El PSC ha propuesto a Comuns rebajar la ley contra la compra especulativa de vivienda para evitar que acabe siendo tumbada por el Tribunal Constitucional. Después del varapalo que la proposición de ley de ambos grupos recibió del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), los socialistas han elaborado un texto en el que elimina la distinción entre los pequeños y los grandes tenedores así como el límite de viviendas que se pueden comprar. A cambio, ponen el foco en el “derecho destinar [la vivienda] a residencia habitual y permanente” en las zonas delimitadas como tensionadas, según el articulado propuesto por los socialistas, avanzado por El Periódico y confirmado por este diario. El dictamen del órgano consultivo, solicitado por Junts y PP, sostuvo que la proposición vulneraba derechos constitucionales como el de la propiedad privada y el de la herencia.

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Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha aprovechado su comparecencia esta mañana en Sevilla para hablar de vivienda, quizá el gran tema de la inminente campaña electoral. Entre promesas de construcción y compromisos de rebajas fiscales, el líder popular no ha dejado pasar la oportunidad de mencionar la okupación —uno de los ejes vertebradores de la posición del partido sobre el problema de la vivienda— y ha afirmado: “Hay propietarios con miedo. Porque si un okupa llega con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”. ¿Se puede acreditar que uno es el legítimo morador de una vivienda por haber pedido una pizza? No.

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Miles de estudiantes y profesores han salido este miércoles a la calle en toda Grecia para protestar de nuevo por las condiciones en los centros educativos, los amplios recortes en el sector y la situación de la vivienda, en unas marchas que han ido cobrando fuerza a medida que discurre la jornada.

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Medio millar de familias del barrio Benta Berri de San Sebastián han vivido los últimos meses bajo la amenaza de verse obligados a abandonar sus hogares. Son inquilinos que residen en viviendas de protección oficial que iban a perder esta calificación social en noviembre de 2028 y habían recibido notificaciones del propietario, la compañía inmobilaria Testa (filial del fondo de inversiones Blackstone), advirtiéndoles de que sus pisos pasaban al mercado libre desde esa fecha. Si ahora estaban pagando un alquiler de 800 a 1.000 euros mensuales, la pérdida del régimen de protección abría la puerta a encarecer muchísimo esa renta. El Gobierno vasco ha venido a rescatar a los vecinos con una operación de compra de las 510 viviendas afectadas. Es la primera vez que una Administración pública en España adquiere un paquete de pisos de estas dimensiones a un fondo de inversiones, con lo que podrá prolongar el régimen de protección de las casas.

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El Ayuntamiento de A Illa de Arousa (4.809 habitantes, Pontevedra) ha acordado la compra de un edificio intervenido al narcotraficante Marcial Dorado para convertirlo en 15 viviendas de uso público. El Consistorio ha anunciado este miércoles que había cerrado un acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas para adquirir la propiedad por 1,3 millones, por lo que se retirará de una subasta pública que estaba prevista para el próximo noviembre. “Este edificio tuvo su origen en el dinero sucio, pero hoy empieza a convertirse en lo que siempre debió ser: un techo para nuestra gente”, ha afirmado el regidor Luis Arosa (PSdeG-PSOE) en un comunicado. “Donde el narcotráfico vio una oportunidad de negocio, nosotros vemos un hogar. Ahora habrá familias que no tendrán que abandonar su isla para desarrollar su proyecto de vida”, ha añadido.

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La calle también juega en la precampaña. Desde las grandes manifestaciones iniciales por el desahucio de Maricarmen Abascal, que se condensaron después en la acampada en la Puerta del Sol y que también empujaron a un adelanto electoral, hasta las protestas, la huelga indefinida de maestros en Madrid y, dentro de tres semanas, una huelga general por la crisis de la vivienda ya a las puertas de la campaña electoral: todo suma o resta en una campaña atípica en la que la calle, que en los últimos años se había movido mucho con la derecha contra el Gobierno, ha recuperado un gran protagonismo de la izquierda en un momento de máxima debilidad del bloque progresista y de euforia en el conservador, cada vez más convencido de que su llegada al poder es inminente.

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Manuel Merino, de 33 años, llevaba mucho tiempo acariciando el sueño de una vivienda para poder emanciparse. Pero cuando, por fin, resultó agraciado en el sorteo realizado entre los muchos aspirantes a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Jaén, el sueño se transformó en pesadilla: “Creía que el precio era una broma”, dice el joven jienense, al que pedían 350.000 euros más gastos de gestión por un piso de apenas 90 metros cuadrados.

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Pregunta. Mi hijo va a comprar su primera vivienda y ha solicitado un préstamo hipotecario de 160.000 euros. El resto, hasta 300.000 euros, los puede pagar con sus ahorros. ¿Me podrían indicar si puede solicitar un préstamo ICO de forma que pudiera reducir el préstamo hipotecario? ¿Cómo hacerlo? J. M. Torres

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