La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad entra en vigor este viernes, 23 de octubre, con nuevas prestaciones, menos burocracia y mayores garantías para las personas que necesitan apoyos y sus cuidadores.
La nueva regulación busca adaptar la atención a las necesidades de cada persona, reforzar los cuidados en el hogar y favorecer la autonomía personal. Según informa EFE, la norma también amplía los servicios de asistencia a domicilio, reconoce nuevos derechos para las personas con discapacidad y establece cambios en la financiación del sistema.
Reducción de esperas en la dependencia
Una de las principales novedades es que el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la dependencia se reduce de seis a tres meses. Por otro lado, la reforma también elimina las incompatibilidades entre distintas prestaciones, lo que permitirá combinar ayudas cuando las circunstancias de la persona lo requieran.
En cuanto al servicio de ayuda a domicilio también hay novedades ya que se ampliará para incluir acompañamientos en actividades cotidianas, como acudir al médico o hacer la compra.
Otra de las medidas afecta a los cuidados en el entorno familiar. Las personas allegadas, como amigos o vecinos, podrán recibir la prestación económica si asumen estas tareas. Asimismo, se garantizan las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras principales y se prevén medidas para asegurar la continuidad de los cuidados cuando estas enfermen o sean hospitalizadas.
Nuevos derechos para las personas con discapacidad
La reforma facilita el acceso al reconocimiento de la discapacidad para quienes tienen reconocida una situación de dependencia. Las personas con grado I podrán obtener automáticamente un 33 % de discapacidad, mientras que aquellas con grado II o III podrán ser reconocidas con un 65 %.
La accesibilidad universal también se reconoce como un derecho, de manera que las personas con discapacidad podrán reclamar condiciones de accesibilidad en servicios y edificios públicos. En las comunidades de vecinos, se facilita el acceso a las ayudas para realizar obras de adaptación y se reduce del 75 % al 70 % el porcentaje de financiación de la obra que debe asumir la comunidad.
Entre las novedades figura también la incorporación del facilitador procesal, un profesional que apoyará a las personas con discapacidad durante los procedimientos judiciales para evitar situaciones de indefensión. Además, la norma prohíbe la discriminación por discapacidad en los seguros y reconoce la atención temprana como un derecho para los menores de seis años con trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos.
Teleasistencia como derecho y más apoyo para vivir en casa
La nueva regulación pretende reforzar los cuidados fuera de los centros residenciales y facilitar que las personas dependientes puedan permanecer en sus hogares. Para ello, contempla el préstamo de productos de apoyo, como sillas de ruedas y andadores, y permite que los centros de día ofrezcan determinados servicios a personas que viven en sus domicilios, como el suministro de comidas.
La teleasistencia pasa a ser un derecho para todas las personas con dependencia reconocida y podrá incorporar dispositivos como pulseras geolocalizables para facilitar el seguimiento de los usuarios. También se amplía la asistencia personal para promover la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad.
Por último, la reforma establece que la Administración General del Estado deberá asumir el 50 % de la inversión destinada al sistema de dependencia. Las comunidades autónomas tendrán que adaptar progresivamente sus recursos y procedimientos para aplicar las nuevas medidas.
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