Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CSIF, CCOO y UGT— se reunieron este martes con el Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, para garantizar la subida salarial acordada en noviembre de 2025 para los próximos años. El acuerdo contemplaba un incremento del 4,5% en 2027, al que se sumará otro 0,5% adicional correspondiente a 2026, ya que la inflación se ha disparado por encima del 1,5% previsto inicialmente.

De esta forma, en conjunto, los funcionarios verán cómo aumentan sus salarios un 5% en 2027, el mayor incremento anual del siglo. Además, la subida tiene un coste adicional para las arcas públicas de alrededor de 9.000 millones de euros, que se incorporará de forma estructural al gasto de las Administraciones, al consolidarse los incrementos salariales en las nóminas de los próximos ejercicios. Es decir, supondrá un gasto público fijo que no podrá ser utilizado para financiar otras partidas presupuestarias. Por ello, la reunión ha vuelto a poner en el foco del debate público las retribuciones de los empleados públicos y su evolución respecto a los salarios privados.

La brecha salarial supera los 1.000 euros

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, el salario bruto medio mensual de los asalariados del sector público alcanzó los 3.232 euros en 12 pagas, frente a los 2.182 euros del sector privado. Una diferencia que supera los 1.000 euros mensuales.

La brecha también se aprecia en la distribución por tramos salariales: el 45% de los trabajadores del sector público percibía más de 3.200 euros brutos mensuales en 12 pagas, frente al 14% de quienes se empleaban en el sector privado.

Además, si se rebaja el umbral hasta los 2.000 euros, la diferencia persiste y se ensancha: el 82% de los empleados públicos cobraba por encima de esta cantidad, frente al 35% de los asalariados privados. De hecho, este umbral también permite verlo de otra manera: más de la mitad de los trabajadores del sector privado —el 65%— no alcanzaba los 2.000 euros brutos mensuales, frente al 18% del sector público.

La paradoja del poder adquisitivo: los funcionarios pierden y en el sector privado ganan

No obstante, la comparación cambia cuando se analiza la evolución acumulada de los incrementos salariales y se descuenta la inflación. Es decir, cuando se estudia la variación del poder adquisitivo. Pues bien, los cálculos realizados por El Independiente a partir de las series de subidas pactadas desde 2001 y hasta 2026 apuntan a que las retribuciones públicas han aumentado casi un 50%, frente a un incremento acumulado de los precios del 78%. Un resultado que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.

Por su lado, la evolución de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos privados ofrece un resultado distinto. Según la Estadística de convenios colectivos elaborada mensualmente por el Ministerio de Trabajo, las subidas acumuladas desde 2001 alcanzan aproximadamente el 86%, por encima de la inflación registrada durante el mismo periodo. Es decir, los trabajadores privados han mejorado su poder adquisitivo (al menos, una parte de ellos, ya que hay 'truco' en esta estadística).

La fuente de datos del Ministerio de Trabajo no mide la evolución del salario medio de todos los trabajadores privados, sino las subidas acordadas para quienes están cubiertos por estos convenios. Aunque la estadística permite aproximarse a la evolución de los salarios pactados en el sector privado, sus resultados no son directamente extrapolables al conjunto de los trabajadores.

Los convenios registrados afectan a unos nueve millones de empleados (una cifra que se mantiene estable desde 2001), frente a los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, el incremento acumulado del 86% refleja la evolución de las subidas salariales acordadas en los convenios, pero no permite generalizar que el conjunto de los asalariados privados haya ganado poder adquisitivo.

Asimismo, también es relevante señalar por el lado de los funcionarios que, incluso si la inflación se situara en el 0% tanto en 2027 como en 2028, los empleados públicos seguirían sin recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2001. En este escenario hipotético, si se aplicasen las subidas salariales pactadas del 5% en 2027 y del 2% en 2028, el incremento acumulado de sus retribuciones rondaría el 60%, frente al encarecimiento del 78% registrado por los precios en el periodo. De hecho, este escenario sería un supuesto especialmente favorable, dado que la guerra en Irán continúa y las tensiones en los mercados energéticos garantizan unos precios al alza en los próximos años.

Danone vuelve al crecimiento en España gracias a Alpro, el kéfir y los productos enfocados a la salud, mientras reduce su dependencia del yogur básico, una categoría copada mayoritariamente por las marcas blancas, sobre todo tras la crisis inflacionaria que se desató entre 2022 y 2023. Así lo ha expuesto el presidente de la compañía alimentaria para el mercado de Europa, Oriente Próximo y África, Pablo Perversi, en su intervención en el Congreso Aecoc de gran consumo que se celebra en Sevilla.

