La Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina ha anunciado en sus redes sociales que el despacho del exjuez Baltasar Garzón ofrecería representación jurídica gratuita a los españoles residentes en el extranjero afectados por la suspensión cautelar de su derecho a voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La entidad ha urgido a los afectados a actuar antes del 19 de octubre, aunque el plazo de cinco días hábiles concedido por el Tribunal Supremo para personarse en el procedimiento no comenzó a contar hasta el día siguiente a la publicación de los autos en el BOE, el 15 de octubre, por lo que vence el jueves 22.
Tras difundirse el anuncio, el despacho ILOCAD ha aclarado que está estudiando una posible personación en el procedimiento ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, no ha confirmado en los términos anunciados por la federación que vaya a asumir gratuitamente la representación de los afectados. La posible intervención del bufete y las condiciones en las que se produciría siguen, por tanto, pendientes de aclaración.
El ofrecimiento llega después de que el Tribunal Supremo haya mantenido la suspensión de las inscripciones electorales de 163.020 personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’. El Alto Tribunal les ha dado cinco días hábiles para personarse en el procedimiento con abogado y procurador y presentar alegaciones, en un intento de garantizar que puedan defender sus intereses antes de que se celebren los comicios.
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La federación ha dirigido su llamamiento a quienes adquirieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática desde octubre de 2019, incluso a quienes ya votaron en las elecciones de 2023. En su publicación, la entidad sostiene que resulta necesario recurrir ante el Tribunal Constitucional y actuar ante el Supremo para tratar de revertir la situación.
La posibilidad de que el despacho de Garzón se persone en el procedimiento llega en un momento especialmente delicado para los afectados, que residen en muchos casos fuera de España y disponen de un margen muy reducido para intervenir en el procedimiento.
La urgencia del llamamiento se explica por las circunstancias en las que el Supremo ha mantenido la medida cautelar. El tribunal rechazó el recurso de la Abogacía del Estado, respaldado por la Fiscalía, que pedía levantar la suspensión ante la imposibilidad material de revisar a tiempo los expedientes afectados. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no se ha acreditado suficientemente el cumplimiento de la revisión que había ordenado y mantiene la restricción de los efectos electorales de las inscripciones cuestionadas.
El problema es que la Administración no ha podido identificar de forma automática a todos los ciudadanos afectados ni determinar cuántos expedientes se han revisado. El censo para las elecciones del 29 de noviembre ya estaba cerrado cuando se adoptó la medida, lo que dificulta tanto la comprobación individual de las inscripciones como la comunicación directa de la resolución a los interesados.
Por ese motivo, el Supremo ha ordenado publicar sus autos en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón Edictal Judicial Único, además de dar publicidad a la decisión a través de los consulados. Los afectados disponen de cinco días hábiles para comparecer en el procedimiento y formular alegaciones, pero la publicación oficial no equivale a una notificación individual a cada ciudadano.
La resolución tampoco supone que los afectados pierdan la nacionalidad española. La controversia se refiere a su inscripción electoral y a la posibilidad de ejercer el sufragio en los próximos comicios. El tribunal contempla que quienes acrediten mediante certificación consular que son descendientes de españoles exiliados puedan quedar fuera de la restricción, aunque la aplicación de este criterio plantea dificultades prácticas por la falta de tiempo y medios para examinar los expedientes. En este contexto, ILOCAD, el despacho de Baltasar Garzón, ha señalado que estudia una posible personación para valorar las vías de actuación disponibles.
Baltasar Garzón, nacido en Torres (Jaén) en 1955, alcanzó notoriedad como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde instruyó algunas de las causas judiciales de mayor repercusión de las últimas décadas. Su nombre adquirió proyección internacional en 1998, cuando impulsó la orden de detención del dictador chileno Augusto Pinochet por presuntos delitos relacionados con la represión durante su régimen, en un caso que alimentó el debate sobre la jurisdicción universal.
Durante su carrera judicial también investigó tramas de narcotráfico, terrorismo y corrupción, además de promover actuaciones sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Su trayectoria terminó en la carrera judicial en 2012, cuando el Tribunal Supremo lo condenó a once años de inhabilitación por prevaricación en relación con las escuchas ordenadas en prisión entre investigados del ‘caso Gürtel’ y sus abogados.
Desde entonces, Garzón ejerce la abogacía y dirige ILOCAD, un despacho especializado en asuntos jurídicos complejos y cooperación internacional. También está vinculado a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), dedicada a la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
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