Al comprar neumáticos nuevos o fijarse en las ruedas de un coche recién estrenado, es habitual encontrar líneas rojas, amarillas, verdes o blancas sobre la goma. También pueden aparecer pequeños puntos de distintos colores en sus laterales. Aunque estas señales pueden generar dudas entre los conductores, su presencia suele responder a necesidades técnicas relacionadas con la fabricación y el montaje. Sin embargo, no todas tienen la misma función ni existe un código universal que permita interpretar cada color de la misma manera.

Las líneas de colores: un código interno de fábrica

Las franjas que recorren longitudinalmente la banda de rodadura de un neumático nuevo se utilizan principalmente durante los procesos de fabricación, identificación y clasificación. En instalaciones industriales donde se producen numerosas referencias, estas marcas facilitan la identificación visual de determinados productos o lotes y ayudan a organizar las distintas fases de producción y almacenamiento.

Los colores pueden variar entre fabricantes e incluso entre diferentes modelos. Por este motivo, una línea roja no significa necesariamente lo mismo que una amarilla o una blanca, ni permite deducir por sí sola las prestaciones de la cubierta.

Tampoco indican que un neumático tenga más agarre, sea más resistente o pertenezca a una categoría de calidad superior. Su presencia no constituye una señal de defecto y, a medida que el vehículo circula, estas franjas suelen desaparecer por el desgaste normal de la banda de rodadura.

Qué significan los puntos rojos y amarillos

Los pequeños puntos situados en el flanco del neumático, en cambio, pueden aportar referencias útiles para el montaje. Aunque su significado depende del fabricante, existen dos interpretaciones habituales.

El punto amarillo suele señalar la zona más ligera del neumático. Durante la instalación, el profesional puede utilizarlo como referencia para situarlo frente a la válvula de inflado, que puede representar una parte más pesada del conjunto. Esta orientación ayuda a compensar las diferencias de peso y facilita el equilibrado de la rueda.

El punto rojo, por su parte, puede identificar una zona en la que se registra una variación de la fuerza radial del neumático. Si la llanta dispone de una marca de referencia compatible, el instalador puede aprovechar ambas señales para mejorar el ajuste del conjunto.

Estas indicaciones no aparecen necesariamente en todos los modelos y su interpretación debe confirmarse con las instrucciones del fabricante.

¿Y si aparece una marca blanca?

El color blanco también puede utilizarse como referencia técnica en determinados neumáticos, pero no tiene un significado único aplicable a todas las marcas. Según el sistema empleado, puede identificar características relacionadas con los controles de fabricación o con la uniformidad del producto.

Por tanto, estas señales no deben confundirse con los datos que realmente permiten elegir un neumático adecuado. Para ello, conviene comprobar las medidas, los índices de carga y velocidad y las especificaciones recomendadas para el vehículo.

En definitiva, las líneas y los puntos de colores forman parte de los procesos industriales o de montaje. No son una escala de calidad ni una advertencia para el conductor, aunque algunas marcas sí ayudan al profesional a instalar correctamente la rueda.

El puesto con mayor poder económico de Europa puede decidirse en las próximas semanas. Un español, el exgobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco Internacional de Pagos de Basilea, Pablo Hernández de Cos, está entre los favoritos para presidir el BCE, en una carrera cuyas condiciones cambian cada semana que pasa. Ya ha empezado a mover sus fichas, con contactos informales con las capitales europeas, con la difícil tarea de conjugar los intereses de una Francia en llamas y una Alemania renqueante, así como el resto de países del club del euro.

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La llegada del invierno suele disparar el consumo de calefacción, agua caliente y zonas comunes en los edificios, y con él las facturas de luz y gas de las comunidades de propietarios. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado este martes, 20 de octubre de 2026, un aviso: muchas comunidades están pagando más de lo necesario por sus suministros energéticos y pueden ahorrar miles de euros si revisan sus contratos antes de que el frío se instale.

La organización ha analizado 85 facturas eléctricas y 15 de gas natural correspondientes a contratos del mercado libre. Su conclusión es clara: las tarifas poco competitivas y, en el caso de la electricidad, una potencia contratada superior a la necesaria son las principales causas del sobrecoste.

