares entraron en la conversación utilizando el mismo tono irónico, pero aprovechando la oportunidad para atacar directamente al presidente del Gobierno.
“David, no seas muy duro con Pedro, que te manda a Los Rochos”, respondió la cuenta oficial del PP.
La referencia no pasó desapercibida. El mensaje hacía alusión a la polémica que durante las últimas semanas ha rodeado al PSOE a raíz de diferentes informaciones relacionadas con el denominado clan de Los Rochos, un asunto que ha sido utilizado por la oposición para intentar desgastar al Gobierno.
El comentario fue interpretado por numerosos usuarios como una forma de vincular la entrevista televisiva con las controversias políticas que rodean al Ejecutivo en plena precampaña electoral.
La publicación generó miles de reacciones y comentarios en apenas unas horas, convirtiéndose en uno de los mensajes políticos más compartidos de la jornada.
La entrevista de Sánchez se convierte en un nuevo frente político
La presencia de Sánchez en La Revuelta se produce en un momento especialmente sensible, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La estrategia del presidente pasa por reforzar su presencia mediática y acercarse a públicos más jóvenes a través de formatos televisivos alejados de la entrevista política tradicional.
Mientras el PSOE intenta convertir la entrevista en un escaparate para su líder, el PP ha optado por utilizar el acontecimiento para mantener la presión sobre Sánchez y recordar algunas de las polémicas que han marcado la legislatura.
El intercambio de mensajes evidencia hasta qué punto la precampaña electoral se está librando también en redes sociales, donde una simple broma puede transformarse en una nueva herramienta de confrontación política.
Por el momento, la entrevista todavía no se ha emitido, pero el cruce entre populares y socialistas ya ha conseguido convertirla en uno de los acontecimientos políticos más comentados del día.
El Partido Socialista ha confirmado este jueves que participará en un cara a cara con el principal líder de la oposición el próximo 16 de noviembre, primer lunes de campaña electoral. De esta forma, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se volverán a encontrar en un debate organizado por una cadena privada, tal y como ocurrió el 11 de julio de 2023 antes de las elecciones generales en Antena 3 (Atresmedia). Desde principios de octubre, el Partido Popular ya había confirmado su disposición para celebrar el cara a cara con el líder socialista en esta fecha. El PP quiere que tenga lugar en Mediaset, aunque el PSOE no lo ha confirmado.
Los candidatos a la presidencia del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez (i) y el popular Alberto Núñez Feijóo, antes de iniciar el debate electoral del 11 de julio de 2023.
Desde que formaron Gobierno de coalición con el PP tras las elecciones andaluzas, los diputados de Vox se sienten más fuertes y envalentonados. Y entre esos parlamentarios hay uno que es además vicepresidente segundo, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Se llama Manuel Gavira, fue candidato a la presidencia de la Junta por Vox, es abogado, es de Cádiz y tiene 57 años. En el primer pleno ordinario de la XIII Legislatura llamó “puteros” a los socialistas en el debate de una iniciativa presentada por el PSOE sobre la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. Lo hizo desde el banco verde del Ejecutivo.
El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, durante la sesión de control del Parlamento de Andalucía, este jueves en Sevilla.
El PSOE ha pedido al juez a cargo del caso Leire Díez que le dé más tiempo para poder entregar a la Audiencia Nacional la documentación que le reclamó sobre la contratación de abogados y consultores del partido entre 2021 y 2025. En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la formación ha explicado que se encuentra a la espera de que el Consejo General de la Abogacía Española le conteste si la información requerida afecta al secreto profesional, una petición que, según ha incidido, “no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado” por el instructor. Además, ha incidido en que los datos reclamados no están centralizados y que ahora, como está “concentrada” en el “desarrollo de la campaña” electoral, su capacidad de “respuesta inmediata” se ve “obviamente mermada”.
En los próximos días se realizará el sorteo para determinar a los miembros de las mesas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, los ayuntamientos designarán mediante sorteo a quienes serán presidentes y vocales de las mesas y deberán comunicarles su designación en un plazo máximo de tres días.
A partir de ese momento, los elegidos tendrán siete días para presentar alegaciones si no están en condiciones de participar en la jornada electoral. Uno de los motivos para quedar eximido de esta responsabilidad, recogido en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, es encontrarse en situación de incapacidad temporal para el trabajo, acreditada mediante la correspondiente baja médica.
Por tanto, si estás de baja laboral puedes solicitar quedar eximido de formar parte de una mesa electoral durante el 29N, siempre que acredites debidamente esta situación.
