La precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre continúa marcada por los enfrentamientos entre los principales partidos políticos y las negociaciones para cerrar sus candidaturas. Las formaciones tienen hasta el lunes 26 de octubre para registrar sus listas al Congreso y al Senado, en unos días decisivos para definir los equipos que concurrirán a las urnas.
Uno de los principales focos de atención está en la nueva polémica entre el PSOE y el Partido Popular por un vídeo electoral elaborado con inteligencia artificial y difundido por los populares. Los socialistas estudian emprender acciones legales por la utilización de imágenes de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Ábalos, mientras ambos partidos intensifican sus mensajes de precampaña.
Al mismo tiempo, Frente Amplio continúa preparando su estrategia electoral después de designar al ministro Pablo Bustinduy como portavoz de campaña. La coalición afronta las discrepancias surgidas en algunas circunscripciones y mantiene diferencias con el PSOE sobre posibles acuerdos electorales. Por su parte, Vox sigue dando a conocer sus candidatos para las elecciones generales.
La controversia sobre el voto de los españoles nacionalizados mediante la ley de nietos también continúa presente en el debate político después de que el Tribunal Constitucional rechazara admitir a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo.
Con las listas todavía abiertas, la actualidad electoral de este viernes 23 de octubre estará pendiente de los nuevos anuncios de candidaturas, las negociaciones entre partidos y las propuestas de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal de cara a las elecciones del 29N.
Elecciones generales 29N, en directo: PP y Vox negocian un pacto para el Senado mientras PSOE y Frente Amplio ultiman sus candidaturas
Alberto Núñez Feijóo ha decidido llevar a cabo una renovación profunda de las listas del Partido Popular al Congreso para las elecciones del próximo 29 de noviembre con la vista puesta en un futuro Gobierno de la derecha. El PP va poco a poco desvelando las candidaturas y el resultado hasta ahora es un cambio de calado en los cuadros del partido. El líder del PP se refuerza en el Parlamento con portavoces de la línea dura, como Cayetana Álvarez de Toledo y Xavier García Albiol, pero también con perfiles de gestión, como consejeros de Gobiernos autonómicos y alcaldes, lo que está obligando a remodelaciones en las comunidades autónomas. Y con más veteranos, algunos de los cuales saltan del Senado al Congreso. Se trata de construir “un grupo parlamentario sólido”, apuntan en Génova, del que saldrán muchos cargos gubernamentales si Feijóo llega al poder.
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, este pasado febrero, en el Congreso de los Diputados.
La última ofensiva del PP lanzada en redes sociales contra el PSOE —un vídeo que suplanta con inteligencia artificial (IA) la identidad, entre otros, de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán— ha crispado aún más los ánimos de esta descarnada precampaña electoral. Los socialistas han anunciado que estudian emprender acciones legales contra los conservadores, que defienden que no tenían la intención “espuria de hacer creer que los personajes que aparecen ahí son los reales”. “Todo el mundo es capaz de interpretar que es una manera de utilizar las herramientas digitales para comunicar la hipocresía en la que vive el PSOE”, se ha amparado el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper. Sin embargo, más allá de este caso concreto, la iniciativa del partido de la calle Génova evidencia la irrupción de esta nueva tecnología en el terreno político e intensifica el debate sobre sus límites y su influencia irregular en el voto.
Cómo ganar a los fachas (leer antes de votar), de Gabriel Rufián, deja en la boca un fuerte sabor electoral. No es una simple puesta en negro sobre blanco de su cruzada contra la ultraderecha. El libro del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso rezuma programa político, tal vez proyectado para un escenario diferente al de candidato republicano el 29-N. Da la sensación de que el texto estaba siendo parido para unas elecciones generales más tardías y cuyo adelanto no ha permitido que muchas otras cosas maduraran, entre ellas el papel mismo de Rufián. Pero con todo, certifica que el rufianismo existe y aspira a algo más.
La muerte de una persona en Francia infectada por el virus shamonda (SHAV) ha puesto en alerta a los organismos europeos de salud pública. “Estamos vigilando de cerca la situación después de que las autoridades francesas hayan anunciado el primer caso registrado de infección humana por shamonda, una enfermedad que hasta ahora solo había afectado a animales”, ha publicado en un comunicado el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC).
La casa de subastas Magna Art, que comparte la calle Núñez de Balboa con unas cuantas afamadas galerías de Madrid, es ahora la más concurrida. Público de todas las edades, incluso veinteañeros clásicamente vestidos, peregrina allí y se adentra hasta el fondo del local, donde se mantiene abierto, ante un tapiz antiguo, el despacho del director. De principio a fin, todo el espacio de Magna Art Auctions está invadido por el atrezzo de la dictadura franquista que se retiró del pazo de Meirás este verano, ante la impotencia de las asociaciones por la memoria. Ahora estos colectivos y estudiosos de la historia del palacete escudriñan el catálogo de la galería convencidos de que se han marchado de Galicia muebles y objetos que deberían haberse quedado y ya decoraban el pazo con su primera propietaria, Emilia Pardo Bazán.
