The fact that Spain is swimming against the tide on European immigration issues became more evident than ever on Friday, when several EU leaders led by the prime ministers of Denmark and Italy — Mette Frederiksen and Giorgia Meloni — strongly criticized the Spanish government’s decision earlier this year to grant legal status to potentially hundreds of thousands of undocumented migrants.
© FRANCOIS LENOIR (ACN)
No tengo duda de la valía profesional de la mayoría de las personas que forman o han formado parte del Consejo General del Poder Judicial en las últimas décadas, pero, con la hemeroteca en la mano, no es precisamente la institución que más elogios se ha llevado en los últimos tiempos, y esta semana se ha vuelto a cubrir de gloria.
Como máximo órgano de gobierno de la judicatura española, prestar amparo a un juez que está siendo atacado o amenazado por elementos a los que investiga parecería una de sus obligaciones más elementales. De hecho, en la historia reciente ha tenido que hacerlo en más de una ocasión.
Un caso especialmente reseñable es el de 2006, cuando el CGPJ en pleno dio amparo al juez Juan del Olmo por los ataques verbales que le había dirigido Federico Jiménez Losantos en su programa de radio, donde lo había ridiculizado, y en un artículo de prensa. Y es reseñable porque, según aseguran quienes siguieron el tema, el instructor del 11-M ni siquiera tuvo que pedir amparo: el CGPJ actuó por iniciativa propia para defender al juez. Aunque, en realidad, las críticas que más molestarían a Juan del Olmo no serían tanto las que venían de fuera del sector judicial como las que procedían de dentro, como bien explicó el periodista José Yoldi, uno de los máximos cronistas de las batallas con togas de este país.
Veinte años después, el actual CGPJ, en cambio, no parece estar por la labor de amparar a la jueza Beatriz Biedma, a quien unos individuos han estado siguiendo, al igual que a sus hijos. Se da la desafortunada coincidencia de que son los vocales propuestos por un espacio político los que estaban a favor del amparo, mientras que los propuestos por el otro espacio son los que no han querido concedérselo, alegando que el caso aún está sub iudice.
La sombra del desprestigio sobre el CGPJ aparece cuando sus vocales parecen actuar en función del perjuicio que sus decisiones puedan ocasionar a los políticos a los que deben su puesto
La justicia tendrá que resolver el grado de peligro real que había en los intentos de amedrentar a esta mujer y si los responsables de esos intentos tenían o no las conexiones que se les atribuyen con la llamada "cloaca" sanchista. Pero que hubo presiones, atacando a la jueza por su lado más personal, parece fuera de toda duda desde el momento en que se ha acordado proporcionarle protección y escolta. ¿Los indicios que sirven para ponerle guardaespaldas no sirven para que el CGPJ le conceda el amparo? ¿Había más argumentos para dar amparo al juez Del Olmo por los excesos verbales de un comentarista que a la jueza Biedma por actuaciones de tinte mafioso?
La sombra del desprestigio sobre el CGPJ aparece cuando sus vocales parecen actuar no tanto en función de la gravedad de los hechos que evalúan como del perjuicio que sus decisiones puedan ocasionar a los políticos a los que deben su puesto.
En 1995, el juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, se sintió muy atacado porque Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo comparó con los asesinos de ETA. El entonces presidente de Extremadura consideraba que el instructor que investigaba la financiación ilegal del PSOE tomaba decisiones para hacer daño a los socialistas. El malestar de Barbero era comprensible porque, a pesar de las muchas críticas que podía merecer su instrucción, que ya se hacía eterna, si se abría la puerta a que los cargos institucionales despreciaran al Poder Judicial, se entraba en una deriva peligrosa. Pero resultó que todos los consejeros del bloque progresista votaron en contra de darle el amparo a Barbero. Cuatro abstenciones y solo tres votos a favor. Podría pensarse que los tres que votaron a favor eran los que mantenían algo de dignidad, pero, dado que entre ellos estaba Luis Pascual Estevill, el juez de los sobornos (esta semana hemos despedido a su principal cómplice, Joan Piqué Vidal), aquello parecía más una votación en la que cada uno se posicionaba en función de los intereses de su bloque.
Más recientemente se vio un caso en sentido inverso. El juez José Ricardo de Prada pidió amparo al CGPJ, harto de que medios que situaba en la órbita pepera (ABC, El Mundo, La Razón) o políticos peperos (José Antonio Monago) cuestionaran su actuación en la sentencia de la Gürtel. Y los vocales conservadores del CGPJ, como no podía ser de otra manera, se opusieron, dejando claro a qué obedecía cada uno de ellos. Unirse para protestar contra un periodista petardo es fácil, pero hacerlo contra los políticos a los que se debe el asiento ya es más complicado.
Pero el caso de la jueza Biedma no tiene comparación con estos. Biedma no se queja de un artículo que ironice o haga burlas contra ella, ni de un tertuliano que la haya ridiculizado en antena, ni de un miembro del Gobierno que la haya cuestionado, aunque algo de eso haya habido. El amparo se solicitaba ante el cruce de una línea roja: la de pretender amedrentar a alguien en aquel punto donde cualquier persona es más vulnerable. Y a nadie se le escapa que, si en este proceso judicial no estuviera la hipótesis de que el partido en el Gobierno tenga algo que ver, los vocales progresistas no se opondrían.
No sabemos si se probará o no una implicación del PSOE y de su actual cúpula con las cloacas de Leire Díez. Lo que sí podemos afirmar es que los vocales progresistas del CGPJ están convencidos de que el PSOE está en el ajo, dado que, al negarle el amparo, han seguido el modus operandi de "nunca votar contra los nuestros", que es lo mismo que reconocer que los hostigadores de la jueza pertenecen al bando de "los suyos". La dirección socialista debería mosquearse con la falta de confianza en la presunción de inocencia que han mostrado sus vocales en el Poder Judicial.
No faltará quien piense que, al negar el amparo a la jueza atacada, los vocales han perdido una oportunidad de recuperar el prestigio del CGPJ, pero, para realizar esa afirmación, primero habría que asegurarse de si en algún momento dicha institución lo ha tenido.
