Que un profesional de reconocida trayectoria universitaria como Ángel Gabilondo, actual defensor del Pueblo, haya comprometido su prestigio al final de su carrera con una acción política exageradamente partidista como ha sido la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para enmendar una decisión judicial, nada menos que del Tribunal Supremo, en un procedimiento todavía en curso, actuación para la que carecía de competencia, explica hasta qué punto el sanchismo es capaz de pasar por encima de instituciones y personas con tal de salirse con la suya. Gabilondo es, pues, una víctima más de un sistema opresivo, que siempre se cobra las deudas pendientes y que se ha revelado mucho más eficiente en la cooptación de dirigentes socialistas y altos funcionarios que en la gestión de los intereses generales de los españoles. Ayer, con Gabilondo, pasará a la nómina de los muy agradecidos el magistrado del Tribunal de Garantías Juan Carlos Campo, que ha votado a favor de la tesis gubernamental, tal vez, porque su apoyo a los indultos del procés no se considera servicio suficiente por parte del inquilino de La Moncloa. Sin embargo, junto a la decisión muy mayoritaria del Constitucional, con el voto favorable de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, poco sospechoso de derechismo intransigente, hay que destacar las indignadas reacciones desde el ámbito del Gobierno, que confirman lo que la opinión pública venía sospechando desde que se conociera el engendro jurídico de la llamada “ley de nietos”, que es el interés desmesurado, diríase que desesperado, por alterar el censo electoral de cara a las próxima elecciones generales, cuyas negras perspectivas para el sanchismo y sus aliados de la ultraizquierda no son un secreto para nadie. Sólo por ello adquiere la mayor importancia la decisión de los tribunales de interponer medidas cautelares ante una actuación jurisdiccional evidentemente partidista, que no sólo ha eludido la normal tramitación parlamentaria, sino que se ha servido de una figura administrativa, una instrucción ministerial, para adulterar el propósito expreso del legislador. Que una juez haya admitido a trámite, es decir, haya imputado, a Sofía Puente, la principal responsable de la citada instrucción, por un presunto delito de prevaricación administrativa, está dentro de la más absoluta lógica jurídica, una vez que, poco a poco, se van comprobando las tremendas irregularidades cometidas en la concesión de la nacionalidad española, con situaciones tan chuscas como conceder pasaportes a descendientes de unos españoles que nunca abandonaron el territorio nacional, o lo que hasta 1956 era considerado como tal, caso del protectorado marroquí. Con todo, lo mejor de toda esta peripecia es que los jueces y magistrados de este país están consiguiendo, pese al despliegue inaudito de la propaganda de combate que se ha conocido en democracia, devolver la confianza a los ciudadanos sobre la limpieza de su sistema electoral. Solo por eso hay que honorar a estos servidores del Estado por su ejemplar labor.

La editorial quebequesa Boréal ha puesto fin a su relación con el escritor Thélyson Orélien después de encontrar indicios del uso de inteligencia artificial (IA) en el proceso de escritura de su novela C’était ça ou mourir, uno de los éxitos de la temporada literaria francesa, pero que acabó excluida del premio Goncourt en medio de una polémica que también llevó al autor a reconocer plagios anteriores. La editora ha anunciado este miércoles que no volverá a imprimir el libro ni publicará nuevas obras del autor haitiano, después de que un análisis externo detectara rastros de esta tecnología en los documentos de trabajo del manuscrito.