Hasta 1.500 euros de ahorro en la luz

Según el estudio, una comunidad con una potencia contratada de 6,94 kW y un consumo anual de 5.500 kWh puede ahorrar hasta 1.500 euros al año solo por cambiar a una tarifa más competitiva.

Además, el 84% de los suministros eléctricos analizados podría reducir la potencia contratada. Ese ajuste supondría un ahorro medio adicional de 314 euros anuales, ya que el término de potencia se paga aunque no se consuma electricidad.

Para comprobar si la potencia está sobredimensionada, OCU recomienda revisar las facturas y consultar la web de la distribuidora. En los edificios con ascensor, el contador incorpora un maxímetro que permite conocer la potencia máxima alcanzada durante los últimos meses.

El gas, hasta 3.500 euros de más

El problema es todavía mayor en las comunidades con calefacción central de gas natural. OCU calcula que, para un consumo anual de referencia de 133.000 kWh, las comunidades analizadas pagan de media un 54% más que si contrataran la tarifa regulada TUR. Ese diferencial equivale a unos 3.515 euros al año.

En una comunidad grande con un consumo estimado de 630.000 kWh anuales, el ahorro podría superar los 16.000 euros anuales. La organización señala que, desde julio de 2024, las comunidades residenciales pueden contratar la TUR con independencia de su consumo.

Para acceder a la TUR vecinal, la comunidad debe disponer de contadores individuales de calefacción o repartidores de costes, salvo que exista una imposibilidad técnica reconocida, y haber superado la inspección de eficiencia energética de la instalación.

Qué debe revisar la comunidad

OCU aconseja que presidentes, administradores y vecinos revisen ahora las condiciones de sus suministros. No basta con mirar el precio del kilovatio hora o del kilovatio hora de gas: hay que analizar el coste completo del contrato.

• Comparar tarifas: valorar la TUR para el gas y, en electricidad, el PVPC si se cumplen los requisitos, además de las ofertas del mercado libre.
• Revisar la renovación y las revisiones de precios al menos una vez al año, porque una tarifa barata al principio puede dejar de serlo tras una actualización.
• Comprobar los servicios asociados: alquiler de equipos, mantenimiento, lectura de contadores, permanencia y otras cuotas que pueden encarecer el recibo.
• Ajustar la potencia eléctrica al consumo real, solicitando el cambio a través de la comercializadora.

Requisitos del PVPC y de la TUR

Las comunidades de vecinos pueden acogerse al PVPC si están conectadas a una tensión no superior a 1 kV y contratan una potencia igual o inferior a 10 kW. Deben identificarse con su CIF específico de comunidad de propietarios, que comienza por la letra H.

En el caso del gas, la TUR vecinal se aplica a comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial y a las empresas de servicios energéticos que les prestan servicio. No tiene permanencia y sus precios se revisan cada tres meses, en enero, abril, julio y octubre.

Conviene tener precaución con la TUR de este invierno: OCU advierte de que la revisión de octubre de 2026 limita la subida del precio, pero genera una deuda que los consumidores podrían empezar a pagar a partir de abril de 2027. Por eso, antes de cambiar de tarifa, la comunidad debe comparar no solo el precio publicado, sino también el coste total previsto.

Cómo actuar antes del invierno

El primer paso es reunir las últimas facturas de luz y gas, junto con el contrato actual y las condiciones de renovación. Después, conviene calcular el consumo anual, la potencia máxima utilizada y el precio real por kilovatio hora, incluyendo los términos fijos y los servicios adicionales.

La CNMC dispone de un comparador de ofertas de electricidad y gas que permite consultar opciones según el perfil de consumo. OCU también pone a disposición de los consumidores sus propios comparadores para identificar posibles ahorros.

Si la comunidad decide cambiar de comercializadora, el proceso es gratuito, salvo que exista una cláusula de permanencia. En electricidad, el cambio debe completarse en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la formalización del nuevo contrato.

Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 ya tienen fecha y censo. Antes de acudir a votar, millones de españoles pueden comprobar desde hoy si figuran correctamente inscritos, en qué colegio electoral les corresponde hacerlo y qué mesa les ha sido asignada.

