La muerte de Helena Jubany, la bibliotecaria de 27 años cuyo cuerpo fue hallado en el patio de un edificio de Sabadell (Barcelona) en diciembre de 2001, llegará finalmente a juicio 25 años después. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell ha decretado la apertura de juicio oral ante un tribunal del jurado en la Audiencia de Barcelona contra Santiago Laiglesia, que se sentará en el banquillo como único acusado por el asesinato y la detención ilegal de Helena Jubany.
En un primer momento, la investigación también señaló a Montserrat Careta, entonces pareja de Laiglesia, quien fue arrestada en febrero de 2002 e ingresó en prisión provisional y sin fianza por su presunta implicación en el crimen. El 7 de mayo de aquel año, Careta se quitó la vida en la prisión de Wad-Ras, en Barcelona, antes de que se celebrara el juicio, dejando previamente una nota en la que mantenía su inocencia.
Según fuentes judiciales a las que tuvo acceso EFE, la magistrada ha considerado que, después de completar las diligencias de investigación, existen "indicios racionales de criminalidad" suficientes para sentarlo en el banquillo. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima a través del letrado Benet Salellas, solicitan para él 26 años de prisión.
La decisión supone un nuevo avance en una causa que ha atravesado más de dos décadas de investigaciones, un archivo provisional y una reapertura motivada por la emisión de un documental que permitió incorporar pruebas que no estaban disponibles durante la instrucción original.
En diciembre de 2001, cuando Helena Jubany fue asesinada, Santiago Laiglesia mantenía una relación sentimental con Montserrat Careta, una de las primeras personas investigadas por el crimen. Los tres pertenecían a la Unió Excursionista de Sabadell (UES), una entidad asociativa cuyo entorno centró buena parte de las sospechas policiales desde el comienzo de las pesquisas.
Careta ingresó en prisión preventiva y se suicidó en su celda en mayo de 2002, mientras defendía su inocencia. La investigación continuó, pero la falta de pruebas concluyentes contra Laiglesia impidió entonces que el procedimiento avanzara contra él. En 2005, el juzgado acordó el archivo provisional de la causa.
El escenario procesal es ahora distinto. Laiglesia afronta la apertura de juicio oral en libertad provisional y como único acusado, después de que la jueza acordara también el archivo provisional de la causa respecto a Francisco Javier G. M., conocido como Xavier Jiménez. Ni la Fiscalía ni la acusación particular dirigieron finalmente acusación contra él, después de descartarse la presencia de su ADN en las prendas de la víctima.
Ya en noviembre de 2025, según documentación judicial a la que tuvo acceso la entonces Europa Press, la misma instructora había ordenado el ingreso de Laiglesia en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La decisión se apoyaba en el riesgo de fuga y en la necesidad de evitar una posible alteración de los testimonios del entorno de la Unió Excursionista de Sabadell.
En aquella comparecencia, el investigado se acogió a su derecho a no declarar. La acusación ejercida por la familia describió entonces su actitud como "inexpresiva". Su defensa solicitó el archivo de las actuaciones y cuestionó la solidez de las pruebas genéticas, además de aportar informes del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife para poner en duda los resultados de los análisis y plantear una posible ruptura de la cadena de custodia o contaminación indirecta de las muestras.
Entre sus argumentos figuraba que Laiglesia había trabajado en un despacho de abogados que podría haber tenido acceso a la prenda analizada. La jueza, no obstante, rechazó el archivo y acordó que el procedimiento continuara hacia el juicio oral.
El caso se remonta al 2 de diciembre de 2001, cuando un vecino encontró el cuerpo desnudo de Helena Jubany, de 27 años, en el patio interior de un edificio de Sabadell. La joven presentaba quemaduras y su muerte dio lugar a una investigación que, desde el principio, estuvo marcada por las circunstancias en las que había desaparecido y por las sospechas que rodearon a su entorno más cercano.
La bibliotecaria había comenzado a recibir meses antes cartas anónimas acompañadas de refrescos y alimentos. Aquellos envíos se convirtieron en una de las líneas centrales de la investigación: los investigadores contemplaron la posibilidad de que los anónimos hubieran servido para ganarse su confianza y facilitarle sustancias que anularan su capacidad de reacción.
Las diligencias forenses determinaron que Helena había sido sedada con fármacos antes de caer desde la azotea del edificio. Según la reconstrucción de los hechos recogida en la investigación, fue trasladada hasta allí inconsciente, pero todavía con vida, y arrojada al vacío. La hipótesis de que alguien hubiera intervenido para suministrarle las sustancias y trasladar su cuerpo orientó parte de las pesquisas.
