Dona do Instagram, do Facebook, do WhatsApp e de outras plataformas digitais e redes sociais, a empresa de tecnologia Meta se negou a criar um canal direto para receber denúncias de ameaças, assédio, ataques digitais, bloqueios e suspensão de contas de jornalistas, comunicadores e veículos de comunicação.

A criação de um canal para o encaminhamento e acompanhamento de casos urgentes foi solicitada pelo Observatório da Violência Contra Jornalistas e Comunicadores Sociais (Observatório), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e responsável por monitorar e apoiar as investigações das denúncias envolvendo comunicadores sociais.

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Em nota, o observatório informou que agiu motivado pelos “recorrentes relatos de bloqueios, suspensões e outras restrições envolvendo jornalistas, comunicadores e veículos de comunicação”, mas que a Meta, ao negar o pedido, alegou a “complexidade técnica, jurídica e operacional” da medida.

“[A empresa] afirmou que o mecanismo poderia representar a “assunção [aceitação] de novas obrigações regulatórias”, revelou o observatório.

O órgão acrescentou que a Meta argumentou também que a análise do pedido exigiria um prazo maior, compatível com a complexidade do tema, e que suas políticas se aplicam a todos os usuários, igualmente, de forma que, para a Meta, os canais gerais já disponíveis são suficientes.

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a assessoria da Meta, que respondeu que a empresa não vai comentar o assunto.

Violência Digital

Em nota, as secretarias de Justiça (Senajus) e de Direitos Digitais (Sedigi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Políticas Digitais (SPDGI) da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República destacaram que foram registrados 14.182 ataques digitais contra jornalistas e veículos de comunicação durante o primeiro turno, segundo a Coalizão em Defesa do Jornalismo.

Além disso, a organização CTRL+Z reuniu 1.121 relatos de restrições a contas e conteúdos políticos, incluindo bloqueios e remoções sem justificativa específica.

“Os levantamentos expõem duas ameaças ao debate público: a escalada da violência contra quem produz informação e a falta de transparência nas decisões que podem restringir sua circulação, com potencial impacto no legítimo exercício da liberdade de expressão”, apontam as secretarias.

O texto divulgado reforça a “necessidade de mecanismos específicos e permanentes de proteção a jornalistas, comunicadores e veículos de comunicação no ambiente digital”, para além do período eleitoral.

“Os canais gerais da Meta e a cooperação com a Justiça Eleitoral não substituem um mecanismo de proteção capaz de responder a situações urgentes de violência contra jornalistas, inclusive fora do período eleitoral”, insistiu o ministério.

A pasta ressalta que ataques e restrições ao exercício do jornalismo “ultrapassam a esfera individual e podem comprometer o direito de toda a sociedade à informação”.

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha celebrado que el Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía y ha asegurado que la decisión pone de manifiesto que “nunca tendría que haber existido una represión absolutamente injusta”. El líder republicano ha sostenido que, si se actuó de esa manera, fue porque “nos han tenido y nos tienen mucho miedo”. La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la ley de amnistía a los condenados por el procés, entre los que se encuentran el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva. “La ley de amnistía es plenamente constitucional y no podemos sino celebrar su aplicación en su totalidad”, ha afirmado Saiz. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas de carácter social. Entre ellas figura una inversión de 45 millones de euros para crear 2.000 nuevas plazas en residencias universitarias de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña, con el objetivo de impulsar alojamientos asequibles para estudiantes. Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que el PP y Vox están negociando para encontrar una fórmula en la que los ultras no concurran a la Cámara alta el 29-N, con la vista en lograr una mayoría más holgada frente a la coalición de PSOE y Frente Amplio. “Sería un error facilitar al sanchismo el control”, ha explicado en una entrevista en Cadena Cope.

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La tensión entre el Gobierno de Ceuta y La Moncloa a cuenta de la entrada masiva continúa en aumento. La afrenta mantenida por el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, desde mitad de agosto contra la Administración central ha sumado este martes un nuevo capítulo. El Ejecutivo ceutí envió hace un mes un requerimiento formal solicitando más información sobre los miles de migrantes internados en los recursos de acogida. Y censuran que no se están poniendo los medios suficientes para tramitar los expedientes de devolución. Enfrente, el mando único defiende que los dichos “expedientes se pueden resolver en el plazo de un mes”, que “se deben respetar los procedimientos legales” y que se han movilizado los recursos necesarios. Tras la contestación remitida, el equipo de Vivas amenaza con elevar la cuestión al Tribunal Supremo.