En total, podrán votar 38.728.356 personas; 35.958.711 residentes en España y 2.769.645 inscritos en el exterior. De los primeros, 1.615.127 participarán por primera vez en unas generales, al haber cumplido 18 años desde los comicios del 23 de julio de 2023.

Cómo saber tu colegio y mesa

La vía más completa es la consulta telemática del censo electoral en la Sede Electrónica del INE. Para acceder, el elector debe identificarse con Cl@ve, sistema que admite, entre otras opciones, el DNI electrónico. Una vez dentro, el servicio muestra los datos de inscripción censal y, para quienes residen en España, también la mesa y la dirección exacta del local electoral donde deberán votar.

Los pasos son sencillos:

• Entrar en la Sede Electrónica del INE y seleccionar la consulta de inscripción en el censo electoral.
• Identificarse mediante Cl@ve, utilizando el DNI electrónico u otro método admitido por la plataforma.
• Revisar los datos personales, la dirección censal, la mesa asignada y el colegio electoral.
• Comprobar que todo coincide con el domicilio actual; si hay un error, presentar reclamación dentro del plazo oficial.

El servicio permanecerá disponible durante todo el periodo electoral. Al principio ofrece la información del censo de consulta y, una vez resueltas las reclamaciones, la del censo electoral de votación, que es la definitivamente válida el día de los comicios.

Consultar sin Cl@ve

No hace falta tener Cl@ve para conocer el colegio y la mesa. El INE ha habilitado una consulta general de mesas y locales electorales sin acreditación electrónica. En ella, el usuario debe indicar al menos la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido; a partir de ahí, el sistema permite localizar el local y la mesa correspondientes.

También es posible realizar la consulta de forma presencial en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral (OCE) hasta el 19 de octubre. Los electores residentes en el extranjero pueden hacerlo en las oficinas consulares. Quien prefiera resolver dudas por teléfono puede llamar al número gratuito 900 343 232.

Si tus datos están mal

El periodo para reclamar tu mesa electoral coincide con el de consulta, del 12 al 19 de octubre, ambos incluidos. La reclamación puede presentarse por internet con Cl@ve, en el ayuntamiento, en el consulado o en la delegación provincial de la OCE.

Para reclamar por vía telemática será necesario aportar un certificado vigente de inscripción en el Padrón municipal o, en el caso de residentes en el exterior, en el Registro de Matrícula Consular. También debe adjuntarse una copia de un documento oficial de identidad, como el DNI, el permiso de conducir o el pasaporte.

La OCE debe resolver y notificar cada reclamación en un plazo de tres días desde su recepción. Si el elector no está conforme con la respuesta, puede interponer recurso ante la sección de lo contencioso-administrativo del tribunal competente en los cinco días siguientes a la notificación.

Qué llega por correo en noviembre

Aunque la consulta online permite conocer ya la mesa y el colegio, la tarjeta censal seguirá siendo el aviso oficial que llegará a los hogares. El INE la enviará entre el 2 y el 10 de noviembre e incluirá los datos actualizados de inscripción, además de la mesa, el local electoral y la dirección a la que acudir el 29N.

Si se produce algún cambio posterior en la mesa o en el local, la delegación provincial de la OCE lo comunicará por correo postal a los electores afectados. Por eso, conviene revisar la información online cerca de la fecha de votación, especialmente si se ha mudado recientemente o si la tarjeta censal tarda en llegar.

Fechas clave del 29N

• Del 12 al 19 de octubre: consulta del censo y presentación de reclamaciones.
• Del 13 al 18 de octubre: reclamaciones contra la delimitación de secciones, locales y mesas ante la Junta Electoral Provincial.
• Del 2 al 10 de noviembre: envío de las tarjetas censales.
• Del 6 de octubre al 19 de noviembre: solicitud de voto por correo para residentes en España.
• 29 de noviembre: jornada de votación.

El censo vigente para estas elecciones es el cerrado a 1 de agosto de 2026, que incorpora los movimientos comunicados por ayuntamientos, consulados y registros civiles hasta el 30 de julio. Las reclamaciones estimadas se añaden posteriormente al listado definitivo.