A las candidaturas socialistas del 29-N les quedan ya únicamente dos filtros para poder ser registradas ante las juntas electorales. Este viernes se reúne por la tarde la comisión federal de listas para hacer los últimos ajustes —Ferraz tiene la última palabra— y el sábado las ratificará el máximo órgano de dirección, el comité federal, que se celebrará en Fuenlabrada, en el cinturón rojo de Madrid. Pero todo ya está bastante perfilado. Serán 11 los ministros en puestos de salida —entre ellos, la titular de Defensa, Margarita Robles, como la número dos por Madrid, justo detrás de Pedro Sánchez—, y ellos son, obviamente, los puestos más vistosos, junto con los miembros de la ejecutiva federal. Pero también las listas están preñadas de delegados y subdelegados del Gobierno (hasta al menos 12), que para ingresar en ellas tendrán que dimitir de sus actuales cargos. A cambio, se asegurarían una legislatura en Congreso o Senado, un cálido refugio por lo que pueda suceder. "Por si las moscas", reconocen en Ferraz. Por si no pudiera reeditarse la coalición gubernamental, aunque el presidente está convencido de que sí será posible, por muchas encuestas que, ahora mismo, dibujen un escenario muy adverso.
De los 17 ministros socialistas, 11 estarán en las papeletas del 29-N y seis quedarán fuera (los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Sara Aagesen; los que son candidatos autonómicos, Óscar López, Diana Morant y Ángel Víctor Torres, y Luis Planas). Y de esos 11 que competirán en las generales, tres ocupan posiciones de salida en la candidatura de mayor peso simbólico, la de Madrid: Margarita Robles (Defensa), como dos; Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), de tres, y Fernando Grande-Marlaska (Interior), de cinco. Dos más lo hacen por Valladolid: Óscar Puente (Transportes) y Ana Redondo (Igualdad), como uno y dos por la provincia. Jordi Hereu (Industria) encabeza Barcelona; Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), Navarra; José Manuel Albares (Exteriores), Cádiz; Milagros Tolón (Educación), Toledo, e Isabel Rodríguez (Vivienda), Ciudad Real. Y Arcadi España (Hacienda) concurre como dos por Valencia, por detrás de Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad de la cúpula federal —número cuatro en el escalafón—, candidata socialista a la alcaldía de la capital autonómica y todavía delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Y ahí está uno de los rasgos de estas candidaturas socialistas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Entran en listas, en puestos de salida, al menos 12 delegados y subdelegados del Gobierno, que son los representantes del Ejecutivo central en las comunidades autónomas y en las provincias. Todos ellos, para poder incorporarse a las candidaturas, deben renunciar a sus cargos, como exige el artículo 6.1 de la ley electoral, de tal manera que el Gabinete de Sánchez ha de nombrar a sus sustitutos.
Concurre una mezcla de un "sálvese quien pueda" o, como admiten en Ferraz, un "por si las moscas". Otros apuntan que en las Cámaras hace falta "materia gris", quienes conozcan la Administración, y los subdelegados son funcionarios
Congreso y Senado se convertirán, por tanto, en el acomodo de dirigentes que han representado la voz del Gobierno en los últimos años. Un lugar seguro por lo que pueda pasar. Las circunstancias no son las mismas en todos los casos, y hay perfiles muy distintos, pero responsables territoriales consultados reconocen que concurren una mezcla de "sálvese quien pueda" —resume un mando regional—, por lo que pueda ocurrir el 29-N, de retribución por su trabajo en años muy duros para el Ejecutivo, y de proyección política. Es un "por si las moscas", admiten desde Ferraz. "También se trata de que en las Cámaras tengamos materia gris, gente que controle y conozca las administraciones, porque además los subdelegados son funcionarios de carrera, caso distinto son los delegados", indica un miembro de un aparato territorial.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, es el ejemplo más destacado, aunque también el que cuenta con rasgos propios. Ella es la candidata a la alcaldía y en el PSPV subrayan que liderar la lista al Congreso proyectará su perfil para las municipales y tirará también de las autonómicas. Además, "incorpora la variable dana en la campaña" —el próximo 29 de octubre, a un mes de las urnas, se cumplirán dos años de la tragedia—, y "tiene el perfil y la disponibilidad para la batalla cultural" que será el camino hacia los comicios. Y es "una propuesta del PSPV y de la secretaria general, Diana Morant", ministra de Ciencia y candidata a la Presidencia de la Generalitat. "Y vamos a ser primera fuerza en Valencia provincia", subrayan desde la ejecutiva autonómica. La presencia de Bernabé también se justifica porque es la secretaria de Igualdad de la cúpula federal, un puesto de mucho peso. A ella le seguirá el ministro España; de tres, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y de cuatro, el actual portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz. En Alicante, el uno es Toni Francés, alcalde de Alcoi, y en Castellón, María Jiménez, secretaria de Organización provincial y exregidora de Oropesa.
La delegada en Valencia, Pilar Bernabé, lidera la lista al Congreso. En Andalucía, el delegado, Pedro Fernández, es uno al Senado, y son cinco los subdelegados que van en las candidaturas
En Andalucía, la primera federación en número de militantes, la secretaria general, la exvicepresidenta y exministra María Jesús Montero impuso que el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, y los barones provinciales fueran en las listas del Senado. Fernández encabeza así la plancha por Granada en la Cámara alta. Y tiene como número tres —puesto de muy difícil salida— a su subdelegado en la provincia, José Antonio Montilla, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes cuando Carmen Calvo era vicepresidenta del Gobierno. Para el Congreso, la uno es la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, y como dos repite José Antonio Rodríguez Salas, exregidor de Jun.
El futur d'Espanya es decideix des de la Comunitat Valenciana i les socialistes valencianes anem a ser protagonistes.
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En las candidaturas andaluzas también entran otros cuatro subdelegados: los de Sevilla, Almería, Málaga y Córdoba. Son Francisco Curri Toscano (tres al Congreso por Sevilla), José María Martín (uno al Senado por Almería, de cuya agrupación provincial es líder), Javier Salas (tres por Málaga en la Cámara baja), todos ellos en puestos de salida, y Ana López Losilla (tres al Senado por Córdoba), en este caso de más complicada elección.
