Super Mario en 3D no es un único videojuego, sino el nombre que reúne a las entregas de la saga de Nintendo diseñadas en tres dimensiones.
A diferencia de los títulos clásicos en 2D, donde Mario avanza principalmente de izquierda a derecha, estas aventuras permiten recorrer escenarios con profundidad, altura y libertad de movimiento de 360 grados.
El juego Super Mario Odyssey y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury están disponibles en Nintendo Switch; Super Mario 3D Land fue lanzado para Nintendo 3DS; Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 llegaron a Wii, mientras que Super Mario 64 debutó en Nintendo 64.
Existe Super Mario 3D All-Stars, una colección para Nintendo Switch que reúne versiones remasterizadas en alta definición de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.
La selección combina juegos de exploración libre con otros de niveles más lineales, aunque todos conservan el salto y el movimiento tridimensional como eje de la experiencia.
Los mejores juegos de Super Mario en 3D
Super Mario Odyssey.
Encabeza la lista por su estructura de exploración libre. Mario viaja por distintos reinos a bordo de la nave Odyssey para rescatar a la princesa Peach. Su principal novedad es Cappy, un sombrero vivo que permite capturar enemigos y objetos para usar sus habilidades. Fue lanzado en 2017 para Nintendo Switch.
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.
Combina niveles de plataformas lineales con un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores. El traje de gato permite a Mario trepar paredes y modificar su desplazamiento.
La edición de Nintendo Switch incorpora Bowser’s Fury, una expansión de exploración abierta en la que Mario recorre un archipiélago junto a Bowsy.
Bowser’s Fury.
Merece un lugar propio por su cambio de formato dentro de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. La expansión lleva a Mario a un entorno más abierto, con islas conectadas y desafíos distribuidos en el escenario. El enfrentamiento con Furia Bowser marca el ritmo de la exploración.
Super Mario 3D World.
Lanzado originalmente para Wii U, trasladó el diseño de plataformas con meta final a un espacio tridimensional. Su cámara más fija acerca la experiencia a los juegos clásicos en 2D, pero mantiene la libertad de movimiento en cada nivel y potencia el juego cooperativo.
Super Mario Galaxy 2.
Llevó de nuevo a Mario al espacio y profundizó la fórmula basada en planetas pequeños, superficies curvas y cambios de gravedad. Su diseño propone niveles construidos alrededor de desafíos concretos, con saltos y recorridos que aprovechan la física de cada escenario.
Super Mario Galaxy.
Presentó ese concepto en 2007. Mario viaja entre galaxias y planetas de distintos tamaños, donde caminar por una esfera o saltar hacia otra superficie modifica la dirección del recorrido. La gravedad se convirtió en una de las mecánicas centrales de la aventura.
Super Mario 3D Land.
Adaptó las plataformas tridimensionales a Nintendo 3DS. El juego combina niveles breves, límite de tiempo y un banderín de meta, con una cámara pensada para ordenar la acción y facilitar los saltos.
Super Mario Sunshine.
Cambió el Reino Champiñón por una isla marcada por pintura y suciedad. Mario utiliza la mochila de agua A.C.U.A.C. para limpiar escenarios, atacar enemigos y planear durante los saltos.
Super Mario 3D All-Stars.
No es una aventura inédita, sino una recopilación que permite jugar en Nintendo Switch a tres clásicos: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.
Super Mario 64
Cierra la lista como el pionero de la saga. Lanzado en 1996, estableció las bases del control de Mario en entornos tridimensionales: correr, saltar, nadar y explorar el castillo de Peach para conseguir Estrellas.
TikTok and other sites were told to curb protest footage and AI-altered images, while online retailers like Vinted and eBay reportedly signed an agreement stop looted goods from flooding resale sites.
Resultados das provas de monitorização ModA foram enviados às escolas. A Matemática, os resultados melhoraram ligeiramente face a 2025 e mantêm-se na positiva. A Português são mais baixos
Resultados das provas de monitorização ModA foram enviados às escolas. A Matemática, os resultados melhoraram ligeiramente face a 2025 e mantêm-se na positiva. A Português são mais baixos
Admitindo que a Lufthansa é menos flexível do que a Air France-KLM em matéria laboral, o SPAC, que representa os pilotos, acredita que a TAP fica a ganhar com as mudanças que o novo acionista trará e que os slots da transportadora não estão em risco. Sitava teme uma segmentação da companhia e SNPVAC lamenta não ter sido ouvido
Admitindo que a Lufthansa é menos flexível do que a Air France-KLM em matéria laboral, o SPAC, que representa os pilotos, acredita que a TAP fica a ganhar com as mudanças que o novo acionista trará e que os slots da transportadora não estão em risco. Sitava teme uma segmentação da companhia e SNPVAC lamenta não ter sido ouvido
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no ha querido adelantar cuáles serán las propuestas del PSOE frente a la crisis habitacional de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, aunque sí ha señalado que una de las tareas que quedan pendientes para la próxima legislatura es la reforma de la ley del suelo, una modificación que ya se intentó en 2024 y 2025. Rodríguez ha redoblado la apuesta y ha abogado por una reforma "más ambiciosa y valiente" que la planteada entonces.