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El país está pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la resolución del Tribunal Supremo de suspender el voto de todos los nacionalizados por la «ley de nietos» que no puedan acreditar los requisitos que exige la norma para adquirir el derecho al sufragio. En una democracia plena y respetuosa con el marco constitucional y el pleno marco jurídico y con un gobierno que aceptara la legitimidad de las reglas en el fondo y en la forma y se desempeñara con honradez y rectitud, nunca se habría planificado una maniobra para adulterar el censo electoral y, por ende, intervenir el sentido de la soberanía nacional. No hay un caso similar en los países de nuestro entorno y todos los referentes y las conductas reconocibles nos recuerdan a los regímenes populistas americanos tan del gusto del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Pero llegados a este punto, sabemos bien que Moncloa no ha sido el más firme representante ni el más devoto creyente del buen gobierno y la ética pública. Así que, a sabiendas de la torticera intrusión del Defensor del Pueblo en un procedimiento en marcha y no finalizado, sino en plazo abierto de reclamación por parte de los afectados, es lógico e imprescindible que la oposición, aunque no solo, esté obligada a emplearse en todos los ámbitos posibles para reponer el orden y la integridad de un cauce medular del proceso electoral y del sentido de la expresión máxima del régimen representativo y liberal, como es el voto de los españoles. Ha hecho bien y con un sentido ajustado de su responsabilidad el Partido Popular en su paso al frente para exponer las arteras maniobras del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tampoco nos sorprende que José Manuel Albares, el jefe de la diplomacia española y uno de los más convencidos sanchistas, haya puesto en almoneda lo que queda de la imagen y la dignidad de uno de los más nefastos ministros del peor gobierno de la democracia. Sabotear de manera intencionada los autos del Tribunal Supremo sin mandar a la Oficina del Censo ni un dato para retirar a quienes no cumplen como descendientes de exiliados y, por tanto, no pueden votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, debería acarrear responsabilidades en los tribunales de justicia por obstrucción. Hablamos de un mes de brazos cruzados en los consulados, no por incapacidad, sino por insumisión, premeditación y alevosía. Hemos sido muy conscientes desde que Sánchez decidió convocar elecciones de que asistiríamos a la campaña más sucia de la democracia y que utilizaría todos los resortes del poder para desvirtuar y corromper el proceso. El fraude censal vía la instrucción ilegal de la «ley de nietos» era clave. Queremos pensar que la maniobra del sanchista Gabilondo ha sido tan desesperada y grosera que hasta Conde-Pumpido pueda entender que su toga esté ya demasiado sucia.

No ha sido Pedro Sánchez, precisamente, un político al que le importen las formas ni que haya tenido el menor reparo a la hora de saltarse esos límites no escritos que son consustanciales a los sistemas democráticos de corte occidental, en los que tan importante es el espíritu de la ley como la ley misma. Al contrario, si algo caracteriza al sanchismo es el recurso a la trapacería, allí donde las cuentas parlamentarias no le salen o donde la legislación deja algún resquicio que no fue tenido en cuenta por los padres constituyentes. De ahí, que la puesta en marcha de ese artefacto electoralista que los equipos de propaganda del PSOE han dado en llamar «martes sociales» entre en la normalidad de una manera de entender el ejercicio de la política que nos trae resabios de cacique decimonónico en pleno siglo XXI. No queremos entrar, entre otras razones, porque nos situaríamos en el mismo plano que el Ejecutivo, en los contenidos de los reales decretos «sociales» que piensa aprobar el Consejo de ministros durante los próximos seis martes, que es el tiempo que tiene hasta la convocatoria electoral y su entrada en funciones, ya que se trata de medidas que, en general, no resisten el menor contraste con la realidad que pretenden modificar y, en cualquier caso, deberían ser objeto del correspondiente trámite parlamentario, pero sí señalar que nos hallamos ante una perversión de sistema y de las instituciones, aprovechando unas lagunas en el reglamento de la Diputación Permanente de las Cortes que el próximo gobierno que salga de las urnas tendría que colmatar. Que los redactores del reglamento no previeran la posibilidad del uso filibustero del organismo no les supone desdoro alguno, puesto que nadie está preparado para precaverse ante la traición, en este caso, a la voluntad de los legisladores, por parte de un personaje que ha declarado paladinamente algo tan grave como que el Parlamento pierde la legitimidad cuando no atiende la voluntad de la calle, algo inaudito si tenemos en cuenta que esa misma Cámara es la que proporciona le legitimidad de origen al inquilino de La Moncloa. En realidad, hablamos de un problema de ética política más que de utilitarismo, porque la cuestión es calcular, si los decretos leyes se aprueban gracias a la mayoría modificada de la Diputación Permanente, que no es la misma que la que reflejaba la composición del Parlamento reunido en pleno, sus efectos reales, una vez que se trata de medidas meramente electoralistas, para consumo rápido antes del 29 de noviembre, que, como la construcción de 6.000 plazas para residencias universitarias, no tienen la menor posibilidad de salir adelante, menos procediendo de un Ejecutivo que lanza promesas al aire como hace brindis al sol, y en el que es dudoso su compromiso con los hechos, por ejemplo, elaborando las correspondiente memorias económicas de cada real decreto desde la realidad presupuestaria y no desde el habitual voluntarismo de la coalición social comunista. Por ello, frente a la manipulación electoralista de la Cámara baja, sólo queda la denuncia firme de la oposición y la promesa, también firme, de que cambiarán las leyes para que reducir cada vez más espacios al aventurerismo político.