Las sospechas se concentraron inicialmente en personas vinculadas a la Unió Excursionista de Sabadell. Sin embargo, tras el suicidio de Montserrat Careta y ante la ausencia de pruebas suficientes contra Laiglesia, el caso quedó archivado provisionalmente en 2005.
La causa volvió a cobrar impulso en 2020, tras años de reivindicaciones de la familia y de una mayor atención pública al caso, alimentada también por programas de televisión que repasaron las contradicciones de la investigación y especialmente por un episodio de Crims, que recogía un análisis de los hechos. La reapertura se formalizó en febrero de 2023, cuando el procedimiento estaba a punto de prescribir.
Al parecer, la investigación se centra ahora en utilizar técnicas de análisis que no habían estado disponibles durante las primeras diligencias y revisar nuevas pruebas que han aparecido a raíz de la reapertura. En este sentido, los investigadores examinaron el ordenador de la víctima, sus correos electrónicos y las cartas anónimas, además de realizar nuevos peritajes caligráficos.
Pero uno de los elementos más relevantes para la causa llegó del análisis de una prenda de ropa; un informe técnico de 14 páginas elaborado por agentes de la Policía Nacional confirmó la presencia de ADN masculino compatible con Santiago Laiglesia en la zona lateral inferior izquierda del jersey que vestía Helena cuando murió.
Según los datos policiales difundidos por la agencia citada, la compatibilidad genética observada hace aproximadamente 26 billones de veces más probable que la mezcla de ADN contenga material genético de Laiglesia que el de un individuo elegido al azar de la población española.
La presencia de ese material biológico se ha convertido en uno de los elementos centrales de la acusación. En sus resoluciones, la magistrada señala que los investigados no habían declarado haber coincidido con Helena Jubany durante los días previos ni haber mantenido un contacto físico que explicara la presencia de sus restos biológicos en la prenda. La jueza considera que el resultado genético constituye un indicio relevante para situar a Laiglesia en el contexto del crimen.
La instructora también ha valorado las circunstancias del traslado del cuerpo hasta la azotea. En su razonamiento, considera difícil que Montserrat Careta hubiera podido realizar esa operación por sí sola y entiende que la hipótesis de una participación de su entonces pareja resulta coherente con los indicios reunidos. Se trata, no obstante, de una valoración judicial en la fase de instrucción, no de una declaración de culpabilidad.
Con la apertura de juicio oral, el caso de Helena Jubany entra en una nueva etapa. Más de 24 años después del hallazgo de su cuerpo, será un jurado popular de la Audiencia de Barcelona el que deberá examinar las pruebas y determinar si Santiago Laiglesia es penalmente responsable de los delitos que se le atribuyen. La acusación solicita 26 años de prisión, pero la decisión final corresponde al tribunal.
El exjuez Luis Sáenz de Tejada, imputado en el 'caso Leire Díez', ha negado que persiguiera a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma --la que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno-- después de que ella declarara como perjudicada en la Audiencia Nacional, porque él dice que se encontraba "a 450 kilómetros".
Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el investigado señala que el pasado 8 de octubre, a las horas de lo denunciado por Biedma, se encontraba en Uceda (Guadalajara), por lo que indica que la denuncia es "falsa".
"Es evidente que no pude llegar al lugar señalado en la denuncia", señala Sáenz de Tejada, que afirma que estuvo "todo el día" en ese emplazamiento: "Me encontraba a 450 kilómetros de distancia, con tres testigos y estando geolocalizado".
Según el exjuez, pasó el día completo en casa de su hermana, que se encuentra a "unas cuatro horas y media del lugar señalado" por Biedma ante la Policía Nacional. Y agrega que ese mismo día grabó un vídeo en una habitación de esa vivienda, así como que todos sus dispositivos móviles y ordenador portátil "pueden ser geolocalizados en dicho lugar".
Manifiesta que con este escrito "acredita" lo "incierto" de la denuncia presentada por la jueza de Badajoz, a la que critica que denunciara "los supuestos hechos tan graves e intimidatorios cinco días después de sucedidos".
Asimismo, señala que "la supuesta identificación la realiza su hija menor de edad" y que, "yendo la denunciante en el coche, no pudo ni ella ni ningún acompañante recoger la matrícula ni dato alguno del coche, ni identificar a nadie a pesar de ponerse en paralelo".
Biedma denunció ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Extremadura que los hechos habrían ocurrido sobre las 19.15 horas del día que declaró como perjudicada ante el magistrado Santiago Pedraz y se le puso un dispositivo de seguridad y de protección.
Según la denuncia, ella iba conduciendo de camino a su casa de Badajoz desde el aeropuerto de Talavera de la Real, en compañía de sus hijas, cuando una le avisó de que "un coche de color blanco", sin poder identificar la matrícula, se había puesto en paralelo a su vehículo.