Biblioteca de Franco en la planta baja del Pazo de Meirás antes de la mudanza de este verano en la que diversos objetos de la sala, incluida la lámpara, se cargaron en camiones con rumbo a Magna Art Auctions.
I. Iba Cernuda por una calleja de Londres y una sombra lo seguía. El poeta sevillano acababa de llegar al exilio, ese mundo sin raíces lleno de cartas por escribir y recuerdos que llorar. Atrás quedaba su tierra sangrante y en ruinas mientras él se preguntaba qué puede el hombre contra la locura de todos.
Habla César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED: “Cuando me avisaron, pensé que era broma. Pero, ¿cómo voy a decir yo algo así? ¡Si sostengo justo lo contrario!”. Toma la palabra Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada: “Han deformado mi trabajo”. Reputados investigadores sobre el franquismo, Rina y Del Arco, que esta semana ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España, tienen otras dos cosas en común. La primera, que son citados como fuentes de autoridad en la resolución de la Junta de Extremadura, gobernada por el PP y Vox, que inicia el proceso para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) una afamada cruz franquista y evitar así su retirada. La segunda es el estupor y la indignación.
Las alegaciones del Gobierno: “Fue construida expresamente para exaltar a los vencedores”
El expediente para declarar BIC la Cruz de los Caídos de Cáceres se ha convertido en un objeto de controversia política y debate social en Extremadura. A las alegaciones de los historiadores César Rina y Miguel Ángel del Arco se han sumado las de asociaciones memorialistas como Armhex y Amececa, a favor de la retirada del monumento, y las de organizaciones católicas como Hazte Oír y Abogados Cristianos, partidarias de su mantenimiento. En total, la Junta ha recibido alrededor de un centenar de alegaciones, a las que debe dar respuesta antes de que concluya el expediente, que tiene una duración máxima de 16 meses, explica la Consejería de Cultura. Entre quienes han presentado objeciones está el Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que se opone a la protección de la Cruz de los Caídos con razones técnicas y también de fondo.
El texto presentado por el Gobierno recuerda que la Junta, que hasta este agosto no había adoptado medidas para proteger el monumento, inició el expediente de declaración como BIC después de que el Ejecutivo lo incluyera en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenara su retirada, lo cual puede suponer “desviación de poder”, es decir, un uso de una potestad administrativa para fines distintos a los fijados por la ley.
Las alegaciones gubernamentales aluden a la “ausencia de valores patrimoniales excepcionales” que justifiquen la protección, señalan que las modificaciones a la cruz en 1984 no desactivan su “función conmemorativa” y rechazan que pueda considerarse “un símbolo de reconciliación”. No es lo mismo —señala la Secretaría de Estado de Memoria Democrática— conservar, con ciertas modificaciones, un lugar que es testimonio de la represión, por ejemplo un antiguo campo de concentración, que preservar un monumento “construido expresamente para conmemorar y exaltar a los vencedores de la sublevación”.
No es la primera vez que administraciones del PP remolonean a la hora de retirar ese tipo de símbolos. El pasado 30 de junio, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció la incorporación al catálogo de vestigios franquistas de dos monumentos y dos inscripciones que, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, deberán ser retirados. Se trata del monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido coloquialmente como “monumento a Franco”; el de los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid); y dos inscripciones de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, en las catedrales de Almería y de Murcia. Para su retirada, el Gobierno central dio plazos de entre tres y seis meses a los gobiernos del PP y los obispados.
Hay una pregunta que se repite en la acampada de Sol: “¿Nos vamos o nos quedamos?”. El debate se extiende por las más de 1.500 tiendas como la rabia que encendió esta protesta la noche del 26 de septiembre tras la manifestación por el desahucio de Maricarmen Abascal. Casi un mes después, la incógnita sobre hasta cuándo resistir ha llegado esta semana a la primera página de La lona, el periódico de la ciudad montada en Sol. La respuesta no es sencilla. Tampoco unívoca. Algunos insisten en aguantar hasta la huelga general del 11 de noviembre. Otros quieren desacampar ya para organizar una segunda etapa de movilización en los barrios. Incluso hay quienes plantean una acampada indefinida hasta que se logren soluciones reales a la crisis de vivienda. La única certeza es que, antes de abandonar Sol, se debe publicar un manifiesto. Y los habitantes de esta ciudad laberíntica con 40 plazas ya han empezado a redactarlo.