Si el impedimento aparece posteriormente, también puede comunicarse. Cuando falten al menos 72 horas para las elecciones, el ciudadano deberá informar a la Junta Electoral de Zona y presentar la documentación que justifique la imposibilidad de acudir. En situaciones sobrevenidas y de última hora, cuando ya no sea posible cumplir ese plazo, será necesario comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral y, en todo caso, antes de la constitución de la mesa.
Eso sí, la Junta Electoral dispone de un plazo de cinco días para resolver las alegaciones presentadas. Solo la Junta Electoral de Zona tiene la potestad de aceptar o rechazar las excusas para no formar parte de la mesa electoral.
Otros motivos que permiten quedar eximido de una mesa electoral
Ser mayor de 65 años y menor de 70.
Estar en situación de discapacidad.
Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Estar embarazada de seis meses o más o encontrarse en el período correspondiente de descanso para el cuidado del menor.
Estar internado en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico.
Haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años.
Ser víctima de un delito cuando exista una resolución judicial en vigor que imponga al condenado o investigado una prohibición de aproximación y este figure inscrito en alguna de las mesas del mismo colegio electoral.
También debes recordar que no presentarse sin una causa justificada o abandonar las funciones asignadas puede tener consecuencias penales. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses para presidentes, vocales y suplentes que incumplan determinadas obligaciones relacionadas con el desempeño de estos cargos.
El Ministerio del Interior ha tomado la decisión de retirar las placas de matrícula reservadas que, con fines de seguridad personal y de sus familias, tenían los miembros de la Guardia Civil de las comandancias del País Vasco y Navarra, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Se mantienen las que usan los grupos operativos, lo que no resta gravedad a la resolución adoptada. Esta nueva situación coincide con la entrada en la cárcel de dos miembros del movimiento disidente proetarra Jardun, que tenían en su poder información relevante sobre agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los fines por los que habían acumulado los datos sólo los conocen los ahora encarcelados, ya que se negaron a declarar ante el juez, pero resulta preocupante que estuvieran en manos de unos individuos, uno de los cuales fue el encargado de leer el manifiesto del «Gudari Eguna» (Día del Soldado Vasco), que se celebró en una localidad fronteriza francesa al día siguiente de que fueran interceptados por una patrulla de Tráfico de la Ertzaintza que, inexplicablemente, no procedió a su detención para que se pusieran en marcha los protocolos habituales en estos casos, entre ellos el registro de sus domicilios. Además, lo ocurrido el 26 de septiembre se mantuvo oculto a la opinión pública hasta que el Gobierno del PNV-PSE decidió darlos a conocer días pasados.
El manejo de la información que se incautó, fuera por razones políticas u otras, no resta gravedad al asunto, por lo que no se entiende la medida adoptada por el Ministerio del Interior que afecta a la seguridad de los agentes y sus familias.
Las placas reservadas de matrícula es una medida de seguridad destinada a que los individuos, por las razones que sean, quieran controlar los movimientos de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco y Navarra. Se trata de algo absolutamente necesario cuando ETA estaba operativa. Es verdad que la banda terrorista ha dejado de matar lo que no significa que su siniestra presencia no se mantenga en las provincias del norte, bien sea con pintadas, homenajes y una omnipresencia de determinados elementos que estuvieron vinculados a su entorno y que ejercen una presión sobre los sectores considerados como españolistas.
Las fuentes que ha consultado este periódico no se explican por qué se ha adoptado esta medida y qué necesidad había de hacerlo ahora. En las dos últimas legislaturas, la opinión pública ha asistido, singularmente las víctimas del terrorismo, al blanqueamiento de ETA y sus crímenes, como si la banda no hubiera existido, tal vez para justificar unos pactos políticos necesarios para el mantenimiento del poder.
Es responsabilidad de quien lo ha hecho que deberá someterse al veredicto de las urnas el 29N, pero retirar una medida de seguridad necesaria no va a contribuir a cambiar una historia que está ahí, para dolor de tantos españoles.
Las placas reservadas de matrícula es una de tantas medidas para evitar que determinados individuos, como al parecer ocurría con los encarcelados de Jardun, pudieran identificar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad.
Al retirar la medida a los vehículos particulares se expone no sólo a los agentes sino también a sus familias, que pueden viajar con ellos para cualquier desplazamiento, como ir al colegio, compras, vacaciones, etcétera.
Se dirá que ya no hay peligro, los últimos acontecimientos parecen indicar lo contrario; en cualquier caso, como medida preventiva no costaba tanto mantenerla porque a ningún agente que trabaje en el País Vasco y a sus familiares les gusta ser identificados por los señalamientos existen con fines claramente intimidatorios.
