En España parece que hemos desarrollado una habilidad extraordinaria para aprobar leyes, presumir de democracia y después descubrir que, cuando llega la hora de aplicarlas, todo son explicaciones, matices y excusas.

Hoy toca volver a hacer una pregunta incómoda: ¿para qué sirve la Ley de Partidos si nadie quiere explicar hasta dónde llega y si se están utilizando todos los mecanismos que contempla?

Conviene recordar la historia. En 2002, el Gobierno de José María Aznar impulsó la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que contó con un amplio respaldo parlamentario, incluido el del PSOE. No fue una ley cualquiera. Nació en una España que todavía sufría el terror de ETA, con asesinatos, amenazas, extorsiones y familias obligadas a vivir con miedo por defender la libertad.

Aquella ley estableció instrumentos para defender nuestra democracia frente a quienes pretendieran utilizarla para destruirla desde dentro. Y su artículo 9 no deja lugar a dudas sobre la preocupación que la inspiró: contempla, entre otras conductas, el apoyo o la legitimación de la violencia terrorista y la inclusión reiterada en listas electorales de condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente sus fines y métodos.

La memoria de las víctimas no prescribe porque a algunos les resulte políticamente incómoda

¿Y qué ocurre ahora? Que volvemos a encontrarnos con la presencia de antiguos condenados por su relación con ETA en candidaturas de EH Bildu. La actualidad nos lleva directamente a Navarra, donde Floren Aoiz encabeza la candidatura de esta formación al Senado para las elecciones del 29 de noviembre.

Y aquí es donde quiero detenerme. Porque no basta con encogerse de hombros y responder que han cumplido sus condenas y que, por tanto, asunto cerrado. El cumplimiento de una pena es una cuestión de justicia; la memoria de las víctimas y la responsabilidad de los partidos son cuestiones que no podemos despachar con una frase hecha.

Cumplir una condena no borra la historia ni obliga a los ciudadanos a olvidar. Pero tampoco debemos confundir las cosas: haber sido condenado por pertenencia a ETA no supone, por sí solo, una prohibición automática de presentarse a unas elecciones. Precisamente por eso hay que leer la ley, examinar las circunstancias concretas y exigir que las autoridades competentes actúen conforme a derecho. La Ley de Partidos no permite ilegalizar una formación por una simple sospecha, pero tampoco debería convertirse en papel mojado cuando existen hechos que merecen ser examinados.

Por eso pregunto al Gobierno: ¿se han revisado las circunstancias de estas candidaturas? ¿Se ha comprobado si concurren los requisitos legales previstos? ¿Qué explicación se ofrece a los ciudadanos que recuerdan perfectamente lo que ETA hizo en este país?

Y pregunto también a la oposición: ¿a qué esperan para exigir explicaciones, reclamar una revisión jurídica rigurosa y pedir que se utilicen todos los instrumentos legales disponibles?

No estoy pidiendo que se vulnere la ley para satisfacer a nadie. Estoy pidiendo exactamente lo contrario: que se aplique con rigor, sin mirar quién puede salir beneficiado o perjudicado políticamente. Porque aquí hay algo que no deberíamos perder jamás de vista: las víctimas de ETA no pueden convertirse en una nota a pie de página de nuestra historia. Sus familiares no tienen por qué aceptar que su dolor se trate como una molestia del pasado. Y quienes defendemos una España democrática tenemos derecho a exigir que la memoria, la justicia y la dignidad no dependan de los intereses de cada partido.

Cumplir una condena no borra la historia ni obliga a los ciudadanos a olvidar

Yo recuerdo a Miguel Ángel Blanco. Recuerdo a Ortega Lara y el sufrimiento que padeció durante su secuestro. Recuerdo a tantos guardias civiles, policías, militares, concejales y ciudadanos asesinados por defender aquello que otros querían destruir. Y me niego a aceptar que, con el paso del tiempo, acabemos acostumbrándonos a todo. No se trata de venganza. Se trata de principios. Se trata de explicar a las nuevas generaciones que en España hubo una organización terrorista que asesinó para imponer sus ideas y que ninguna aspiración política puede justificar aquel terror.

Por eso, cuando hablamos de la Ley de Partidos, no hablamos de un simple artículo del BOE. Hablamos de los límites que una democracia debe defender, de la responsabilidad de quienes aspiran a representarnos y de la obligación de las instituciones de actuar con transparencia.

¿Dónde está la Ley de Partidos?

Porque si existe un instrumento legal para impedir que un partido incurra en determinadas conductas de apoyo o legitimación del terrorismo, lo mínimo exigible es que se examinen los hechos cuando surgen dudas fundadas. Que se explique qué se ha revisado, qué requisitos se cumplen y qué actuaciones corresponden. Ni impunidad ni atajos: ley y responsabilidad.

Por respeto a quienes ya no están, por respeto a sus familias y por dignidad democrática, España no puede permitirse olvidar de dónde venimos. Las leyes se escriben para defender la democracia, no para decorar el BOE. Y la memoria de las víctimas no prescribe porque a algunos les resulte políticamente incómoda.

Las tres capuchas blancas auguraban que esa vez sería diferente, que los rumores que sobrevolaban desde hacía semanas la sociedad vasca podrían ser ciertos. Tras un sinfín de anuncios frustrados y esperanzas hechas añicos, el sueño de que ETA lo dejaba estaba cerca. La izquierda abertzale había preparado a la banda una 'pista de aterrizaje' en forma de una suerte de 'conferencia internacional de paz'. El entorno de Otegi había logrado atraer hasta el Palacio de Aiete de San Sebastián a destacados nombres relacionados con la resolución internacional de conflictos: Kofi Annan, Jonathan Powell y al siempre próximo al independentismo radical vasco, Gerry Adams. En aquella escenificación también participaron partidos como el PSE o el PNV.

El objetivo que se buscaba era la aprobación de un manifiesto para «pedir a ETA» el cese definitivo de toda acción armada y solicitar públicamente a los gobiernos de España y Francia que dialogaran con la banda para acordar los términos de su disolución, la gestión del futuro de sus presos y las condiciones del 'escenario' para un final de la violencia que los terroristas habían iniciado 52 años atrás.