"Cosas que creo que tendremos que hacer es una ley del suelo mucho más ambiciosa y valiente que la reforma que habíamos planteado", ha dicho este martes en un coloquio informativo organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, donde ha advertido de que "la política de suelo en este país no se está tomando en serio" y ha criticado especialmente que haya administraciones que vendan suelo público sin ningún tipo de protección.
La voluntad del Gobierno de reformar la ley del suelo para agilizar la construcción de viviendas fue un mantra al inicio de la legislatura. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley en 2024 que inicialmente no llegó a debatirse en el Congreso porque el Ejecutivo lo retiró en el último momento por temor a perder la votación por falta de apoyos. Los partidos a la izquierda del PSOE rechazan la posición de los socialistas en esta materia, acusándolos de querer favorecer la especulación. Del otro lado, el PP coincide en la necesidad de reformar la ley del suelo y ha planteado propuestas similares a la del Gobierno, pero en el segundo intento de 2025 votó en contra del texto del Ejecutivo por considerar que cualquier solución a la emergencia habitacional pasa por derogar primero la ley de vivienda.
Pese al fracaso en los intentos por reformar la ley del suelo, Rodríguez ha defendido que la ampliación de la oferta es uno de los grandes frentes en los que ha actuado su departamento a lo largo de esta legislatura, con medidas como el trasvase de más de 40.000 viviendas de Sareb a la nueva empresa pública Casa 47 o la reducción del IVA al 4% para la construcción de viviendas públicas y protegidas, entre otras. "Necesitamos más viviendas", ha recalcado, subrayando la necesidad de ampliar la oferta para atajar la crisis habitacional.
En este sentido, ha respondido al compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar la construcción de un millón de viviendas si llega al Gobierno y de hacerlo con "más suelo y menos burocracia". Rodríguez ha señalado que bajo los sucesivos mandatos de Pedro Sánchez ya se ha llegado a esa cifra y ha advertido del riesgo de liberalizar suelo público. Sí ha coincidido con Feijóo en la necesidad de construir más vivienda para atajar la crisis habitacional y de reducir la burocracia.
"Lo de menos burocracia se lo compro, lo de más suelo se lo matizo, en el sentido de la preservación de suelo público [...], y el millón se lo igualo", le ha contestado la ministra a Feijóo este martes, destacando que durante los años de gobierno de Pedro Sánchez se han promovido 940.000 visados de obra para la construcción de viviendas. Ha opinado que si la legislatura se hubiera agotado, se habría llegado al millón. Este dato incluye todas las obras que han sido autorizadas en este tiempo, tanto de viviendas libres como protegidas, con independencia de si han sido o no ejecutadas y finalizadas.
Más allá de la referencia a la ley del suelo, Rodríguez no ha querido dar pistas sobre cuál será le programa electoral del PSOE en materia de vivienda de cara al 29-N. Se ha limitado a decir que el partido está ya trabajando en ello y que será un programa "ambicioso". Preguntada por cómo harán para que sus propuestas resulten creíbles después de ocho años en el Gobierno, la ministra ha remitido al trabajo de su departamento. "Constatando lo que hemos hecho y siendo honestos con la ciudadanía y expresando por qué no se ha podido hacer más", ha respondido.
Rodríguez ha asegurado que al Gobierno no le ha faltado "valentía" para sacar adelante medidas en materia de vivienda sino "votos en el Congreso", tal y como, a su juicio, se vio en la votación del 2 de octubre, cuando PP, Vox, Junts y UPN tumbaron los decretos con medidas urgentes aprobados por el Consejo de Ministros tras el desahucio de Maricarmen Abascal. La ministra ha lamentado la falta de colaboración a lo largo de toda la legislatura por parte de la derecha para hacerse eco de los "consensos sociales" y dar soluciones al problema de la vivienda. "He encontrado mucho más consenso en la calle, en el sector y en la sociedad que en la política y esto es un drama", ha afirmado, apuntando a una "gran desconexión" entre política y sociedad en esta materia.
"No hemos tenido las mayorías necesarias para haber culminado algunos trabajos y tampoco la necesaria colaboración que se hubiera requerido por las administraciones sin cuya colaboración no puede avanzar la política pública de vivienda en nuestro país", ha valorado, al mismo tiempo que ha remarcado que el problema de fondo radica en que la vivienda "ha dejado de ser un bien esencial para ser un activo financiero" y ha defendido la necesidad de "regular" e "intervenir" el mercado para cumplir con el mandato constitucional de garantizar el acceso a la vivienda y evitar la especulación.
