La diputada australiana Helen Haines ha sufrido la amputación de ambas piernas, se ha informado este miércoles, a consecuencia del supuesto ataque que sufrió el pasado lunes, cuando un hombre la embistió con su coche mientras se encontraba frente a su oficina electoral. Mientras, el acusado por el ataque, que fue detenido inmediatamente después del atropello, ha comparecido ante un juez en Wangaratta, la localidad donde ocurrió el suceso, en el sur del país. Su abogado asegura que sufre una enfermedad neurológica y problemas de salud mental.
© JAMES ROSS (via REUTERS)
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a prisión, acusados de delitos de terrorismo, a los dos disidentes de la izquierda abertzale detenidos por la Ertzaintza el sábado después de que se presentaran en la comisaría de Irún acompañados de su abogado. Se trata de Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grünig Ibáñez, de 23 años, a los que el magistrado considera integrantes de Jardun Koordinadora, una organización integrada por disidentes de la izquierda abertzale supuestamente contrarios a la decisión que tomó ETA en octubre de 2011 de abandonar la violencia. Bilbao es señalado como “el motor principal” de este colectivo e “impulsor y dinamizador” del mismo. A su compañera, el magistrado la describe como “militante activa”. El magistrado esgrime para ordenar su encarcelamiento tanto riesgo de fuga como de reiteración delictiva de ambos, que tenían antecedentes policiales por “actos violentos” en otros países europeos.
© Jardun Koordinadora
La figura y la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba han vuelto a concentrar este martes toda la atención en el Congreso de los Diputados, donde ejerció como parlamentario 21 años. La Mesa del Congreso aprobó hace casi un año otorgar el nombre de Pérez Rubalcaba a la tradicional sala del escritorio de prensa donde trabajan a diario los representantes de los medios de comunicación, justo al lado de la salida del hemiciclo, para homenajear la importancia de un político que falleció hace siete años. En el salón de los pasos perdidos del Congreso se ha ubicado este martes una fotografía de Rubalcaba en la tribuna de oradores y un escritorio con sus libros y los seis premios de oratoria que le concedió en su día la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Su viuda, Pilar Goya, ha agradecido su presencia a todos los asistentes en un salón lleno. El PP solo envió a una diputada de base, Carmen Navarro, que fue hasta el final de esta legislatura secretaria cuarta de la Mesa.
© Jaime Villanueva
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Los dos detenidos por la Ertzaintza en Irun (Gipuzkoa), investigados por un presunto delito de terrorismo y vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale, pasan este martes a disposición de la Audiencia Nacional, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. Los arrestados, un hombre de 34 años y una mujer de 22, que permanecían desde el pasado sábado en dependencias de la Policía autonómica vasca en Irun, están siendo trasladados en estos momentos a Madrid.
Los dos detenidos cuentan con antecedentes relevantes, según indicó el Departamento de Seguridad en un comunicado en el que no especificó a qué tipo de antecedentes se refiere.
La investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que portaban material muy sensible sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.
La Policía autonómica vasca abrió una investigación e informó a la Audiencia Nacional, al apreciar que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo. En los últimos días las pesquisas, coordinadas en todo momento, avanzaron de manera muy relevante, según indicó la Ertzaintza.
En la jornada del sábado, dos de las personas investigadas se personaron voluntariamente en la comisaría de Irun, acompañadas por su abogado, y fueron detenidas. Ambas están siendo investigadas por un presunto delito de terrorismo. Tras tomarles declaración y cumplimentar las diligencias policiales pertinentes, los dos arrestados están siendo trasladados a Madrid.
Fuentes de la investigación han indicado a EFE que se trata de dos personas vinculadas con sectores radicales de la izquierda abertzale, contrarias a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de ETA, del que hoy, martes, se cumplen 15 años.
© LUIS MIGUEL FONSECA/LUSA
La Fiscalía ha recurrido por “prematura” la reciente decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de conceder por segunda vez el tercer grado o régimen abierto al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi. El ministerio público alega para ello que solo han pasado tres meses desde que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro le revocara en julio una medida similar al considerar ya entonces que el recluso no había acreditado una “maduración suficiente del proceso de reinserción”. Es la cuarta vez en el último mes y medio que la Fiscalía se opone a aplicar una medida similar a presos de ETA. El juez Castro debe resolver aún los recursos por las semilibertades de Henri Parot, alias Unai; la exjefa etarra Soledad Iparragirre, Anboto; e Idoia Mendizábal, Iliargi.