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© Chema Moya (EFE)

La figura y la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba han vuelto a concentrar este martes toda la atención en el Congreso de los Diputados, donde ejerció como parlamentario 21 años. La Mesa del Congreso aprobó hace casi un año otorgar el nombre de Pérez Rubalcaba a la tradicional sala del escritorio de prensa donde trabajan a diario los representantes de los medios de comunicación, justo al lado de la salida del hemiciclo, para homenajear la importancia de un político que falleció hace siete años. En el salón de los pasos perdidos del Congreso se ha ubicado este martes una fotografía de Rubalcaba en la tribuna de oradores y un escritorio con sus libros y los seis premios de oratoria que le concedió en su día la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Su viuda, Pilar Goya, ha agradecido su presencia a todos los asistentes en un salón lleno. El PP solo envió a una diputada de base, Carmen Navarro, que fue hasta el final de esta legislatura secretaria cuarta de la Mesa.

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© Jaime Villanueva

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Tellado manda un escrito a la directora general de Asuntos Consulares en el que le advierte que o cumple la orden del Alto Tribunal o su partido pedirá "responsabilidades penales personales" contra ella e incluso contra el ministro Leer

Lourdes Cavero, esposa del expresidente madrileño Ignacio González, ha negado este martes que la constructora Dragados costease el acondicionamiento de un jardín en su vivienda en 2006, después de que esa compañía ganase el proyecto para levantar un campo de golf en el centro de la capital. Pese a que la Fiscalía sospecha que esas obras fueron una contraprestación, la mujer del expolítico ha defendido que las abonaron de su bolsillo. “Pagué en efectivo y paulatinamente a medida que se iba avanzando con las obras”, ha insistido Cavero al declarar como testigo en el primer juicio que acoge la Audiencia Nacional contra el exdirigente del PP por el caso Lezo.

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El Partido Popular y Vox aproximan posiciones para concurrir con más fuerza al Senado en las elecciones del 29 de noviembre. Alberto Núñez Feijóo ha confirmado este martes que ambas formaciones negocian en estos momentos para encontrar una fórmula que les permita lograr una mayoría más holgada frente a la papeleta conjunta de PSOE y Frente Amplio. Una vez cerrado el plazo para presentar coaliciones, el viernes pasado, PP y ultras barajan otros planes. En una entrevista en Cope, Feijóo ha apuntado como escenario más plausible el de que los ultras no se presenten en determinadas circunscripciones y que el Partido Popular ceda senadores por designación autonómica como contrapartida. El líder del PP quiere un pacto, mete presión a Santiago Abascal y busca con ese planteamiento controlar los tres quintos de la Cámara alta, lo que le permitiría hacer nombramientos sin tener que pactar con el PSOE.

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"Si Vox está a la altura, el PP también va a estarlo", sostiene el 'popular', que desliza que una fórmula podría ser ceder senadores autonómicos a cambio de que Abascal no se presente en ciertas provincias Leer

En las campañas electorales que entran dentro de la normalidad se ventilan las diferencias entre los partidos. Cada partido presenta sus propuestas y defiende su capacidad para llevarlas a cabo, a la vez que critica a sus rivales. Hay ocasiones, sin embargo, en que lo que se juega en la campaña es algo más que el programa político que se va a poner en marcha. Así ocurre cuando los partidos encarnan no sólo propuestas distintas, sino también valores y prácticas que van más allá de los programas electorales y tocan de llena las bases de la democracia. La campaña del 29-N se mueve en este terreno excepcional.

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© Eva Vázquez

Durante la ofensiva terrorista de ETA de los años 2000-2001, que se saldó con 38 muertos y que tuvo una enorme repercusión mediática porque buena parte de las víctimas eran personas con un marcado reconocimiento social, nadie pensaba en círculos policiales y políticos que 10 años después, el 20 de octubre de 2011, finalizaría el terrorismo. Y todavía menos en las condiciones en que llegó este final: una decisión unilateral de ETA, que dejaba las armas sin haber logrado ninguna de sus exigencias políticas, como la incorporación de Navarra al País Vasco y la autodeterminación. Tampoco obtuvo la amnistía que reclamaba para sus presos, ni siquiera logró indultos. Fue un final ordenado, reconocido por ETA, sin escisiones, y que tuvo su epílogo con la disolución de la organización en mayo de 2018. Terminó así porque el acoso policial, social y la presión, en su último tramo, de Batasuna, su antiguo brazo político, la dejó extenuada. Ese final del mal endémico que marcó casi medio siglo de la vida española, con una estela de 853 asesinatos, fue un triunfo de la persistencia de la sociedad española y de sus gobiernos democráticos. 15 años después, increíblemente, esa victoria ciudadana sigue sin reconocimiento oficial al carecer de unanimidad política.

