“La educación de los hijos de todos está en manos de gente así de violenta que no respeta ni siquiera el derecho de los niños de ir al colegio. Gente que, además, está untada por los sindicatos”. Estas han sido las palabras de Isabel Díaz Ayuso frente a los profesores en huelga de la marea verde que le increparon pacíficamente a la salida de un acto y a los que, poco después, molió a golpes la policía. Estos comentarios encajan muy bien con la idea que esta gente de derechas se hace de lo que es la escuela pública. Un lugar donde los pobres padres no pueden impedir que se adoctrine a sus hijos en valores izquierdistas promovidos por los sindicatos y el Estado. Frente a ello, recurren a la libertad de enseñanza recogida en la Constitución, para defender el derecho de las familias a elegir la educación que deben recibir sus hijos.
Llevo muchos años repitiendo lo mismo: ese artículo de la Constitución no puede ser interpretado así, y si acaso sí se puede, deberíamos cambiarlo. Porque, de este modo, se está llamando “libertad de enseñanza” a un supuesto derecho que tendrían los padres para elegir la prisión ideológica en la que van a encerrar a sus hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad. Y eso es tanto como dar a las familias la libertad de imponer sobre la infancia un totalitarismo doméstico asfixiante que tendrá efectos demoledores sobre su acceso a la dignidad ciudadana.
Los padres y tutores, por supuesto, deben tener el derecho de adoctrinar a sus hijos en sus propias ideologías, creencias y convicciones. Pero no pueden tener el derecho de hacerles creer que no existen otras creencias y otras ideas. Uno puede tener la desgracia de haber nacido, por ejemplo, en una familia de adventistas del séptimo día que han calculado que el fin del mundo tendrá lugar muy pronto. Esta extravagante doctrina se les inculcará en su casa con todo derecho, porque los niños deben tener el derecho de querer a sus padres y también de admirarlos y de pensar que tienen razón. Pero es una barbaridad pensar que eso les da derecho a internarlos en un colegio de adventistas del séptimo día hasta que cumplan dieciocho años.
No sé cómo se llamará en latín este tipo de falacia. La “libertad de enseñanza” parece apostar por la diversidad cuando las familias pueden optar entre muchas sectas ideológicas distintas para la educación de sus hijos. Así parece que hay mucha diversidad, pero solo a vista de helicóptero. Porque, para los que están abajo, para los niños en cuestión, lo que ha ocurrido es que se les ha negado precisamente cualquier contacto con lo diverso. Se les está educando en una doctrina impuesta con un totalitarismo sin fisuras. En casa, son adventistas, fuera de casa, no hay más que adventistas, el mundo mismo es adventista y, por tanto, no cabe duda, terminará pronto el séptimo día en un apocalipsis fatal, como dice el pastor y como dicen mis padres. O sea, hemos llamado “libertad de enseñanza” al derecho de las familias a imponer una dictadura doméstica que mutila la ciudadanía.
No permitimos la ablación del clítoris por consideración a la libertad de algunas culturas indígenas. Tampoco deberíamos consentir legalmente a los padres mutilar la vida de sus hijos hasta la mayoría de edad.
En resumen: deberíamos tener el coraje de exigir que se prohibiera la enseñanza privada y, por supuesto, la concertada. La ley tiene que proteger a los más débiles, a los niños en primer lugar. La maquinaria del Estado Moderno fue diseñada por personas muy capaces que, desde luego, eran mucho más listos y competentes que los ideólogos de Díaz Ayuso. Y más o menos, estuvieron de acuerdo con Condorcet en instituir un sistema de instrucción pública capaz de poner a los niños a salvo del adoctrinamiento doméstico y de su extensión totalitaria mediante sectas privadas. En contra de esta obra maestra de la Ilustración, actualmente no hay ideólogos que lleguen mucho más allá que Vito Quiles, quien considera a las profesoras de la enseñanza pública “charototalitarias”. Se limitan a repetir como loros que entonces quien adoctrina es el Estado, lo que es sencillamente una estupidez. El Estado, allí donde hay división de poderes, no puede adoctrinar, y no porque no deba, sino porque no puede.
Los profesores de la enseñanza pública son funcionarios, propietarios de su función con libertad de cátedra. No podrían adoctrinar ni aunque lo intentaran. Porque si el profesor de matemáticas es visiblemente homófobo, resulta que la profesora de gimnasia es lesbiana a mucha honra. Si a la profesora de Lengua se le nota mucho que vota al PP, después del recreo viene la de Química, que seguro que vota al Frente Amplio. Luego viene el fascista de Latín negacionista climático y a continuación el antifa de Historia, citando a Kropotkin. Por otro lado, nuestro Adventista del séptimo día Pentecostés independiente se tendrá que sentar al lado de una musulmana por la izquierda y de un ateo militante que se caga en dios a cada rato, a su derecha. En el recreo tendrá que jugar al fútbol con chicos, chicas y chiques, ateos, beatos, unos cayetanos, otros punkis, algunos que llevarán una banderita española en la muñeca y otros que se habrán tatuado en el hombro a cristo fumando un porro.
