Una mujer de 52 años ha sido apuñalada mortalmente este martes en una urbanización del distrito de Carabanchel, en Madrid. La agresión se ha producido en el interior del complejo, ubicado en la calle de Ontanilla, y a pocos metros de uno de los portales, informan desde Emergencias. En un primer momento, los servicios de emergencias han podido revertir la situación y sacarla de la parada cardiorrespiratoria, pero finalmente ha fallecido en el hospital 12 de Octubre. Fuentes policiales confirman que, según las primeras informaciones recabadas, se investiga el asesinato como un crimen machista.

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Hay 338.473 personas en la Comunidad de Madrid que, pese a trabajar y cobrar un sueldo, viven bajo el umbral de la pobreza. Aun así, las estadísticas oficiales no los contabilizan como tal, porque tienen ingresos por encima de los 1.018 euros al mes, el umbral que mide la pobreza en España. En cambio, UGT ha aplicado un umbral de 1.190 euros que compensa el coste de vida en la capital, que es notablemente superior al de otras zonas del país.

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© Mariscal (EFE)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil podrá investigar a fondo al empresario Alberto González Amador y al alto directivo del grupo hospitalario Quirónsalud, Fernando Camino, por el presunto soborno de medio millón de euros. La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado este martes a los agentes especializados en delitos complejos después de que todas las partes del caso se rebelaran contra la decisión del juez de instrucción, Antonio Viejo, quien había limitado la investigación del instituto armado a las cuentas bancarias de los involucrados. Ahora, podrán también examinar la información de Hacienda y de la Seguridad Social. Este informe de la UCO se ha retrasado desde hace un año y cuatro meses.

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© Diego Radamés (Europa Press)

Un profesor de un colegio de Madrid ha sido detenido y encarcelado como sospechoso de haber abusado sexualmente de al menos 10 menores, según ha avanzado este lunes la cadena SER y ha confirmado este diario de fuentes policiales. El docente, de 37 años, fue arrestado el pasado martes 13 de octubre y se encuentra en prisión preventiva desde el viernes 16. Las víctimas tienen entre 12 y 15 años.

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La comitiva presidencial argentina aterriza este martes en Madrid con una agenda cargada de actividades para Javier Milei. En la Casa Rosada dan por hecho que el presidente argentino se encontrará con Isabel Díaz Ayuso a las cinco de la tarde, en un lugar todavía sin especificar, pero en Sol no lo ven tan claro. “No lo tenemos cerrado en agenda”, dice uno de los asesores más cercanos a la líder del PP en Madrid.

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El comité de huelga de la educación pública madrileña ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid que investigue las “violentas y desproporcionadas” cargas policiales de este lunes. La reclamación llega después de que la policía cargara contra los profesores que se habían concentrado a las puertas de un acto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el centro de Madrid. Desde Delegación han confirmado a EL PAÍS que se va a investigar el asunto.

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"En estos momentos la Real Casa de Correos no reúne las condiciones necesarias", explican fuentes regionales tras el escrache sufrido ayer y después de solicitar el desalojo de la acampada de Sol Leer

El Gobierno de la Comunidad de Madrid reubicará en los próximos días el despacho de Isabel Díaz Ayuso por los inconvenientes provocados por la acampada en Sol, según un miembro de su equipo. “En estos momentos la Real Casa de Correos —la sede— no reúne las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional y se están viendo diferentes opciones en instalaciones de la Comunidad de Madrid para desempeñar, de manera temporal, ese trabajo que normalmente se realiza en Sol”, cuenta la misma fuente.

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© Rodrigo Jimenez (EFE)

Una escena cotidiana: padres y madres esperando a sus hijos a las puertas de un colegio. Lo que ya no es tan cotidiano es que sea un colegio privado en la localidad madrileña de Majadahonda y que, delante del centro, se perpetre un robo express a martillazo limpio, según cuenta la cadena SER.

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© CARLOS ROSILLO

Bicimad se enfrenta a tres problemas que condicionan diariamente la experiencia de los usuarios: estaciones que se quedan sin bicicletas en determinadas horas mientras otras acumulan vehículos; una aplicación que falla y “no es fiable”; y unos medios de redistribución y mantenimiento que generan dudas. El Ayuntamiento, que no ha querido facilitar los datos de siniestralidad, averías de bicicletas o número de trabajadores, entre otros, defiende los recursos destinados al servicio, pero trabajadores de Bicimad tienen dudas sobre los camiones y furgonetas que hay circulando por Madrid. Algunos aseguran que actualmente solo hay cinco camiones de reparto operativos, una cifra que, critican, resulta insuficiente para mover y equilibrar una flota que supera las 8.300 bicicletas. En cambio, los más prudentes con la entidad aseguran que hay 14 camiones, tal y como dice el Consistorio, pero que “no hay trabajadores suficientes para ofrecer el servicio”.

