En agosto de 1936 buena parte del cuerpo diplomático acreditado en Madrid despachaba desde un hotel de Hendaya. Al estallar la guerra, varias embajadas, entre ellas la británica, se habían evacuado allí; el embajador Henry Chilton no volvió a Madrid, que consideraba demasiado peligroso. Detrás de británicos y franceses cruzaron la frontera los jefes de otras misiones. El norteamericano Claude Bowers, a quien la sublevación sorprendió veraneando en Fuenterrabía, pasaría la guerra entera fuera de España, en San Juan de Luz. Por las tardes se reunían a intercambiar noticias. Irún ardía al otro lado de la bahía.
Desde ahí se informaba a Londres y a Washington sobre lo que ocurría en España. Las noticias de la capital llegaban de segunda mano: consulados, refugiados, corresponsales, prensa. Bowers escribiría a Washington, en una carta fechada en Hendaya el 26 de agosto, advirtiendo desde el primer párrafo que nueve décimas partes de las informaciones de prensa eran falsas.
En esas mismas semanas se decidió todo. Giral pidió armas a Blum el 20 de julio. El 23 Blum viajó a Londres. El 25 el Gobierno francés prohibió la entrega de material de guerra terrestre o aéreo. El 1 de agosto París propuso a las potencias europeas un acuerdo de no intervención. El 7, el Gobierno del Frente Popular entró en crisis interna por ese asunto y Blum lo salvó adoptando la fórmula inglesa; el 8, el Consejo de Ministros acordó proponerla a las demás potencias. El 13 de agosto Francia cerró la frontera con España.
Ese mismo 13 de agosto, el encargado de negocios británico George Ogilvie-Forbes salió de la estación Victoria de Londres para hacerse cargo de la embajada en Madrid. Llevaba en el equipaje un fardo de banderas británicas para usarlas como salvoconductos y viajaría hasta Valencia en un destructor, desde Marsella. Llegó cuando el acuerdo ya estaba hecho.
Ángel Viñas lleva décadas sosteniendo -y particularmente en su libro La soledad de la república, de ediciones Crítica- con una documentación de primer orden, que la no intervención fue una de las grandes desgracias de la República. El argumento es sólido y no ha sido refutado: mientras Hitler y Mussolini enviaban aviones, armas y hombres a los sublevados, Londres y París se refugiaron en un embargo que colocaba en el mismo plano al Gobierno legítimo de un Estado y a quienes acababan de levantarse contra él. Las tres dictaduras europeas podían intervenir sin responder ante un Parlamento libre. Las dos democracias decidieron no hacerlo.
Sería injusto acusar a Viñas de ocultar la responsabilidad soviética. No la oculta. Escribió ya en 2008 que la ayuda de Moscú tuvo un lado oscuro: la exportación a España, a través de la NKVD, de la persecución estalinista contra los considerados trotskistas. Y sostuvo, con Preston, Hernández Sánchez y Ledesma, que el impulso inicial de Paracuellos procedió de un agente soviético, atribuyendo a Pedro Fernández Checa un papel central. Va en eso más lejos que Julius Ruiz, que rechaza la existencia demostrada de un cerebro extranjero y considera que fueron españoles quienes organizaron y ejecutaron la operación.
La discrepancia está en otro sitio. Viñas explica la conducta de Londres y París por lo que decidieron sus gabinetes: intereses imperiales, miedo a Hitler, simpatías conservadoras, cálculo estratégico. Rara vez pregunta con qué información decidieron, ni de dónde venía esa información, ni quién la firmaba. La historia diplomática que reconstruye actas de Consejo de Ministros deja fuera la pregunta anterior: qué tenía cada gabinete encima de la mesa la semana en que decidió, y desde qué ventana lo habían escrito.
La respuesta, en agosto de 1936, es que lo habían escrito desde la frontera francesa, deprisa, con fuentes indirectas y en tres semanas.
Aquí conviene separar dos cosas que se confunden con facilidad. La violencia de retaguardia fue visible en las dos zonas. Badajoz ocurrió en agosto y llegó a la prensa internacional. Si el horror ante los fusilamientos sin juicio moviera a las cancillerías, habría cortado en ambas direcciones, y no cortó. Lo que inquietaba a Londres no era la violencia: era la desaparición del monopolio estatal de la fuerza. Comités, milicias de vigilancia, organismos policiales paralelos, incautaciones. Un Estado que ya no controlaba a quienes decían defenderlo. La documentación diplomática estadounidense recoge el temor británico a que la victoria del Gobierno español acabase significando comunismo y desorden. No era propaganda franquista, y tampoco era una descripción exacta de lo que estaba pasando: era lo que se veía desde donde se miraba.