Antes de ser profesor de un colegio religioso de Madrid, Mario F., detenido el pasado día 13 por agredir sexualmente al menos a diez menores de entre 12 y 15 años, había trabajado como preparador de porteros en la cantera del Atlético de Madrid. Según detalló la policía en una nota de prensa, al maestro se le considera responsable de" tres delitos continuados de agresión sexual completa a menor de 16 años, otros tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años —víctimas diferentes a las anteriores—, prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming". El child grooming (conocido en español como acoso sexual a menores o engaño pederasta) es una práctica en la que un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse su confianza de forma progresiva para involucrarlo en una actividad de explotación o abuso sexual. El detenido tiene 38 años, mientras que las víctimas son todas menores de 16.
Que la llegada de la derecha radical a los gobiernos democráticos pueda representar una amenaza para la cultura abierta y la libertad de creación ya no es solo una sospecha: el arte crítico y la memoria cívica se encuentran en la diana de los extremistas. Sucede en América y en Europa. Y también en algunos lugares de España. Desde los primeros acuerdos autonómicos con el PP, Vox tuvo como prioridad la derogación de las Leyes de Memoria Democrática. No fue casualidad que en la Comunidad Valenciana se cancelase la suscripción a diversas revistas en catalán en bibliotecas municipales. Ya en 2023 se escucharon tímidas advertencias de lo que estaba por venir. En vano. El sábado estaba previsto que se representase en Valladolid la obra Federico, centrada en la muerte de García Lorca, pero ha sido cancelada y la compañía Proyecto 43-2 ha denunciado a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, en manos de Vox, porque considera que dicha decisión obedece a motivos ideológicos. El episodio ha coincidido con la publicación el pasado día 9 de los requisitos que la Junta establece para solicitar subvenciones para la producción de películas y documentales: “No podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico”.
Ojalá que los moros españoles pudiéramos vivir nuestras vida sin más, como simples seres humanos, sin la estrella amarilla de la mororidad, esa condición según la que somos culpables hasta cuando se demuestra lo contrario, hasta cuando estábamos a más de 600 kilómetros del delito cometido. Imagínate ser madre de un hijo que cumple con los rasgos raciales en los que se basa esa construcción y saber que la policía lo va a parar por la calle mucho más que a sus compañeros. Imagínate verlo crecer y darte cuenta de que la mororidad no solo no va a ser impugnada como sistema de discriminación, sino que encima se va a aplicar a quienes ya nacen españoles de hijos de españoles. Que no significa nada porque deberíamos ser tratados todos como personas independientemente de nuestra procedencia, de nuestra nacionalidad o nuestros rasgos físicos. Pero es que incluso para los que practican la persecución del moro por ser éste el extranjero, “el enemigo” perpetuo y principal, la alteridad demonizada, fantasma de guerras pasadas y pulsiones de Reconquista, incluso desde ese marco lo que se les ha hecho a Youssef Abraoui y Ahmed Benyahia es un crimen aberrante: difundir su imagen señalándolos como culpables del crimen atroz que acabó con la vida de una octogenaria en Burgos. Ojalá no ser siempre los primeros sospechosos de asesinatos de ancianas, de violaciones, de robos y agresiones. Incluso algunas webs que desmienten la noticia hablan de que no se trata de magrebíes sino de dos hombres “nacionalizados”. ¿Y eso qué más da? ¿por qué hay que hacer siquiera la distinción entre españoles cuando la nacionalidad se adquiere por nacimiento? ¿Cuántas generaciones de “nuevos” españoles tendrán que dar explicaciones por no encajar físicamente con lo que un patriotismo rancio y obsoleto considera que somos “nosotros”? El Imperial, parece que se llamaba la cuenta desde la que se difundió el bulo, lo cual es toda una declaración de intenciones porque no hay imperio sin racismo, no hay grandeza patria sin exterminio del “otro” construido justo para que pueda ser exterminado. Qué agallas, qué machos los cobardes que no saben articular una oposición que no esté basada en manipulaciones y maldades, qué rastreros y crueles matamoros que persiguen a chavales imberbes (no Abraoui y Benyahia, que son hombres adultos; hasta en eso equivocaron el tiro). Ese es el tipo de votantes a los que Alberto Núñez Feijóo dice que hay que respetar, a los crueles capaces de atizar el odio contra otros ciudadanos, tan españoles como ellos aunque les joda.