La Seguridad Social prepara un cambio relevante para las parejas que tienen hijos en común, pero no están casadas ni inscritas como pareja de hecho. La medida modifica el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, el que regula la pensión de viudedad de las parejas de hecho. Hasta ahora, la falta de inscripción en un registro autonómico o municipal, o de un documento público, podía impedir el reconocimiento de la prestación, incluso cuando la pareja había convivido durante años y tenía descendencia común.

Qué cambia exactamente

Con la reforma, las parejas con al menos un hijo en común podrán solicitar la pensión de viudedad si demuestran que han convivido de forma ininterrumpida durante los dos años previos a la solicitud. El certificado de empadronamiento será la vía principal para acreditar esa convivencia, aunque la normativa admite otros medios de prueba válidos en Derecho.

La novedad elimina, para este colectivo, la exigencia de formalización pública de la pareja. Es decir, no hará falta estar casados ni haberse inscrito como pareja de hecho con la antelación mínima que exigía la regulación anterior.

No obstante, la pensión de viudedad seguirá estando condicionada a que la persona fallecida cumpla los requisitos generales de la Seguridad Social; estar afiliada y en alta, o en situación asimilada, con la cotización exigida; haber cotizado al menos 15 años si no estaba de alta; o ser perceptor de determinadas pensiones contributivas.

Requisitos para solicitarla

Para acogerse a la nueva vía de acceso, deberán concurrir varios elementos:

• Existir al menos un hijo o hija en común entre la persona fallecida y quien solicita la pensión.
• Acreditar una convivencia estable, notoria e ininterrumpida de dos años.
• Que ese periodo de convivencia sea inmediatamente anterior a la solicitud de la prestación.
• Presentar, como prueba principal, el certificado de empadronamiento en el mismo domicilio.
• Que la persona fallecida reúna los requisitos de cotización o situación asimilada al alta exigidos por la Seguridad Social.

La solicitud podrá presentarse a través del portal electrónico de la Seguridad Social, con certificado digital o Cl@ve. También es posible pedir cita previa para tramitarla de forma presencial o telefónica.

Plazo y revisión de denegaciones

El Gobierno contempla un plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto para solicitar la pensión en casos de fallecimientos anteriores. Así, las personas que vieron denegada la prestación por no haber formalizado su relación podrán pedir su revisión durante los 12 meses siguientes a la aprobación de la norma.

Para los fallecimientos que se produzcan una vez aplicada la reforma, habrá que demostrar la convivencia de los dos años previos a la solicitud. La prestación podrá solicitarse en cualquier momento tras el fallecimiento, aunque el cobro tiene una retroactividad máxima de tres meses respecto a la fecha en que se presente la petición.

La reforma busca equiparar a los convivientes con hijos en común a las parejas de hecho que también tienen descendencia. Según datos del INE, alrededor de la mitad de los hijos nacen de parejas no casadas, lo que explica el alcance práctico del cambio.

Cuánto se cobra y cuándo se extingue

Con carácter general, la pensión de viudedad equivale al 52% de la base reguladora de la persona fallecida. Puede elevarse hasta el 70% en supuestos de cargas familiares y niveles de ingresos reducidos.

La prestación es vitalicia mientras se mantengan los requisitos. Se extingue, por regla general, si la beneficiaria o el beneficiario contrae nuevo matrimonio o constituye una nueva pareja de hecho, salvo las excepciones previstas para mayores de 61 años, personas con discapacidad reconocida o quienes dependan económicamente de la pensión.

El decreto deberá convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso en un plazo máximo de 30 días. Hasta que se publique el texto definitivo en el Boletín Oficial del Estado y se confirme su convalidación, conviene tratar la medida como aprobada en proyecto, no como plenamente consolidada.

Hace unas semanas desayunamos apocalipsis. La portada de mi regional de cabecera situaba a nuestros escolares a la cola planetaria en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Toda una generación condenada a extinguirse de pura apoptosis neuronal.