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Los balcones de la Plaza Mayor se convertían en palcos, las calles acogían procesiones y celebraciones y el Manzanares, pese a su escaso caudal, era un lugar de encuentro y fiesta. En el Madrid de los siglos XVI y XVII, la ciudad entera parecía un escenario en el que la monarquía exhibía su poder, la Iglesia desplegaba sus ceremonias y los vecinos participaban de una vida pública en la que el arte y el espectáculo se mezclaban con lo cotidiano. Buena parte de aquel Madrid ha desaparecido, pero sus huellas permiten reconstruir una capital que se codeaba con ciudades europeas importantes como Roma, Nápoles, París y Viena.

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© Victor Lerena (EFE)

Qué lío es ser de izquierdas. Hay que preocuparse por el fin del mundo, por el calentamiento global, por si la IA nos asesina, por si los empresarios explotan y los propietarios desahucian, por la sanidad y la educación, y la gente hace reuniones, panfletos, asambleas, pintadas, manifestaciones (qué ajetreo activista hay últimamente) y la policía carga contra los estudiantes como perros de presa y hay que acampar en la calle y comer bocatas y mucho hummus —porque todo el mundo dona hummus—, y se acerca el invierno. Pero luego la izquierda —me refiero a la izquierda política— no se pone de acuerdo ni al grito de la alerta antifascista.

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La Asamblea de Madrid prevé gastarse un máximo de 23,6 millones de euros en la ampliación del Parlamento regional y la construcción de una nueva sede para la Cámara de Cuentas. “Es un obrón”, resume una fuente parlamentaria, que no es ajena a una particularidad del proyecto: la parcela sobre la que se levantarán los nuevos edificios, con sus párkings y sus oficinas recién hechos, debía estar ocupada desde hace un cuarto de siglo por pisos públicos. Esa fue la intención del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 1995-2003), cuando le cedió los terrenos al Ivima (actual Agencia de Vivienda Social) en 2000. Sin embargo, durante 25 años no pasó nada relevante. Los terrenos no tenían el uso urbanístico adecuado para construir vivienda y, finalmente, en 2025 eso sirvió para que la Comunidad recuperara la propiedad y cediera la parcela a la Asamblea para un proyecto que encabeza su presidente, Enrique Ossorio, uno de los hombres de confianza de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La oposición rechaza la operación, que ve innecesaria, y reclama que el terreno se use para servicios públicos accesibles a los ciudadanos.

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Tres estudiantes del instituto público Rosa Chacel del madrileño distrito de Hortaleza han sido expulsados por la directora del centro, Luisa Capell, como represalia por participar en un artículo publicado por EL PAÍS que informaba de las protestas del alumnado por el cierre de los cuartos de baño en este instituto dedicado a las enseñanzas de Formación Profesional. La directora del Rosa Chacel expone en los partes de expulsión que los tres jóvenes difundieron “a través del periódico EL PAÍS informaciones de ámbito escolar y personal relativas a la directora del centro que pueden menoscabar su imagen y consideración”, lo que tipifica como una falta grave que conlleva la expulsión durante cinco días del centro educativo. Tanto la directora del Rosa Chacel como la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no han atendido las peticiones de este diario para recabar su versión de los hechos.

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© Google Maps

En el vídeo registrado por la cámara fija del laboratorio del Servicio de Armas de la Guardia Civil de Madrid, se ve al coronel Francisco Pallás entrando con un empleado de la empresa española USP (Uniformidad y Suministros de Protección S.L.) y un guardia, cogen las cajas de cinco fusiles de asalto del instituto armado y comienzan a superponer etiquetas y precintas de la citada empresa sobre los de la Guardia Civil, tapándolos. Esta burda operación, realizada a plena luz del día y con las cámaras de seguridad en funcionamiento, ha sentado esta semana en el banquillo al Coronel, a una directiva de la empresa armamentística y a un empleado de la misma. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el mando de la Guardia Civil por “un delito de falsificación de documento oficial”; y dos años para los miembros de la compañía por lo mismo. El ministerio público entiende que Pallás “falsificó unos documentos para favorecer durante el proceso de licitación a una empresa de cara a la adquisición de un mínimo de 8.250 fusiles de asalto”.

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© Guardia Civil (GUARDIA CIVIL)

Madrid está sucia. Se habla de ello, se lee en redes sociales y se refleja en las miles de reclamaciones que ponen los ciudadanos cada año. Es una queja histórica en la ciudad de 3,5 millones de habitantes. El paisaje que muchos madrileños observan a diario en las calles es el de contenedores desbordados y rodeados por bolsas de desechos de todo tipo. Entre noviembre de 2022, cuando comenzó a operar el contrato de contenerización, recogida y transporte de residuos, y noviembre de 2025, el Ayuntamiento ha abierto 435 expedientes por incumplimientos a las empresas privadas a cargo del servicio. Eso son unas 145 al año, según los datos municipales obtenidos a través de una petición de información realizada por Más Madrid y que ofrece una radiografía de los fallos en el sistema de recogida de basura. De los expedientes abiertos, 363 han terminado en sanciones por un valor de 1,39 millones de euros a las compañías que prestan el servicio por toda la ciudad.

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