La gallina andaluza azul tiene el triste honor de encabezar la lista de especies ganaderas en peligro de extinción. La admiración que despertaron estos animales en la colonia británica a mediados del siglo XIX en Andalucía los salvó de una primera extinción. Pero las razas industriales llevaron a esta ave de traspatio (corral doméstico) y cortijera a un declive progresivo que ha dejado la cabaña en unos 250 ejemplares censados. El medio centenar de miembros de la Asociación Española de Criadores de la Gallina de Raza Andaluza Azul lucha ahora, sin ayudas, por la recuperación de una gallina estudiada desde hace más de un siglo por su plumaje singular, sus características biológicas y su extraordinaria adaptación al medio. Sobre este grupo de devotos sin ánimo de lucro, que conforma una cofradía ganadera única, descansa ahora la supervivencia de un animal extraordinario.
Las preferentes, las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios y ahora los fraudes. Este último es el nuevo frente de la banca española, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya puesto negro sobre blanco su criterio respecto a las ciberestafas y de que fuentes jurídicas hayan anticipado una factura millonaria para las entidades. Las asociaciones de clientes, como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ya se han puesto en guardia con distintas iniciativas con el objetivo de exigir la devolución del dinero a las entidades. Las reclamaciones por fraude ante el Banco de España ya se han disparado este año, si bien la patronal del sector, la AEB, considera que la sentencia europea apenas se desvía de la norma española actual.
Entre los principales reclamos de la huelga en Madrid figuran la reducción de las horas lectivas, una subida salarial y un recorte en la burocracia administrativa.
PP y Vox negocian un acuerdo electoral para el Senado que puede alterar el equilibrio de poder de la próxima legislatura y que, según la proyección de NC Report, permitiría a la derecha alcanzar una mayoría cualificada de tres quintos. La operación tiene un beneficio aritmético evidente, pero también costes políticos muy diferentes para las dos formaciones. Santiago Abascal fue el primero en promover el entendimiento, consciente de que puede vender como un ejercicio de generosidad una renuncia que apenas afecta a su representación actual. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, tiene más que ganar en escaños, pero también mucho más que arriesgar en términos de autonomía política y de imagen ante el electorado.
Los cálculos de NC Report atribuyen al bloque conservador 164 senadores -la mayoría de 3/5 está en los 161 senadores en la nueva Cámara que tendrá 267 representantes. Es decir, la concentración del voto del PP y Vox permitiría disputar a la alianza de PSOE y Frente Amplio el control de una institución decisiva para los equilibrios constitucionales.
Esta mayoría de tres quintos en el Senado permitiría al PP y Vox reforzar decisivamente su capacidad de influencia sobre los órganos constitucionales. Con esa mayoría cualificada, la derecha podría elegir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Senado, aunque los candidatos deben proceder de propuestas de los parlamentos autonómicos. También podría elegir a los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial que corresponden a la Cámara Alta, seis de procedencia judicial y cuatro juristas de reconocida competencia. Se trata de una ventaja institucional relevante porque permitiría realizar esos nombramientos sin necesitar los votos del PSOE, siempre que se cumplan los requisitos legales y exista acuerdo entre PP y Vox.
El Tribunal Constitucional podría intervenir en el futuro en causas como la de Begoña Gómez, David Sánchez o el mismo José Luis Ábalos mediante recursos de amparo por posibles vulneraciones de derechos fundamentales, una vez agotada la vía judicial ordinaria y cumplidos los requisitos de admisión.
La proyección de NC Report identifica Navarra, Sevilla y Valencia como tres de los territorios donde el entendimiento tendría consecuencias más importantes. En los tres, la concentración del voto conservador permitiría alcanzar tres senadores frente a uno de la candidatura de izquierdas. En Navarra y Sevilla supondría invertir el reparto de 2023, cuando los socialistas obtuvieron tres representantes. En Valencia, la derecha rompería el empate actual a dos. El mismo efecto se produciría en Huelva, Badajoz y Cáceres, donde el equilibrio de dos senadores para cada bloque se transformaría en un reparto de tres a uno favorable a la derecha. En Gran Canaria y Tenerife, los socialistas también perderían representación en beneficio del voto conservador concentrado.
Asimismo, la operación tendría también consecuencias en territorios dominados por las fuerzas nacionalistas e independentistas. En Álava, la derecha obtendría un senador a costa de EH Bildu. En Barcelona, Lérida y Tarragona conseguiría representación y dejaría a ERC sin sus actuales escaños. No obstante, la coalición PSOE-Frente Amplio seguiría por delante de la derecha en Álava, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, Lérida, Tarragona y Gerona. En Vizcaya, la concentración del voto de la izquierda permitiría arrebatar dos senadores al PNV. En Guipúzcoa, los socialistas y sus aliados también se beneficiarían de la pérdida del único representante nacionalista.
