El Frente Amplio se retira "por responsabilidad" de una primera circunscripción en estas elecciones para ayudar al PSOE: no presenta lista en Teruel


Al comprar neumáticos nuevos o fijarse en las ruedas de un coche recién estrenado, es habitual encontrar líneas rojas, amarillas, verdes o blancas sobre la goma. También pueden aparecer pequeños puntos de distintos colores en sus laterales. Aunque estas señales pueden generar dudas entre los conductores, su presencia suele responder a necesidades técnicas relacionadas con la fabricación y el montaje. Sin embargo, no todas tienen la misma función ni existe un código universal que permita interpretar cada color de la misma manera.
Las franjas que recorren longitudinalmente la banda de rodadura de un neumático nuevo se utilizan principalmente durante los procesos de fabricación, identificación y clasificación. En instalaciones industriales donde se producen numerosas referencias, estas marcas facilitan la identificación visual de determinados productos o lotes y ayudan a organizar las distintas fases de producción y almacenamiento.
Los colores pueden variar entre fabricantes e incluso entre diferentes modelos. Por este motivo, una línea roja no significa necesariamente lo mismo que una amarilla o una blanca, ni permite deducir por sí sola las prestaciones de la cubierta.
Tampoco indican que un neumático tenga más agarre, sea más resistente o pertenezca a una categoría de calidad superior. Su presencia no constituye una señal de defecto y, a medida que el vehículo circula, estas franjas suelen desaparecer por el desgaste normal de la banda de rodadura.
Los pequeños puntos situados en el flanco del neumático, en cambio, pueden aportar referencias útiles para el montaje. Aunque su significado depende del fabricante, existen dos interpretaciones habituales.
El punto amarillo suele señalar la zona más ligera del neumático. Durante la instalación, el profesional puede utilizarlo como referencia para situarlo frente a la válvula de inflado, que puede representar una parte más pesada del conjunto. Esta orientación ayuda a compensar las diferencias de peso y facilita el equilibrado de la rueda.
El punto rojo, por su parte, puede identificar una zona en la que se registra una variación de la fuerza radial del neumático. Si la llanta dispone de una marca de referencia compatible, el instalador puede aprovechar ambas señales para mejorar el ajuste del conjunto.
Estas indicaciones no aparecen necesariamente en todos los modelos y su interpretación debe confirmarse con las instrucciones del fabricante.
El color blanco también puede utilizarse como referencia técnica en determinados neumáticos, pero no tiene un significado único aplicable a todas las marcas. Según el sistema empleado, puede identificar características relacionadas con los controles de fabricación o con la uniformidad del producto.
Por tanto, estas señales no deben confundirse con los datos que realmente permiten elegir un neumático adecuado. Para ello, conviene comprobar las medidas, los índices de carga y velocidad y las especificaciones recomendadas para el vehículo.
En definitiva, las líneas y los puntos de colores forman parte de los procesos industriales o de montaje. No son una escala de calidad ni una advertencia para el conductor, aunque algunas marcas sí ayudan al profesional a instalar correctamente la rueda.


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El puesto con mayor poder económico de Europa puede decidirse en las próximas semanas. Un español, el exgobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco Internacional de Pagos de Basilea, Pablo Hernández de Cos, está entre los favoritos para presidir el BCE, en una carrera cuyas condiciones cambian cada semana que pasa. Ya ha empezado a mover sus fichas, con contactos informales con las capitales europeas, con la difícil tarea de conjugar los intereses de una Francia en llamas y una Alemania renqueante, así como el resto de países del club del euro.

© Pablo Monge (CINCODIAS)
La llegada del invierno suele disparar el consumo de calefacción, agua caliente y zonas comunes en los edificios, y con él las facturas de luz y gas de las comunidades de propietarios. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado este martes, 20 de octubre de 2026, un aviso: muchas comunidades están pagando más de lo necesario por sus suministros energéticos y pueden ahorrar miles de euros si revisan sus contratos antes de que el frío se instale.