Serrano pasa de uno al dos al Congreso por razones de "paridad". Pero, en cambio, en Cádiz y en Málaga dos hombres capitanean las planchas en las dos Cámaras. En la primera, el ministro Albares
La ejecutiva de Montero aprobó ayer jueves todas las listas e introdujo un cambio muy significativo: tocó la candidatura de Jaén, la provincia orgánicamente más fuerte, junto con Sevilla, en el PSOE-A. Desplazó al propuesto como número uno, el diputado Juanfran Serrano, al dos, y pasó la dos, Isabel Uceda, al primer puesto. Para la Cámara alta, mantuvo al actual senador electo, José Latorre, hermano (gemelo) del barón provincial, Juan Latorre. Montero ya había advertido a sus líderes en las provincias que debían componer candidaturas paritarias: si una era encabezada por un hombre, la otra tenía que capitanearla una mujer. Por eso hizo la permuta en Jaén, por razones de "paridad", aunque en la dirección autonómica no niegan que puedan haber concurrido otras razones: Serrano era la mano derecha de Santos Cerdán en Ferraz pero, tras la caída de este hace un año, fue salvado por Sánchez y se le asignó Política Municipal, pero el pasado mayo el juez Santiago Pedraz deslizó que podría caber su imputación por el caso Leire. "Para mí que María Jesús ha dicho que bastante que vaya a ser diputado", manifiesta un alto mando de las alturas del PSOE-A. "Que Jaén contribuya a que más mujeres encabecen siempre es una buena noticia", responden en la ejecutiva provincial.
Montero critica que la Junta recurra al TC los decretos de vivienda https://t.co/m2Kizldij9 pic.twitter.com/qpdzRhrHOF
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La jefa de la federación no hizo cambios, sin embargo, ni en Cádiz ni en Málaga, donde las dos planchas estarán capitaneadas por hombres. En el primer caso, porque Ferraz había enviado allí al ministro Albares, y eso desplazaba al líder provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, como uno al Senado. Montero prefirió abrir otra guerra con él después del pulso perdido en la confección de las candidaturas autonómicas del pasado mayo. En Málaga, se mantuvo de cabeza al Congreso al secretario de Organización provincial, Pepe Bernal, exalcalde de Marbella, y a Javier García León, excandidato en Fuengirola, del gusto de Ferraz.
En Sevilla, la vacante dejada por Montero la ocupa Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso y miembro de la cúpula federal. En Almería, la dirigente de Ferraz Anabel Mateos
Sevilla la encabezará, en sustitución de Montero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso y miembro de la cúpula de Sánchez (su dos será Carmen Castilla, ex secretaria general de UGT Andalucía). Almería la liderará en el Congreso la dirigente federal Anabel Mateos; en Córdoba, lo hará el actual diputado Alberto Mayoral (y al Senado pasa la secretaria provincial, Rafi Crespín). En Huelva, el uno es para el exalcalde de la capital Gabriel Cruz (y en la Cámara alta repite la baronesa provincial Maru Limón). Y Cádiz la pilotará el ministro Albares, seguido de la diputada Mamen Sánchez, exalcaldesa de Jerez.
Asturias proporciona otro nombre de mucho peso en el PSOE: Adriana Lastra. La ex vicesecretaria general del partido —lo fue entre 2017 y 2022, cuando renunció presionada y acosada por Santos Cerdán, estando ella además con un embarazo de riesgo—, asumió el mando de la Delegación del Gobierno en el Principado en julio de 2024. Lastra es la mano derecha en el partido del presidente autonómico, Adrián Barbón, y ahora vuelve al Congreso como cabeza de lista por Asturias.
Zaragoza estará liderada por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y en Extremadura el representante del Ejecutivo, José Luis Quintana, es el tres al Senado, de más complicada elección
Entrará asimismo en la Cámara baja, como número uno por Zaragoza, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, "un hombre del mundo académico, con experiencia en política y gestión pública", destacan en la dirección de la exministra Pilar Alegría. Beltrán es doctor ingeniero industrial y profesor titular de Universidad en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Los cabezas de cartel de Huesca y Teruel a la Cámara baja repiten: los diputados Begoña Nasarre —también alcaldesa de la localidad oscense de Alcolea de Cinca— y Herminio Sancho.
En Extremadura, competirá como tres al Senado (de difícil salida) el delegado del Gobierno, José Luis Quintana. De uno continúa el exbarón provincial Rafa Lemus. En la Cámara baja, la plancha la arranca Yolanda García Seco. Cáceres queda encabezada por Irene Pozas para el Congreso y Joaquín Cuello para la Cámara alta.
En Galicia, son dos los subdelegados que estarán presentes el 29-N y que irán al Congreso. La de A Coruña, que tomó posesión de ese cargo el mes pasado, Obdulia Taboadela (tendrá que dimitir por tanto habiendo cumplido un mes en el puesto), y el de Pontevedra, Abel Losada.
Hay otros, en cambio, que querían estar en las planchas de las generales y finalmente quedan fuera, como el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre. Él, salvo que fuera repescado este viernes en la comisión federal de listas por Ferraz, no formará parte del 29-N. Martín, en el cargo desde marzo de 2023, es uno de los dirigentes que siempre ha estado al lado de Sánchez —presidió la asociación Bancal de Rosas, la entidad que canalizó las microdonaciones que recibió el hoy jefe del Ejecutivo en su carrera de primarias de 2017—, ex secretario general de la Presidencia del Gobierno en la Moncloa y hombre de la total confianza del ministro Bolaños.
Quien sí queda fuera es el delegado en Madrid, Fran Martín Aguirre, que quería integrarse en la lista, con lo que habría tenido una salida política. En el PSOE-M creen que le penalizó apoyar discretamente a Enma López frente a Reyes Maroto
El delegado esperaba, según aseguran fuentes de su entorno y también del PSOE-M, poder ser integrado en la candidatura por Madrid, lo que le habría proporcionado una salida política en caso de que los socialistas salgan del Ejecutivo. Y también le habría permitido la cobertura del aforamiento ante el Tribunal Supremo ahora que Vox ha presentado una querella contra él por permitir la acampada por la vivienda en Sol —autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid—. También el PP estudia acciones legales contra el delegado. Martín ha intentado que se tuviera en cuenta su petición, pero ha sido en balde, y en el PSOE-M creen que ha podido pesar en su contra que en las primarias al Ayuntamiento de Madrid del pasado verano apoyara discretamente a la concejala Enma López y no a la candidata de Ferraz, de la Moncloa y de la cúpula regional del partido que dirige el ministro Óscar López, Reyes Maroto.
