La Estatua de la Libertad es mucho más que un monumento: es el símbolo más reconocible de EE UU y un reclamo turístico que cada año atrae a millones de visitantes de todo el mundo. Sin embargo, ni siquiera esta condición de ícono nacional la ha librado de las consecuencias del bloqueo presupuestario, el temido government shutdown estadounidense. Miss Liberty, como se conoce popularmente el monumento entre los locales, tuvo que cerrar sus puertas en más de una ocasión porque el Congreso no logró ponerse de acuerdo para desbloquear a tiempo la financiación de la administración federal. El cese reciente más largo del monumento fue en 2013 y duró 12 días. A casi 6.000 kilómetros de distancia, en España, la legislación no contempla escenarios tan drásticos. Prueba de ello son los últimos años, en los que ni la Alhambra ni el Museo del Prado han dejado de recibir visitantes, ni mucho menos se ha paralizado el gasto público, aunque el país acumula ya más de 1.000 días sin que el Gobierno haya puesto sobre la mesa unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
La parálisis presupuestaria que vive España desde hace unos años supone una anomalía en toda regla y deja en evidencia el vacío de la normativa al respecto. Las disposiciones legales relativas a la prórroga son muy escuetas y no prevén cómo proceder si el impasse perdura en el tiempo. “Nadie puede forzar a redactar un proyecto de ley. Antes era casi automático que, si el Parlamento no apoyaba los Presupuestos, el Gobierno convocaba elecciones. Ya no es así, y está ocurriendo también a nivel autonómico”, subraya Violeta Ruiz Almendral, catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid.
Hay quien, sin embargo, ha movido ficha ante el bloqueo: el Senado —dominado por el PP— ha presentado un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno por llevar años sin presentar un nuevo proyecto de Presupuestos. El organismo ha admitido a trámite el recurso y se espera una resolución para finales de año. La argumentación de los senadores es que el Gobierno está incumpliendo su mandato constitucional, recogido en el artículo 134 de la Carta Magna, de elaborar y presentar las cuentas, privando así al Parlamento de ejercer su función legislativa.
Mientras tanto, no hay ningún precedente que ofrezca pistas sobre cómo puede dirimirse la cuestión. El caso que más se asemeja a este conflicto se refiere a la declaración de inconstitucionalidad de una ley aprobada por el País Vasco para adaptar la prórroga del presupuesto autonómico en 2002. El Gobierno central impugnó la norma, alegando que pretendía crear un doble régimen presupuestario, y el Constitucional terminó anulándola por vulnerar los principios de unidad y universalidad presupuestaria.
Ruiz Almendral —quien fue letrada del Constitucional entre 2011 y 2020— explica que una manera para forzar un Gobierno a presentar los Presupuestos pasaría, por ejemplo, por endurecer el mismo artículo 134 de la Constitución. “¿Pero cuál serían las consecuencias? Puede que el resultado sea peor”, reflexiona la jurista. La idea de un bloqueo total como el estadounidense le parece impensable no solo en España, sino en Europa, un continente donde el sector público ocupa un gran espacio y el Estado del bienestar está asentado. “No sería asumible”, zanja.
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