El bienestar europeo da signos de agotamiento. Mientras en Francia arden las calles, en España habrá una huelga general el 11 de noviembre. Lo curioso es que no son países neoliberales: nuestro Gobierno está batiendo récords de recaudación de impuestos, y el Estado francés destina alrededor de un 60% de su PIB al gasto público, una de las cifras más altas del mundo. La campaña electoral de Pedro Sánchez versa ahora sobre espolear el miedo a la motosierra de las derechas, pero aún con más Estado, ya hay miles de jóvenes europeos que no pueden alcanzar el bienestar esperado o el que sus padres obtuvieron.

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Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, declaró el 13 de octubre en Quorvm Podcast que el sistema de pensiones corre peligro. “El sistema como está en estos momentos va a colapsar. (…) Hay que afrontarlo con valentía y diciéndole la verdad a la gente. (…). La gente que ahora está llegando a la pensión se la merece (...) y hay que hacerlo. Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. (...) Porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar”.

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La comitiva presidencial argentina aterriza este martes en Madrid con una agenda cargada de actividades para Javier Milei. En la Casa Rosada dan por hecho que el presidente argentino se encontrará con Isabel Díaz Ayuso a las cinco de la tarde, en un lugar todavía sin especificar, pero en Sol no lo ven tan claro. “No lo tenemos cerrado en agenda”, dice uno de los asesores más cercanos a la líder del PP en Madrid.

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El Gobierno ha aprobado este martes el decreto ley que contiene la ampliación del derecho a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que ni se casasen ni se registrasen como parejas de hecho. Desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta norma, tanto los futuros supervivientes como los pasados tienen derecho a pedir esta prestación si acreditan dos años de convivencia ininterrumpida mediante el padrón. Para el segundo grupo se abre una ventana de un año para que aporten pruebas del derecho a la misma.

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Los convivientes con hijos en común tendrán derecho a pensión de viudedad si acreditan que en los dos años previos a la solicitud han vivido juntos ininterrumpidamente, sin necesidad de estar casados o haber formalizado la relación como pareja de hecho. Esta es una de las medidas contenidas en el decreto ley que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros, según el último documento al que ha tenido acceso EL PAÍS y que el Gobierno maneja la tarde de este lunes, cuyas líneas generales adelantó este diario. El texto equipara así a los convivientes que no tengan un vínculo legal con los matrimonios y las parejas de hecho, los dos colectivos que hasta ahora podían solicitarla. Se recupera así una medida que el Ejecutivo ya planteó a los sindicatos y a las patronales en la negociación para reformar la incapacidad temporal y que concretó en un texto en julio. Ahora, la propuesta de la Seguridad Social llega a la reunión del Gabinete como parte de una norma que entrará en aplicación tras ser aprobada. Para seguir en vigor, eso sí, deberá ser convalidada por el Legislativo en el plazo de un mes. El Gobierno tiene ese trámite más fácil ahora que antes de la disolución de las Cortes, dado que en la Diputación Permanente no necesita el voto favorable de Junts.

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Los antiguos deportistas profesionales que no pudieron cotizar durante parte de su carrera podrán recuperar esos periodos a efectos de la pensión de jubilación. La medida, aprobada mediante el Real Decreto 739/2026, reconoce el tiempo de actividad desarrollado antes de que los distintos colectivos deportivos se incorporasen al Régimen General de la Seguridad Social, una situación que perjudicó a algunos profesionales al calcular sus futuras prestaciones.

La nueva regulación entrará en vigor el 25 de diciembre de 2026 y permitirá tanto reconocer el derecho a una pensión como revisar su cuantía cuando ya se esté cobrando. No obstante, la medida no se aplica a todos los deportistas ni permite contabilizar cualquier periodo sin cotizar: será necesario acreditar que se ejerció una actividad profesional en las condiciones establecidos por la norma.

Quiénes pueden solicitarlo

La medida está dirigida a antiguos deportistas profesionales que residían en España y desarrollaban habitualmente su actividad deportiva en territorio nacional mediante una relación laboral profesional. En concreto, podrán solicitar el reconocimiento de los periodos trabajados desde el 15 de marzo de 1980 hasta la fecha en que su colectivo se incorporó al Régimen General de la Seguridad Social.

El objetivo es corregir la situación de quienes ejercieron su profesión antes de que existiera una vía para cotizar por esa actividad dentro del sistema general. La incorporación de los deportistas se produjo de forma progresiva: los ciclistas profesionales se integraron en febrero de 1992, los jugadores de baloncesto en agosto de 1993 y los de balonmano en enero de 1998. Para el resto de los deportistas profesionales incluidos en la normativa, la integración llegó a partir de junio de 2003.

Sin embargo, existen exclusiones. La regulación no incluye a quienes jugaron al fútbol profesionalmente, puesto que este colectivo se rige por una normativa específica. Tampoco permite contabilizar dos veces un mismo periodo: los años que coincidan con otras cotizaciones a la Seguridad Social no podrán reconocerse de nuevo al amparo de esta medida.

Cómo tramitar el certificado

Los interesados deberán acreditar tanto su condición de deportistas profesionales como el tiempo durante el que desarrollaron esa actividad. Para ello, tendrán que solicitar un certificado al club o entidad deportiva en la que trabajaron, que deberá documentar los periodos correspondientes mediante el modelo previsto en el real decreto.