En el resto de federaciones, tampoco hay delegados o subdelegados que compitan en las generales. Por ejemplo, en Castilla y León. Como es costumbre, en la mayor parte de los casos encabezan las listas los secretarios provinciales: Javier Alfonso Cendón en León; Antidio Fagúndez en Zamora; David Serrada en Salamanca; Óscar Puente en Valladolid; Esther Peña en Burgos, José Luis Aceves en Segovia y Luis Rey en Soria. Las excepciones son dos: Manuel Arribas volverá a liderar Ávila y Álvaro Bilbao es la apuesta de la alcaldesa de Palencia y baronesa provincial, Miriam Andrés. Y aquí seguramente Ferraz pueda introducir cambios a la fuerza en la reunión de la comisión federal de listas de este viernes. Es probable que la cúpula de Sánchez imponga a la ya diputada Luz Martínez Seijo, una mujer totalmente alineada con el presidente. Andrés está muy enfrentada a Ferraz —ella defendió a Edu Madina en las primarias de 2014 y a Susana Díaz en las de 2017— y Bilbao es su concejal de Urbanismo, pero este cuenta con un gran apoyo en la provincia, a diferencia de Martínez Seijo.
Dos focos de tensión de cara a la comisión federal de listas de este viernes son Burgos (porque eligió a Luis Tudanca, muy enfrentado a Ferraz) y Palencia (porque apostó por el concejal Álvaro Bilbao)
Otro problema añadido es la candidatura de Burgos al Senado. El comité provincial elevó la propuesta de Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León entre 2014 y 2025. Tudanca era sanchista pata negra, pero sus relaciones con Ferraz se agrietaron con Cerdán como jefe del aparato y ya no se enderezaron. Tudanca tuvo que ceder su puesto al actual barón regional, Carlos Martínez, exalcalde de Soria. Este ha preferido mantener la propuesta hecha por Burgos, pero Ferraz probablemente levante a Tudanca de la plancha a la Cámara alta. Duda es también lo que ocurrirá en Ávila, agrupación siempre muy conflictiva. Para el Senado se postula el nuevo barón provincial, Carlos Montesino, alcalde de Candeleda, aunque puja por ese puesto el exlíder abulense Jesús Caro. En León hay nueva número dos: Andrea Fernández, exsecretaria de Igualdad federal y dirigente alineada con Adriana Lastra, ha preferido no competir esta vez y salir de listas, y su plaza será ocupada por Lorena Valle. Y en Soria, los críticos, los tudanquistas, aspiran que Ferraz imponga a la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, muy valorada en el Ejecutivo por la gestión de las emergencias.
No se atisba conflicto con la federación más distante de Ferraz, Castilla-La Mancha. La cúpula de Sánchez cerró un pacto primero en Toledo —de uno, la ministra Milagros Tolón, y de dos, el secretario de Organización de Emiliano García-Page, Sergio Gutiérrez, un orden inverso al de 2023—; en Ciudad Real (con Isabel Rodríguez) y en Cuenca (con el diputado Luis Carlos Sahuquillo). Sobre Guadalajara se alcanzó un acuerdo ayer por la noche —María Jesús Merino como uno al Congreso y Rafael Esteban como uno al Congreso, justo al contrario de lo que aprobó el comité provincial— y quedaba Albacete por atar.
En el resto de federaciones, no se atisban choques con Ferraz, por lo que previsiblemente se confirmarán las listas elevadas. En Galicia, además de Obdulia Taboadela, Abel Losada por A Coruña y Pontevedra, encabezan candidaturas Patricia Otero por Lugo y Carmen Rodríguez por Ourense. Son nombres propios dos aspirantes al Senado: Carmela Silva por Pontevedra (fue presidenta de la Diputación provincial y es mano derecha del alcalde de Vigo, Abel Caballero, además de presidenta del PSdeG) y César Mogo, miembro de la cúpula de Sánchez, por Lugo. En la federación, siempre convulsa, hay fricciones sobre todo en esta última provincia y en Ourense. José López Orozco, exalcalde lucense, quería ser candidato al Senado, impulsado por las bases, y la dirección le ofreció ser dos al Congreso, pero él lo rechazó y planteó ser el dos de Mogo a la Cámara alta, pero no recibió contestación. En Ourense, el exsecretario provincial y senador Rafael Rodríguez Villarino fue situado como dos al Senado y él, disconforme, ha exigido conocer el escrutinio de las asambleas locales, aunque los comités provinciales, la ejecutiva regional y Ferraz son los que van decidiendo en cascada.
En Cantabria, lidera la plancha por el Congreso Susana Herrán, alcaldesa de Castro Urdiales, y Paz de la Cuesta, concejala en Santander, para el Senado. En Euskadi, solo hay cambio en la cabecera por Álava —se estrena Javier Hurtado, consejero de Turismo—, porque siguen Patxi López por Bizkaia y Rafaela Romero por Gipuzkoa.
A última hora del jueves, Castilla-La Mancha y Ferraz llegaron a un acuerdo en Guadalajara. Hay tensiones internas en Lugo y en Ourense. En el PSC, se estrenan Jordi Hereu (Barcelona) y la gerente del hospital Juan XXIII, Ione Montalvo (Tarragona)
Por Navarra, entra la ministra Elma Saiz como relevo de Santos Cerdán y la diputada Adriana Maldonado para ahora al Senado. En Cataluña, son nuevos los candidatos por Barcelona —el ministro Jordi Hereu, en lugar de Meritxell Batet—, y Tarragona —Ione Montalvo, gerente del hospital Joan XXIII, como relevo de Valle Mellado—. Montse Mínguez, portavoz de la dirección del PSOE, repite en Lleida, y Marc Lamuà en Girona. En Baleares, continúa Francina Armengol, presidenta del Congreso. Las islas sí estrenarán delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, pero porque el actual responsable, Alfonso Rodríguez, va a dejar el cargo para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Calvià.