“Normalización” es una palabra que durante décadas utilizó el entorno de la banda terrorista dentro de su estrategia de poner en el mismo fiel de la balanza a víctimas y verdugos.
Las referidas fuentes señalaron que los agentes no entran en asuntos políticos sino a los que pueden afectar a su seguridad personal y familiar y, sobre todo, al derecho que tiene todo español a disfrutar de una vida tranquila sin tener que poner en marcha medidas suplementarias en lo que afecta a sus vehículos.
Se supone que, al igual que en los vehículos operativos, las placas reservadas se mantienen para su uso en los vehículos oficiales camuflados de instituciones oficiales dado la amenaza terrorista de carácter global que sufre Occidente.
Uno de los programas más ambiciosos de modernización de las Fuerzas Armadas españolas ha quedado temporalmente bloqueado.
Se trata del Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), un proyecto valorado en cerca de 2.000 millones de euros que debía renovar una parte importante de los medios acorazados del Ejército de Tierra y sustituir a los veteranos TOA que llevan décadas en servicio.
Según informa El País, el Ministerio de Defensa ha decidido paralizar el inicio del programa después de las diferencias surgidas con el consorcio adjudicatario, Tess Defence, liderado por Indra. La propuesta económica planteada por las empresas habría superado ampliamente las previsiones iniciales del departamento.
El proyecto estaba considerado estratégico por el Ejército de Tierra debido a la antigüedad de muchos de los vehículos que actualmente siguen operativos y que fueron diseñados hace varias décadas.
El blindado llamado a sustituir a los históricos TOA
El objetivo principal del programa VAC era sustituir a los conocidos TOA M-113, vehículos blindados de transporte de tropas que comenzaron a incorporarse hace más de medio siglo y que todavía continúan prestando servicio en numerosas unidades.
Aunque estos vehículos han sido actualizados en varias ocasiones, sus capacidades se encuentran muy alejadas de las exigencias operativas actuales. Por ello, Defensa apostó por una nueva plataforma capaz de ofrecer mayor protección, más movilidad, mejores comunicaciones y una integración completa en los sistemas digitales de combate.
El programa contemplaba distintas versiones especializadas destinadas al transporte de tropas, evacuación sanitaria, apoyo logístico, mando y control o recuperación de vehículos dañados.
No se trataba de una compra menor. Con casi 2.000 millones de euros de presupuesto, el VAC se había convertido en uno de los mayores contratos para la industria militar terrestre española.
Defensa mantiene abiertas las negociaciones
Pese a la paralización, el proyecto no se considera cancelado. Según explica El País, las conversaciones entre el Ministerio de Defensa y el consorcio industrial continúan abiertas y ambas partes siguen trabajando sobre una nueva propuesta presentada durante el pasado mes de septiembre.
Fuentes gubernamentales citadas por el diario aseguran que el objetivo es desbloquear una iniciativa considerada esencial para el futuro de las capacidades terrestres españolas.
El interés de Defensa es evidente. La sustitución de los TOA forma parte de un proceso mucho más amplio que incluye programas como el 8x8 Dragón, nuevos sistemas de defensa aérea y diversos proyectos de digitalización y modernización militar.
Mientras continúan las negociaciones, el futuro del VAC permanece en suspenso. Sin embargo, una cosa parece clara: el Ejército de Tierra necesitará reemplazar tarde o temprano unos vehículos que, pese a su fiabilidad y trayectoria, se acercan al final de su vida operativa.
Pese a que se vaticinaba lo contrario, el Tribunal Constitucional ha inadmitido, por una amplia mayoría, el recurso presentado por el Defensor del Pueblo. Si la credibilidad de Ángel Gabilondo estaba deteriorada, la decisión del Constitucional le ha dado la estocada final.
En las distintas e importantes responsabilidades que ha ostentado, nunca ha sido una característica de Gabilondo un nivel elevado de actividad. Ha sido su sello personal en su etapa como rector, en la de portavoz en la Asamblea y en la actual como defensor del pueblo.
Según las memorias del Tribunal Constitucional, Gabilondo solo ha interpuesto un recurso de amparo en los casi cinco años que lleva al frente de la institución, precisamente contra la decisión del Tribunal Supremo en relación con la denominada Ley de Nietos.
En lo único que se ha mostrado siempre raudo es en atender las peticiones que se le han realizado desde la calle Ferraz. Así fue cuando se le sondeó sobre la disponibilidad para ser candidato a la alcaldía de Madrid en el año 2010, aunque finalmente la decisión de la dirección socialista fue otra.