La organización ha analizado 85 facturas eléctricas y 15 de gas natural correspondientes a contratos del mercado libre. Su conclusión es clara: las tarifas poco competitivas y, en el caso de la electricidad, una potencia contratada superior a la necesaria son las principales causas del sobrecoste.
Según el estudio, una comunidad con una potencia contratada de 6,94 kW y un consumo anual de 5.500 kWh puede ahorrar hasta 1.500 euros al año solo por cambiar a una tarifa más competitiva.
Además, el 84% de los suministros eléctricos analizados podría reducir la potencia contratada. Ese ajuste supondría un ahorro medio adicional de 314 euros anuales, ya que el término de potencia se paga aunque no se consuma electricidad.
Para comprobar si la potencia está sobredimensionada, OCU recomienda revisar las facturas y consultar la web de la distribuidora. En los edificios con ascensor, el contador incorpora un maxímetro que permite conocer la potencia máxima alcanzada durante los últimos meses.
El problema es todavía mayor en las comunidades con calefacción central de gas natural. OCU calcula que, para un consumo anual de referencia de 133.000 kWh, las comunidades analizadas pagan de media un 54% más que si contrataran la tarifa regulada TUR. Ese diferencial equivale a unos 3.515 euros al año.
En una comunidad grande con un consumo estimado de 630.000 kWh anuales, el ahorro podría superar los 16.000 euros anuales. La organización señala que, desde julio de 2024, las comunidades residenciales pueden contratar la TUR con independencia de su consumo.
Para acceder a la TUR vecinal, la comunidad debe disponer de contadores individuales de calefacción o repartidores de costes, salvo que exista una imposibilidad técnica reconocida, y haber superado la inspección de eficiencia energética de la instalación.
OCU aconseja que presidentes, administradores y vecinos revisen ahora las condiciones de sus suministros. No basta con mirar el precio del kilovatio hora o del kilovatio hora de gas: hay que analizar el coste completo del contrato.
Las comunidades de vecinos pueden acogerse al PVPC si están conectadas a una tensión no superior a 1 kV y contratan una potencia igual o inferior a 10 kW. Deben identificarse con su CIF específico de comunidad de propietarios, que comienza por la letra H.
En el caso del gas, la TUR vecinal se aplica a comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial y a las empresas de servicios energéticos que les prestan servicio. No tiene permanencia y sus precios se revisan cada tres meses, en enero, abril, julio y octubre.
Conviene tener precaución con la TUR de este invierno: OCU advierte de que la revisión de octubre de 2026 limita la subida del precio, pero genera una deuda que los consumidores podrían empezar a pagar a partir de abril de 2027. Por eso, antes de cambiar de tarifa, la comunidad debe comparar no solo el precio publicado, sino también el coste total previsto.
El primer paso es reunir las últimas facturas de luz y gas, junto con el contrato actual y las condiciones de renovación. Después, conviene calcular el consumo anual, la potencia máxima utilizada y el precio real por kilovatio hora, incluyendo los términos fijos y los servicios adicionales.
La CNMC dispone de un comparador de ofertas de electricidad y gas que permite consultar opciones según el perfil de consumo. OCU también pone a disposición de los consumidores sus propios comparadores para identificar posibles ahorros.
Si la comunidad decide cambiar de comercializadora, el proceso es gratuito, salvo que exista una cláusula de permanencia. En electricidad, el cambio debe completarse en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la formalización del nuevo contrato.
Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 ya tienen fecha y censo. Antes de acudir a votar, millones de españoles pueden comprobar desde hoy si figuran correctamente inscritos, en qué colegio electoral les corresponde hacerlo y qué mesa les ha sido asignada.
En total, podrán votar 38.728.356 personas; 35.958.711 residentes en España y 2.769.645 inscritos en el exterior. De los primeros, 1.615.127 participarán por primera vez en unas generales, al haber cumplido 18 años desde los comicios del 23 de julio de 2023.
