En los últimos días, Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, ha cuestionado la legitimidad de las protestas de los docentes de la educación pública madrileña que hemos ejercido nuestro derecho a la huelga. Considera que hacemos política. Vengo, de algún modo, a darle la razón. Sí, nuestra huelga es política. Pero no, no es la política que ella practica e imagina: es mucho más.
© Daniel Gonzalez (EFE)
Una semana después de que comenzara la huelga educativa en Madrid, los planes de la Consejería de Educación no pasan por reunirse con los docentes. No importa que miles de profesores y profesoras de la educación pública no universitaria hayan secundado la movilización con elevados porcentajes de seguimiento según los sindicatos, ni que se hayan manifestado diariamente para insistir en que al otro lado del tablero —el que encabeza la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo— se dé un paso hacia el diálogo. Zarzalejo no quiere oír hablar de la huelga, ni de los huelguistas, menos aún de sentarse frente a frente con el Comité de Huelga, al que no reconoce como interlocutor legítimo. “Las reivindicaciones de esta huelga son reivindicaciones que no están al alcance de la gestión educativa de la Comunidad de Madrid”, aseguró la consejera en unas declaraciones el lunes, sus últimas palabras sobre las protestas y a las que remiten desde la Comunidad cuando se les pregunta por la postura del Gobierno madrileño y si tienen previsto sentarse a negociar.
El fuerte incremento de la inflación, que ha alcanzado casi el 5% en septiembre, impulsado por un encarecimiento de más del 20% en los productos energéticos, está abriendo una brecha cada vez más acusada con el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras el índice general de precios escala a su máximo nivel desde febrero de 2023, los asalariados se enfrentan a este embate con mucha incertidumbre. Los convenios colectivos firmados en lo que va de ejercicio recogen un incremento medio del 3,76%, pero la subida ponderada del conjunto de los acuerdos vigentes —sumando aquellos acordados en años anteriores con efectos para 2026— se queda estancada en el 3%, encadenando meses consecutivos de pérdida en la capacidad de compra. La merma en septiembre asciende ya a dos puntos porcentuales respecto al incremento salarial de los trabajadores que ya tienen sus condiciones cerradas para 2026, aunque el efecto se mitiga en el promedio del conjunto del año.
© RAMÓN COMET (EUROPA PRESS)
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