De igual manera, aceptó, en menos de 24 horas, ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 y fue líder de la oposición hasta que Pedro Sánchez decidió que había que relevarlo y exigió alguna contrapartida. Se consideró que sería útil como defensor del pueblo.
La ironía es que quien invoca la Constitución ha recibido una respuesta basada precisamente en el respeto al procedimiento constitucional. La inadmisión de su recurso lleva a preguntarse si el Defensor del Pueblo está ejerciendo toda su función constitucional o si está concentrando su actuación en una sola dimensión del problema.
La Instrucción de octubre de 2022 estableció una presunción de exilio para los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa interpretación administrativa es una de las cuestiones controvertidas del caso. La segunda pregunta incómoda es ¿qué investigaciones administrativas ha promovido el Defensor para comprobar la aplicación de esa instrucción y las garantías del censo?
No es una cuestión ajena al Defensor del Pueblo, el 12 de diciembre de 2024, Gabilondo dirigió un recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento de Gijón por un error administrativo que había impedido votar a un ciudadano en las elecciones europeas.
Si el Defensor consideró necesario exigir rigor administrativo para proteger el voto de una persona en Gijón, ¿qué grado de supervisión administrativa corresponde cuando están afectados más de 163.000 electores residentes en el extranjero?
Nadie debería olvidar que la memoria de los exiliados merece respeto, pero el censo electoral, además, exige garantías y seguridad jurídica.
La batalla judicial por el derecho al voto de miles de españoles nacionalizados a través de la conocida como ‘ley de nietos’ continúa creciendo. Tres de los afectados por la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo han decidido presentar alegaciones ante el alto tribunal con el respaldo del despacho ILOCAD, liderado por el exjuez Baltasar Garzón.
Según ha informado Europa Press, la defensa considera que la medida adoptada por el Supremo no solo perjudica a los tres recurrentes, sino también a miles de ciudadanos españoles que podrían quedarse sin ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
El despacho ha presentado un escrito en el que solicita acceder de forma completa al procedimiento judicial y que los afectados sean reconocidos formalmente como parte del mismo.
Los abogados sostienen que el tribunal ha acordado una limitación que carece de respaldo legal suficiente y que afecta a un derecho considerado fundamental dentro del sistema democrático español.
La controversia gira en torno a ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, una norma que permitió acceder a la nacionalidad a descendientes de españoles residentes en el extranjero.
La defensa denuncia la vulneración de tres derechos fundamentales
El despacho de Garzón sostiene que la medida cautelar acordada por el Supremo vulnera en primer lugar el derecho de sufragio activo, es decir, el derecho a participar en unas elecciones mediante el voto.
A juicio de los abogados, el sistema jurídico español no contempla actualmente la suspensión de este derecho mediante una decisión cautelar de la naturaleza adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Además, las alegaciones presentadas denuncian una vulneración del principio de igualdad.
Según la defensa, la medida afecta exclusivamente a parte de los ciudadanos inscritos en el CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes, mientras que no se aplica a otros nacionalizados que adquirieron la ciudadanía española exactamente por la misma vía.
Los abogados explican que tampoco se ha impedido votar a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática y están inscritos como residentes en España, una diferencia de trato que consideran injustificada.
El tercer derecho supuestamente vulnerado sería el de la tutela judicial efectiva.
El despacho argumenta que la decisión judicial provoca una situación de indefensión porque sus efectos son prácticamente irreversibles.
La celebración de las elecciones convierte la medida en un perjuicio difícilmente reparable, ya que, una vez celebrados los comicios, los afectados no podrán recuperar la posibilidad de participar en esa convocatoria concreta.
Reclaman la nulidad de la medida y una posible indemnización
Las alegaciones también cuestionan los motivos que justificaron la adopción de las medidas cautelares. Según la defensa, la resolución no cumple requisitos esenciales como la proporcionalidad, la existencia de un riesgo derivado de la demora procesal o la apariencia de buen derecho.
Por ese motivo, el despacho solicita al Tribunal Supremo la nulidad de las medidas cautelares y plantea incluso la posibilidad de reclamar una compensación por los daños sufridos por quienes han visto restringido su derecho al voto.
El abogado Pedro J. Díaz, integrante de ILOCAD, considera que la situación se ha agravado después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, dirigido por Ángel Gabilondo.
Esa decisión fue adoptada este miércoles al considerar prematuro el recurso de amparo presentado por la institución. A dicho recurso se había sumado además el despacho de Garzón en representación de un ciudadano español de origen argentino.
Los recurrentes sostienen que la consecuencia práctica de esta cadena de resoluciones es que miles de ciudadanos españoles podrían quedarse sin votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre pese a contar con la nacionalidad española plenamente reconocida.