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Si se atiende a numerosos mensajes que salen del PP y Vox, ETA no solo no acabó derrotada, sino que sigue existiendo y aún dicta el guion político de España. Entre los valedores de esta tesis, lleva años sobresaliendo Isabel Díaz Ayuso. “ETA está viva y en el poder”, “ETA tiene más peligro que nunca”, “ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez”, “Bildu-Txeroki-ETA ha vuelto a ser beneficiado por los acuerdos de Sánchez con sus socios”. Son cuatro declaraciones de la presidenta madrileña en 2023, 2024, 2025 y este mismo año, respectivamente, que muestran cómo la última legislatura ha estado recorrida por un discurso que habla en presente de la organización pese a que este martes se cumplen ya 15 años del fin del terrorismo etarra y hace ya casi ocho y medio de su disolución. Ayuso es la difusora más insistente de estos mensajes pero, en absoluto, no la única. La negación o el cuestionamiento de la derrota de ETA y la asignación a la banda terrorista de un papel prominente en la política española son frecuentes en la derecha española.

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© Alberto Ortega (Europa Press)

Mientras el Partido Socialista arranca la campaña con un beso y una flor, con la fuerza de la gente y la del amor, las izquierdas apenas consiguen recuperarse de varias semanas agónicas, atrapadas en estériles disputas sobre candidaturas, marcas y liderazgos. No hubo unidad y todo indica que la competencia entre Podemos y el Frente Amplio se saldará con un resultado amargo.

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Los políticos son valientes. Sobre todo en la acepción de la palabra que apunta a lo animoso. La valentía es de esas virtudes de ocasión, que sólo se tienen si llegada la hora de demostrarlas cumples. Mientras tanto son más bien una ficción personal, una autoidealización. Como la de esa gente que cuando le piden en una entrevista que reconozca su peor defecto dice: la sinceridad, la independencia o la debilidad de dejarse llevar por la ira ante las injusticias. Vamos, que su defecto es no tener ningún defecto. Los políticos son, en general, valientes porque estando las personas tan llenas de contradicciones como estamos, salir a la plaza pública a gritar certezas, convicciones y valores morales intransferibles resulta de lo más atrevido. Como decían nuestras abuelas, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, pensamiento filosófico más contundente que toda la obra de Byung Chul Han. Cada vez que se pilla a un político en una contradicción, los que no nos dedicamos a esa tarea sentimos por dentro una satisfacción inconfesable. Ahí va otro valiente al humilladero, nos decimos. La portavoz de los socialistas prefirió dimitir que explicarnos la incoherencia entre su discurso y el negocio familiar. La portavoz conservadora por suerte aún no ha dimitido, pero se sinceró al decir que van a privatizar un segmento de las pensiones, sin entender que la campaña electoral también va de ocultación y disimulo de las reales intenciones.

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© Claudio Álvarez

El mercado de vehículos nuevos en España está cerca de alcanzar las cuotas prepandemia —entre 1,2 y 1,3 millones en ventas de unidades anuales— gracias, principalmente, a dos factores: el crecimiento de la oferta a precios competitivos por la entrada de las firmas chinas y el empuje del coche con enchufe, un tipo de tecnología que cada vez cala más y gana cuota de mercado a buen ritmo. Sin embargo, estas últimas dependen de los distintos programas de ayudas, antes con el Moves III y ahora con el Auto+. El actual programa, gestionado por el Ministerio de Industria y dotado con 400 millones de euros, dura hasta el 31 de diciembre y, de momento, no hay visos de que vaya a tener una continuidad inmediata habida cuenta de que en poco más de un mes habrá elecciones generales.

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© Europa Press News (Europa Press via Getty Images)

Abascal ofrece a Feijóo un "entendimiento" en la Cámara Alta para responder a la candidatura única que tendrán los partidos de la izquierda Leer

Al Tribunal Superior Electoral de Brasil se le está acabando la paciencia con el gigante tecnológico Meta y los inescrutables entresijos de su funcionamiento. Un juez del TSE le ha dado 24 horas a la tecnológica propietaria de Instagram, WhatsApp y Facebook para que demuestre al tribunal que sus algoritmos y su inteligencia artificial dan un trato igual a los dos candidatos, al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, y al senador Flávio Bolsonaro, del derechista Partido Liberal. La decisión judicial fue dictada el domingo por la noche cuando los presidenciables protagonizaban su primer debate.

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© Andre Penner (AP Photo/Andre Penner)

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