El Gobierno ha aprobado este martes una partida de 180 millones de euros para aumentar la oferta de viviendas de alquiler social y asequibleen las zonas tensionadas. Se trata, por tanto, de una inyección de dinero que se reparte entre las cinco comunidades que aplican el mecanismo previsto en la ley de vivienda: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. Estos recursos "extraordinarios" podrán destinarse tanto a la promoción de nuevas viviendas como a la compra de pisos ya existentes por parte de las administraciones, entre otras líneas de actuación.
"Cuando reconocemos zonas de mercado tensionado no estamos reconociendo algo positivo, sino un problema y, por tanto, la necesidad de abordarlo en sus soluciones", ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha defendido que la ley de vivienda habilita al Gobierno a movilizar "recursos extraordinarios" para atajar la crisis habitacional allí donde se han declarado zonas tensionadas.
Este mecanismo, que permite topar el precio de los alquileres y ofrecer bonificaciones fiscales adicionales para los caseros, está previsto para zonas donde las familias tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda o donde el precio de los pisos haya crecido por encima del IPC en los últimos años. La declaración de zonas tensionadas corresponde a las comunidades. Son cinco las autonomías que han dado este paso y entre ellas se distribuyen los 180 millones de euros aprobados por el Gobierno, en función del número de municipios declarados como zonas tensionadas.
En concreto, Cataluña es la que más fondos percibirá. Le corresponden 119,4 millones de euros para un total de 271 municipios declarados como zonas tensionadas. La sigue País Vasco, con 31 millones de euros y 18 municipios con restricciones; Navarra, con 13,3 millones y 21 municipios con zonas tensionadas; y Galicia y Asturias, con 10,2 millones y 5,9 millones de euros respectivamente. En el caso de Galicia, las zonas tensionadas solo funcionan en A Coruña y Santiago de Compostela, dado que la Xunta —al igual que el resto de comunidades del PP— discrepa de la utilidad de esta medida. En Asturias, son 5 municipios los afectados por las zonas tensionadas, aunque con aplicación restringida a barrios concretos. Hay un total de 317 localidades donde funciona este mecanismo y en ellas viven más de 9 millones de personas.
Según ha explicado la ministra de Vivienda, las comunidades receptoras de estos fondos podrán destinarlos a varias líneas de actuación, todas ellas encaminadas a aumentar la oferta de alquiler social y asequible en zonas tensionadas. Podrán dedicarlos a la promoción o rehabilitación de viviendas tanto libres como protegidas que se destinen a estas fórmulas de arrendamiento. También podrán utilizarlos para comprar suelos sobre los que se edificar viviendas, para el desarrollo y la urbanización de suelos y para la compra de viviendas ya construidas y destinarlas a alquiler social o asequible. Además, a petición de las propias comunidades, se incluye la posibilidad de emplear estos fondos para financiar los avales de alquiler para inquilinos jóvenes.
Alojamiento universitario
Por otro lado, el Ejecutivo también ha aprobado este martes los 45 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar alojamientos universitarios asequibles tanto para estudiantes como para personal docente e investigador. Estos fondos irán a proyectos concretos de siete centros públicos: la Universidad Autónoma de Madrid (13,3 millones), la Universidad de Castilla-La Mancha (8,1 millones), la Universidad Pablo de Olavide (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,9 millones), la Universitat Jaume I de Castelló (4,5 millones), la Universidad de Jaén (3,5 millones) y el Ayuntamiento de Lleida (2,9 millones). El Gobierno calcula que se podrán impulsar, en una primera fase, 2.000 plazas.
El objetivo es facilitar el alojamiento a los estudiantes y al personal docente e investigador, así como favorecer la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias. Rodríguez ha defendido que las dos partidas aprobadas este martes por el Gobierno tienen el mismo propósito: "Avanzar en garantizar el derecho de acceso a la vivienda y promover vivienda allí donde más falta y a quien más falta hace".
El Gobierno ha aprobado este martes el decreto ley que contiene la ampliación del derecho a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que ni se casasen ni se registrasen como parejas de hecho. Desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta norma, tanto los futuros supervivientes como los pasados tienen derecho a pedir esta prestación si acreditan dos años de convivencia ininterrumpida mediante el padrón. Para el segundo grupo se abre una ventana de un año para que aporten pruebas del derecho a la misma.
Uma nova estatística que vai passar a ser atualizada trimestralmente pelo Banco de Portugal mostra que a habitação continua a ser o principal ativo das famílias portuguesas. No país, os 10% mais ricos concentram quase 59% da riqueza líquida das famílias
Uma nova estatística que vai passar a ser atualizada trimestralmente pelo Banco de Portugal mostra que a habitação continua a ser o principal ativo das famílias portuguesas. No país, os 10% mais ricos concentram quase 59% da riqueza líquida das famílias
O número de desempregados inscritos nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) diminuiu em setembro, tanto em cadeia como em termos homólogos, segundo os dados divulgados esta terça-feira. Desde julho que o total de indivíduos sem trabalho vinha aumentando, tendo o nono mês do ano sido sinónimo de uma inversão da tendência.