La vía más completa es la consulta telemática del censo electoral en la Sede Electrónica del INE. Para acceder, el elector debe identificarse con Cl@ve, sistema que admite, entre otras opciones, el DNI electrónico. Una vez dentro, el servicio muestra los datos de inscripción censal y, para quienes residen en España, también la mesa y la dirección exacta del local electoral donde deberán votar.
Los pasos son sencillos:
El servicio permanecerá disponible durante todo el periodo electoral. Al principio ofrece la información del censo de consulta y, una vez resueltas las reclamaciones, la del censo electoral de votación, que es la definitivamente válida el día de los comicios.
No hace falta tener Cl@ve para conocer el colegio y la mesa. El INE ha habilitado una consulta general de mesas y locales electorales sin acreditación electrónica. En ella, el usuario debe indicar al menos la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido; a partir de ahí, el sistema permite localizar el local y la mesa correspondientes.
También es posible realizar la consulta de forma presencial en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral (OCE) hasta el 19 de octubre. Los electores residentes en el extranjero pueden hacerlo en las oficinas consulares. Quien prefiera resolver dudas por teléfono puede llamar al número gratuito 900 343 232.
El periodo para reclamar tu mesa electoral coincide con el de consulta, del 12 al 19 de octubre, ambos incluidos. La reclamación puede presentarse por internet con Cl@ve, en el ayuntamiento, en el consulado o en la delegación provincial de la OCE.
Para reclamar por vía telemática será necesario aportar un certificado vigente de inscripción en el Padrón municipal o, en el caso de residentes en el exterior, en el Registro de Matrícula Consular. También debe adjuntarse una copia de un documento oficial de identidad, como el DNI, el permiso de conducir o el pasaporte.
La OCE debe resolver y notificar cada reclamación en un plazo de tres días desde su recepción. Si el elector no está conforme con la respuesta, puede interponer recurso ante la sección de lo contencioso-administrativo del tribunal competente en los cinco días siguientes a la notificación.
Aunque la consulta online permite conocer ya la mesa y el colegio, la tarjeta censal seguirá siendo el aviso oficial que llegará a los hogares. El INE la enviará entre el 2 y el 10 de noviembre e incluirá los datos actualizados de inscripción, además de la mesa, el local electoral y la dirección a la que acudir el 29N.
Si se produce algún cambio posterior en la mesa o en el local, la delegación provincial de la OCE lo comunicará por correo postal a los electores afectados. Por eso, conviene revisar la información online cerca de la fecha de votación, especialmente si se ha mudado recientemente o si la tarjeta censal tarda en llegar.
El censo vigente para estas elecciones es el cerrado a 1 de agosto de 2026, que incorpora los movimientos comunicados por ayuntamientos, consulados y registros civiles hasta el 30 de julio. Las reclamaciones estimadas se añaden posteriormente al listado definitivo.
La Seguridad Social prepara un cambio relevante para las parejas que tienen hijos en común, pero no están casadas ni inscritas como pareja de hecho. La medida modifica el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, el que regula la pensión de viudedad de las parejas de hecho. Hasta ahora, la falta de inscripción en un registro autonómico o municipal, o de un documento público, podía impedir el reconocimiento de la prestación, incluso cuando la pareja había convivido durante años y tenía descendencia común.
Con la reforma, las parejas con al menos un hijo en común podrán solicitar la pensión de viudedad si demuestran que han convivido de forma ininterrumpida durante los dos años previos a la solicitud. El certificado de empadronamiento será la vía principal para acreditar esa convivencia, aunque la normativa admite otros medios de prueba válidos en Derecho.
La novedad elimina, para este colectivo, la exigencia de formalización pública de la pareja. Es decir, no hará falta estar casados ni haberse inscrito como pareja de hecho con la antelación mínima que exigía la regulación anterior.
No obstante, la pensión de viudedad seguirá estando condicionada a que la persona fallecida cumpla los requisitos generales de la Seguridad Social; estar afiliada y en alta, o en situación asimilada, con la cotización exigida; haber cotizado al menos 15 años si no estaba de alta; o ser perceptor de determinadas pensiones contributivas.