Sólo habían transcurrido tres días desde aquel encuentro cuando llegó la respuesta. El jueves 20 de octubre, en torno a las 19:00 horas, el vídeo que ETA había hecho llegar a Gara/Naiz y medios como la BBC o The New York Times, recorría ya las redacciones de medio mundo. La banda terrorista que había asesinado a más de 850 personas y había dejado un rastro de miles de heridos y amenazados anunciaba el «cese definitivo» de sus acciones criminales y anunciaba que buscaría la soberanía vasca sólo por vías políticas e institucionales.

Una banda debilitada, 350 asesinatos sin resolver y un "cambio de ciclo"

Tras las capuchas, David Pla -quien luego, tras cumplir varios años de prisión, pasaría a integrarse en la dirección de Sortu-, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka. De algún modo se habían erigido en la última y diezmada cúpula de ETA. La banda terrorista esgrimió entonces razones de «cambio de ciclo político». En su comunicado puño en alto no hubo ni petición de perdón, ni arrepentimiento.

«Aún existe profesorado y familias que les incomoda hablar de este tema, temen que sus hijos les interpelen y les pregunten dónde estuvieron ellos"

La realidad era bien distinta. Hacía años que ETA agonizaba. La presión policial y judicial y la colaboración internacional habían reducido la estructura terrorista de modo extremo hasta hacerla casi inoperativa. Pese a todo, la organización criminal había seguido matando, amenazando y asfixiando a la sociedad vasca. Su último asesinato lo cometió el 16 de marzo de 2010. Un tiroteo mortal que acabó con la vida del gendarme Jean-Serge Nérin en la localidad de Villiers-en-Bière.

Han transcurrido 15 años desde aquel cese definitivo que fue recibido con alivio, algarabía y desconfianza por la sociedad vasca. Tres lustros en los que muchas cosas han cambiado. Otras apenas se han movido. Apenas una veintena de los cerca de 350 asesinatos sin resolver ha sido juzgada desde entonces. Tampoco la condena de la violencia y de la historia de ETA ha estado en boca de sus militantes ni de quienes le aplaudieron y apoyaron.

Reagrupados, con beneficios y legalizados

El entorno de ETA ha logrado en estos años que se acabara con su dispersión penitenciaria. Hoy todos cumplen condena en cárceles vascas o navarras. En 2017 el colectivo de presos de ETA, el EPPK, acordó dejar atrás su negativa a acogerse a beneficios penitenciarios de la legislación carcelaria 'del enemigo'. Lo hizo con el respaldo del 73% de los presos. Desde entonces, las progresiones de grado y las salidas de prisión se han acelerado. De los 700 presos de 2011 se ha pasado a poco más de un centenar en la actualidad, la mayor parte en régimen de semilibertad.

En la izquierda abertzale por un lado han apostado por la vía pragmática de hacer política, pero por otro no han cortado el cordón umbilical que les une a ETA"

Tres lustros en los que la izquierda abertzale también ha llevado a cabo su proceso. El recorrido le ha llevado desde la ilegalidad hasta convertirse en aliado fiel de un gobierno del PSOE, la formación contra la que ETA atentó durante décadas. Batasuna fue ilegalizada en 2003. Sus sucesivas marcas también. En febrero de 2011, ocho meses antes del «cese definitivo» de la actividad de ETA, nació Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale. En sus estatutos proclamaba la condena de la violencia y la apuesta por las vías políticas. No fue hasta el 20 de junio de 2012 cuando el Tribunal Constitucional autorizó su registro como partido legalizado. Poco después, se integró y controló la coalición Bildu que EA y Alternatiba habían constituido.

En estos años, la izquierda abertzale ha visto cómo su apoyo social crecía. En las elecciones autonómicas de 2012 Bildu logró 21 escaños en el Parlamento Vasco y 278.000 votos. En los comicios de 2024 su respaldo había crecido ya hasta los 27 parlamentarios y 343.000 votos.

Desde el comunicado de las capuchas blancas hasta la disolución de ETA aún tuvieron que pasar seis años y medio. ETA fracasó en su intento de negociar una solución y excarcelación de sus presos a cambio de disolverse. El 3 de mayo de 2018, en la localidad vascofrancesa de Cambo, Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', y Soledad Iparraguirre, 'Anboto', oficializaron el comunicado oficial de disolución.

El tabú de ETA en las aulas y las familias

En estos años tampoco la sociedad vasca es la misma. En gran medida, se apresuró a pasar página, a iniciar un nuevo tiempo sin apenas mirar atrás. En la escuela y en muchas familias, ETA sigue siendo un tema tabú del que mejor no hablar. En el entorno de la izquierda abertzale la cuestión sigue esquivándose. El pasado pesa e incomoda y la urgencia para el entorno de Otegi pasa por liquidar «la cuestión de los presos» y desprenderse de esa «mochila».

«Nunca imaginé que gente a la que yo he sentado en el banquillo terminase integrando listas electorales o formando parte del partido socio del Gobierno»

«Este periodo de tránsito está siendo duro e incómodo para mucha gente. No podemos olvidar que hubo un porcentaje nada desdeñable de la sociedad que justificó que esto ocurriera. Hay una parte recalcitrante que sigue pensando que estuvo bien, que era justificable, son minoría», asegura Alberto Alonso, director de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco.

Asegura que esa incomodidad puede ser la razón por la que aún cuesta trasladar contenidos de memoria y convivencia relacionados con los años de violencia a la escuela vasca: «No puedo negar que existe profesorado al que le incomoda este tema, o incluso padres y madres, no sólo porque estuvieron en la esfera de la izquierda abertzale, sino porque temen que sus hijos les interpelen y les pregunten dónde estuvieron ellos. Quizá tienen miedo a esa pregunta», asegura Alonso.

Considera que a la generación que ha crecido sin la losa de ETA hay que contarles qué ocurrió y las consecuencias de tanto dolor. «Los jóvenes tienen interés. Por eso debemos saber darles las herramientas para que hagan esa revisión crítica del pasado. No les podemos contar una milonga. A ellos no les da miedo hablar de ello, es a nuestra generación a la que quizá sí nos da».