“No fim do mês de setembro de 2026, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões Autónomas 271.984 indivíduos desempregados. O total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2025 (-30.616; -10,1% ) e no mês anterior (- 1.739; -0,6%)”, indica o IEFP, numa nota publicada esta manhã.
A nível regional, em setembro o desemprego registado diminuiu em termos homólogos em todas as zonas do países, com os recuos mais acentuados a serem registados no Norte (-16,7%), na Madeira (-8,4%) e no Algarve (-6,9%).
Já em comparação com agosto, apesar de, na globalidade do país, o número de desempregados inscritos ter decrescido, nalgumas regiões ocorreu o oposto. No Algarve e no Alentejo, por exemplo, verificaram-se subidas de 5,3% e 3,1%, respetivamente, do desemprego registado pelo IEFP.
Por outro lado, no que diz respeito às diferenças setoriais, os dados agora divulgados permitem perceber que, em setembro, o desemprego diminuiu em todas as áreas de atividade em termos homólogos: na agrícola o recuo foi de 17,3%, no setor secundário a diminuição foi de 13,6% e nos serviços o decréscimo foi de 4,1%.
O destaque publicado esta terça-feira dá ainda conta que as ofertas de emprego por satisfazer no final de setembro totalizavam 17.681 nos serviços de emprego de todo o país. É o correspondente a um decréscimo face ao registado em setembro de 2025 (-1.118; -5,9%) e ao observado em agosto deste ano (-1.567; -8,1%).
As duas operadoras de comunicações cruzaram-se durante os exercícios marítimos REPMUS e decidiram avançar com uma parceria para o desenvolvimento de projetos na área da defesa. Colaboração entre as marinhas portuguesa e espanhola foi relevante para criação do projeto conjunto entre as duas operadoras
As duas operadoras de comunicações cruzaram-se durante os exercícios marítimos REPMUS e decidiram avançar com uma parceria para o desenvolvimento de projetos na área da defesa. Colaboração entre as marinhas portuguesa e espanhola foi relevante para criação do projeto conjunto entre as duas operadoras
A partir de janeiro, os trabalhadores com filhos menores de 12 anos poderão usufruir da jornada contínua. Terão de pedir ao empregador “por escrito e com antecedência de 30 dias”, de acordo com o diploma que o Parlamento aprovou. Já a empresa não terá de obedecer a qualquer prazo na resposta. No âmbito da reforma laboral, chegou a ser discutido um deadline de 20 dias, mas a proposta que recebeu agora “luz verde” não prevê esse ou qualquer limite, confirmam os advogados ouvidos pelo ECO.
A jornada contínua é um regime que possibilita ao trabalhador com filho menor de 12 anos — ou, independentemente da idade, com deficiência, doença crónica ou doença oncológica que com ele viva em comunhão de mesa e habitação — prestar a sua atividade de forma ininterrupta (salvo uma pausa para descanso máxima de 30 minutos), se assim for previsto em convenção coletiva de trabalho ou, subsidiariamente, por acordo com o empregador. Assim, o trabalhador abrangido pode sair até uma hora mais cedo do trabalho.
Este regime já existe há vários anos na Administração Pública, mas ainda não estava previsto na lei que regula as relações laborais do setor privado, o Código do Trabalho.
Na negociação da reforma laboral que decorreu entre o verão de 2025 e a primavera deste ano na Concertação Social, o Governo colocou em cima da mesa a possibilidade da jornada contínua estar prevista também no Código do Trabalho. Esse pacote de alterações à lei laboral acabou, porém, por ser chumbado no Parlamento, tendo caído por terra, assim, a introdução desse regime no privado.
Até que, na semana passada, os deputados aproveitaram a discussão das mudanças às licenças parentais para estender a jornada contínua ao setor privado.
Acrescentaram um artigo ao Código do Trabalho e não fizeram qualquer outra mudança legislativa, deixando por clarificar o prazo que a empresa tem para dar resposta ao pedido de jornada contínua do trabalhador, mas também as circunstâncias em que o empregador pode recusar essa solicitação.
Na versão da jornada contínua que esteve a ser discutida entre o Governo, as confederações empresariais e a UGT — e que não fez caminho face ao “não” da esquerda e do Chega –, estava sinalizado que o empregador deveria comunicar ao trabalhador a sua decisão também por escrito no prazo de 20 dias a partir da receção do pedido, bem como que apenas poderia recusar o pedido com fundamento em “exigências imperiosas do funcionamento da empresa, ou na impossibilidade de substituir o trabalhador se este fosse indispensável”.
Essa é provavelmente uma das principais fragilidades da versão final aprovada.
“Essa é provavelmente uma das principais fragilidades da versão final aprovada“, aponta Pedro Antunes, sócio e coordenador do departamento de Laboral da CCA Law, em resposta ao ECO.
