Una gran marcha de docentes y estudiantes madrileños ha vuelto a salir este martes por las calles de la capital para protestar contra las cargas policiales en la protesta del lunes, como parte de las concentraciones diarias que tienen lugar durante la huelga indefinida del profesorado de la región. Lo han hecho vestidos de negro, en vez del verde habitual con el que defienden sus demandas, y en algunos momentos en silencio total, con velas, linternas y luces de móviles levantadas hacia el cielo.

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El presidente argentino, Javier Milei, aterrizó este martes en Madrid en la que constituye su séptima visita a España desde que se instaló en la Casa Rosada, en diciembre de 2023. Como todas las veces anteriores, no se reunirá con el Rey, ni con el presidente Pedro Sánchez ni ningún otro miembro del Gobierno. Será la primera vez, sin embargo, que tampoco se vea con el líder de Vox, Santiago Abascal, mientras que la Comunidad de Madrid ha evitado confirmar su cita Isabel Díaz Ayuso, anunciada en Argentina. “No lo tenemos en agenda”, aseguraba uno de los asesores más cercanos a la presidenta regional.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil podrá investigar a fondo al empresario Alberto González Amador y al alto directivo del grupo hospitalario Quirónsalud, Fernando Camino, por el presunto soborno de medio millón de euros. La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado este martes a los agentes especializados en delitos complejos después de que todas las partes del caso se rebelaran contra la decisión del juez de instrucción, Antonio Viejo, quien había limitado la investigación del instituto armado a las cuentas bancarias de los involucrados. Ahora, podrán también examinar la información de Hacienda y de la Seguridad Social. Este informe de la UCO se ha retrasado desde hace un año y cuatro meses.

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, planea trasladar su despacho temporalmente debido a la acampada en la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

Así lo ha adelantado la Cadena SER este martes y lo han confirmado a Efe fuentes del Gobierno regional, que consideran que "la situación en el entorno de Sol no permite el desarrollo normal de la actividad institucional".

Por ello están "viendo opciones" de mudanza, en un momento en que la acampada por el derecho a la vivienda está a punto de cumplir su cuarta semana.

Según la Cadena SER, la opción preferente como destino serían las dependencias de Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí de la capital, aunque desde la Comunidad no han confirmado este extremo.

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La comitiva presidencial argentina aterriza este martes en Madrid con una agenda cargada de actividades para Javier Milei. En la Casa Rosada dan por hecho que el presidente argentino se encontrará con Isabel Díaz Ayuso a las cinco de la tarde, en un lugar todavía sin especificar, pero en Sol no lo ven tan claro. “No lo tenemos cerrado en agenda”, dice uno de los asesores más cercanos a la líder del PP en Madrid.

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El comité de huelga de la educación pública madrileña ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid que investigue las “violentas y desproporcionadas” cargas policiales de este lunes. La reclamación llega después de que la policía cargara contra los profesores que se habían concentrado a las puertas de un acto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el centro de Madrid. Desde Delegación han confirmado a EL PAÍS que se va a investigar el asunto.

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El Gobierno de la Comunidad de Madrid reubicará en los próximos días el despacho de Isabel Díaz Ayuso por los inconvenientes provocados por la acampada en Sol, según un miembro de su equipo. “En estos momentos la Real Casa de Correos —la sede— no reúne las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional y se están viendo diferentes opciones en instalaciones de la Comunidad de Madrid para desempeñar, de manera temporal, ese trabajo que normalmente se realiza en Sol”, cuenta la misma fuente.

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Si se atiende a numerosos mensajes que salen del PP y Vox, ETA no solo no acabó derrotada, sino que sigue existiendo y aún dicta el guion político de España. Entre los valedores de esta tesis, lleva años sobresaliendo Isabel Díaz Ayuso. “ETA está viva y en el poder”, “ETA tiene más peligro que nunca”, “ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez”, “Bildu-Txeroki-ETA ha vuelto a ser beneficiado por los acuerdos de Sánchez con sus socios”. Son cuatro declaraciones de la presidenta madrileña en 2023, 2024, 2025 y este mismo año, respectivamente, que muestran cómo la última legislatura ha estado recorrida por un discurso que habla en presente de la organización pese a que este martes se cumplen ya 15 años del fin del terrorismo etarra y hace ya casi ocho y medio de su disolución. Ayuso es la difusora más insistente de estos mensajes pero, en absoluto, no la única. La negación o el cuestionamiento de la derrota de ETA y la asignación a la banda terrorista de un papel prominente en la política española son frecuentes en la derecha española.

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La Asamblea de Madrid prevé gastarse un máximo de 23,6 millones de euros en la ampliación del Parlamento regional y la construcción de una nueva sede para la Cámara de Cuentas. “Es un obrón”, resume una fuente parlamentaria, que no es ajena a una particularidad del proyecto: la parcela sobre la que se levantarán los nuevos edificios, con sus párkings y sus oficinas recién hechos, debía estar ocupada desde hace un cuarto de siglo por pisos públicos. Esa fue la intención del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 1995-2003), cuando le cedió los terrenos al Ivima (actual Agencia de Vivienda Social) en 2000. Sin embargo, durante 25 años no pasó nada relevante. Los terrenos no tenían el uso urbanístico adecuado para construir vivienda y, finalmente, en 2025 eso sirvió para que la Comunidad recuperara la propiedad y cediera la parcela a la Asamblea para un proyecto que encabeza su presidente, Enrique Ossorio, uno de los hombres de confianza de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La oposición rechaza la operación, que ve innecesaria, y reclama que el terreno se use para servicios públicos accesibles a los ciudadanos.

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