La posición negociadora de Vox encierra una paradoja. Abascal ha sido el primero en reclamar sacrificios para evitar la dispersión del voto, pero su partido no tiene actualmente ningún senador elegido directamente por los ciudadanos. Sus cinco representantes proceden de designaciones autonómicas, fruto de acuerdos políticos en comunidades donde el PP ha facilitado su presencia institucional. Antes de esos acuerdos tenían dos representantes también por designación autonómica. Esto significa que Vox no perdería ninguno de sus actuales escaños de elección directa por renunciar a presentar candidaturas propias. Su sacrificio consistiría en abandonar oportunidades futuras de representación y aceptar una menor visibilidad electoral.
Según NC Report, Vox únicamente estaría en condiciones de obtener representación por sí mismo en Almería, Murcia y Toledo, donde superaría a la candidatura PSOE-Frente Amplio y podría hacerse con un senador. Para Vox, el entendimiento sí tiene un claro rendimiento político: le permite presentarse como una formación dispuesta a facilitar una mayoría institucional de la derecha y refuerza su capacidad de interlocución con el PP.
Para Feijóo, la operación resulta más compleja. El PP sería el principal beneficiario de la concentración del voto, pero también asume el desgaste de formalizar una colaboración electoral con Vox antes de las generales. La coordinación de candidaturas, incluso sin una coalición formal, ofrece al PSOE argumentos para presentar a ambas formaciones como un bloque político inseparable. En todo caso, la negociación también responde a una presión electoral objetiva.
Se enteró ayer por la noche, estando en Sevilla, donde remató una breve gira andaluza de precampaña. La fuerza del rumor ya había cristalizado en noticia, pero, hasta entonces, Alberto Núñez Feijóo no le había contado ni al cuello de su camisa que su número dos por Madrid iba a ser ella: Cayetana Álvarez de Toledo. Un nombre propio en la política española. Por su marcada personalidad, su implacable lucha contra el nacionalismo y el Gobierno de Pedro Sánchez y por su verbo afilado.
Junto a ella irá de número tres el portavoz nacional del partido: Borja Sémper, referente del «moderantismo» por su talante conciliador. Los dos comparten un nexo: la militancia en unas siglas y la identificación con el liberalismo. Sus caracteres son tan diferentes como complementarios, y se han convertido en los dos pilares de la candidatura de Feijóo, su terna para ensanchar el partido desde el centro hasta la derecha de aquí al 29 de noviembre. «El mensaje es que vamos con todo y con todos», resumen en el comité de campaña.
Para neutralizar la fuga de votos del PP hacia un Vox que las encuestas sitúan al alza, Feijóo aúpa a una persona que gusta a la derecha. Por la manera en la que se enfrenta a la izquierda. Sus rifirrafes en el Congreso de los Diputados con Félix Bolaños o José Manuel Albares ya forman parte de la antología del sanchismo.
La paradoja, sin embargo, es que la retórica de Cayetana contrasta con los postulados de Vox. «Es la dureza bien entendida», dice de ella un colega de su partido. «Nunca deja a nadie indiferente. Es de las políticas que cuando suben a la Tribuna, se hace el silencio. Genera expectación», apostilla otro. «En realidad es lo contrario de Vox: libertad, razón y ciudadanía frente al nacionalismo y el populismo identitario», defiende un miembro del Comité Ejecutivo.
Nacida en Madrid, Cayetana eligió ser española tras pasar su infancia y su adolescencia a caballo entre dos países históricamente enfrentados: Inglaterra y Argentina. Doctora en Historia por la Universidad de Oxford, saltó de las páginas de opinión a la política en 2006. «Cuesta abajo y sin frenos», se compadeció de ella su maestro, John Elliott.
Durante años, estuvo en la sombra de los gabinetes, con Ángel Acebes. Estrenó escaño en el Congreso en 2008, y dejó el partido por sus discrepancias con Rajoy en 2015. Años más tarde, regresó por la puerta grande: como cabeza de lista por Barcelona en las generales de 2019 y como portavoz parlamentaria. Un idilio que duró poco. Su creciente popularidad, su apuesta por la batalla ideológico y su rechazo a decisiones como el reparto del Poder Judicial le enseñaron la puerta de salida.
Hasta que Feijóo, cuando llegó, apostó por mantenerla en el Parlamento. Su nombramiento es el reconocimiento a una trayectoria que encontró su segunda vida en la extinta legislatura. Miguel Tellado decidió devolverle los trastos y en estos años se ha consagrado como uno de los principales arietes de su bancada contra el Gobierno de Sánchez.