⭕️ El @PSOECanarias decide sus candidaturas para las elecciones del #29N@ValbuenaAlonso y @martaarocha72 encabezarán la lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife y @loli_mcorujo y @DioufLuc, por Las Palmas
— PSOE Canarias ❤️🇮🇨 (@PSOECanarias) October 15, 2026
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📍 Comité Regional, LPGC pic.twitter.com/2UCfFvcVIp
En Murcia, la uno será la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, que ya fue diputada en el Congreso y miembro de las ejecutivas del José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pedro Sánchez. En La Rioja, repite la diputada Elisa Garrido, primera adjunta de Organización de Rebeca Torró. En Canarias, la lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife la encabezan los actuales senadores José Antonio Valbuena y Marta Arocha, y por Las Palmas repiten Dolores Corujo y Luc André Diouf, miembro este de la dirección federal.
Por Murcia, vuelve a ser candidata la hoy secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, María González Veracruz. En Canarias y La Rioja son candidatos los miembros de la cúpula federal Diouf y Garrido
Ahora, le toca hablar a Ferraz. Y comprobar si introduce cambios significativos o altera mínimamente las listas. Todo debe quedar listo en las próximas horas. A falta, por cierto, de que se tejan acuerdos para el Senado con Frente Amplio, con el objetivo de optimizar resultados. Las coaliciones deben cerrarse este viernes antes de la medianoche, pero para registrar las listas, con sus integrantes, hay de plazo hasta el 26 de octubre. Esa será la siguiente pantalla, cuando la izquierda del PSOE despeje su futuro.
A la juez Biedma la querían quitar de en medio por instruir el caso del hermano lírico y patético del presidente Sánchez, y eso es más PSOE y más España (este PSOE, esta España) que Maricarmen con hornacina de butacón y hasta que el chati de Montse Mínguez, ese Gran Tenedor, que parece la cosa una gama de Pescanova. Ya somos un país completamente tercermundista, no sólo con apagones cataclísmicos o trenes ardiendo igual que caravanas del Oeste, sino con todo el Estado al servicio de un cacique zumbón y de sus corruptos y pistoleros, que hacen negocio del caos, la impunidad y la arbitrariedad. A la sombra de Ferraz y de la Moncloa, putrefactas como la de la tapia de un cementerio, los cargos institucionales se convierten en esbirros con puñal o veneno, los políticos mandan a sicarios o los sicarios mandan a políticos, los corruptos van del ministerio al mangazo o del mangazo al ministerio, y no se tiene reparo en ordenar darles un susto o darles matarile civil o criminal a jueces, policías, fiscales, funcionarios y particulares. Ya somos una Sicilia con toreros, un Chicago con chiringuitos, una Venezuela con chistorras, y hasta somos una Cuba casi igual que Cuba, con brigadas de actores, monociclistas, cantautores y maniseros alabando la gloria de la mierda y de la tiranía, por mamandurria o, los más tontos, por puro fetichismo.
Leire es más España que Franco ecuestre y que el inquilino yacente, y Cerdán es más PSOE que Ana Belén. Bueno, a lo mejor esto último no, porque no darse cuenta de lo que está pasando en el PSOE y dedicarse, ya con edad de dama de Elche de la progresía, a enhebrar la misma flor, la misma muralla, la misma guitarra, el mismo poemita pubescente, ya no es ceguera sino colaboracionismo. O sea que Leire es más España que las dos Españas pero su PSOE, que es el de Cerdán y es el de Sánchez y es el de Zapatero, a lo mejor es el PSOE de siempre, porque ni los más viejos ni los más jóvenes parecen distinguir la ortodoxia socialista de la pura mafia. Sí, a ver si nos damos cuenta de lo que pasa, entre las panderetas y barreduras de las ideologías (o de otra cosa, porque ni los más viejos ni los más jóvenes parecen ser conscientes de que este PSOE no es ideológico, sino meramente instrumental). Y lo que pasa es que a la juez que investigaba al hermanísimo del One le querían mandar a Los Rochos, y emisarios de la muerte o de la prudencia se presentaban en el colegio de sus hijos, y los grababan en el parque, y el otro día, después de declarar en la Audiencia Nacional, Biedma se percató de que se le ponía en paralelo con el coche, como un pandillero o como un terminator, ese exjuez quitinoso y escalofriante, Sáenz de Tejada, que se viste todavía de juez como de vampiro o de bata de cola.
Lo que pasa es que con Sánchez ya se han traspasado todos los límites, lo que pasa es que ya cualquier cosa puede pasar, lo que pasa es que ya no hay nada que resulte increíble ni imposible después de haber visto lo que hemos visto, incluida una mafia que se atrevía con la Guardia Civil, con la policía, con fiscales y con jueces, que no se mete uno ahí sin hacer pie. No hay nada aquí tan importante, ni nuestro secular atraso ni nuestra orgullosa pereza ni nuestras épicas guerras a garrotazos o botijazos, como esa certeza que nos va asaltando de que lo que parece con Sánchez efectivamente es. Y lo que parece es que Sánchez no tiene escrúpulos, que es capaz de todo, que sabía nada más montarse en el Peugeot, que era como un coche del Vaquilla, con quiénes iniciaba el viaje y qué iba a pasar, y que lo consideraba un reclutamiento o una inversión. Sí, lo que parece es que nunca le interesó la política, ni siquiera el poder efectivo (sólo gobierna, como una gobernanta, su casa y sus cocinas, o sea la Moncloa y las instituciones que dependen de ella), sino sólo el pavoneo. Diría que Zapatero le fue convenciendo de su impunidad y de su gracia, pero el caso es que se rodeó no de políticos sino de soldados, no de ministros sino de mucamitas, y no de altos funcionarios sino de esbirros. Algunos están ya condenados y otros esperan en capilla, probándose ya el traje a rayas como Sáenz de Tejada se prueba togas o medias.
Este PSOE ya sin siglas como sin dientes, que ni siquiera es un partido sino una secta entregada a un vividor, es el PSOE de Sánchez
Aquí estamos, hablando de alquileres o pensiones, de servicios o sus ausencias, de Sol con manguerazo o con utopía, de la España cuartelera y de la España guitarrera; aquí estamos con Sánchez poniéndose cachirulo como una servilleta de mesón y con la prensa del Movimiento poniéndose pietista, con la izquierda siendo otra vez sopa de letras y juego de sillas o guillotinas y la derecha sospechando de todo, incluso de su gafe. Sabíamos que Sánchez no puede hacer promesas porque no tiene ni palabra ni memoria, y que no se dedica a la política sino a la supervivencia. Pero ahora sabemos que esa supervivencia no sólo supone vender el Estado como una comodita isabelina, sino que puede implicar que la gente molesta acabe con cabeza de caballo entre las piernas, con puta con jeringa entre los brazos o con los peces de la mar entre las orejas. Los hombres de Sánchez se han dedicado al saqueo institucional, a la instrumentalización de lo público, a la evangelización de la mentira y al mangazo porcino, pero eso ahora parece una tontería. Sí, porque querían quitar de en medio a una juez, y no hay otra cosa, ni en este atribulado momento ni en nuestra historia reciente, comparable a esto.