"No han cortado el cordón umbilical que les une a ETA"

Gaizka Fernández de Soldevilla es historiador, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y experto en ETA. Reconoce que su sensación es «agridulce» al analizar lo sucedido desde el cese de actividad que anunció ETA. Considera que en estos 15 años ha habido «cierta prisa por pasar página»: «El trabajo de memoria no ha sido lo demasiado profundo que hubiera sido deseable. El desconocimiento entre los jóvenes está ahí. También el abandono que han sentido las víctimas. Les ha faltado el amparo institucional y el de la sociedad, que ha vuelto a mirar hacia otro lado».

En las elecciones autonómicas de 2012 Bildu logró 21 escaños y 278.000 votos. En los comicios de 2024 su respaldo había crecido ya hasta los 27 parlamentarios y 343.000 votos"

Recuerda que el interés en ETA y sus consecuencias ha caído en la sociedad y en los medios de comunicación, «se ve como algo lejano, cuando la última víctima es de 2010, no hace tantos años». Fernández de Soldevilla alerta de que la pedagogía por hacer sigue pendiente en las nuevas generaciones y destaca que es especialmente importante en un contexto como el actual en el que en muchos sectores juveniles «vemos que ha regresado cierto clima bronco, de enfrentamiento que creíamos superado. Están volviendo ciertos brotes de violencia y fanatismo».

Fernández de Soldevilla señala la evolución de la izquierda abertzale como uno de los factores que han marcado el devenir de estos años. Apela al proceso que siguió ETA-PM tras el abandono de las armas y su integración en Euskadiko Ezkerra primero y en el PSE después: «En el caso de la izquierda abertzale, la diferencia es que no ha cortado el cordón umbilical que le une a ETA, ni renuncia o hace autocrítica de la violencia. Por un lado han apostado por la vía pragmática de hacer política, pero por otro siguen enfangados en ese pasado. No sé si tienen voluntad de acabar con eso, pero no lo parece».

"No imagine ver condenados en listas electorales"

Carmen Ladrón de Guevara conoce como pocas personas cómo actuó ETA. Ha vivido muy de cerca el rastro de víctimas y dolor que dejó. Como abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recuerda con satisfacción aquel anuncio: «El final de la violencia fue una buena noticia, es innegable, pero la gestión del periodo posterior tiene muchas carencias». Aquel temor que entonces sintió lo ha confirmado el paso del tiempo. «Nunca imaginé que Bildu o gente a la que yo he sentado en el banquillo terminase integrando listas electorales o formando parte del partido que ha sido socio preferente del Gobierno».

Reconoce que tampoco hubiese predicho entonces que apenas 15 años más tarde, de los 700 presos de ETA que entonces cumplían pena en la cárcel, apenas 36 lo hagan hoy en régimen ordinario, «el resto, unos 70, entran y salen o ya ni siquiera acuden a prisión»: «Yo pensaba que ese final sin presos en prisión lo vería cuando me jubilase, pero en apenas cinco años ocurrirá».

En este tiempo asegura que al menos 18 de los 350 casos han podido ser resueltos: «Llegar a juicio con un caso es una victoria. Confío en que aún se pueda lograr con algún caso más». Ladrón de Guevara considera que el verdadero problema en este tiempo ha sido la política penitenciaria que se ha aplicado a los presos de ETA. En especial desde que el Gobierno vasco asumió en octubre de 2021 la gestión de las prisiones vascas: «La nueva política está destinada a solucionar el problema de los presos y a vaciar las cárceles». Añade que la dignidad y la humillación hacia las víctimas tampoco han desaparecido en todos estos años: «A los etarras en muchos municipios y ámbitos se les sigue recibiendo como héroes, cuando no son más que asesinos. Queda mucho por hacer».

Desde el punto de vista social no oculta que percibe un deseo generalizado de pasar página, en muchos casos por dejar el dolor atrás y en otros, por mero «blanqueamiento» político: «Hay gente que lo ha hecho por dejar esto atrás, pero desde el punto de vista político, ha habido un claro blanqueamiento». La abogada de la AVT lamenta también que en los centros educativos y en las familias la transmisión de lo ocurrido no esté muy presente: «Si no está en la calle ni en los medios, es difícil que esté en las familias. Debe ser una responsabilidad compartida».

• Meta is building its largest-ever data center in northeast Louisiana.
• A local community college is training data center technicians to work there.
• Data center jobs are in high demand and can pay handsomely.

Thousands of construction workers are arriving in a small Louisiana community to build Meta's largest-ever data center.

Less than an hour away, at the Louisiana Delta Community College's West Monroe campus, the next generation of data center professionals is hoping to join their ranks.

"I see AI is really the future. We're going to need data centers to house all the data," Eric Crowe Jr., 27, told Business Insider. "I feel like it will become a very lucrative job to have, and we're going to need more of them. Why not get in now before it gets oversaturated?"

Crowe Jr. is among the students who signed up for the community college's Data Center Technician program. The four-week, nearly $3,700 training course prepares students to enter the data center industry, which is rapidly expanding to support the age of AI.

Construction for Meta's nearly 10-million-square-foot data center, Hyperion, is underway in rural Richland Parish, where business is now thriving as workers flood the region.

Meta says the project will include over 7,500 trade workers on-site at peak construction and support 1,000 operational jobs once completed. For residents living in the region, where there's no state minimum wage law and agriculture is a major industry, the new opportunity to make good money in a growing sector is too enticing to ignore.

"This is a stepping stone into the real world," Dan McCarty, director of Workforce Trades at Louisiana Delta Community College, said. "We prepare you with a résumé. We work on every aspect of employability, safety, and technical skills."

The inaugural class graduated in March, and all 11 students received job offers from IES Communications, which employs people working on Meta's project. McCarty said the program, which is available at the Winnsboro campus, now produces about 24 graduates a month.

In the past, a lot of people, including myself, had to leave here to find the good jobs," McCarty said. "Now they're 30 minutes down the road."

'It's a no-brainer'

The Data Center Technician program teaches students everything from operating equipment to workplace safety. They'll also have the opportunity to earn several certificates. During a class this September, nine students huddled around Fletch Batchelor, an instructor specializing in broadband, as he explained how to splice fiber optic cables.

"Do you know why squirrels chew through cable? They like a high fiber diet," Batchelor said, earning some chuckles.

The program encourages students to take a hands-on approach, which Trey Wadley, 30, said he appreciates. During the class, he participated in a live cable splicing demonstration. Wadley, who's interested in cybersecurity and has a background in the automotive industry, learned about the program while scrolling on Facebook, which, incidentally, is owned by Meta.