Ironías del destino, en el pasado, los caminos de Álvarez de Toledo y Sémper se cruzaron. De forma casi simultánea ella era elevada a los altares y él daba un paso atrás, por su malestar con el rumbo que tomaba la dirección. Años más tarde, Feijóo lo rescató para convertirlo en uno de sus principales exponentes. Es la voz del partido y el vicesecretario de Cultura. Dirigente de fuste resucitado tras haber atravesado el «túnel oscuro» del cáncer, que a punto estuvo de enseñarle la puerta de salida de la vida. Ahora, los dos se reconocen en un mismo equipo y recorren de la mano un camino: el del candidato popular hacia la Moncloa.
«Gracias, Núñez Feijóo, por el liderazgo y la confianza. España necesita un Gobierno decente, inteligente y valiente. Y lo tendrá», escribió Álvarez de Toledo nada más conocerse su nombramiento como dos por Madrid. «Contar con la confianza de Feijóo es un honor y, sobre todo, una inmensa responsabilidad. Haremos una España mejor y repararemos el daño causado. Unidad, esperanza e ilusión», añadió Sémper.
«El Partido Popular es un proyecto amplio en el que caben todas las sensibilidades. No somos el PSOE. Somos una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos», recalcan desde la cúpula de la formación. «Las diferencias en el PP no se combaten, se respetan. Y Feijóo es un candidato en el que pueden confluir españoles de diferente signo y condición. Como siempre dijimos, la España sin muros».
Los drones de combate de Marruecos recibirán munición guiada del conglomerado emiratí EDGE, la compra se formalizó el 9 de octubre en el salón aeronáutico de Marrakech y comprende bombas planeadoras Desert Sting 16 (DS-16) y kits Thunder P-31, capaces de dotar de guiado a bombas convencionales de 250 libras. Así lo recogen la prensa marroquí y la especializada, sin que hayan trascendido el precio del contrato ni los plazos de entrega.
De los aproximadamente 23 kg que pesa la DS-16, 12 corresponden a la carga explosiva. El fabricante sitúa su alcance en unos 15 km; el del P-31 oscila entre 10 y 27 km, en función de la aeronave que lo lance. El contrato abarca también la adaptación de los drones, la integración del software y el mantenimiento. La Administración de la Defensa Nacional marroquí suscribió también un memorando con el grupo emiratí para estudiar la producción en Marruecos de armas ligeras y motores para aeronaves no tripuladas.
El inventario que recoge la publicación especializada Army Recognition da una idea del tamaño de esa flota: al menos 19 Bayraktar TB2 turcos, junto a Wing Loong chinos y Akinci, el modelo pesado de la también turca Baykar. Queda por conocer qué munición llevará cada aparato. La DS-16, en cualquier caso, ya fue adaptada por EDGE al TB2.
La llegada de los primeros TB2, en 2021, se presentó como un refuerzo para la vigilancia de las fronteras de Ceuta y Melilla, la inmigración irregular y el narcotráfico. Los aparatos se distribuían entre una base de la región de Tánger-Tetuán y otra de Al Aroui, el Monte Arruit de la toponimia española, próxima a Melilla. Comparando las distancias vía satélite, está a unos 30 km de la ciudad y señaló que recibiría al menos tres drones. Durante estos años, se consideró que la inversión de la base era de 60 millones de euros para la adquisición de una docena de aparatos, con hasta 26 horas de autonomía. Por entonces, la prensa marroquí aseguraba que no tendrían un uso ofensivo.
También a finales de 2021, Carles Mulet, senador de Compromís, se dirigió al Gobierno para preguntar por una base militar que Marruecos proyectaba a unos 40 km de Melilla. No hay constancia de que llegara a construirse.
Cinco años después de aquellas primeras entregas, un dron marroquí obligó a retrasar el aterrizaje de un avión de Iberia en Melilla. Ocurrió el 22 de septiembre: el aparato vigilaba el perímetro desde el lado marroquí y volaba «más bajo de lo habitual». Tras el incidente, el Gobierno español solicitó a las autoridades de Marruecos que revisaran y ajustaran la altitud de vuelo de sus drones.
En el Sáhara Occidental, Marruecos emplea drones armados contra el Frente Polisario desde 2021. El representante del movimiento en España atribuyó al último ataque conocido, el 7 de junio, la muerte de tres de sus miembros. Entre ellos estaba Lehbib Mohamed Abdelaziz, hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz. Rabat no se ha pronunciado sobre ese ataque.
La presencia de estos aparatos ya había suscitado preguntas en el Congreso. En 2022, Vox pidió explicaciones por las aeronaves no tripuladas «equipadas con misiles» que, según el partido, sobrevolaban las fronteras de Ceuta y Melilla con un alcance de 14 km. En su respuesta escrita del 21 de marzo, el Ejecutivo afirmaba que España «defiende y defenderá siempre la integridad territorial». Añadía que cada país es soberano para vigilar sus fronteras «con los medios que considere conveniente». En esa misma respuesta describía a Marruecos como «socio estratégico». El 9 de abril, el diputado Pablo Cambronero registró otra pregunta. Advertía de que en Ceuta y Melilla «no hay sistemas contra drones» y señalaba la necesidad de artillería antiaérea de medio alcance, al menos en Melilla.