“Nas propostas anteriormente discutidas, o regime era articulado com o procedimento previsto no artigo 57.º do Código do Trabalho, o que implicava a existência de prazos para resposta e a necessidade de fundamentação da recusa. Contudo, essa alteração acabou por não transitar para o texto final aprovado. Consequentemente, o novo artigo 56.º-A limita-se a prever que o trabalhador pode solicitar o regime, mas não estabelece qualquer procedimento subsequente, nem fixa um prazo para resposta do empregador, nem define os fundamentos que legitimam a recusa do pedido“, salienta o advogado.
Pedro Antunes ressalva que continuam a ser aplicáveis os princípios gerais da boa-fé, da igualdade e da não discriminação, mas considera inegável que o diploma, como está, “deixa uma margem de incerteza considerável quanto ao procedimento e quanto aos critérios de apreciação dos pedidos“.
À luz do texto tal como aprovado, não há norma expressa que fixe um prazo para o empregador responder ao pedido de jornada contínua, nem que defina os fundamentos em que a recusa é admissível, ao contrário do que sucedia na reforma ‘Trabalho XXI’.
“À luz do texto tal como aprovado, não há norma expressa que fixe um prazo para o empregador responder ao pedido de jornada contínua, nem que defina os fundamentos em que a recusa é admissível, ao contrário do que sucedia na reforma ‘Trabalho XXI’, que previa alterar também o artigo 57.º nesse sentido”, corrobora Gonçalo Pinto Ferreira, sócio e coordenador da área de Trabalho e Segurança Social da Deloitte Legal TELLES, em declarações ao ECO.
“Trata-se de uma lacuna relevante“, assinala o advogado, que defende que teria sido preferível que o legislador criasse um “processo específico para o pedido de jornada contínua” ou, em alternativa, remetesse para as regras já referidas quanto ao prazo de resposta.
Pedro da Quitéria Faria, sócio responsável pelo departamento de Direito do Trabalho e Segurança Social da Antas da Cunha Ecija, nota também que na versão que esteve em cima da mesa na Concertação Social o silêncio do empregador valia como aceitação e uma eventual recusa seria sujeita a parecer prévio da CITE.
Ora, não é isso que prevê o texto agora aprovado. “O novo artigo regula apenas o pedido do trabalhador: por escrito, com 30 dias de antecedência e com a indicação do prazo. Assim, não há prazo legal para a resposta do empregador. O silêncio não vale como aceitação, e a recusa não tem de ser fundamentada. Este resultado é coerente com um regime que assenta no acordo, mas esvazia muito o seu alcance prático“, realça em resposta ao ECO.
Não há prazo legal para a resposta do empregador. O silêncio não vale como aceitação, e a recusa não tem de ser fundamentada. Este resultado é coerente com um regime que assenta no acordo, mas esvazia muito o seu alcance prático
Já Luís Couto, Sócio da SPCB Legal, declara que “nada impede que as convenções coletivas venham a estabelecer um procedimento próprio, incluindo prazos de resposta e fundamentos de recusa“.
“A lei não impõe ao empregador a aceitação do pedido de jornada contínua, nem estabelece um procedimento que limite especificamente os fundamentos da sua recusa. Tal não significa, porém, que a decisão do empregador esteja subtraída aos princípios gerais da boa-fé, da igualdade de tratamento e da proibição da discriminação“, argumenta o advogado.
Também Inês Arruda, sócia da Pérez-Llorca, refere a possibilidade das convenções coletivas estabelecerem requisitos e procedimentos. “O acesso não fica, nesse caso, inteiramente dependente da vontade do empregador”, observa. Já na ausência de uma previsão coletiva que atribua o regime, o acordo individual assume um papel decisivo, destaca. “Entendo que a empresa deve apreciar o pedido com diligência e comunicar a sua posição em tempo útil, explicando as razões de uma eventual recusa“, sublinha.
Inês Arruda dá ainda o exemplo espanhol. No vizinho ibérico, o artigo 34.8 do Estatuto dos Trabalhadores reconhece o direito a solicitar adaptações razoáveis e proporcionais às necessidades familiares e às necessidades da empresa. “Na ausência de disciplina coletiva, prevê uma negociação com duração máxima de 15 dias e presume a concessão se não houver oposição expressa fundamentada nesse prazo. Terminada a negociação, a empresa comunica a aceitação, apresenta uma alternativa ou recusa, fundamentando objetivamente estas duas últimas decisões. Parece-me uma referência interessante porque obriga a discutir uma solução concreta e permite ponderar alternativas. Mesmo mantendo um modelo dependente de acordo, o legislador português teria vantagem em definir claramente o prazo de resposta, o dever de fundamentação e as consequências da falta de resposta”, considera a advogada.