Si el club ha desaparecido o no dispone de la documentación necesaria, la federación deportiva correspondiente podrá emitir el certificado, siempre que tenga información suficiente para demostrar la actividad profesional realizada. Este documento será fundamental para que la Administración pueda determinar qué periodos pueden reconocerse como cotizados.

La solicitud deberá presentarse ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de forma presencial o electrónica, junto con la documentación acreditativa. El procedimiento podrá iniciarse al solicitar la pensión de jubilación o mediante una petición de revisión cuando la persona interesada ya tenga reconocida una prestación.

De qué forma afecta a la pensión

El reconocimiento de estos periodos puede ser relevante para quienes no alcanzan los años mínimos de cotización exigidos para acceder a una pensión contributiva. También puede influir en el cálculo de la prestación, ya que el tiempo reconocido se tendrá en cuenta para determinar el derecho a la jubilación, la base reguladora y el porcentaje aplicable, dentro de los límites establecidos legalmente.

En el caso de quienes ya cobran una pensión, los periodos reconocidos podrán utilizarse para recalcular el porcentaje aplicable a la base reguladora y, cuando corresponda, aumentar la cuantía. La norma establece que esta revisión no podrá reducir el porcentaje que ya tuviera reconocido el pensionista. Los efectos económicos de la modificación comenzarán el primer día del mes siguiente al de la solicitud de revisión, conforme a las condiciones previstas en el real decreto.

Perder el empleo sin haber alcanzado los 360 días de cotización necesarios para cobrar el paro contributivo deja a muchas personas sin la prestación ordinaria. Sin embargo, no significa quedarse sin protección. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene el llamado subsidio por cotizaciones insuficientes, una ayuda asistencial pensada para quienes tienen un historial laboral corto, discontinuo o con contratos breves.

La reforma de los subsidios por desempleo, recogida en el Real Decreto-ley 2/2024 y vigente desde el 1 de noviembre de 2024, redujo la barrera de acceso. Antes, una persona sin cargas familiares necesitaba acreditar al menos 180 días cotizados; ahora, el mínimo se sitúa en 90 días, es decir, tres meses, con independencia de que tenga o no responsabilidades familiares.

Cuánto se cobra con 90 días cotizados

Quien acredita exactamente 90 días cotizados y cumple el resto de requisitos puede recibir 570 euros al mes durante tres meses. En total, la ayuda asciende a 1.710 euros, siempre que se mantengan las condiciones de acceso durante todo el periodo.

Los 570 euros corresponden al 95% del IPREM mensual y se aplican durante los primeros 180 días de percepción. Si el subsidio se prolonga más allá de ese plazo, la cuantía baja a 540 euros mensuales entre los días 181 y 360, y a 480 euros a partir del día 361.

Para quienes han cotizado entre 90 y 119 días, la duración máxima es de tres meses. Con 120 días, se reconoce hasta cuatro meses; con 150, cinco meses; y con 180 días o más, seis meses si no hay cargas familiares.

Cuándo puede durar hasta 21 meses

La duración se amplía de forma notable para quienes acreditan al menos 180 días cotizados y tienen responsabilidades familiares. En ese supuesto, el subsidio puede alcanzar los 21 meses, sin que sea necesario acreditar además la carencia de rentas propias.

También existe una vía de ampliación para quien accedió al subsidio del SEPE con seis o más meses cotizados sin cargas familiares y las adquiere después, por ejemplo tras el nacimiento de un hijo. Si la solicitud se presenta dentro de los 12 meses siguientes a la situación legal de desempleo, el derecho puede extenderse hasta los 21 meses.

Requisitos para pedir la ayuda

No basta con haber trabajado tres meses. El solicitante debe encontrarse en situación legal de desempleo, estar inscrito como demandante de empleo y firmar el acuerdo de actividad, el compromiso de buscar activamente un puesto de trabajo o mejorar su empleabilidad.

Además, hay que acreditar la carencia de rentas propias o, de forma alternativa, la existencia de responsabilidades familiares. El límite económico se sitúa en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 915,75 euros mensuales en 2026, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

En el caso de las familias, el SEPE divide la suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar entre el número de personas que la componen. Si el resultado no supera ese umbral, se entiende cumplido el requisito de responsabilidades familiares.

Plazos y trámite ante el SEPE

La solicitud debe presentarse dentro de los seis meses siguientes al hecho causante, es decir, a la última situación legal de desempleo. Si se realiza dentro de los primeros 15 días hábiles, el derecho nace al día siguiente del hecho causante; si se presenta más tarde, pero dentro del semestre, comienza a contar desde la fecha de solicitud.

El trámite puede hacerse en la sede electrónica del SEPE con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, o presencialmente en una oficina de prestaciones con cita previa. La ayuda se reconoce por trimestres, por lo que cada tres meses hay que solicitar la prórroga y acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos.

Una letra pequeña importante

Las cotizaciones empleadas para acceder a este subsidio quedan consumidas: no podrán utilizarse después para reconocer un paro contributivo ni otro subsidio por desempleo. Por eso, antes de solicitarlo conviene comprobar cuántos días faltan para alcanzar los 360 días. Tras ello, valorar si resulta más conveniente esperar, siempre que los plazos lo permitan.

En definitiva, la ayuda de 570 euros mensuales existe y puede solicitarse con solo 90 días cotizados, pero no es automática. Requiere situación legal de desempleo, inscripción como demandante, límites de renta y una solicitud dentro del plazo legal.