"As I learned more about Meta and data centers, they piqued my interest," he said. "I said, 'Okay, this might be something that fits me and that I'm into. I decided to give it a try."

Wadley, who recently welcomed a baby girl, wants to find work with Meta's project so he can work locally. Without Meta's project, Wadley said he'd likely have gone looking for job opportunities in Texas.

The push from tech companies and the US government to build out the nation's AI infrastructure has made data center jobs a valuable new path to lucrative employment. Business Insider reported in August that the median pay for data-center facility managers was $134,000, which is 64% higher than that of other facilities managers. The median pay for project managers at data center facilities was $115,000, a 12% increase over similar roles at other facilities.

Wadley said he's hoping to secure a position paying between $25 and $30 an hour. So is Crowe Jr., who previously handled packages and drove for FedEx, where he was averaging $14 an hour.

"Here, I could make about $25 to $30 per hour. It's a no-brainer for lots of people to pivot," Crowe Jr., who has an interest in cybersecurity, said.

McCarty said entry-level positions could earn as much as $24 an hour, but students who've graduated told him they reached $27 to $28 an hour within six months.

Booked and busy

Residents in Richland Parish, like other communities in the United States, have mixed feelings about the data center. While some say it will bring new jobs and boost the local economy, others are concerned about environmental impacts and disruptions to their daily lives.

It's a reality not lost on Crowe Jr. and Wadley, but they said it's unlikely that AI will simply go away.

"I think we should focus more on solutions to how we can coexist with it," Wadley said.

Students attending the technician class in September also spent time in a mock data center on campus, where they could apply skills they'd learned in class in a real-world setting.

While they tinkered with the equipment, John Bradley, a broadband workforce development instructor, said having access to a similar program as a teen would have been invaluable.

"I chose an alternative route, which was in construction and oil fields, but if I'd have had something like this that would've guaranteed me a good job, good money from the get go, and I could travel if I wanted to, I would've loved that," he said.

Bradley said the program prepares its graduates to be hired by contractors specifically working with Meta.

"We have a special email that we give to different contractors we spoke with that are waiting for them to graduate our class," Bradley said.

However, working at Meta isn't a requirement of participating in the program. Bradley said the skills students learn during the course are transferable, especially as data centers and similar construction jobs become more popular.

"It doesn't have to be a Meta data center. You may decide, 'Hey, I don't want to work in data centers anymore.' You still got banks, you still got IT departments," Bradley said. "You can literally go to work anywhere you want and use the same trades you learned here."

McCarty said the program has a backlog of students trying to get into the course, so they're hoping to expand their offerings.

"We've got some that are fresh outta high school, but we've had students up to 60 years old," he said. "It doesn't really matter what age you decide to get into this trade. Anyone is welcome to come in and learn it."

Nuove emergenze si profilano all’orizzonte, come quella del cambiamento climatico, che, secondo quanto riportato da Luca Bianchi, di Svimez, potrà costarci, entro il 2050, fino a 6 punti di Pil. E sarà proprio il Mezzogiorno l’area più esposta del Paese. Siccità e ondate di calore prolungate stanno già danneggiando l’agroalimentare meridionale e il relativo export. Il cambiamento climatico porterà a fenomeni di desertificazione dei territori più esposti alle crisi idriche: riguarderà il 70% del territorio siciliano, ad esempio, e il 57% della Puglia.

Nel frattempo, quella delle aree interne è ritenuta ormai una delle principali emergenze nazionali, strettamente connessa al tema della desertificazione umana di ampie aree del Paese, all’emigrazione dei giovani, alla contrazione dei servizi offerti sul territorio, all’isolamento di chi vi resta, per obbligo o per scelta. Sono molte le idee e le proposte che animano il dibattito sui paesi e sulle aree interne, e in certi casi al fioccare di proposte non si affiancano idee sul reperimento delle risorse e sulle direttrici di sviluppo che dovrebbero dare alimento e continuità alla rinascita di queste aree.

Un recente progetto di ricerca di interesse nazionale, intitolato Geography and social inequality in Italy, coordinato dal prof. Nazareno Panichella, dell’Università degli Studi di Milano, ha studiato la mobilità interna dalle campagne e dai piccoli comuni verso le città o verso il Nord. Che si sia trattato di fuga o di una strategia di promozione sociale, migrando verso territori con più opportunità, nelle aree di partenza si è andato tracciando il profilo di una popolazione “residuale”: più anziana, meno mobile, con minori titoli di studio e reti professionali più deboli.

Come viene riportato nello studio, con riferimento alle aree interne, “considerando le professioni dall’impiegato di concetto in su (impiegati, professionisti, quadri, dirigenti, imprenditori), la quota di occupati qualificati nelle aree interne si ferma al 34% nel Nord, al 35% nel Centro e scende sotto il 30% nel Mezzogiorno, contro valori compresi fra il 40 e il 46% nei centri urbani. Questa frattura occupazionale si accompagna a un divario educativo altrettanto netto. Nelle aree interne, quasi il 40% della popolazione si ferma alla licenza media inferiore, a fronte del 30% nei centri”.

Secondo gli autori del Progetto, il problema principale non è soltanto quello di fermare la fuga, ma anche quello di ricostruire il tessuto sociale e professionale che può incentivare la permanenza, valorizzando soprattutto le competenze dei giovani. Spesso si tratta di competenze specialistiche e focalizzate su settori avanzati. Dalle analisi effettuate emerge che i territori definiti come aree interne soffrono di isolamento geografico, ma anche di “immobilità sociale”: reti sociali spesso endogamiche impediscono a merito e istruzione di fare svolte significative di destino.

Molti giovani, per questo, non intendono abbandonare i propri paesi, ma vanno via per sottrarsi a un ordine sociale bloccato. Gli autori del progetto parlano di “disuguaglianza cumulativa”. A questo quadro, si aggiunge la necessità di rafforzare l’offerta scolastica tecnico-professionale, che può alimentare la formazione di competenze che si possano spendere sul posto. Al contrario, l’istruzione universitaria, invece di consolidare la permanenza, può diventare un canale di uscita.