Dúvidas também em torno das sanções
Para o advogado Pedro da Quitéria Faria, a ausência de um prazo claro para a resposta do empregador ao pedido do trabalhador não é o único ponto potencialmente problemático, no diploma que o Parlamento aprovou e que segue agora para Belém. Outro, identifica, é o regime contraordenacional.
O texto final que recebeu “luz verde” estabelece apenas que “constitui contraordenação grave a violação do disposto no artigo” relativo à jornada contínua.
“A contraordenação grave só poderá naturalmente incidir sobre a violação das condições da jornada contínua, como a pausa, a duração máxima ou a redução de horário. A recusa do empregador, em tese, e por si só, não é sancionada“, alerta o sócio da Antas da Cunha Ecija.
Também o advogado Gonçalo Pinto Ferreira deixa um aviso sobre este ponto, dizendo que não há “uma individualização das condutas sancionáveis na fase de apreciação do pedido, mas apenas uma contraordenação grave genérica pela violação do artigo 56.º-A”.
“Esta indefinição poderá ser particularmente sensível: sem critérios e processos claros, designadamente quanto a prazos de resposta, as empresas ficam expostas a um risco acrescido de contencioso laboral e de autuação contraordenacional, tendo de adotar, por precaução, procedimentos internos mais exigentes do que os que a letra da lei impõe — com os custos de compliance e de gestão de recursos humanos que isso implica — até que a aplicação da norma se vá densificando por via negocial ou jurisprudencial“, salienta o sócio da Deloitte Legal TELLES.
Para este especialista, outro dos pontos potencialmente problemáticos deste novo regime é a forma como se articular com outras regras de organização de tempo de trabalho já existentes no Código do Trabalho, que não é “inteiramente clara, o que pode suscitar dúvidas de compatibilização na prática“.
A isto, Pedro Antunes, sócio da CCA Law, soma ainda outra fragilidade: a articulação operacional da nova jornada contínua com determinadas atividades empresariais.
“Embora a redução do período normal de trabalho diário não possa exceder uma hora e o trabalho contínuo tenha limites máximos definidos, existem setores com necessidades específicas de atendimento ao público, trabalho por turnos ou produção contínua onde a implementação prática poderá revelar-se mais complexa. O diploma não fornece orientações para resolver potenciais conflitos entre o exercício do regime e as exigências organizacionais da empresa”, afirma o advogado.
Já Inês Arruda levanta uma dúvida relativa à alteração das circunstâncias durante o período acordado. “Em cinco anos, a organização de uma família pode mudar bastante: nasce outro filho, muda o horário escolar ou deixa de existir a necessidade que justificou o pedido. Seria útil estabelecer como se pede uma revisão do horário ou um regresso antecipado, com que antecedência e em que condições“, indica a advogada.
Apesar de já ter sido aprovada pelo Parlamento, a introdução da jornada contínua no privado, importa explicar, só acontecerá, na prática, no arranque do próximo ano. Será nessa altura que a nova lei — que ainda tem de passar pelo crivo do Presidente da República — entrará em vigor.
La cineasta y montadora Cristina Rosselló Florit (Palma, 1982) se estrena en el largometraje con el documental Érem una gran familia, una exploración de las luces y sombras del siglo XX español a partir de los recuerdos familiares que un matrimonio y su hijo grabaron entre 1942 y 1999.
Para cientos de miles de personas tener un trabajo no garantiza unas condiciones de vida adecuadas, y menos en un contexto de crisis habitacional como el actual. Según un estudio publicado este martes por Oxfam Intermón, después de asumir el gasto mensual que suponer la vivienda 770.000 personas con empleo cruzan el umbral de pobreza—sus ingresos no llegan al 60% de la mediana, lo que indica que disponen de recursos económicos significativamente inferiores a los habituales en el conjunto de la sociedad—, sumándose así a los 2,2 millones de personas que ya se encuentran en esta situación antes incluso de afrontar el pago del alquiler o la hipoteca.
El informe revela que el gasto en vivienda eleva la tasa de pobreza laboral del 11,5% al 15,5%, lo que significa que uno de cada seis trabajadores en España tiene dificultades para mantener unas condiciones de vida dignas una vez costeado el techo bajo el que vive. "Son personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna", explica el responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón y autor del estudio, Alejandro García-Gil, que subraya que la vivienda se está convirtiendo en "uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan".
Este empeoramiento de la situación a causa de la vivienda es especialmente notable entre quienes viven de alquiler a precios de mercado. Antes de pagar la vivienda, la tasa de pobreza laboral de estos hogares es ya del 19,35%, pero al descontar el gasto residencial se incrementa hasta el 34,1%, de manera que una de cada tres personas con empleo que viven de alquiler se queda por debajo del umbral de pobreza después de pagarlo. Esta proporción es incluso mayor a la que se registra entre quienes tienen un alquiler por debajo de mercado (31,3%), que suelen ser personas con bajos recursos que habitan en viviendas sociales.