Para acogerse a la nueva vía de acceso, deberán concurrir varios elementos:
La solicitud podrá presentarse a través del portal electrónico de la Seguridad Social, con certificado digital o Cl@ve. También es posible pedir cita previa para tramitarla de forma presencial o telefónica.
El Gobierno contempla un plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto para solicitar la pensión en casos de fallecimientos anteriores. Así, las personas que vieron denegada la prestación por no haber formalizado su relación podrán pedir su revisión durante los 12 meses siguientes a la aprobación de la norma.
Para los fallecimientos que se produzcan una vez aplicada la reforma, habrá que demostrar la convivencia de los dos años previos a la solicitud. La prestación podrá solicitarse en cualquier momento tras el fallecimiento, aunque el cobro tiene una retroactividad máxima de tres meses respecto a la fecha en que se presente la petición.
La reforma busca equiparar a los convivientes con hijos en común a las parejas de hecho que también tienen descendencia. Según datos del INE, alrededor de la mitad de los hijos nacen de parejas no casadas, lo que explica el alcance práctico del cambio.
Con carácter general, la pensión de viudedad equivale al 52% de la base reguladora de la persona fallecida. Puede elevarse hasta el 70% en supuestos de cargas familiares y niveles de ingresos reducidos.
La prestación es vitalicia mientras se mantengan los requisitos. Se extingue, por regla general, si la beneficiaria o el beneficiario contrae nuevo matrimonio o constituye una nueva pareja de hecho, salvo las excepciones previstas para mayores de 61 años, personas con discapacidad reconocida o quienes dependan económicamente de la pensión.
El decreto deberá convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso en un plazo máximo de 30 días. Hasta que se publique el texto definitivo en el Boletín Oficial del Estado y se confirme su convalidación, conviene tratar la medida como aprobada en proyecto, no como plenamente consolidada.

Hace unas semanas desayunamos apocalipsis. La portada de mi regional de cabecera situaba a nuestros escolares a la cola planetaria en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Toda una generación condenada a extinguirse de pura apoptosis neuronal.

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El Ministerio de Seguridad Social pule un Real Decreto-Ley con algunas reformas pendientes en plena precampaña para las elecciones del 29 de noviembre y con el debate sobre las pensiones, alimentado por PP y Vox, en el aire
El Gobierno abre la puerta a aprobar, tras las elecciones y en funciones, la subida de las pensiones
El Gobierno aprobará este martes un paquete extraordinario de medidas sociales que recogerá, entre otras, una mejora de prestaciones por viudedad, para víctimas de violencia de género o para el cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves.
El Ministerio de Seguridad Social ultima un Real Decreto-Ley, según ha adelantado El País y que ha podido confirmar elDiario.es de fuentes gubernamentales, con un amplio catálogo de reformas en prestaciones, justo en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y después de que PP y Vox hayan caldeado el debate sobre una potencial reforma del sistema de pensiones si llegan a gobernar.
En el Ejecutivo aseguran que la letra pequeña del decreto no está cerrada, pero que las líneas generales pasan por mejorar la prestación por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, la reforma de la llamada CUME, y la ampliación del acceso a las pensiones de viudedad y para las derivadas de actos terroristas.
Según recoge El País, el planteamiento de Seguridad Social pasa por ampliar la prestación para las mujeres con patologías asociadas a la menopausa y víctimas de violencia de género al 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero desde entonces será la Seguridad Social quien se haga cargo del abono de la prestación.
Por otro, la reforma de la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (la CUME, como se conoce) permitirá que ambos progenitores puedan percibirla de manera alternativa o simultánea, además de extenderla más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.
La Seguridad Social lleva meses preparando una modificación del marco legal de esta prestación. En junio sacaron a audiencia pública un texto con su reforma que incorporaba nuevas patologías al listado de enfermedades que permiten acceder a la misma, entre otros cambios, aunque no fue muy bien recibido por las familias.
Por otro lado, y en materia de pensiones, el texto ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en el caso de parejas de hecho y, si hay hijos en común, será suficiente para acreditar esta relación de hecho para solicitar esta paga, algo que en la actualidad generaba problemas. Además, el decreto permitirá revisar en los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.