Così, il giovane studente migra dall’area interna verso il capoluogo di provincia per gli studi superiori e, spesso, verso il Nord per gli studi universitari. Emerge il dato degli spostamenti degli anziani, per aiutare figli e nipoti già migrati, o per trovare strutture di cura. Va precisato che se nel Nord-Ovest un terzo dei comuni ricade nella definizione di area interna, al Sud si arriva a due comuni su tre, riguardando un terzo della popolazione meridionale.

Uno squilibrio geografico che interessa soprattutto il Mezzogiorno, in termini di distanza dai servizi, spopolamento, debolezza economica e istituzionale. Gli autori del progetto fanno notare che le aree interne del Sud presentano una doppia penalizzazione: nascere in un’area interna del Sud può comportare lo svantaggio della periferia e quello dei classici dualismi Nord-Sud.

Viene fatto notare come la scelta di restare sia talora anche esito di necessità, per mancanza di risorse economiche, reti di sostegno o competenze, che bloccano la persona interessata nel paese di origine, limitandone la mobilità. Chi parte, invece, può creare nuovi ponti per chi resta. Queste reti migratorie possono costituire una importante opportunità: “chi è emigrato e ha costruito esperienze professionali altrove può contribuire alla nascita di nuove attività nei luoghi d’origine (piccole imprese, iniziative culturali, progetti di turismo sostenibile o di agricoltura di qualità) condividendo conoscenze, contatti e capitali”. È un tessuto connettivo su cui si possono impostare percorsi di cambiamento; in molti casi è già attivo.

L'articolo Clima, spopolamento e isolamento sociale: i rischi del futuro per le aree interne del Mezzogiorno proviene da Il Fatto Quotidiano.

• Meta says its system detected intense bursts of activity by a Claude tool.
• That triggered an automatic shutdown and locked admins out of the account.
• It happened during a day of rallies promoting early voting in the midterms.

Meta said Sunday that its systems suspended the No Kings movement's Instagram account during its day of action because it detected "intense" activity by a Claude tool.

The account was locked and administrators were denied access for "several hours" during nationwide rallies on Saturday to mobilize early voting in the midterms, the group said.

Meta initially said that an automatic trigger was responsible for shutting down the account "in error," but offered a fuller explanation a day later.

"Our engineering team discovered that the spike that triggered the incorrect enforcement was primarily in the account's 'reading' behavior," spokesperson Andy Stone said in an X post.

"Specifically, our network security systems detected the use of a Claude tool reading profiles, posts, and hashtags, the rate of which sharply increased (~4x volume) in intense bursts on October 17. "

Stone said the activity resembled bot traffic, prompting the system to take the account offline.

"An automated re-review of the removal action an hour later recognized that shouldn't have happened and restored the account. It unfortunately took additional time for us to straighten out the situation with admin access to the IG account.

"We want to reiterate our sincere apology for the error," he wrote.

The No Kings network, which bills itself as nonpartisan but arose last year in response to President Donald Trump's actions, said it held nearly 3,000 rallies across the country to encourage voters to cast their ballots early as a hedge against any effort to undermine turnout.

"Restricting communications about voting in the middle of an election is unacceptable," it said.

"Meta must answer for this suspension and take immediate steps to ensure it never happens again — to any account, but especially those working to inform voters and encourage participation in our democracy."

Democratic Sen. Chris Murphy of Connecticut called for an investigation into the shutdown, saying on Sunday evening that even if it was made in error, the incident was a "total indictment of Meta's outsized influence on our culture and politics."

"If it wasn't malevolence, it was likely a natural consequence of a company that is desperate to get as close to Trump as possible (and thus has a disincentive to do the basic, proactive work to be ready to support users on No Kings Day)," he wrote in a post on X.

The senator, who has advocated for stricter regulation and anti-monopoly laws against Big Tech, said Meta's significant share of the political discourse market comes with a responsibility for it to be ready for "major moments of political action."

October 18, 2026: This story was updated with public comment from Sen. Chris Murphy.

Segundo as entidades, no dia 6 de outubro a Meta derrubou, de forma simultânea e sem aviso prévio ou justificativa, as contas do Centro Acadêmico André da Rocha (@caarufrgs), do Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (@sajudaufrgs) e do Diretório Acadêmico de Economia, Contábeis e Atuariais (@ufrgsdaeca), todos ligados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e também a conta do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (@dceufcspa). 

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• TSE define regras para canais de WhatsApp durante a campanha .
• TSE determina isonomia após IA da Meta barrar imagens de Lula.

Na tentativa de reverter o bloqueio, o Ministério Público Federal (MPF), em conjunto com o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (Saju) da Faculdade de Direito da UFRGS, entrou com uma ação civil pública contra a empresa de tecnologia. 

O MPF alega que a suspensão das contas configura censura e pode causar prejuízos à organização estudantil e ao acesso à assistência jurídica gratuita.

Apesar da decisão da Justiça, as contas seguiam suspensas até a tarde deste sábado (17). 

IA seletiva

Na quarta-feira (14), a campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois que usuários da inteligência artificial do aplicativo WhatsApp, de propriedade da Meta, constataram que a IA não permitia a criação de conteúdos sobre Lula, mas liberava a criação de imagens relacionadas ao candidato Flávio Bolsonaro (PL). 

A ação também menciona restrições na entrega de postagens aos usuários de plataformas da Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp).   

Na sexta-feira (16), o TSE decidiu, por unanimidade, manter a decisão individual do ministro Marco Aurélio Belizze que proibiu a Meta de restringir a entrega de postagens que envolvem os candidatos à Presidência da República. O objetivo é garantir isonomia entre os candidatos. 

Procurada, a Meta disse que não irá se manifestar.

Más allá del huevo, los alimentos pochados no suelen tener la mejor fama frente a los sometidos a otros métodos de cocción. Es hora de cambiar esto: pochar implica cocer en un líquido o en una grasa a baja temperatura de manera que el alimento se ablande pero nunca llegue a dorarse ni tostarse, lo que suele dar lugar a un resultado suave y reconfortante si se hace correctamente. El pollo es perfecto para ponerlo en práctica.

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Os votos foram proferidos pelos ministros Floriano de Azevedo Marques, André Mendonça, Estela Aranha, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nunes Marques e Dias Toffoli, além da manifestação de Belizze.

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Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 500 mil.

A decisão foi proferida após a campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informar ao TSE que comandos para geração de imagens de inteligência artificial não permitiam a criação de conteúdos sobre Lula. Contudo, a criação de imagens relacionadas ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) está liberada.