París merece menos indulgencia de la que suele dársele en este punto. El caso Blum se explica sin necesidad de invocar la revolución española: la advertencia británica, los radicales dentro del propio Gobierno, la filtración de los envíos de armas, la aritmética de la Cámara. La explicación estructural basta sola, y no hace falta añadirle miedo al comunismo para que funcione.
Paracuellos ocurrió en noviembre. Miles de presos fueron sacados de las cárceles madrileñas con el pretexto de una evacuación y fusilados en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. La historiografía sigue discutiendo cifras y responsabilidades individuales; no la naturaleza de lo ocurrido. Nada de eso pudo causar un acuerdo firmado tres meses antes. Lo que hizo fue otra cosa, y no menor: convertir en irreversible una decisión tomada en la penumbra. A partir de noviembre, cualquier gabinete que hubiera querido rectificar tenía delante un argumento que no existía en julio.
Ese es el reproche que resiste. No que Londres y París fueran cobardes, que lo fueron, ni que Viñas silencie a la NKVD, que no lo hace. Que dos gobiernos democráticos sellaran el destino de un país vecino en tres semanas de agosto, con sus embajadas al otro lado de la frontera y sin nadie propio en la capital sobre la que decidían.
El hombre que iba a ver Madrid con sus propios ojos salió de Londres el día en que Francia cerró la frontera.
La consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, de alianza entre PP y Vox, ha incluido una cláusula en las subvenciones a la creación cinematográfica por la cual no se financiarán “actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El departamento, dirigido por Vox, ha publicado este criterio en las “subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión” para el año 2026, si bien no aclara cómo analizará si las obras incluyen esos elementos. De momento, la Consejería no ha respondido a las preguntas de este diario sobre cómo se realizará esa evaluación.
Cuando la Unión Soviética dominaba el ajedrez con una hegemonía aplastante, sólo un puñado de jugadores del resto del mundo eran capaces de competir con ellos por los primeros premios de cualquier torneo. Uno de ellos era el húngaro Lajos Portisch, cuyo perfil deportivo está muy ligado al número ocho. Disputó ocho veces el Torneo de Candidatos, fue octacampeón de su país y dedicó a su entrenamiento ocho horas diarias durante los treinta años que fue miembro de la élite.
©
Sirve tanto en el ajedrez como en la vida: cuando la lógica está muy escondida, la solución de un problema puede parecer imposible, absurda, contraria a toda cavilación racional. Y entonces hablamos de pensamiento lateral o contraintuitivo, creatividad extrema, imaginación desbordante, etc. Si tenemos éxito con esos procedimientos, el desenlace nos producirá un gran placer, el de lograr lo que se antojaba imposible.
©
El Tribunal Constitucional empieza a aplicar su doctrina a favor de amnistiar el delito de malversación a los últimos seis líderes independentistas aún procesados o condenados por ese delito. El Pleno delibera este martes sobre el recurso del exportavoz de la Generalitat Jordi Turull, condenado a 12 años de inhabilitación absoluta en 2019, y previsiblemente la mayoría progresista, tal y como ya ocurrió el pasado 6 de octubre con el recurso de la exconsejera Dolors Bassa, aprobará el perdón legal a Turull. El ponente de la sentencia de Turull será, como en el caso de Bassa, el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, que asumió la ponencia tras la renuncia del magistrado José María Macías en el pleno anterior.
El tribunal Contencioso-Administrativo 1 de Valladolid ha dictado sentencia en contra del fondo inversor Testa Residencial Socimi, que provocaba que 351 usuarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la Junta de Castilla y León (PP y Vox) lleven meses pagando de más a este fondo de inversión, poseedor de viviendas protegidas en Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda (Valladolid). La Justicia ratifica que sus contratos tienen sobreprecio, por lo que ha marcado unas consecuencias claras: el fondo debe devolver con intereses la cantidad de más que uno de los usuarios, de capacidad económica baja, pagaba por su piso hasta que lo llevó a los tribunales. Esto, según fuentes cercanas al caso, sienta el antecedente para que los demás agraviados puedan reclamar la restitución de ese exceso. Muchos abonaban hasta 140 euros más al mes, un incremento de en torno al 33% respecto al precio prefijado para los adjudicatarios de estas casas, muchas de ellas además en mal estado de conservación.
Login