También se mejoran las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas: ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36% mayor al que había ahora, que quedó desfasada.
El texto recoge una mejora en la protección de huérfanos por violencia de género, que percibirán prestaciones contributivas que serán de un mínimo de dos veces el SMI, mientras que las no contributivas podrán situarse, como máximo, en esos dos sueldos mínimos.
Y por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.
A pesar del adelanto electoral, el Gobierno se encuentra en plenas funciones hasta el día después de la cita con las urnas. Este Real Decreto-Ley podrá ser aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, que ya convalidó el pasado viernes dos normas previas a la disolución de las Cortes. El Ejecutivo se plantea, entre otras medidas, subir el SMI antes de los comicios y se plantean revalorizar, incluso en funciones, las pensiones con el IPC.
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El fisco se fijó el sector de los hidrocarburos como una de sus prioridades inspectoras para este año; las compañías morosas con la Agencia Tributaria tienen una deuda que supera los 1.000 millones
Hacienda reforzará el control sobre el inmobiliario y los hidrocarburos para combatir el fraude fiscal
La Agencia Tributaria mantiene abiertas 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos, una rama sobre la que el fisco ha endurecido el control tras detectar un “auge” en estos ilícitos. El caso más sonado y reciente es el presuntamente liderado por el empresario, comisionista y corrupto confeso Víctor de Aldama, quien habría desempeñado un papel clave a la hora de defraudar 180 millones de euros a la Hacienda pública, una causa aún pendiente de juicio.
Esa treintena de actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases, según fuentes de la Agencia Tributaria, organismo que ha colocado como uno de sus “objetivos prioritarios” la erradicación de este fenómeno “dado el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública”.
Solo por poner un ejemplo, más allá de casos mediáticos: de los diez mayores morosos de la lista que publica anualmente el fisco, cinco son compañías vinculadas a este fraude, que deben cerca de 900 millones de euros a la Agencia Tributaria. Son Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Pero son decenas de sociedades y la deuda global se sitúa cerca de los 1.500 millones (de un total de 15.400 millones).
Entre ellas, también, Villafuel SL, la compañía que da nombre a la trama que involucra no solo a Víctor de Aldama –condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso Mascarillas, pero eximido por el Supremo de ingresar en prisión–, sino también a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE en Ferraz. En su momento, Pano aseguró que ese efectivo era de Claudio Rivas, dueño de la compañía en cuestión.
Rivas tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021; y el que involucra a otra sociedad (SKT Oil), por un quebranto de más de 70 millones entre 2016 y 2018.
Pese a que los tentáculos de la trama hidrocarburos se han mezclado con la política española a través del caso Koldo, y ya resulta difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, el mecanismo por el que se llevaba a cabo este presunto fraude era relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores creaban empresas pantalla que compraban el combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y, después, desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Eso le permitía vender el combustible a precios más baratos y ganaban cuota de sus competidores.
A la vista de que el problema del fraude de hidrocarburos no dejaba de engordar, suponiendo un quebranto cada vez mayor para la Hacienda pública, el Gobierno decidió reforzar los controles para ser un operador mayorista del sector. Hasta 2023, las empresas solo debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba, posteriormente, un listado de aquellas compañías al por mayor en ejercicio.
En aquel año, el Ministerio para la Transición Ecológica sustituyó a Industria en esas funciones y, al mismo tiempo, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), dado que “las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector”, reconocen desde el fisco.
A través del Redef, que entró en marcha también en 2023, el Gobierno estableció que los titulares de los depósitos fiscales de los hidrocarburos se convertían en responsables subsidiarios en el caso de una deuda con Hacienda, siempre y cuando permitieran su extracción (es decir, la retirada del combustible) por parte de operadores no autorizados en el registro. La primera versión de este listado incluyó inicialmente a numerosas compañías que ya estaban involucradas en fraudes al IVA, explican desde la Agencia Tributaria, por lo que se tuvo que depurar el listado hasta entrado 2024, “de manera que el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria”.