Outro lado

Após o PT denunciar as falhas, a Meta declarou que a recomendação de candidatos foi proibida, conforme determinação do TSE. A plataforma também informou que tomou medidas adicionais para restringir as recomendações.

“Em cumprimento com as regras eleitorais do Brasil, nós proibimos temporariamente a recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles. Tomamos medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e seu número nas urnas também não produzam imagens”, afirmou a empresa.

* Título e texto atualizados às 21h42

– Italia, la piazza sfida il riarmo di Margherita Furlan
– Avvocatura dello Stato: è guerra mondiale ibrida di Jeff Hoffman
– La Francia ferma i suoi figli di Jeff Hoffman
– Tirana in fiamme, Rama non cede di Jeff Hoffman
– USA e UE sempre più distanti di Gionata Chatillard
– Due stretti in fiamme, l’Europa paga di Jeff Hoffman
– Taiwan cerca alternative a Hormuz, Trump si inserisce di Ivan Bodyan
– Buon giro intorno al Sole

A cura di Margherita Furlan
Con la collaborazione di Gionata Chatillard, Ivan Bodyan e Jeff Hoffman
Editing di Mario Ferdinandi

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L'articolo 🔴GUERRA MONDIALE IBRIDA | 16.10.26 proviene da Casa del Sole TV.

With just over a week to go until Brazil’s closely contested presidential election, the picture remains much the same as it has for months: a dead heat.

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Pela decisão, o Facebook, uma das redes sociais operadas pela Meta, deve abster-se de reduzir a distribuição de publicações, impedir recomendações ou restringir resultados de busca. A Meta controla também Instagram e WhatsApp. A decisão determina tratamento igualitário entre as candidaturas e prevê medidas contra restrições desiguais.

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A decisão foi proferida após a campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informar ao TSE que comandos para geração de imagens de inteligência artificial não permitiam gerar imagens de Lula. Contudo, a criação de imagens relacionadas ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) está liberada.

Na decisão, o ministro ressaltou que as medidas determinadas por ele não alcançam o conteúdo de opiniões manifestadas pelos usuários das redes sociais e devem ser aplicadas igualmente às candidaturas de Lula e Flávio.

“Estão presentes, portanto, a probabilidade do direito, nos limites das medidas a seguir, e o perigo de dano, evidenciado pela proximidade do segundo turno, marcado para 25 de outubro de 2026, e pelo início, em 22 de outubro de 2026, dos períodos em que a lei veda a publicação de novos conteúdos sintéticos e o impulsionamento de propaganda eleitoral. Eventual falha nesse intervalo não poderá ser reparada após o pleito”, justificou o ministro.

IA

Sobre as falhas na geração de conteúdos de inteligência artificial de Lula, Belizze disse que não há provas de que a Meta agiu para barrar conteúdos favoráveis a Lula.

“Ao menos em exame preliminar, verifica-se que a ferramenta de controle de prompts desenvolvida pela representada apresentou falha. Não há, contudo, elementos que permitam afirmar que essa falha tenha decorrido de critério deliberado ou que o episódio tenha se repetido de forma sistemática”, completou.

Brasília (DF), 14/10/2026 - Reprodução de tela de comandos da Meta IA com candidatos Lula e Flávio Bolsonaro para eleições. Foto: Meta IA/Reprodução - Meta IA/Reprodução

Outro lado

Após o PT denunciar as falhas, Meta declarou que a recomendação de candidatos foi proibida, conforme determinação do TSE. A plataforma também informou que tomou medidas adicionais para restringir as recomendações.

“Em cumprimento com as regras eleitorais do Brasil, nós proibimos temporariamente a recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles. Tomamos medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e seu número nas urnas também não produzam imagens”, afirmou a empresa. 

O Atlético-GO enfrenta a Ponte Preta nesta sexta-feira (16), às 19h30, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, no interior paulista, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sexto colocado, com 53 pontos, o Dragão busca uma vitória para fortalecer sua posição na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso à Série A de 2027.

Segundo projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Atlético-GO tem 40,5% de probabilidade de se manter na zona de playoffs de acesso e 0,8% de chance de conquistar o acesso direto. A equipe chega ao confronto depois de conquistar apenas um ponto nos dois últimos jogos.

A disputa segue apertada. O CRB, com 52 pontos, e o Sport, com 51, estão entre os concorrentes que tentam se aproximar do grupo dos seis primeiros. Com cinco rodadas restantes, cada resultado pode alterar a situação dos clubes na briga pelo acesso.

Dragão terá retornos e desfalques

O atacante Gustavo Coutinho está novamente à disposição da comissão técnica depois de cumprir suspensão. Um dos artilheiros do Atlético-GO na Série B, com 13 gols, ele reforça o setor ofensivo para a partida.

Gustavo Maia também fica disponível após não enfrentar o Sport por uma questão contratual. O Dragão, porém, não contará com o técnico Roger, que cumpre suspensão.

Do lado da Ponte Preta, o zagueiro Gustavo Almeida e o volante Denis estão fora após receberem cartões vermelhos na goleada sofrida diante do Novorizontino.

A equipe paulista já teve o rebaixamento para a Série C de 2027 confirmado e ocupa a lanterna da competição, com 13 pontos. Apesar da situação do adversário, o Atlético-GO não espera um jogo sem dificuldades.

A Ponte tem utilizado jogadores das categorias de base nesta reta final. O confronto será disputado em Indaiatuba porque o gramado do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, passa por substituição. A cidade fica a cerca de 30 quilômetros de Campinas.

Coutinho reconhece resultados ruins e cobra reação

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira (14), na Dragão TV, Gustavo Coutinho reconheceu que o desempenho recente da equipe ficou abaixo das expectativas. O atacante afirmou que conquistar apenas um ponto em seis possíveis não foi um bom resultado, embora os concorrentes diretos também não tenham conseguido ultrapassar o Atlético-GO na tabela.

Para o jogador, a equipe precisa fazer uma sequência de cinco partidas sem erros para alcançar o objetivo da temporada. Coutinho também destacou a importância da vaga nos playoffs de acesso e a pressão natural da reta final.