Durante la ofensiva terrorista de ETA de los años 2000-2001, que se saldó con 38 muertos y que tuvo una enorme repercusión mediática porque buena parte de las víctimas eran personas con un marcado reconocimiento social, nadie pensaba en círculos policiales y políticos que 10 años después, el 20 de octubre de 2011, finalizaría el terrorismo. Y todavía menos en las condiciones en que llegó este final: una decisión unilateral de ETA, que dejaba las armas sin haber logrado ninguna de sus exigencias políticas, como la incorporación de Navarra al País Vasco y la autodeterminación. Tampoco obtuvo la amnistía que reclamaba para sus presos, ni siquiera logró indultos. Fue un final ordenado, reconocido por ETA, sin escisiones, y que tuvo su epílogo con la disolución de la organización en mayo de 2018. Terminó así porque el acoso policial, social y la presión, en su último tramo, de Batasuna, su antiguo brazo político, la dejó extenuada. Ese final del mal endémico que marcó casi medio siglo de la vida española, con una estela de 853 asesinatos, fue un triunfo de la persistencia de la sociedad española y de sus gobiernos democráticos. 15 años después, increíblemente, esa victoria ciudadana sigue sin reconocimiento oficial al carecer de unanimidad política.
Si se atiende a numerosos mensajes que salen del PP y Vox, ETA no solo no acabó derrotada, sino que sigue existiendo y aún dicta el guion político de España. Entre los valedores de esta tesis, lleva años sobresaliendo Isabel Díaz Ayuso. “ETA está viva y en el poder”, “ETA tiene más peligro que nunca”, “ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez”, “Bildu-Txeroki-ETA ha vuelto a ser beneficiado por los acuerdos de Sánchez con sus socios”. Son cuatro declaraciones de la presidenta madrileña en 2023, 2024, 2025 y este mismo año, respectivamente, que muestran cómo la última legislatura ha estado recorrida por un discurso que habla en presente de la organización pese a que este martes se cumplen ya 15 años del fin del terrorismo etarra y hace ya casi ocho y medio de su disolución. Ayuso es la difusora más insistente de estos mensajes pero, en absoluto, no la única. La negación o el cuestionamiento de la derrota de ETA y la asignación a la banda terrorista de un papel prominente en la política española son frecuentes en la derecha española.
© Alberto Ortega (Europa Press)
© ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
La difesa di Gilberto Cavallini torna a chiedere nuovi accertamenti sui resti biologici rinvenuti nella bara di Maria Fresu, una delle 85 vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Nell’udienza davanti alla Corte d’assise d’appello di Bologna, l’avvocato Alessio Pomponi, sostituto di Gabriele Bordoni, ha ribadito la richiesta di autorizzare nuove analisi del Dna sui reperti riesumati nel 2019 dal cimitero toscano di Montespertoli. Sentite le parti, la Corte presieduta da Pasquale Stigliano si è riservata la decisione, attesa nei prossimi giorni.
L’istanza è stata presentata nell’ambito di un incidente di esecuzione, già promosso nel 2023 e respinto. La difesa chiede che il genetista Emiliano Giardina possa effettuare una comparazione con i profili delle altre vittime di sesso femminile e approfondire l’origine ancestrale e il fenotipo del Dna, cioè alcune caratteristiche biologiche osservabili. Al centro della richiesta c’è un frammento facciale con scalpo rinvenuto nella bara di Fresu, la donna che morì con la figlia Angela di 3 anni.
Le analisi svolte durante i processi hanno concluso che il Dna di quel reperto non fosse attribuibile alla donna. Da qui l’ipotesi della difesa: potrebbe appartenere a una persona mai identificata, forse una donna che si trovava nelle immediate vicinanze dell’esplosione. L’eventuale esistenza di una 86esima vittima, tuttavia, non è stata dimostrata. Un’ipotesi legata alla presunta pista palestinese – suggerita dall’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga – che prevedeva un terrorista o una terrorista di passaggio a Bologna. L’ordigno sarebbe esploso per errore. Ma queste ricostruzioni, proposte in più fasi dei processi, sono state vagliate ed escluse dai giudici. Che hanno attribuito la paternità del massacro ai Nuclei Armati rivoluzionari, con i finanziamenti di Licio Gelli e il contributo dei servizi segreti deviati e quello dell’ex terrorista di Avanguardia nazionale Paolo Bellini.