Además, con la reforma fiscal de 2024, Hacienda puso en marcha la llamada ‘solución italiana’, que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA –bien con avales o a través de un adelanto– antes de la salida del depósito y no meses después, una exigencia que solo se puede salvar en el caso de que sean reconocidos como ‘confiables’. Precisamente, para evitar que las empresas desaparezcan sin pagar los impuestos correspondientes. Este sistema empezó a funcionar el pasado 1 de febrero y fuentes del fisco apuntan que los resultados “están siendo muy positivos”, ya que garantizan una detección temprana del fraude, en el caso de que suceda.
Los formularios que tienen que rellenar estas operadoras se encuentran en pleno proceso de renovación. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes de junio una consulta para la actualización de los formularios que han de rellenar estas operadoras, con el objetivo de recoger las nuevas categorías de combustibles y, también, para facilitar la lucha contra el fraude.
El primer FC Barcelona - Real Madrid de la temporada 2026-2027 llega con un aliciente extra, el regreso de José Mourinho al Spotify Camp Nou como entrenador del Real Madrid, más de una década después de su primera etapa en el banquillo blanco.
El partido reúne a dos equipos con proyectos muy distintos pero con la misma ambición. El Barça de Hansi Flick llega como líder invicto, mientras que el Real Madrid de Mourinho ocupa la cuarta posición y necesita sumar para recortar la diferencia de seis puntos con el conjunto azulgrana.
El FC Barcelona llega al Clásico en plena plenitud. Es líder con 27 de 27 puntos, tras ganar los nueve primeros partidos de LaLiga, y ha igualado el mejor arranque liguero de su historia. El equipo de Hansi Flick viene de golear al Getafe por 3-0 y de imponerse por 4-1 al Galatasaray en Champions, aunque cayó en su último compromiso europeo ante el PSG, con 34 goles a favor y solo 7 en contra en Liga.
El Real Madrid, en cambio, llega con la obligación de reaccionar. José Mourinho suma 21 puntos y ocupa la tercera posición, a seis del Barça, con dos derrotas ligueras ante el Betis y el Atlético de Madrid. Aun así, los blancos llegan con moral tras remontar 4-3 en Roma en Champions y vencer al Villarreal por 1-0, aunque perderán a Vinícius Júnior por sanción. El brasileño fue expulsado ante el Villarreal y cumplirá cuatro partidos de castigo, entre ellos el Clásico.
El Barcelona recibirá al Real Madrid el domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou. El saque inicial está fijado a las 21:00 horas en horario peninsular español, dentro de la décima jornada de LaLiga.
Será el primer enfrentamiento liguero de la temporada entre ambos equipos. La vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu el 9 de mayo de 2027, según el calendario liguero. El encuentro llega después de una semana europea exigente, el Barça visitará al PSG el martes 20 de octubre y el Real Madrid recibirá al Leipzig en el Bernabéu el miércoles 21.
En España, el FC Barcelona - Real Madrid podrá seguirse en directo por DAZN, plataforma que tiene los derechos de la retransmisión de este Clásico. También estará disponible a través de los canales de LALIGA incluidos en la oferta de fútbol de Movistar Plus+.
DAZN preparará una programación especial con análisis previo, conexiones y contenido sobre la actualidad de ambos equipos. Los usuarios de Movistar podrán acceder al partido mediante los paquetes que incluyan LALIGA EA Sports, como el paquete LALIGA o Fútbol Total.
FC Barcelona: Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, Cubarsí, Koundé, Rodri, Fermin, Pedri, Lamine Yamal, Gabriel Jesús y Gordon
Real Madrid: Courtois, Cucurella, Huijsen, Konaté, Alexander-Arnold, Fede Valverde, Belingham, Tchouamení, Diomandé, Arda Güler, Mbappé
Tras el Clásico, el FC Barcelona afrontará tres compromisos exigentes en apenas ocho días. Recibirá al Deportivo Alavés el sábado 31 de octubre a las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou por LaLiga; después jugará en casa contra el Aston Villa el martes 3 de noviembre a las 21:00 horas en Champions League; y cerrará ese tramo visitando al Atlético de Madrid el domingo 8 de noviembre, también a las 21:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano.