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El Gobierno aprobará este martes un paquete extraordinario de medidas sociales que recogerá, entre otras, una mejora de prestaciones por viudedad, para víctimas de violencia de género o para el cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves.

El Ministerio de Seguridad Social ultima un Real Decreto-Ley, según ha adelantado El País y que ha podido confirmar elDiario.es de fuentes gubernamentales, con un amplio catálogo de reformas en prestaciones, justo en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y después de que PP y Vox hayan caldeado el debate sobre una potencial reforma del sistema de pensiones si llegan a gobernar.

En el Ejecutivo aseguran que la letra pequeña del decreto no está cerrada, pero que las líneas generales pasan por mejorar la prestación por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, la reforma de la llamada CUME, y la ampliación del acceso a las pensiones de viudedad y para las derivadas de actos terroristas.

Según recoge El País, el planteamiento de Seguridad Social pasa por ampliar la prestación para las mujeres con patologías asociadas a la menopausa y víctimas de violencia de género al 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero desde entonces será la Seguridad Social quien se haga cargo del abono de la prestación.

Por otro, la reforma de la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (la CUME, como se conoce) permitirá que ambos progenitores puedan percibirla de manera alternativa o simultánea, además de extenderla más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.

La Seguridad Social lleva meses preparando una modificación del marco legal de esta prestación. En junio sacaron a audiencia pública un texto con su reforma que incorporaba nuevas patologías al listado de enfermedades que permiten acceder a la misma, entre otros cambios, aunque no fue muy bien recibido por las familias.

Mejora de las pensiones por viudedad para parejas de hecho

Por otro lado, y en materia de pensiones, el texto ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en el caso de parejas de hecho y, si hay hijos en común, será suficiente para acreditar esta relación de hecho para solicitar esta paga, algo que en la actualidad generaba problemas. Además, el decreto permitirá revisar en los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.

También se mejoran las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas: ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36% mayor al que había ahora, que quedó desfasada.

El texto recoge una mejora en la protección de huérfanos por violencia de género, que percibirán prestaciones contributivas que serán de un mínimo de dos veces el SMI, mientras que las no contributivas podrán situarse, como máximo, en esos dos sueldos mínimos.

Y por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.

A pesar del adelanto electoral, el Gobierno se encuentra en plenas funciones hasta el día después de la cita con las urnas. Este Real Decreto-Ley podrá ser aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, que ya convalidó el pasado viernes dos normas previas a la disolución de las Cortes. El Ejecutivo se plantea, entre otras medidas, subir el SMI antes de los comicios y se plantean revalorizar, incluso en funciones, las pensiones con el IPC.

La Agencia Tributaria mantiene abiertas 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos, una rama sobre la que el fisco ha endurecido el control tras detectar un “auge” en estos ilícitos. El caso más sonado y reciente es el presuntamente liderado por el empresario, comisionista y corrupto confeso Víctor de Aldama, quien habría desempeñado un papel clave a la hora de defraudar 180 millones de euros a la Hacienda pública, una causa aún pendiente de juicio.

Esa treintena de actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases, según fuentes de la Agencia Tributaria, organismo que ha colocado como uno de sus “objetivos prioritarios” la erradicación de este fenómeno “dado el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública”.

Solo por poner un ejemplo, más allá de casos mediáticos: de los diez mayores morosos de la lista que publica anualmente el fisco, cinco son compañías vinculadas a este fraude, que deben cerca de 900 millones de euros a la Agencia Tributaria. Son Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Pero son decenas de sociedades y la deuda global se sitúa cerca de los 1.500 millones (de un total de 15.400 millones).

Entre ellas, también, Villafuel SL, la compañía que da nombre a la trama que involucra no solo a Víctor de Aldama –condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso Mascarillas, pero eximido por el Supremo de ingresar en prisión–, sino también a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE en Ferraz. En su momento, Pano aseguró que ese efectivo era de Claudio Rivas, dueño de la compañía en cuestión.

Rivas tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021; y el que involucra a otra sociedad (SKT Oil), por un quebranto de más de 70 millones entre 2016 y 2018.