El PSOE, partido de Gobierno incapaz de gobernar, faro tuerto del progreso, ayatolá de la moral o la moralina con metro para medir la falda y las palabras, vivero en flor de intelectuales ensopados, sobremesa de adinerados diletantes y arlequines mustios; el PSOE, consuelo o certeza de los pobres que nunca saldrán de pobres y de los ricos que van de pueblo llano, salvador del mundo con pancartas y playlists aunque no sea capaz de salvar España ni de Marruecos ni del tercermundismo; este PSOE ya sin siglas como sin dientes, que ni siquiera es un partido sino una secta entregada a un vividor; este PSOE de Sánchez, de los hombres de Sánchez, de la España de Sánchez, tenía soldados por los despachos y soldados por los callejones, tenía los frisos del Estado para sus asuntos particulares y tenía el pistolón o la rata muerta para avisarte del destino, tenía ministros dedicados a la propaganda o a desmontar la democracia y tenía fontaneras y chatos dedicados a la extorsión, a la amenaza y, por lo que se sabe, hasta a procurar el entierro civil o real, junto a serpientes de cascabel, de algunos desventurados. Una juez, querían darle matarile a una juez, y eso que sólo investigaba un enchufe de un músico aterido de sus propios mocos, colgantes y anhelantes como semicorcheas. Ya no puede darles miedo nada, que es justo lo que hace sensato que los demás tengamos miedo de todo.
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The Spanish prime minister has been a lonely champion of progressive values in the EU. But the polls look ominous
When it comes to risk-taking, Spain’s prime minister, Pedro Sánchez, has a formidable track record. In 2018, the Socialist party leader swept to power by triggering a no-confidence vote that unexpectedly ousted his centre-right predecessor Mariano Rajoy. He held on to it against the odds after calling a snap election in 2023, at a time when the popularity of his own party had plummeted and the far right was on the rise.
As he endures another rocky period in office, Mr Sánchez has once more rolled the dice. Last week, he announced a snap poll for November after his minority government was blocked from passing measures to ease Spain’s chronic housing crisis. The eviction of 87-year-old María del Carmen Abascal from her Madrid home sparked nationwide protests over soaring rents and prices. The outrage grew with news of her death last Wednesday. Mr Sánchez clearly hopes that campaigning on a national cause célèbre gives him a chance of winning a stronger progressive mandate next month.
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© Photograph: Javier Soriano/AFP/Getty Images
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Javier Milei begins another visit to the United States on Wednesday, his 20th trip since being elected president of Argentina and his fifth this year alone. He will remain in Washington, D.C., until Friday, taking part in a series of events aimed at deepening his alliance with the Donald Trump administration and demonstrating his support for Israel.
© Charly Triballeau (Charly Triballeau/Pool AFP via A)
Wife of former British deputy PM Nick Clegg promises liberal alternative to the PP and Socialists before snap election
The Spanish lawyer Miriam González Durántez has launched a new liberal, centrist party, vowing to clean up politics and give voters an alternative to the dominant socialist and conservative parties as the country gears up for next month’s snap general election.
González Durántez, an ex-EU adviser who is married to the former British deputy prime minister Nick Clegg, says her new party, Democracia21, will offer a modern, transparent kind of politics that “doesn’t feed on fear, insults or nostalgia”.
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© Photograph: Alejandro Martinez Velez/Reuters
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If far right nationalists gain power in four big countries simultaneously, we are in for a dramatic Trumpian tilt
When it comes to Europe’s economy or its peace and security, it is obvious that decision-making has to be done largely at the European level to be meaningful. Yet electoral politics is still conducted mostly at the national level. The silver lining of this mismatch is that from country to country in Europe we have governments with different political priorities and leanings. Unlike in the US, where one presidential election can radically change the entire country’s course, as we have seen so vividly under Donald Trump’s leadership, the same drama has not so far unfolded in Europe. This may be about to change.
Pedro Sánchez rolled the dice in Spain last week, calling a snap election for next month after an unholy alliance of the conservative People’s party (PP), the far-right Vox and Catalan pro-independence party Junts blocked his big housing reform package in parliament. If the socialist prime minister, hailed by progressives globally but demonised by Europe’s right and Trump’s US, loses his election gamble, Spain could fall into the hands of a conservative/far-right coalition, which is currently ahead in the polls.
Nathalie Tocci is a Guardian Europe columnist
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© Photograph: Benoît Tessier/Reuters
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Spain’s Supreme Court has refused to restore the voting rights of tens of thousands of people who acquired Spanish nationality under the so-called grandchildren’s law, a measure that allows descendants of Spaniards who went into exile during the Civil War and the Franco dictatorship to claim citizenship.
© Alberto Ortega (Europa Press)
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Maricarmen Abascal faced four eviction attempts, and the last one succeeded. It happened two weeks ago. The 87-year-old woman left her Retiro home in a wheelchair; she had lived there for almost her entire life. Once outside, she was helped onto a stretcher and taken to Gregorio Marañón Hospital. She died there on Wednesday.
© JUAN BARBOSA
The calculation is clear: force Spain’s political argument onto territory more favourable to the left before migration, corruption allegations and parliamentary paralysis return to the foreground. But the polls suggest that the gamble could still deliver power to the centre-right People’s Party and Vox.
Pedro Sánchez’s decision to dissolve Spain’s parliament nine months ahead of schedule is more than an admission that his minority government had reached the limits of what it could achieve in the Congress of Deputies. It is an attempt to choose the terms on which his government will be judged.
The immediate trigger was the defeat of two emergency housing decrees after the conservative People’s Party (PP), Vox and Catalan separatist Junts voted against them. Housing had already moved rapidly to the centre of Spanish politics following the eviction of 87-year-old Maricarmen Abascal from the Madrid flat where she had lived for 71 years, followed by large demonstrations across the country. EU Today has previously reported on both the housing protests across Spain and Sánchez’s subsequent decision to call the election.