Esto sí que es diversidad y libertad de elegir y no eso que Díaz Ayuso tiene en la cabeza: la libertad de elegir entre sectas diversas para comerle el tarro a mis hijos, metiéndolos así en un concertado marianista o un privado de derechas o de izquierdas (que también se da). La constitución no puede decir que eso es legítimo, por lo mismo que la libertad cultural no te concede el derecho a practicar a tu hija la clitoridectomía. Son los hijos los que tienen que tener libertad de aprendizaje, no las familias las que deben tener libertad para encarcelar a sus hijos en su propia secta ideológica, así esté llena de pedófilos, terraplanistas, fundamentalistas, gente que cree en la virginidad de María o, así sea, anarcos veganos y feministas. Uno no tiene que pagar durante 18 años el delito de haber nacido en una familia del Opus, de ETA o de Testigos de Jehová. Esa gente, que cuente a sus hijos lo que les dé la gana, pero en su casa. En la escuela, que nos dejen en paz. Que nos exijan, eso sí, cumplir con los programas académicos aprobados por nuestros representantes parlamentarios, es decir, por nosotros y por ellos, por todos, ya que vivimos en una democracia. Porque lo que Isabel Díaz Ayuso tiene en la cabeza es un supuesto derecho de ciertas sectas a educar a los niños al margen de la Ley, según el catálogo sectario de un catecismo de disparates elegido por las familias. Y eso no puede ser lo que dice la Constitución.
La escuela privada y concertada extirpa la libertad del mundo de la enseñanza. Los profesores pasan a ser contratados y despedidos según el ideario doctrinario de las empresas y las sectas privadas. Y el resultado es una esterilizante uniformidad que el alumnado tiene que sufrir impotente: un monopolio para el adoctrinamiento. Es el fin de la libertad de cátedra para los profesores y profesoras, y el fin de la libertad que deben tener los alumnos y las alumnas para ponerse a salvo del imperio familiar. La enseñanza concertada, por su parte, es un cáncer que llevamos arrastrando desde los tiempos de la Transición. En la actualidad, es, sobre todo, una manera de filtrar al alumnado, dando a las familias la potestad de hacer trampas en el juego, poniendo a sus hijos a salvo de unas escuelas públicas que cargan así con lo más problemático, al tiempo que se las abandona y se las precariza. Es el caballo de Troya de la segregación social que amenaza con echar abajo todo el edificio de la escuela pública. Si los ministros y los cargos públicos tuvieran obligación de llevar a sus hijos e hijas a centros públicos elegidos por sorteo, otro gallo cantaría.
La escuela pública que estaban defendiendo esos profesores y profesoras, la que están defendiendo estos días en esta nueva y tan hermosa Marea Verde, es la más bella conquista histórica que las clases trabajadoras han aportado a la Historia de la Humanidad. Solo por esta belleza es explicable que se siga manteniendo en pie, pese a tanta incomprensión y tanto sabotaje: los profesores y las profesoras aman todavía su profesión, incluso en el infierno. Y son capaces de darlo todo para no dejar que el edificio de la escuela pública se derrumbe. Son heroínas, héroes que combaten por mantener bien alto el testigo de que el ser humano es capaz de defender con su propia vida aquello por lo que merece la pena estar vivo, la dignidad de saberse libre.
Por eso defenderemos, en todos los niveles de la enseñanza, de infantil a la Universidad, este espacio que todavía es capaz de recordarnos lo que es la libertad, frente a ese desierto de libertades que es el mercado y el totalitarismo doméstico que la familia quisiera imponer para acallar el espacio público. No podemos llamar libertad a la competencia con la que las sectas privadas se disputan el derecho a imponerse sobre las demás. La libertad es algo que solo se conquista en lo que, desde los orígenes de la historia de la filosofía se llamó espacio público, república, todo lo contrario que el imperio sectario de los mundos privados. Para defender esa causa ocurrió eso a lo que se llama Revolución francesa. Díaz Ayuso nos ha preguntado si lo que queremos es que arda Madrid, como está ardiendo estos días París. Si se trata de defender, contra ella y sus políticas, la más bella de las conquistas de la revolución francesa, la escuela pública, merecerá la pena.
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