Empresas que desaparecían sin pagar el IVA

Pese a que los tentáculos de la trama hidrocarburos se han mezclado con la política española a través del caso Koldo, y ya resulta difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, el mecanismo por el que se llevaba a cabo este presunto fraude era relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores creaban empresas pantalla que compraban el combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y, después, desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Eso le permitía vender el combustible a precios más baratos y ganaban cuota de sus competidores.

A la vista de que el problema del fraude de hidrocarburos no dejaba de engordar, suponiendo un quebranto cada vez mayor para la Hacienda pública, el Gobierno decidió reforzar los controles para ser un operador mayorista del sector. Hasta 2023, las empresas solo debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba, posteriormente, un listado de aquellas compañías al por mayor en ejercicio.

En aquel año, el Ministerio para la Transición Ecológica sustituyó a Industria en esas funciones y, al mismo tiempo, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), dado que “las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector”, reconocen desde el fisco.

A través del Redef, que entró en marcha también en 2023, el Gobierno estableció que los titulares de los depósitos fiscales de los hidrocarburos se convertían en responsables subsidiarios en el caso de una deuda con Hacienda, siempre y cuando permitieran su extracción (es decir, la retirada del combustible) por parte de operadores no autorizados en el registro. La primera versión de este listado incluyó inicialmente a numerosas compañías que ya estaban involucradas en fraudes al IVA, explican desde la Agencia Tributaria, por lo que se tuvo que depurar el listado hasta entrado 2024, “de manera que el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria”.

Además, con la reforma fiscal de 2024, Hacienda puso en marcha la llamada ‘solución italiana’, que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA –bien con avales o a través de un adelanto– antes de la salida del depósito y no meses después, una exigencia que solo se puede salvar en el caso de que sean reconocidos como ‘confiables’. Precisamente, para evitar que las empresas desaparezcan sin pagar los impuestos correspondientes. Este sistema empezó a funcionar el pasado 1 de febrero y fuentes del fisco apuntan que los resultados “están siendo muy positivos”, ya que garantizan una detección temprana del fraude, en el caso de que suceda.

Los formularios que tienen que rellenar estas operadoras se encuentran en pleno proceso de renovación. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes de junio una consulta para la actualización de los formularios que han de rellenar estas operadoras, con el objetivo de recoger las nuevas categorías de combustibles y, también, para facilitar la lucha contra el fraude.

US President Donald Trump’s approval has fallen to a new low, two weeks before the midterm elections, in which the Republican Party is playing for control of Congress, according to a new poll by Ipsos, The Washington Post and ABC News.

The poll reflects the worst support figure among Americans: only 33% of those surveyed approve of his management, compared to 66% who disapprove; 52% express strong disapproval.

This approval rating (33%) is four percentage points lower than that registered last July and 12 points lower than in February 2025, when his approval registered 45%.

This is the lowest level the president has ever had, even considering any other time in his first term, The Washington Post noted.

Among likely voters, Trump’s approval is 38 percent, while 62 percent disapprove.

Overall, the results show that voters are concerned about the cost of living and the president’s decision to go to war against Iran, which has affected the price of gasoline.

In fact, 71% of respondents consider the price of gasoline to be “unaffordable,” a figure higher than the 28% registered in February, before the war in Iran caused an increase in fuel costs.

Added to this is that 72% of respondents stated that the country is moving in the wrong direction, which represents an increase of five points compared to April.

A guide compiles images and data of 82 species of macrofungi recorded in a park in Quito, the capital of Ecuador, which harbors a diversity of these organisms fundamental to ecosystems and that often go unnoticed in urban green spaces.

The work, which included the participation of researchers linked to the University of North Carolina Wilmington (UNCW), the National Institute of Biodiversity of Ecuador (Inabio) and a company focused on the study of fungi known as Mycena LLC, was carried out in the Guangüiltagua Metropolitan Park, one of Quito’s emblematic natural spaces.

The document presents species and records from different taxonomic groups, including representatives of the orders Agaricales, Auriculariales, Boletales, Gomphales, Russulales, and Trechisporales, as reported by Inabio in a statement.

“The images allow observing the variety of forms and characteristics of the identified macrofungi, from umbrella mushroom specimens to coral-like structures and shelf fungi that grow on various substrates such as leaf litter, tree trunks, and on the ground,” added the Ecuadorian entity.