El coche, de acuerdo a la denuncia, "iba ocupado por Sáenz de Tejada" y la jueza indicó a la Policía que "desconoce cómo esa persona ha podido tener conocimiento" de que "iba a realizar ese trayecto en ese momento", por lo que teme que "pudieran haber colocado algún tipo de localizador o dispositivo GPS en su vehículo".
Por contra, el exjuez sostiene que se trata de "una nueva represalia prohibida por la ley reguladora de la protección de personas que denuncien infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".
"Se trata de una nueva represalia por las revelaciones públicas de conductas ilegales que se vienen poniendo de manifiesto a la ciudadanía", afirma, a la par que apunta a una "enemistad manifiesta de la denunciante" contra él, a quien Pedraz imputó por presuntos delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral.
La Guardia Civil vincula a Sáenz de Tejada con la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
La Fiscalía ha recurrido por “prematura” la reciente decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de conceder por segunda vez el tercer grado o régimen abierto al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi. El ministerio público alega para ello que solo han pasado tres meses desde que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro le revocara en julio una medida similar al considerar ya entonces que el recluso no había acreditado una “maduración suficiente del proceso de reinserción”. Es la cuarta vez en el último mes y medio que la Fiscalía se opone a aplicar una medida similar a presos de ETA. El juez Castro debe resolver aún los recursos por las semilibertades de Henri Parot, alias Unai; la exjefa etarra Soledad Iparragirre, Anboto; e Idoia Mendizábal, Iliargi.
Lourdes Cavero, esposa del expresidente madrileño Ignacio González, ha negado este martes que la constructora Dragados costease el acondicionamiento de un jardín en su vivienda en 2006, después de que esa compañía ganase el proyecto para levantar un campo de golf en el centro de la capital. Pese a que la Fiscalía sospecha que esas obras fueron una contraprestación, la mujer del expolítico ha defendido que las abonaron de su bolsillo. “Pagué en efectivo y paulatinamente a medida que se iba avanzando con las obras”, ha insistido Cavero al declarar como testigo en el primer juicio que acoge la Audiencia Nacional contra el exdirigente del PP por el caso Lezo.
El Tribunal Supremo ha aplicado este martes la amnistía al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Dos semanas después de que el Tribunal Constitucional estableciera que la Sala Penal debió otorgar la medida de gracia al delito de malversación que atribuyó a los exdirigentes independentistas, el Supremo ha cumplido este mandato y ha amnistiado a los cuatro antiguos miembros del Govern a los que juzgó y condenó por ese delito en 2019. La amnistía deja sin efecto la pena de inhabilitación que aún pesaba sobre ellos, por lo que los cuatro podrían ya presentarse a las próximas elecciones u ocupar un cargo público. En el auto en el que expone su decisión, el Supremo lanza al Constitucional un reproche insólito, por extenso y contundente. “Su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo”, recalcan los jueces.
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El testimonio de Dakota Sampedro (Gijón, 30 años) demuestra que una mala temporada académica puede quedar enterrada en la excelencia de una carrera: “Repetí curso, pero también me saqué la oposición en dos años y medio y fui la número uno de mi promoción”, explica. El motivo de su transformación tras ese complicado tercer curso de la ESO fue los ánimos de su familia y su propia voluntad. Y, sobre todo, que encontró una motivación, un propósito: el Derecho. En 2022 consiguió entrar en la Escuela Judicial, en una prueba cuya ratio es de aproximadamente 20 aspirantes por plaza. Y desde 2025 ocupa la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox (Málaga).
Claudia Vila
Juan Antonio Carbajo y Francis Pachá
Belén Daza
Rodolfo Mata
Adolfo Domenech
Productor ejecutivo: Quique Oñate. Ayudante de producción: Valentina Marín. Realizador: Alberto Gamero. Operadores de cámara: Diego Martínez y Alberto Gamero. Edición de vídeo: Alberto Gamero y Diego Martínez. Dirección de fotografía: José Lastra. Sonido directo: Cristian Aira. Dirección de Arte: Alejandro Sáez. Grafismo: Carmen Castellón. Maquillaje y Peluquería: Adriana Camelo
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Víctor de Aldama no está dispuesto a que vendan sus coches por él. El comisionista considera que puede sacar un precio más alto si la Audiencia Nacional le permite buscar a él compradores en lugar de realizar una subasta a través de una oficina del Ministerio de Justicia. Aldama ha realizado una tasación aproximada de los cuatro vehículos, entre los que se incluye un Ferrari, y le sale un montante de 760.000 euros. El juez del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si permite que el empresario, condenado a una multa de 72.000 euros por delitos de organización criminal y cohecho, haga la venta.
© Borja Sánchez-Trillo (EFE)
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