Con la nueva compra, Rabat incorpora munición capaz de igualar o superar, sobre el papel, aquellos 14 km. Los medios antiaéreos que el Ejército ha mostrado en ambas ciudades son de corto alcance. En julio, el Grupo de Artillería Antiaérea II/32 de Melilla se adiestró con misiles portátiles Mistral, de muy corto alcance, concebidos para hacer frente a helicópteros, aviones de ataque o drones a baja cota. En abril, el Grupo de Artillería Antiaérea II/30 de Ceuta había ensayado con cañones 35/90 y puestos de Mistral ante dos Eurofighter que simulaban amenazas aéreas. A ese despliegue se añade, en las Chafarinas, un sistema antidrón AUDS para aparatos pequeños, instalado por rotaciones según el Memorial de Artillería de diciembre de 2023. Defensa no hace públicos los detalles de otros medios que puedan proteger Ceuta y Melilla.
La firma del contrato coincide con las tensiones por la entrada de buques de la Marina Real marroquí en aguas de Ceuta a finales de julio y con un gasto militar de Rabat en máximos. Las cuentas de 2026 lo elevaron a 157.000 millones de dírhams, más de 14.000 millones de euros. El siguiente presupuesto, el de 2027, llegó al Parlamento marroquí el pasado 20 de octubre y comenzará a debatirse este mismo viernes.
«Lo siento. No compartimos nada. Entendedlo». Silencio. En las filas del Partido Popular. En las filas de Vox. La directriz es clara: nada de filtraciones a la prensa. El objetivo es llegar a un acuerdo para evitar que el «Frente Popular» –como denominan ambos partidos a la alianza política entre el PSOE y el Frente Amplio– tomen el control del Senado.
Lo único que confirman desde Génova y desde Bambú es que las conversaciones avanzan. Y que la sintonía entre los interlocutores es buena. Pero es mucho lo que hay que analizar. La negociación, de hecho, está ahora centrada en el cruce de sondeos internos, para ver cuál es la mejor fórmula de entendimiento. Hay varias opciones encima de la mesa y el plazo para registrar las candidaturas finaliza en apenas tres días: el próximo lunes.
PP y Vox analizan provincia a provincia tanto los números de las anteriores elecciones como los que obtendrían ahora según las proyecciones de los sondeos. En realidad, la decisión es simple: si Vox decide dar un paso atrás y renuncia a presentar candidatos a la Cámara Alta en algunas provincias o si lo hace, directamente, en toda España.
Desde la dirigencia popular recuerdan un aspecto clave: la votación al Senado, a diferencia del Congreso, no se rige por la Ley D’Hont. El reparto es el mismo en casi todas las provincias: cuatro senadores por cada una. Por norma general, suelen ser elegidos los tres que figuran en la lista del partido que gana las elecciones y el cuarto es el cabeza de cartel del que queda en segunda posición.
Con su coalición «Senado de Progreso», la izquierda no sólo pone en jaque una hipotética mayoría de tres quintos de PP y Vox que permitiría a ambos partidos acometer nombramientos de calado, como los magistrados del Tribunal Constitucional, sino que amenaza incluso a la actual hegemonía del PP, que domina la Cámara con su mayoría absoluta.
«La alianza de Sánchez con la extrema izquierda exige sacrificios para los partidos de la oposición y nosotros mantenemos la voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado», expuso a comienzos de semana Santiago Abascal en una declaración institucional breve. Y concisa. «Creo honradamente que no es el momento de pedir más sacrificios a los españoles. Hay que sacrificar las políticas que nos han traído hasta aquí. Y hay que recuperar las instituciones para el pueblo español», dijo.
En el PP sitúan la pelota «en el tejado de Vox». Aunque no existe pacto sin contrapartidas. En ello están. Una opción es que el PP incorpore en sus listas a dirigentes de Vox a cambio de que Vox no se presente. El dilema es si la renuncia debería ser en las provincias donde la izquierda muestra más fortaleza o en toda España.
Cierto es que en las anteriores generales Vox no logró ni un solo senador. Tan cierto como que sus perspectivas electorales ahora son bien distintas. El promedio de estudios demoscópicos realizados hasta la fecha –salvo el CIS– muestran al partido verde en plena subida, por lo que podría lograr un puñado de escaños.
Irónicamente, Núñez Feijóo y Abascal trabajan con la misma empresa electoral. El pasado miércoles, en los micrófonos de COPE, el presidente popular reconoció: «Sería un error facilitar al sanchismo el control del Senado». Entonces, se mostró optimista con la consecución de un acuerdo que todos dan por hecho.