The prime minister is now attempting to convert legislative weakness into electoral advantage.
In his announcement on 5 October, Sánchez presented the election as a choice between a broader progressive majority capable of advancing social legislation and an opposition that had obstructed measures on housing and other domestic priorities. The government reinforced that strategy a day later by approving revised versions of the two housing decrees, containing 21 measures including tax incentives, assistance for first-time buyers and measures intended to increase supply. They will require validation by the Diputación Permanente, the standing parliamentary body that remains after dissolution.
The political calculation is straightforward. Housing offers Sánchez an issue on which anger is directed not only at government but at landlords, property investors, regional authorities and political parties opposing stronger regulation. The eviction of Abascal gave that argument a human symbol and transformed a long-running affordability problem into an immediate political confrontation.
That does not mean the strategy will work.
Most polling continues to place the PSOE behind the PP. Surveys put the Socialists at roughly 28 per cent, while Vox has risen to around 18 per cent. A PP-Vox combination is currently the only bloc consistently projected to command an outright parliamentary majority. One Sigma Dos survey published after the election announcement projected the two parties winning 203 of the Congress’s 350 seats.
Sánchez therefore appears to be playing less for immediate dominance than for mobilisation.
His problem before the housing protests was not simply the strength of the right. The broader left had become fragmented, while the government was being damaged by disputes over migration, particularly following the crisis in Ceuta, as well as corruption investigations involving figures associated with the PSOE. At the same time, Junts had become an increasingly unreliable parliamentary partner, leaving the government unable to guarantee major legislation or a new budget.
Housing changes the subject.
It allows Sánchez to argue that the central question is not whether his coalition has governed smoothly, but whether voters want a parliament prepared to intervene more aggressively in the housing market. The PP, however, is contesting precisely that framing. Alberto Núñez Feijóo argues that the housing shortage is itself a product of Sánchez’s eight years in government and has promised to raise annual construction towards 200,000 homes while reducing taxes.
The election may therefore develop into a dispute over responsibility rather than diagnosis. Both sides accept that housing has become a major national problem; they differ sharply over whether regulation or additional supply should dominate the response.
There is also a wider European dimension. Housing affordability is increasingly politically disruptive across the EU, including in major cities where construction has failed to keep pace with household formation, migration and demand for short-term accommodation. EU Today has examined similar pressures in Berlin’s housing market. Spain could now provide a test of whether housing can become powerful enough as an electoral issue to reverse the wider European movement towards the right.
For Ukraine, however, the consequences are likely to be less dramatic than Spain’s domestic political contest might suggest.
Sánchez committed €1 billion in bilateral military support to Ukraine for 2026, with Spain putting its cumulative bilateral military assistance since Russia’s full-scale invasion at almost €4 billion. Madrid has also trained more than 9,000 Ukrainian military personnel.
Spain is also home to a considerably larger Ukrainian community than the roughly 300,000 figure frequently cited. Government data showed 353,009 Ukrainian nationals holding valid residence documentation at the end of June, including 262,782 under temporary protection.
A PP-led government would alter Madrid’s domestic priorities and potentially its approach to defence spending and migration, particularly if Vox were required to sustain a parliamentary majority. Yet there is little basis at present for assuming that a change of government would produce a reversal of Spain’s fundamental position on Russia’s invasion or membership of the European and Atlantic security structures supporting Ukraine.
The more immediate question is whether Sánchez can make housing important enough to overcome the electoral arithmetic confronting him.
Calling the election has allowed him to escape a parliament in which his legislative coalition was steadily disintegrating and to enter a campaign around an issue capable of mobilising his electorate. It has not changed the fact that the PP and Vox begin that campaign with the stronger numbers.
Sánchez has chosen the battlefield. On 29th November, Spain will decide whether that was enough.
Spanish Prime Minister Pedro Sánchez announced a snap election for late November after two housing bills were defeated in a parliamentary vote on Friday, October 2. The bills came amid widespread mass mobilizations demanding urgent action on the country’s housing crisis, following the eviction of an 87-year-old woman in Madrid.
Hundreds of thousands of people took to the streets of approximately 50 cities over the weekend in support of these demands.
“It is true that there are still many injustices to correct, many social goals to achieve, and many problems to solve – above all in the areas of inequality, public services, and access to housing,” Sánchez said in his speech on Monday, as he appealed to voters to give progressive forces more decisive electoral support to allow them to implement reforms more easily.
While Sánchez’s administration has profiled itself as one of the more progressive governments in Europe in terms of international policy, national movements remain frustrated by the lack of decisiveness it has approached making changes at home – including in housing policy.
For years, tenants unions have been warning against the different ways house-owners, particularly real estate speculation funds, have exacerbated housing insecurity for the general population.
Existing anger spilled over as Maricarmen Abascal, an elderly tenant in Madrid, faced eviction from the home she had lived in for 70 years. After the development company Urbagestión Desarrollo e Inversión SL acquired the house Abascal lived in, they imposed a 275% rent increase that she was not able to meet, leading, after a lengthy legal process, to her eviction at the end of last month.
The mobilizations that followed addressed a wider set of problems. “Maricarmen’s situation reflects a housing model that prioritizes real estate profits while abandoning the very people who built our neighborhoods over the decades,” Madrid Tenants’ Union (Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid) warned.
“Most serious of all is that this situation cannot be understood without considering the weight of laws inherited from the Franco regime that denied women basic rights,” the union emphasized in May. “The original contract was signed solely by Maricarmen’s father because the legal system of the time rendered women invisible within the family. Had that same contract been signed today, both parents would have been named as holders, and Maricarmen would remain fully protected.”
“Yet an extremely restrictive interpretation of the regulations has ultimately weighed more heavily than social reality, than the desire to protect those who rent, and more than seventy years of roots in a neighborhood,” they added. “For the Madrid Tenants’ Union, the position is clear: no formalistic interpretation of the law can justify evicting an 87-year-old woman from the home where she has lived her entire life simply to boost the profitability of a real estate investment.”
The protests formulated several demands to the government, including a ban on eviction of vulnerable tenants where alternative housing is not available; a limit to short-term and room rentals; a rent freeze; and an extension for contracts ending in 2026 and 2027.
