El jurado popular ha dictaminado que Agustín Romero y Erika Carbonell son culpables de matar a tiros en plena calle a Natalia Silva el 8 de diciembre de 2024. El origen del crimen estuvo en una riña familiar sin importancia en la noche de Reyes de 2024 que desembocó en una discusión telefónica entre la víctima y Agustín, el autor material de los disparos. La ejecución se produjo cuando Natalia iba en su furgoneta y él la persiguió en un coche conducido por Erika, su amante en ese momento. Después, ambos huyeron fuera de Madrid.

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No habían pasado ni cinco días del asesinato del policía belga Nordine El Tabi, hallado con un disparo en la cabeza en la región de Bruselas en la madrugada del 12 al 13 de octubre, y tres de los implicados en el crimen ya habían puesto 2.100 kilómetros de por medio. Los sospechosos, que rondan la veintena, fueron arrestados por agentes de la Guardia Civil a última hora de la tarde del pasado viernes cuando estaban en la terraza de un restaurante de kebab en Almería capital. Las autoridades belgas sospechaban que querían huir a Marruecos y pidieron ayuda a través de los mecanismos de cooperación policial. Un intenso operativo de vigilancia terminó dando sus frutos en un negocio situado en los alrededores del Puerto de Almería. “Lo más complicado fue detectarlos”, asegura un mando que participó en la actuación. El margen para llegar a tiempo es muy corto. “No siempre sale tan bien, a veces se te van”, añade.

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Me entristece ver cómo las protestas en Francia, que comenzaron con estudiantes reclamando más profesores y recursos para la educación pública, han terminado siendo noticia por los incendios y los destrozos. El incendio del Ayuntamiento de Limoges es injustificable, pero me indigna que una minoría radical haya conseguido desviar la atención de unas reivindicaciones que merecen ser escuchadas. Lo que empezó como una movilización por las condiciones educativas se ha convertido en un debate sobre violencia. Mientras tanto, los problemas que denuncian los estudiantes siguen ahí. Es una pena que quienes salieron a la calle para defender su futuro hayan acabado perdiendo el protagonismo frente a quienes recurrieron a la agresividad. Los disturbios no deberían hacernos olvidar que detrás de estas movilizaciones hay jóvenes que reclaman algo tan básico como una formación de calidad.

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En el vídeo registrado por la cámara fija del laboratorio del Servicio de Armas de la Guardia Civil de Madrid, se ve al coronel Francisco Pallás entrando con un empleado de la empresa española USP (Uniformidad y Suministros de Protección S.L.) y un guardia, cogen las cajas de cinco fusiles de asalto del instituto armado y comienzan a superponer etiquetas y precintas de la citada empresa sobre los de la Guardia Civil, tapándolos. Esta burda operación, realizada a plena luz del día y con las cámaras de seguridad en funcionamiento, ha sentado esta semana en el banquillo al Coronel, a una directiva de la empresa armamentística y a un empleado de la misma. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el mando de la Guardia Civil por “un delito de falsificación de documento oficial”; y dos años para los miembros de la compañía por lo mismo. El ministerio público entiende que Pallás “falsificó unos documentos para favorecer durante el proceso de licitación a una empresa de cara a la adquisición de un mínimo de 8.250 fusiles de asalto”.

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