The guide offers a visual tool to recognize the variety of macrofungi in the forested area and highlights the importance of continuing to document the biodiversity of the fungi present in the natural spaces of the Ecuadorian capital.

According to Inabio, the record also represents an opportunity to bring scientific research closer to the public and encourage interest in the observation and conservation of Quito’s natural heritage.

João Veloso, the spokesman for young people camped in Lisbon’s Rossio square, has called for rent limits, repeal of the new lease law, and greater state intervention in the real estate market.

In addition, he has proposed a general strike in Portugal to put pressure on the government of Prime Minister Luís Montenegro. “What we want are rent ceilings and an end to the new tenancy law,” sijo Veloso.

As he explained, the new regulations allow landlords to raise rents “100 or 200 euros from one year to the next,” while the previous legislation set a limit of 2%, he said.

The spokesperson called for public measures to expand the supply of affordable housing. “What we also want are effective measures from the State, such as public housing, using public properties to rent to people,” he noted.

Veloso criticized the government for selling state properties to private companies, which, he denounced, then obtain significant profits from these properties.

The leader acknowledged the influence of housing protests held in Spain and France. “Of course, there is influence from the encampments in Spain and also from the mobilizations in other countries, such as in France,” he affirmed, and defended the need to coordinate mobilizations to demand measures that facilitate access to affordable housing.

The spokesman particularly urged the General Confederation of Portuguese Workers (CGTP), the main Portuguese trade union, to support the call.

“It is important that the CGTP listens to the people, takes to the streets and goes on a general strike so that we can effectively confront this Government and, who knows, bring down the Montenegro Government,” he declared.

The Rossio encampment is part of youth mobilizations for the right to housing, which have also taken place in other Portuguese cities, including Porto.

Around 200 people were arrested in Belgium during demonstrations this Saturday against cuts in education, the police, the federal government, and the rise of the far-right, which ended with heavy clashes between security forces and protesters, local authorities reported today.

In Brussels, where the largest concentration occurred, 150 people were arrested. Most, 118 cases, were administrative arrests, while 32 were judicial detentions due to the alleged throwing of projectiles at the police, resistance to authority, and arson, Belgian media affirmed.

Among the 32 detainees are 15 minors, they added. The police in the Belgian capital also reported that five members of the police force were slightly injured during the demonstration.

On the other hand, during the protest in the French-speaking city of Liège 45 other arrests were recorded, 12 of them minors. Both demonstrations began peacefully on Saturday morning, consisting of young people, teachers and trade unionists.

However, at noon there were clashes with the police during the march of the protesters, which lasted until late in the afternoon.

The police used water cannons and tear gas against participants in Brussels, while some of the protesters smashed public furniture, vehicles and set fire to a container.

Public transport was also affected in the capital, with several metro and bus lines cut off or diverted.

This Sunday, Venezuela holds the Second National Popular Consultation of 2026, the eighth since 2024, where communities vote to select state-funded development projects.

More than 5,418 communes will choose from 37,205 previously selected projects in community assemblies, with 11,495 polling stations open throughout the country as long as there are voters.

For the first time, condominium boards are participating. A total of 120,000 neighborhood organizations are voting on 428 projects linked to health, school rehabilitation, roads, agriculture, and sports areas.

The Bolivarian National Armed Forces deployed more than 130,000 troops from the Republic Plan to protect 12,700 polling stations.

This will be the eighth National Popular Consultation since 2024, and it is supported by article 70 of the Constitution as a means of popular participation and protagonism.

The number of participation instances (communes or communal circuits) has grown from 4,000 in the first consultation of 2024 to more than 5,300 in recent consultations.

The president in charge of Venezuela, Delcy Rodríguez, has called on the population to actively participate in the 2026 National Popular Consultation to strengthen the work of popular power and citizen participation.

“So let’s go to democracy, to participation and to the emotion that always brings us to an election. Let’s choose these projects, like one of Villa Zoila, and we will have the best results for each project,” said Rodríguez yesterday during to the community of Villa Zoila.