O atacante avaliou que a proximidade do encerramento do campeonato aumenta a responsabilidade do elenco. Ele afirmou que o grupo precisa manter a concentração nos compromissos restantes para evitar que a disputa pelo acesso fique ainda mais complicada.

Além da disputa pelo acesso com o Atlético-GO, Gustavo Coutinho tem uma meta individual para alcançar nesta reta final da Série B: chegar aos 100 gols como profissional. Aos 27 anos, o atacante soma mais de 200 partidas na carreira e está a dois gols de atingir a marca.

“Eu acredito que estou trabalhando e estou no caminho, que é chegar aos 100 gols na carreira. Tenho 27 anos, seis anos de carreira profissional e mais de duzentos jogos na carreira. Estou próximo de conquistar os 100 gols. Faltam apenas dois. Acredito que isso é palpável. São cinco jogos, mas eu não posso, de forma alguma, relaxar e achar que isso vai acontecer de qualquer jeito”, afirmou.

Atacante comenta salários atrasados

Coutinho também falou sobre os salários atrasados no Atlético-GO e declarou que Adson Batista tem a confiança do elenco para resolver a situação.

O jogador lembrou sua passagem pelo clube em 2023 e afirmou que recebeu os valores devidos, inclusive a premiação pelo acesso. Segundo Coutinho, o presidente informou que pretende acertar os pagamentos ainda nesta semana.

O atacante disse que a pendência financeira não pode tirar o foco da equipe na preparação para o duelo contra a Ponte Preta. O Atlético-GO tenta garantir pontos importantes enquanto a disputa pelo G-6 se aproxima das rodadas decisivas.

Coutinho pede respeito à Ponte Preta

Mesmo com o rebaixamento confirmado, a Ponte Preta terá jogadores tentando aproveitar as últimas oportunidades da temporada. Coutinho chamou a atenção para a situação dos atletas mais jovens que vêm sendo utilizados pela equipe paulista.

O atacante afirmou que o adversário merece respeito e lembrou que os jogadores também estão em busca de oportunidades profissionais para 2027 e para o restante de suas carreiras.

A partida desta sexta-feira pode ter impacto direto na permanência do Dragão entre os seis primeiros. Depois de dois resultados abaixo do esperado, o Rubro-Negro tenta retomar o caminho das vitórias para continuar na disputa pelo acesso à Série A.

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C’è un problema che nessuno vuole mettere per iscritto nei piani industriali: se le macchine producono tutto, poi chi compra? Domanda banale, quasi offensiva per chi gestisce un’azienda. Eppure, è il nodo che tiene insieme tutta la baracca capitalistica.

Il ragionamento è semplice. Un’impresa sostituisce i lavoratori con i robot. Risparmia stipendi, aumenta i margini, festeggia i dividendi in consiglio di amministrazione. Poi guarda fuori dalla finestra e scopre che il mercato è fatto di persone. Quelle stesse persone che non hanno più uno stipendio. Il bisogno di un bene non basta a creare domanda, serve potere d’acquisto. Una famiglia che ha bisogno di una casa ma non può pagarla, per chi vende, semplicemente non esiste.

La parte tragicomica è che ogni azienda capisce il problema, ma nessuna ha l’incentivo a risolverlo da sola. Se una fabbrica automatizza, il risparmio è suo. La perdita di consumi si spalma su supermercati, ristoranti e negozi. È il classico caso in cui il comportamento razionale del singolo produce un disastro collettivo. Nessuno è stupido, nessuno è cattivo ma, semplicemente, nessuno paga il conto.

I soldi risparmiati sugli stipendi non svaniscono, certo. Diventano profitti, prezzi più bassi o investimenti. Il guaio è che un miliardario consuma una frazione del suo reddito, mentre una famiglia lo spende quasi tutto per vivere. E costruire nuove fabbriche diventa meno attraente se prevedi che mancheranno clienti. Il Fondo monetario internazionale lo ha detto senza giri di parole: l’AI rischia di aumentare la disuguaglianza patrimoniale, perché chi possiede capitale incassa rendimenti sempre maggiori.

Quindi a chi si venderebbe? A chi lavora ancora, finché il reddito resta diffuso. Ai proprietari del capitale, che però sostengono il lusso, non il mercato di massa. Allo Stato, a patto che decida di redistribuire. A una popolazione che possiede quote delle attività produttive, scenario che richiede tuttavia una proprietà molto più diffusa di quella attuale. Se nessuno di questi canali compensa, la produzione potenziale resta lì, accanto a povertà e capacità inutilizzata.

Chi è ottimista ha i suoi argomenti, perché secondo lui i prezzi più bassi e i nuovi mestieri possono attenuare il colpo. Ma un prezzo più basso aiuta poco chi non ha affatto reddito, e un nuovo lavoro non è automaticamente accessibile a chi ha perso il vecchio. Contano competenze, età, luogo. Una crescita aggregata può convivere con perdite devastanti per singole persone.

Il punto vero non è se il capitalismo sopravvivrà; ma se il lavoro umano diventa meno necessario per produrre ciò che serve può continuare ad essere la condicio sine qua non per avere diritto a consumarlo? La tecnologia potrebbe permetterci di vivere meglio lavorando meno. Il modo in cui distribuiamo proprietà, reddito e potere decide chi potrà beneficiarne.

Emerge allora la questione che molti (i ricchi, soprattutto) evitano come la peste ma che sarebbe quella centrale. Senza limiti strutturali al guadagno capitalistico incontrollato, la concentrazione della ricchezza non si corregge da sola. Serve un tetto, una soglia oltre la quale il surplus non resta nelle mani di pochi ma ritorna alla collettività. Non è un’espropriazione, è un argine alla deriva sociale. Perché un sistema che produce abbondanza ma non la distribuisce non è solo ingiusto, è fragile. E quando la ricchezza si accumula senza freni, la storia ha già dimostrato come va a finire.

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Chi ci governa dovrebbe avere l’onestà intellettuale di ammettere che dei problemi del nostro paese non gli interessa niente.

In un paese serio e civile chi è alla guida dovrebbe garantire a tutti gli strumenti perché ogni persona possa sviluppare le proprie potenzialità, solo così un paese può realmente crescere e ogni persona diventare protagonista e parte integrante della società e anche chi ha delle difficoltà non sentirsi discriminato, ma valorizzato; perché non visto solo e unicamente per il suo limite, ma considerato una risorsa e non uno scarto o un peso per il paese.