La brecha entre los trabajadores que viven de alquiler y aquellos que son propietarios de la casa en la que residen es significativa. En este segundo grupo, la tasa de pobreza una vez pagada la vivienda es del 10,2% entre quienes todavía tienen hipoteca y del 8% entre quienes ya tienen la casa pagada —en este caso, se computa el pago de impuestos asociados a la propiedad, como el IBI—. "El drama está en quienes viven de alquiler a precio mercado, porque son personas que ingresan muy poquito y, además, están atrapadas en una trampa: como tienen pocos recursos no pueden ahorrar para comprar una vivienda", señala García-Gil, que añade que "si la vivienda está completamente asegurada, la situación económica es más estable" y advierte de que es de esperar que los datos empeoren en próximas ediciones del estudio por el encarecimiento que los alquileres arrastran desde 2022.
El coste de la vivienda también trastoca la fotografía a nivel territorial. Sin tener en cuenta este gasto, la comunidad con mayor tasa de pobreza laboral es Andalucía (17,7%), seguida de Comunidad Valenciana (17%) y Extremadura (16,5%). Sin embargo, al descontar lo que cuesta pagar el alquiler o la hipoteca, donde más empeora la situación es en Madrid y Cataluña. Su tasa de pobreza laboral se dispara del 7,3% al 12,7% y del 7,9% al 12,9% respectivamente. Son precisamente dos de las zonas de España donde más se ha complicado el acceso a la vivienda en los últimos años por la escalada de los precios.
La influencia de Madrid impacta especialmente en el mercado del alquiler de las comunidades limítrofes. Castilla y León (50,7%) y Castilla-La Mancha (48,7%) se encuentran entre las zonas con tasas de pobreza laboral más elevadas entre los inquilinos, una vez pagada la vivienda. Desde Oxfam Intermón lo achacan a la existencia de ciudades dormitorio donde la presión sobre la vivienda está aumentando por la llegada de población que trabaja en Madrid.
Un problema cronificado
El informe, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, subraya que la emergencia habitacional ahonda un problema de desigualdad "cronificada" que España ya arrastra desde hace tiempo. En los últimos tres años para los que hay datos disponibles, la tasa de pobreza laboral apenas ha descendido 0,16 puntos porcentuales —del 11,64% en 2022 al 11,48% en 2024—, mientras que el PIB ha crecido más de un 6%. La brecha entre crecimiento económico y bienestar de los hogares es tan profunda que, al ritmo actual de reducción de la tasa, España tardaría 59 años en alcanzar la media europea (8,2%).
Desde Oxfam Intermón apuntan a que esa falta de correlación se debe, entre otros factores, a que parte de los empleos que se están creando y que están sosteniendo el crecimiento de la economía española no son de "gran calidad". Y es una realidad a la que están más expuestas las personas inmigrantes. De hecho, en dos años la tasa de pobreza de los trabajadores de fuera de la Unión Europea afincados en España ha subido del 29,5% al 31,4%, mientras que entre los españoles y los europeos ha descendido.
"Siempre se ha considerado que la mejor herramienta contra la pobreza era el empleo y este análisis demuestra que trabajar no es suficiente", recalca García-Gil. "Si a eso le sumamos que los salarios están subiendo mucho menos que el precio de la vivienda, se crea un cóctel de miseria donde se entrecruzan la pobreza laboral y los elevados costes residenciales hasta asfixiar económicamente a cientos de miles de hogares", añade, remarcando la necesidad de abordar conjuntamente las políticas de empleo y de vivienda para combatir la pobreza.
En materia de empleo, Oxfam Intermón reclama blindar por ley las subidas del salario mínimo para los trabajadores con peores salarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, pero también reforzar la negociación colectiva para llegar a las clases medias y desatascar el Estatuto del Becario para proteger a los más jóvenes. Del lado de la vivienda, destacan que los nuevos decretos aprobados por el Gobierno abren una "oportunidad" para cambiar el rumbo de las políticas, pero advierten de que el problema estructural. En ese sentido, García-Gil reclama un cambio que "anteponga el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, dé estabilidad a quienes viven de alquiler y ofrezca seguridad jurídica a las personas que son pequeñas propietarias que arriendan sus casas a precios asequibles".
El acuerdo in extremis del PSOE con Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda territorial para concurrir conjuntamente al Senado ha causado un golpe de efecto al otro lado del tablero político y, con unos sondeos que auguran una victoria holgada del bloque de la derecha, Vox ha abierto la puerta a negociar con el PP no presentarse a la Cámara Alta en algunas provincias para frenar la "alianza de Pedro Sánchez con la extrema izquierda". Santiago Abascal ha tendido la mano este lunes a los populares para encontrar una vía de "entendimiento" aunque sin poner una oferta concreta sobre la mesa. Génova, de momento, mantiene la incógnita sobre si existen conversaciones con la formación para alcanzar un posible acuerdo.