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Persán avanza su desembarco en Latinoamérica

Persán, compañía industrial dedicada principalmente a la fabricación de jabones, detergentes y otros productos de limpieza para el hogar y el cuidado personal, prevé que la integración de la suiza Mibelle Group esté completa en 2027, según ha avanzado la presidenta de la compañía, Concha Yoldi, que ha apuntado su desembarco en Latinoamérica. En concreto, Yoldi ha destacado que la firma está inmersa en esta integración entre dos "culturas diferentes" como la andaluza y suiza. "En 2027 estará hecha totalmente la integración y la forma de afrontarla es hacerla de forma muy respetuosa", ha indicado durante su participación en el 41º Congreso Aecoc de Gran Consumo. De esta forma, con la adquisición de la firma suiza, Persán refuerza su posición como uno de los principales actores del continente en marcas de distribuidor y de fabricante. Actualmente, cuenta con una estructura industrial compuesta por ocho plantas en Europa y Estados Unidos.

Bajar impuestos a los alimentos y suministros energéticos y aprobar Presupuestos. Esos son los deberes más urgentes que las compañías de gran consumo, desde fabricantes a distribuidores, ponen al Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. El motivo, una acumulación y repunte de la inflación que empieza a dejar “síntomas” de desaceleración en el consumo.

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El fuerte incremento de la inflación, que ha alcanzado casi el 5% en septiembre, impulsado por un encarecimiento de más del 20% en los productos energéticos, está abriendo una brecha cada vez más acusada con el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras el índice general de precios escala a su máximo nivel desde febrero de 2023, los asalariados se enfrentan a este embate con mucha incertidumbre. Los convenios colectivos firmados en lo que va de ejercicio recogen un incremento medio del 3,76%, pero la subida ponderada del conjunto de los acuerdos vigentes —sumando aquellos acordados en años anteriores con efectos para 2026— se queda estancada en el 3%, encadenando meses consecutivos de pérdida en la capacidad de compra. La merma en septiembre asciende ya a dos puntos porcentuales respecto al incremento salarial de los trabajadores que ya tienen sus condiciones cerradas para 2026, aunque el efecto se mitiga en el promedio del conjunto del año.

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La seguridad ha desplazado a la economía en el centro de la política latinoamericana. La creciente insatisfacción social y el avance sin tregua de la criminalidad ha empujado a los candidatos presidenciales a abandonar el tradicional debate sobre reformas, crecimiento y desarrollo para colocar el control territorial, el despliegue policial y la lucha contra el crimen organizado como prioridades de gobierno, según se concluye del Informe de Economía Latinoamericana, publicado este martes por el Banco de España.

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Menor tasa de ahorro de los hogares y caída del crédito al consumo. Es el pronóstico de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) para los próximos meses, en los que prevé que se mantenga un alto nivel de inflación (por encima del 4,5% hasta final de año) y una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para intentar contenerla.

Los hogares están recurriendo fundamentalmente al ahorro para capear los efectos de la inflación, destacó este jueves el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres durante la actualización de las previsiones del think-tank para el período 2026-2028. Pese al repunte de los precios, el consumo ha crecido a buen ritmo porque las familias han tirado de los fondos propios. De hecho, la renta neta disponible de los hogares ha crecido un 4,9% mientras que el gasto en consumo ha subido un 6,3%.

Pero la pérdida de poder adquisitivo comienza a ser palpable, con una inflación que se sitúa un punto por encima de la europea. Los salarios pactados en convenio crecen al 3,6% mientras la inflación se sitúa en el 4,9% en septiembre, y se mantendrá en ese nivel hasta final de año.

"Las familias lo que hacen es amortiguar el choque inflacionario utilizando el ahorro para mantener su tren de vida", apuntó Torres. Sin embargo, advirtió que "esto no es algo sostenible a largo plazo: puede durar un tiempo hasta que se agota la capacidad de ahorro o que los hogares deciden no seguir tirando de él".

En el escenario de la guerra de Ucrania los hogares partían con una tasa de ahorro del 17% y tipos de interés casi nulos. Ahora, la situación es distinta, aunque la tasa de ahorro siga siendo elevada en comparación histórica. Esto, "unido a su reducido endeudamiento en un contexto de subida de tipos de interés, proporciona a las familias un margen de maniobra que les permite sostener el gasto", señala el informe de Funcas.

Caerá la tasa de ahorro

De momento, las previsiones del servicio de estudios pronostican que la tasa de ahorro siga cayendo. Pasará -según sus cálculos- del 11,9% en 2025 al 10,9% en 2026. Y para los años siguientes, se estima que pueda bajar al 10,4 y 9,9% en 2027 y 2028, respectivamente.