Riporto alcuni dati: “Oltre 2,1 milioni di famiglie in condizione di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. È la situazione dell’Italia nel 2025, secondo l’Istat. In termini percentuali, l’incidenza della povertà assoluta – ovvero la condizione in cui si trovano chi non ha la capacità economica per coprire i costi minimi essenziali per condurre una vita dignitosa ed evitare gravi forme di esclusione sociale – tra le famiglie è pari all’8,0%, in lieve calo rispetto al 2024 (8,4%), e al 9,3% tra le persone (9,8% nel 2024)”. Credo sia arrivato il momento di cambiare rotta, altrimenti il paese non riuscirà più a risollevarsi e le famiglie si sentiranno sempre più sole.

I soldi ci sono, perché altrimenti non si potrebbe neanche comprare nessun tipo di arma, o sbaglio? Dipende se chi ci governa vuole realmente il bene del paese e dei cittadini o pensa solo al profitto e alla propria affermazione politica, anche se vorrei ricordare che le carriere politiche finiscono, ma i problemi irrisolti legati alla politica reale e alla vita quotidiana del popolo aumentano.

Ovviamente, nei limiti del possibile, bisogna sempre cercare di non arrendersi e soprattutto dobbiamo sempre lottare contro le ingiustizie e far sentire sempre la nostra voce.

Per segnalarmi le vostre storie scrivete a: raccontalatuastoria@lucafaccio.it

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L’Istat ha pubblicato i dati sulla povertà assoluta nel 2025.

Nel 2025, in Italia, oltre 2,1 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di persone. L’incidenza resta stabile rispetto al 2024, attestandosi all’8% tra le famiglie e al 9,3% tra gli individui. Dietro questi numeri emerge un dato che richiama il tema della precarietà abitativa: 999mila famiglie in povertà assoluta vivono in affitto, quasi la metà del totale delle famiglie in povertà assoluta.

Il rapporto tra condizione abitativa e povertà è evidente. Tra le famiglie che pagano un affitto l’incidenza della povertà assoluta raggiunge il 20,9%, contro il 4,5% di quelle che vivono in una casa di proprietà. Per chi abita in un alloggio in usufrutto o a titolo gratuito, il dato è del 10,2%. L’affitto rappresenta dunque un fattore di forte vulnerabilità economica, soprattutto per chi dispone di redditi molto limitati e deve destinare una parte significativa del proprio reddito alle spese abitative.

La situazione è ancora più critica per le famiglie con figli. L’incidenza della povertà assoluta tra quelle con minori che vivono in affitto sale al 28,7%, contro il 6% delle famiglie proprietarie e il 10,5% di quelle in usufrutto. Quasi tre famiglie con minori su dieci tra quelle in locazione si trovano in condizioni di povertà assoluta. Un dato che evidenzia quanto il costo della casa possa incidere sulle condizioni di vita dei minori e sulle possibilità delle famiglie di sostenere le spese essenziali.

La questione abitativa si conferma così centrale nelle politiche di contrasto alla povertà. L’affitto è una spesa difficilmente comprimibile, che sottrae risorse ad alimentazione, salute, istruzione. Per le famiglie in povertà assoluta, l’affitto medio secondo Istat è di circa 379 euro al mese, contro i 454 euro delle famiglie non povere. Ma attenzione: questi affitti medi sono la media di tutti gli affitti, compresi quelli delle case popolari. Una differenza che non attenua il problema.

Di fronte a questi numeri, diventa prioritario rafforzare le politiche abitative pubbliche. Ampliare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Aumentare il numero di case popolari disponibili significa offrire un’alternativa concreta alle famiglie che non riescono a sostenere i canoni del mercato privato sia libero che agevolato. A questo obiettivo possono contribuire il recupero degli immobili pubblici e privati inutilizzati, la riqualificazione e recupero degli alloggi esistenti e una programmazione stabile di nuovi investimenti.

Il sostegno economico all’affitto come misura di contrasto agli sfratti resta strumento importante, ma rischia di non essere sufficiente, o solo un travaso di risorse pubbliche verso i proprietari, se manca un’offerta adeguata di abitazioni pubbliche a canone sociale. Serve quindi una strategia di lungo periodo che consideri la casa non soltanto come un bene di mercato, ma come un elemento fondamentale del welfare e della tutela sociale pubblica.

Le differenze territoriali confermano la portata del problema: tra le famiglie in affitto, l’incidenza della povertà assoluta raggiunge il 22,4% nel Mezzogiorno, il 21,3% nel Nord e il 17,8% nel Centro. Particolarmente esposte sono anche le famiglie in affitto con almeno un componente migrante, per le quali l’incidenza sale al 32,8%, contro il 14,9% delle famiglie composte esclusivamente da italiani.

La stabilità della povertà rispetto al 2024 non deve dunque essere scambiata per un superamento dell’emergenza. I dati mostrano che il disagio economico è strettamente legato anche alle condizioni abitative e colpisce soprattutto chi non possiede una casa e deve mantenerla attraverso un affitto. Investire nell’edilizia residenziale pubblica, aumentando la disponibilità di alloggi ad affitti rapportabili al reddito netto, rappresenta una leva essenziale per contrastare la povertà, ridurre le disuguaglianze e garantire alle famiglie povere, il diritto a una casa effettivo.

Purtroppo i segnali di politiche abitative che vengono dall’Unione europea, Governo, Regioni e Comuni non sembrano affrontare la questione in termini di incremento dell’edilizia residenziale pubblica, continuando a proporre programmi abitativi di privati o fondi immobiliari. Questo è il nodo da sciogliere.

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La inteligencia artificial parece muy lista, pero no aprende sola. Miles de humanos han guiado su aprendizaje, corrigiendo y ajustando sus respuestas. Un informe publicado este jueves por las plataformas de investigación DiPLab y Reversing.Works da nuevos detalles sobre cómo miles de trabajadores europeos trabajan a ratos sueltos para Outlier, una plataforma de Scale AI. En junio de 2025, Meta pagó 12.400 millones de euros por el 49% de Scale AI y su fundador, Alexandr Wang, pasó a ser director de IA de la compañía de Mark Zuckerberg. Antes de esa adquisición, Outlier ayudaba también a entrenar los modelos de empresas como OpenAI o Google.

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