Such demands were generally by the public, as well as by trade unions. “Housing and work are not separate struggles,” unions wrote, pledging to work towards a general strike for housing. “The rise in rents is a direct transfer of wealth from the working class to rentierism. Our wages end up, month after month, in the pockets of the rentiers who control our homes.”
The uproar pushed Sánchez’s government to reflect these demands in two bills it presented to parliament. Most considered this a significant breakthrough for the housing movement despite the official texts not fully corresponding to the protesters’ vocabulary and the vote taking place on two separate proposals.
Watered down or not, right-wing and far-right parties voted against both bills.
“We have a democracy held hostage by rentiers and speculators,” the progressive party Podemos wrote as protests rolled out over the weekend. “The housing mobilization must keep growing and move toward a general strike until the speculators and those who defend them in the institutions have nowhere left to hide.”
“Between now and November 29, the voices of all of us who want peace must be heard,” Irene Montero from Podemos added after the snap election announcement. “Those of us who want our sons and daughters to avoid war and to have healthcare and education, instead of money being spent on weapons; who want homes to live in; who want jobs and time to spend with our loved ones; and who want the cost of living to go down.”
Sánchez announced the dissolution of parliament on Monday, ending months of speculation over whether his increasingly difficult parliamentary position could force an election before the current legislature was due to expire in 2027.
In an institutional statement announcing the election, Sánchez acknowledged that his government had “made mistakes” and had not achieved everything it had set out to do.
He said problems remained particularly acute in inequality, public services and access to housing, arguing that further reforms required a larger parliamentary majority.
“To do more, we need to renew and expand people’s support,” Sánchez said. He called for a “much broader, progressive majority” capable of carrying the government’s programme through parliament.
The election will take place on Sunday, 29 November, rather than in 2027, when the current parliamentary term was due to end. Sánchez informed King Felipe VI before convening an extraordinary meeting of the Council of Ministers to dissolve the Cortes Generales.
The immediate political backdrop to the decision was Friday’s rejection of two emergency housing decrees by the Congress of Deputies.
The government had approved the two decrees on 29 September in an attempt to address growing anger over rents and access to affordable housing.
The first contained measures to protect vulnerable households from eviction, increase the supply of affordable homes and restrict some forms of speculative property investment. It also proposed changes affecting tourist accommodation and purchases by investment funds.
The second concentrated on residential rental contracts, including provisions intended to prevent tenants from suddenly being forced into substantially more expensive agreements when existing leases expired.
Both measures were defeated. The first received 172 votes in favour and 178 against. The second was rejected by 184 votes to 166. The votes again demonstrated the difficulty facing a government whose survival has depended on agreements with several regional and nationalist parties.
Housing has developed into one of Spain’s most contentious domestic political issues as rents and property prices have increased sharply in Madrid, Barcelona and other major cities and tourist areas.
The dispute intensified following the eviction of 87-year-old Maricarmen Abascal from the Madrid home where she had lived for more than 70 years.
Abascal was removed from the property on 23 September following a dispute over the rent. Her previous monthly payment had been €500, while the owners initially sought €2,650 before reducing the demand to €1,650 — still above her pension income.
Images of the elderly woman being taken from the building on a stretcher prompted widespread public anger and helped turn her case into a symbol of Spain’s housing crisis.
Tens of thousands of demonstrators subsequently took to the streets of Madrid, Barcelona, Valencia and other cities demanding stronger protection for tenants and measures to curb rising housing costs.
The housing vote exposed once again the central weakness of the government formed after Spain’s inconclusive 2023 election.
The conservative People’s Party (PP) won the largest number of seats, but its leader Alberto Núñez Feijóo was unable to assemble a parliamentary majority.
Sánchez remained prime minister after securing support from Sumar and reaching agreements with Catalan and Basque parties. The arrangement allowed him to form another government but left individual pieces of legislation dependent on negotiations with parties whose positions frequently diverge.
The latest housing measures were opposed by the PP and Vox, while Catalan party Junts also voted against them.
The PP has argued that greater intervention in the rental market risks reducing the number of properties available by discouraging owners from renting them. Its housing policy has instead placed greater emphasis on increasing supply.
Sánchez’s government argues that intervention is necessary because housing costs have increasingly become disconnected from household incomes in the areas experiencing the greatest pressure.
The issue has also become increasingly relevant at European level. Housing affordability has moved higher up the EU political agenda as governments confront shortages in major cities, rising construction costs and the impact of short-term tourist accommodation.
EU Today has previously reported on the growing pressure on European governments to address housing affordability, an issue that is increasingly intersecting with debates over migration, tourism, urban development and the cost of living.
Sánchez has served as prime minister since June 2018, when he replaced Mariano Rajoy after winning a parliamentary vote of no confidence.
His latest term has been complicated not only by parliamentary arithmetic but by investigations and corruption cases involving people connected with the Socialist Party, as well as disputes over migration and household costs.
The government has nevertheless pointed to Spain’s economic performance and employment figures as evidence that its policies are working. In his election announcement, Sánchez described Spain as the EU economy recording the strongest growth and employment creation.
Spain has also remained an important participant in wider European debates over Ukraine, defence expenditure and the future direction of the European Union, while Sánchez has frequently differed with some European partners over the pace of increases in military spending.
The coming campaign is therefore unlikely to remain centred solely on housing.
Feijóo enters the campaign with the PP expected to emerge as the largest individual party according to most recent polling, but the question of whether it could govern will depend heavily on the performance of Vox.
A PP victory without an outright majority could leave Feijóo dependent on Vox to form a government, making the balance between the two parties one of the central questions of the campaign.
Sánchez, meanwhile, will attempt to rebuild the coalition of left-wing and regional voters that allowed him to remain in office after the 2023 election.
His decision effectively turns the parliamentary confrontation over housing into a national vote on his eight years in power.
“The time has come,” Sánchez said in Monday’s address, “for the Spanish people to decide what future you want for yourselves and for your country.”
Spain will now enter a compressed election campaign in which housing, the cost of living, migration, corruption allegations and the future composition of the government are likely to dominate.
The formal election process begins with the dissolution of parliament, with voters going to the polls on 29 November.
There are moments in the life of democracies when parliament, because of its divisions and deadlocks, is unable to respond to the urgent needs of a country — and when that happens, it means it is time to give citizens a voice. Spain is living through one of those moments.
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