El Real Madrid, por su parte, tendrá una agenda igualmente exigente. Tras el Clásico, visitará al Racing de Santander el domingo 1 de noviembre a las 16:15 horas en El Sardinero; jugará fuera contra el AEK Atenas el miércoles 4 de noviembre a las 18:45 horas en la Champions League; y se medirá al Valencia en Mestalla el sábado 7 de noviembre a las 21:00 horas en LaLiga.
España estrena hoy una regla pensada para acabar con una de las prácticas más molestas del teléfono, las llamadas comerciales anónimas o camufladas bajo numeraciones desconocidas.
La medida forma parte de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) y del Plan contra las estafas telefónicas y por SMS impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública junto a las principales operadoras. Según el Gobierno, esta colaboración ha permitido bloquear hasta ahora más de 400 millones de llamadas y 32 millones de mensajes fraudulentos.
El número 400 queda reservado para las comunicaciones comerciales dirigidas a captación de nuevos clientes. No es un número al que se pueda llamar de vuelta. Los números que lo utilizan serán unidireccionales, de modo que la persona receptora podrá recibir la llamada, pero no devolverla a través de esa misma vía.
La finalidad es doble. Por un lado, facilitar la identificación de las llamadas de venta; por otro, dificultar el suplantación de identidad y el uso de números móviles o geográficos para ocultar campañas comerciales. Las operadoras deberán bloquear las llamadas comerciales que no se realicen desde la numeración asignada.
Además, las compañías telefónicas podrán ofrecer a sus clientes la opción de desactivar de forma global las llamadas comerciales que lleguen a través del rango 400.
Si recibes una llamada con intención comercial desde un número que no empieza por 400 una vez entrada en vigor la norma, puedes reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o denunciarlo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Aunque la obligación se activa el sábado, el ministro Óscar López ha señalado que ya pueden empezar a recibirse llamadas desde numeraciones 400.
No todas las llamadas comerciales quedan fuera del nuevo sistema. La normativa contempla excepciones recogidas en la propia Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Aun así, el objetivo general es que la captación de nuevos clientes se realice con una identificación clara y verificable.
El prefijo 400 se suma a los cambios ya aplicados en los servicios de atención al cliente. Estas llamadas deben realizarse desde números que empiecen por 800 o 900, desde numeraciones cortas específicamente atribuidas para ese fin o desde números geográficos.
A diferencia de los 400, los números 800 y 900 mantienen su funcionamiento habitual y sí permiten devolver la llamada, algo especialmente útil para contactar con una compañía por una incidencia, una factura o un contrato.
El plan también afecta a los mensajes de texto. La CNMC puso en marcha el pasado 15 de septiembre un registro de alias para identificar a las empresas e instituciones que envían SMS con nombres comerciales en lugar de un número de teléfono. Desde entonces, según el ministro, se han bloqueado más de seis millones de mensajes procedentes de remitentes no identificados.
El registro permite comprobar si un alias corresponde realmente a la empresa que dice ser. Si recibes un SMS con un remitente dudoso, puedes consultarlo antes de pulsar cualquier enlace o facilitar datos personales.
La norma no elimina por sí sola el spam telefónico ni las estafas, pero introduce una señal visual muy útil. Si el número comienza por 400, sabrás que es una llamada comercial. Y si una supuesta empresa te llama para venderte algo desde otro tipo de numeración, tendrás motivos para desconfiar y canales concretos para reclamar.
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La Diputación Permanente ha convalidado el Real Decreto-Ley con ayudas por el conflicto en Oriente Medio, que contiene, entre otras, subvenciones específicas al campo y medidas para los hogares vulnerables de cara al invierno
El Gobierno prorroga las rebajas fiscales en gasolina y diésel y limita la tarifa del gas para evitar que se dispare en invierno
La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto-Ley con las ayudas por la guerra de Irán con los votos a favor de PP, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, entre otros, por lo que las rebajas fiscales a los combustibles, las medidas específicas para el campo y el transporte o el tope a la tarifa del gas para hogares vulnerables seguirán en vigor. Vox ha votado en contra.