A medida que avanza el calendario electoral, el conflicto jurídico adquiere una mayor relevancia política y social. La resolución que adopte el Supremo podría afectar directamente a un colectivo que reclama participar en las urnas en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos españoles.
Rahal El Makkaoui, jefe del grupo parlamentario del Istiqlal, partido que forma parte de la coalición de Gobierno de Al Mansouri, ha manifestado que las relaciones con España están supeditadas al "expediente de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla y las islas Jaafari (islas ypeñones de soberançia) se basa en la adhesión a la soberanía nacional y la defensa de la integridad territorial del Reino".
Subrayó que el respeto a los principios de coexistencia y cooperación que unen a ambos países, en virtud de la proximidad geográfica y los lazos históricos, no puede ir en detrimento de la soberanía territorial de Marruecos, que consideró vinculada a la recuperación de las ciudades de Ceuta y Melilla y las islas Jaafari.
Al-Makawi criticó lo que describió como la explotación política y mediática del tema por parte de algunos partidos españoles, considerando que tales posturas van más allá de los límites de la convivencia positiva que debería enmarcar las relaciones entre los dos países, y no son compatibles con los requisitos para construir una asociación basada en el respeto y la confianza mutuos.
El portavoz afirmó que Marruecos, basándose en su compromiso con la justicia de sus causas nacionales, no aceptará que su asociación con España se convierta en un medio de presión, chantaje o amenazas, e hizo hincapié en que las relaciones bilaterales no pueden mantenerse ignorando los asuntos pendientes, sino que requieren abordarlos con espíritu de responsabilidad y claridad
España perdió capacidad operativa de artillería de cohetes en 2011, cuando retiró los lanzacohetes Teruel tras más de tres décadas en servicio. Quince años después, el relevo sigue pendiente. El programa Silam (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad), puesto en marcha para cubrir esa carencia, atraviesa una etapa de incertidumbre tras la cancelación de los contratos iniciales.
"Una situación incierta". Así definió Antonio Mongío Bergua, jefe del Mando de Artillería de Campaña, el estado en que se encuentra el futuro sistema del Ejército de Tierra. Según publicó Infodefensa el 7 de octubre de 2026, todavía continúa la búsqueda de un socio tecnológico que dé a España la autoridad de diseño.
Marruecos refuerza su artillería
La comparativa entre ambos países queda reflejada en el ranking Global Firepower 2026 y recogida por Euronews. Según sus estimaciones, Marruecos dispone de 185 lanzacohetes múltiples móviles, frente a ninguno de España desde la retirada de los Teruel.
Las Fuerzas Armadas marroquíes poseen, entre otros, sistemas chinos y el sistema israelí PULS, que ya está en servicio, según informa bladi.net. Un equipamiento que les permite lanzar salvas de cohetes contra objetivos terrestres a diferentes distancias, dependiendo de la munición utilizada.
Además, Estados Unidos autorizó en abril de 2023 la posible venta a Marruecos de 18 lanzadores HIMARS, junto con misiles ATACMS y cohetes guiados, por un importe estimado de 524,2 millones de dólares. Así consta en el comunicado oficial de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa estadounidense.
El calendario de 2028 ya no está asegurado
Según explicó el departamento que dirige Margarita Robles en abril de 2023, "la previsión es alcanzar la plena operatividad del Silam en el año 2028". Tal y como destacó el Ejército por aquel entonces, los lanzacohetes tendrán un papel clave en los escenarios futuros: "Gracias a ellos, se mantendrá una gran capacidad de respuesta con elevada profundidad y precisión para apoyar a cualquiera de sus unidades subordinadas".
Sin embargo, la cancelación de los contratos en septiembre de 2025 obligó a replantear el proyecto. La búsqueda de un socio tecnológico que permita a España asumir la autoridad de diseño sigue siendo uno de los obstáculos. Por eso, el plazo que se estimó hace cinco años no debe presentarse, ni por asomo, como una fecha confirmada.
Con todo, el Ejército de Tierra continúa pendiente de recuperar una capacidad que se perdió tras la retirada del Teruel, y que responde a una de las grandes carencias actuales de la artillería española.
El expresidente del Gobierno Felipe González ha entrado en la precampaña, pero no para apoyar al PSOE, el partido del que fue secretario general durante 23 años. Preguntado durante un acto en el Círculo Empresarial de Málaga sobre cuál va a ser su preferencia electoral en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha justificado por qué va a votar en blanco: “Si me siento representado, voto por alguien que me represente. Si no, voto en blanco. Es un voto positivo, no es una abstención. Explica lo que siento, la carencia de representación”.
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