Aunque prima el sigilo. «Es fundamental para que salga bien», dicen en Vox. Una vez analizado el panorama electoral, falta ponerle el lazo a un pacto que, previsiblemente, se anunciará sobre la bocina.
Todos los partidos cometen errores, pero sólo los de centro los pagan con su propia existencia. España decidió que haría la Transición por ese camino. Pasado solamente un lustro, su (falta de) voto llevó a UCD a ser un caso casi único de siglas que pasaron sin solución de continuidad del Gobierno a la extinción. Si uno revisa el registro de bajas de formaciones políticas le salen al paso el CDS o UPyD, entre otros proyectos fallidos, casi siempre de vocación tercerista. Quizá eche de menos Ciudadanos en la enumeración. De momento, esa última formulación no se ha disuelto.
De hecho, lo que queda de ella va a concurrir en las próximas elecciones generales dentro de las listas (el plural vale por los pelos, dado que sólo se van a presentar por Madrid y Barcelona) de Democracia 21. Es posible que, llegado este punto, se esté preguntando usted qué es eso de Democracia 21. Se trata de una nueva oferta política que, aunque caiga en esta moda un tanto absurda de «evitar las etiquetas» (que, entre otras utilidades, sirven para saber de un vistazo qué contiene el bote), podría adscribirse a ese espacio, tantas veces acusado de vaporoso.
La prueba más contundente de que el partido debe ser de centro la encontramos en la reacción furibunda que ha despertado tanto en la derecha como en la izquierda. Nada que no hayamos visto antes: un proyecto de este tipo sólo puede ser un submarino del PP o del PSOE según en cuál de los dos se milite espiritualmente. Ojalá estas dos formaciones, condenadas a turnarse en el poder ejecutivo, fueran sometidos a un grado de exigencia tan alto por parte del votante promedio.
Y no será porque Democracia 21 no haya dado oportunidades para la crítica en estos primeros balbuceos. Las propuestas navegan entre la falta de concreción y un tono que confunde idealismo con ingenuidad. Algunas acciones en pos de la viralidad han resultado muy discutibles. Si te vas a plantar en el remake de la acampada de Sol, no hace falta que te busques a un perfil conocido por su activismo pueril para hacer las veces de cicerone. En fin, la frase del principio.
El timing tampoco acompaña. Es loable presentarse como alternativa a la polarización. Pero si este fenómeno existe no es por la sola acción de los políticos. Necesita el consentimiento más o menos activo de la ciudadanía. A esa masa electoral te diriges. De ahí que, hoy por hoy, las posibilidades de éxito –entendidas como conseguir sentar a Miriam González en el Grupo Mixto- sean ciertamente escasas.
Su «ventana de oportunidad» (perdón) hubiera estado en las siguientes elecciones generales, aprovechando el previsible desencanto con el también previsible gobierno de Feijóo con Vox. Pero hubiera quedado raro haberse pasado tantos años desplegando una actividad tan intensa como la de González para no decidirse a dar el paso. Si todo sale como parece, tendrá que prepararse para una «travesía del desierto» (perdón otra vez) que le permita subsistir hasta que lleguen tiempos más propicios. Tiene el ejemplo de Vox entre 2014 y 2018.
Las suspicacias contradictorias contra Democracia 21 coinciden en el tiempo con las distintas estrategias por optimizar el voto el 29-N. Ya sabemos que el PSOE concurrirá al Senado junto al llamado Frente Amplio en 43 provincias. Un acuerdo más ambicioso que el de Almunia y Frutos de tan infausto recuerdo en 2000. De esta manera, el que todavía queda en parte del imaginario como referente de la socialdemocracia en España compartirá oferta con los restos de la izquierda nacionalista asturiana o con la navarra Batzarre, formación heredera de la Liga Comunista Revolucionaria.
El PP, mientras, anda «deshojando la margarita» (tercer perdón) para ver cómo contrarresta junto a Vox ese primer paso dado por la izquierda. El argumentario de Moncloa es tan convincente que hasta en Génova 13 se esfuerzan por adaptarse a él. «Indistinguibles de los de Abascal» y bla bla bla. El centroderecha a medio camino entre lo liberal y lo conservador dando a entender que no tiene gran cosa que lo diferencie de las ofertas populistas que ahora se llevan en medio mundo.
Es posible que, tras esta ola de política fervorosa, se empiecen a escuchar voces que clamen por un partido de centro moderado, valga la redundancia, que pueda servir como bisagra entre las grandes formaciones de izquierda y derecha. Los españoles podrán así volver a darse el gusto de no votarlo.
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