El vicepresidente primero y ministro de Economía ha defendido un texto que, ante la incertidumbre por la guerra y las tensiones en los mercados internacionales, “profundiza en una apuesta equilibrada” que protege a empresas y sectores afectados. En total, desde marzo se han movilizado 12.000 millones de euros para “continuar dando protección y seguridad de ciudadanos y empresas”.
Cuerpo ha asegurado que las rebajas fiscales a la gasolina y al gasoil están funcionando y las gasolineras las están aplicando íntegramente en los precios. Según ha destacado el ‘número dos’ del Ejecutivo, al día siguiente de aprobarse el nuevo Real Decreto-Ley de ayudas, el 82% de las gasolineras “ya había trasladado el total de esta reducción impositiva”.
El vicepresidente ha apuntado que el alivio fiscal está permitiendo compensar el 60% del aumento del coste de la gasolina y un 40% en el caso del diésel.
La nueva rebaja fiscal aprobada a finales de septiembre contempla un recorte de 20 céntimos para el mes de octubre, a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, de 13 céntimos por litro en noviembre y 6 en diciembre, con una cláusula de salvaguarda en el caso de que los precios superen un incremento del 15% interanual. El dato de inflación de septiembre ha confirmado este extremo, por lo que la rebaja equivalente de 20 céntimos permanecerá en noviembre.
Además, la norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores. Para evitar “un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio”, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, topando el componente relacionado con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.
También se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.
El decreto introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025 y también una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.
Para el campo, un sector prioritario, el decreto amplía “por un lado, el plazo de vigencia de la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios” que finalizará a finales de este año. “El importe para el cálculo de la ayuda correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2026 será hasta el 70 por ciento de la diferencia entre el precio medio del gasóleo agrario de la semana y el precio del gasóleo agrario antes del inicio del conflicto, sin que, en ningún caso, pueda superar los 0,2 euros por cada litro de gasóleo”. Asimismo, se amplía igualmente la ayuda compensatoria a empresas armadoras de buques pesqueros por el incremento de costes productivos provocados por el aumento del precio de los combustibles.
En cuanto al transporte, el texto recoge la prórroga, para los meses de octubre, noviembre y diciembre, de la “ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los titulares de los vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional”.
El texto recoge que el “importe de la ayuda ascenderá a 5 céntimos de euro por cada litro de gasóleo utilizado como carburante en el motor de los vehículos” de transporte por carretera “en los suministros realizados durante el mes de octubre de 2026”. Pasará “a 12 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de noviembre de 2026 y a 19 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de diciembre de 2026”. Además, recoge que “si por aplicación del mecanismo de salvaguarda, la bajada del tipo de gravamen del gasóleo fuera mayor en el mes de noviembre, el importe de la ayuda será de 5 céntimos por litro y, en el mes de diciembre y según el caso, de 5 ó 12 céntimos por litro”.
Por último, en el ámbito ferroviario, recoge el Real Decreto-Ley, “se establece una línea adicional de ayudas directas, complementaria” a lo últimos planes de ayuda aprobados por el Ejecutivo “destinada a compensar el impacto persistente de los costes energéticos sobre las empresas operadoras, evitando efectos de expulsión de este modo de transporte que puedan comprometer los objetivos de sostenibilidad y eficiencia del sistema logístico”.
President Laura Fernández of Costa Rica on Wednesday inaugurated the so-called High-Containment Center Against Organized Crime (CACCO), a mega-prison designed to hold 5,100 inmates under maximum-security conditions with the aim of isolating narcotics-trafficking gangs. The Costa Rican government seeks with this move to consolidate its tough-on-crime policy, the centerpiece of propaganda amid the security crisis, which is symbolized by the enormous penal complex modeled on Nayib Bukele’s approach.

© Mayela Lopez (REUTERS)