El PP afronta el 29-N tras haber disfrutado de una holgada mayoría absoluta en el Senado con 143 escaños de un total de 208 durante la última legislatura, mientras que el PSOE tenía 87 senadores. Con gran parte de las encuestas situando a los populares como primera fuerza política en el Congreso, en Génova dan por hecho que obtendrán también una mayoría suficiente en la Cámara Alta. Así, ven en la estrategia de la izquierda al concurrir con una candidatura unitaria un intento por impedir que PP y Vox alcancen una mayoría de tres quintos, un umbral clave para influir en la renovación y nombramiento de distintos órganos como el Tribunal Constitucional.
Cuatro miembros de dicho órgano están a la espera de su reemplazo tras haber expirado su mandato el pasado mes de diciembre, entre ellos el presidente, Cándido Conde-Pumpido. Con la mayoría de tres quintos, el bloque de la derecha elegiría a los cuatro magistrados pendientes y cambiaría la actual orientación progresista del tribunal.
El 29 de noviembre se elegirán a 209 senadores de forma directa a los que se sumarán posteriormente 58 más designados por los parlamentos autonómicos. El sistema de votación permite que cada elector emita hasta tres votos en las circunscripciones provinciales, pudiendo elegir a candidatos de distintos partidos políticos. En el caso de las provincias peninsulares, los escaños se asignan a los cuatro candidatos con más apoyos y, generalmente, dicho sistema favorece al partido más votado. Lo habitual es que la fuerza política que gana obtenga tres senadores y la segunda, uno, habitualmente disputándose entre PP y PSOE.
En las elecciones generales de 2023, los de Abascal recibieron más de 7,2 millones de votos para la Cámara Alta, pero esto no se tradujo en ningún senador por la dispersión de los sufragios, dado que el sistema electoral en el Senado penaliza especialmente a los partidos que quedan por detrás de los más votados —resultan elegidos como senadores solo los que hayan sido más votados, sin que exista un reparto proporcional de escaños entre partidos como ocurre en el Congreso— . Esta vez Vox está más fuerte en las encuestas, pero el objetivo es evitar que sus votos caigan en saco roto y vuelvan a quedarse sin representación o con una representación pequeña en proporción al respaldo electoral.
Sin embargo, PP y Vox no pueden aplicar la misma fórmula que la izquierda para disputar la holgada mayoría, pues el plazo de presentación de coaliciones finalizó el pasado viernes. El plazo para las listas, sin embargo, termina el próximo 26 de octubre y ahí cabrían dos opciones. La primera es que en cada una de las circunscripciones en las que no se presentasen los de Abascal podría aparecer en cada papeleta dos senadores populares y uno tercero de Vox como independiente pero, eso sí, bajo las siglas del PP. La segunda posibilidad es que el PP se comprometiese a ceder a Vox una cantidad concreta de senadores por designación autonómica tras las doce citas con las urnas que se celebran en mayo de 2027. Ya sucedió tras los últimos comicios de Extremadura, Aragón y Andalucía y los respectivos pactos de Gobierno a los que llegaron ambas formaciones, cuando el PP cedió los tres senadores a Vox. Abascal ha terminado la legislatura con cinco representantes mediante esta fórmula: dos de Andalucía, uno de Extremadura, otro de Aragón y otro de la Comunidad Valenciana.
El líder de Vox, Santiago Abascal, fue quien tomó la iniciativa al plantear públicamente este lunes el debate sobre una posible estrategia conjunta con el PP para rentabilizar al máximo los votos al Senado de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Lo hizo en una declaración institucional tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, una comparecencia poco usual, como también lo es para Vox el hecho de plantear la posibilidad de una estrategia conjunta con el PP. Los de Abascal siempre han defendido que Vox y PP son dos partidos abocados a entenderse para construir una alternativa a Sánchez, pero diferentes y con distintas soluciones que ofrecer para "salvar" España.
También es excepcional, a juicio de la tercera fuerza, la coyuntura en la que se encuentra el país tras ocho años con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, de ahí la necesidad de que la oposición haga un "sacrificio" el próximo 29-N. La propuesta de negociación puesta sobre la mesa este lunes por Abascal llega después de que ya el sábado el líder de la tercera fuerza advirtiera de que su formación está dispuesta a "todo" por "salvar" España, ya que Vox considera a la izquierda como una amenaza para el país.
A PSP justifica que há limites que "estão a ser ultrapassados“ e avisa que poderá haver uma intervenção policial musculada, se as tendas não saírem e forem esgotadas todas as vias de comunicação.
A pocas semanas de las elecciones de mitad de legislatura, los demócratas intentan ganarse a los electores latinoamericanos, algunos de los cuales votaron por Donald Trump en 2024. En Phoenix (Arizona) y sus alrededores, las dificultades económicas y el miedo a los desahucios lastran el día a día de esta comunidad, que representa más de un tercio de la población.
Login