Ahora bien, los hogares ven las orejas al lobo y comienzan a apretarse el cinturón. "Las familias perciben ya la inflación y tienen en cuenta que es un fenómeno más permanente y ajustan su comportamiento de gasto", sostuvo. Hasta ahora, añadió, han consumido "como si los precios no hubieran crecido" y han absorbido el impacto ahorrando menos".

Otra parte, ha tenido que recurrir directamente al crédito al consumo. Desde Funcas, la previsión es que este también crezca "mucho menos" en los próximos trimestres pese a la buena dinámica registrada en los últimos años. No ven tampoco una posible espiral de aumento de la morosidad.

"El coste va a ser disuasorio para el crédito al consumo", señaló Torres, en referencia al efecto que tendrán las próximas subidas de tipos del organismo que preside Christine Lagarde. Funcas espera dos subidas adicionales de aquí a final de año, hasta dejar la facilidad de depósito en el 3%. Esto es medio punto más que su previsión de julio.

Desaceleración de la economía

A nivel macro, el centro de estudios espera una desaceleración gradual de la economía, aunque mantiene su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026 en el 2,5% y en el 1,8% para 2027. Eso sí, espera que la subida de precios cierre el año con una media del 3,7%, cinco décimas más de lo previsto en su anterior análisis. Será del 3,1% en 2027 y del entorno del 2,5% en 2028.

"El turismo pierde fuelle, los fondos europeos ya han terminado su recorrido y la demanda interna se modera", sostuvo su director general, Carlos Ocaña. Sobre esto último, la aportación al PIB pasará de 3 puntos este año a 2,1 el que viene y 2 el siguiente.

Por su parte, consumo privado e inversión frenaran su avance frente al período 2023-2025. Y el consumo público también perderá fuelle, con un cada vez menor margen de maniobra por parte de las administraciones, que ven cómo se encarece el coste de la deuda y tienen que destinar más recursos a paliar la subida del precio de los carburantes. Las previsiones de Funcas estiman un Euríbor en torno al 3% y que el bono español a 10 años suba hasta niveles del 4%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El organismo ha atribuido este fuerte repunte de la inflación en septiembre al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos, según informa Europa Press.

Con el dato de septiembre, la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y suma dos meses por encima del 4%. Además, esta cifra del 4,9% hace que se mantenga la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel a partir del 1 de noviembre, según lo previsto en el tercer paquete de protección a familias y empresas afectadas por el conflicto en Oriente Medio, ha informado el Ministerio de Economía.

Ese paquete se aprobó a finales del mes pasado y la Diputación Permanente del Congreso debe convalidarlo esta misma semana.

En cambio, Economía ha precisado que no se producirán reducciones en el IVA ni en el Impuesto Especial sobre la Electricidad porque la tasa anual de inflación de ésta se situó en el 11,4%, por debajo del umbral del 15% sobre el que se activarían las rebajas fiscales. Mientras, siguen desplegadas el resto de las medidas de protección del último paquete, como la limitación a la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural.

"La tasa anual del IPC de septiembre se sitúa en el 4,9%, principalmente por el encarecimiento de los carburantes, debido a la persistencia del shock energético por la guerra en Irán. Además, hay un efecto base, porque los carburantes bajaron en septiembre de 2025", ha destacado el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo.

De hecho, el INE ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en septiembre, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025, lo que llevó al grupo de transporte a situar su tasa interanual en el 10,5%, un punto más que en agosto. También influyeron en este incremento los precios del transporte aéreo de pasajeros, que disminuyeron en menor medida que el año pasado.

Por su parte, actividades recreativas, deporte y cultura elevaron casi 2,5 puntos su tasa interanual en septiembre, hasta el 3,6%, por los precios de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en el mismo mes de 2025.

La inflación subyacente en su mayor nivel

Según ha confirmado Estadística, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó dos décimas en septiembre, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde marzo de 2024 y tasa 1,8 puntos inferior a la del índice general.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto), el IPC subió un 0,3%, cuatro décimas menos que en agosto. Se trata, no obstante, de la mayor subida de la tasa mensual de la inflación en un mes de septiembre desde 2021. Con el incremento de septiembre, la inflación mensual acumula ocho meses consecutivos de alzas.

En la subida mensual de los precios influyeron el vestido y el calzado, que presentaron una variación del 6,9% respecto a agosto por el comienzo de la temporada de otoño-invierno, así como la vivienda, con una tasa mensual del 1,1% derivada del aumento de los precios de la electricidad y de los combustibles líquidos.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó cuatro décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 5%, con una variación mensual del 0,6%.