Gli accertamenti richiesti mirano a verificare se il materiale genetico possa essere ricondotto a una delle vittime già identificate o a una persona diversa, ma la questione era già stata affrontata nel corso del procedimento che ha portato alla condanna definitiva al fine pena mai di Cavallini. I periti, nominati nei processo d’appello, avevano rilevato che alcuni resti rinvenuti nella bara, tra cui una mano e il frammento del volto, appartenevano a due donne diverse. Avevano inoltre spiegato che, nelle operazioni di soccorso successive all’esplosione, la ricerca dei sopravvissuti tra macerie e polvere poteva aver determinato il mescolamento di parti organiche. I soccorritori disperati cercavano con foga di tirar fuori dalla macerie più persone possibile.
La richiesta incontra la netta opposizione delle parti civili. Paolo Lambertini, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, ha respinto l’ipotesi di una persona in più tra le vittime della strage: “L’86esima vittima era nella pancia di Viviana Bugamelli, che era incinta”. Lambertini ha definito l’iniziativa un ulteriore tentativo di far sentire Cavallini non abbandonato, aggiungendo che, a suo giudizio, questo potrebbe contribuire a evitare che l’ex terrorista decida di parlare. “Crediamo che questo sia un ulteriore tentativo di far sentire Gilberto Cavallini non abbandonato. Di cose Cavallini ne avrebbe da dire, in questo momento è in isolamento, forse farlo sentire non abbandonato aiuta a fare in modo che non parli. La verità è che in quella ecatombe, in quel massacro che c’era sotto le macerie, le condizioni di molti corpi umani erano terribilmente gravi, c’erano state mutilazioni su tanti corpi”. Nelle macerie e tra la polvere della sala d’aspetto di seconda classe restarono i resti, appunto, di 85 persone e furono soccorse oltre 200 persone.
Le parti civili contestano innanzitutto che gli accertamenti richiesti possano essere considerati una prova nuova. Il collegio di avvocati parte civile – Andrea Speranzoni, Alessandro Forti, Lisa Baravelli, Alessia Merluzzi, Giulia Tosti – sostiene che la diversa natura scientifica delle analisi, sostengono, non basta a renderle tali, perché si tratta di approfondimenti che avrebbero potuto essere svolti già durante il processo. Una richiesta identica volta a ottenere una consulenza integrativa sul Dna affidata allo stesso Emiliano Giardina, era stata presentata – come si legge nelle note depositate alla Corte – l’8 giugno 2023 nel giudizio d’appello. I legali ricordano la questione è stata ampiamente valutata e respinta dai giudici di merito e dalla Cassazione, con la sentenza n. 26 del 2025. L’istanza attuale sarebbe quindi una reiterazione di questioni già giudicate. Per la parte civile, inoltre, le analisi avrebbero un valore soltanto probabilistico e non consentirebbero un’identificazione certa. Proprio per questo, sostengono i legali, non sarebbero in grado di modificare in modo significativo il quadro probatorio e avrebbero un carattere meramente esplorativo.
Un altro punto riguarda la conservazione dei reperti. Le parti civili denunciano un’interruzione nella catena di custodia, con incertezze sui trasferimenti, sui luoghi di conservazione e sui soggetti che ne sarebbero stati responsabili. Una circostanza che, a loro giudizio, impedirebbe di stabilire con certezza se i materiali oggi disponibili corrispondano a quelli analizzati all’epoca dal professor Pappalardo. Da qui la contestazione sulla possibilità stessa di utilizzare nuovi risultati genetici. “Questa confusione di reperti induce la difesa a ritornare su un tema già trattato, vagliato, deciso nella fase di cognizione nel processo Cavallini e validato dalla Suprema Corte di Cassazione nel gennaio 2025”, ha dichiarato al termine dell’udienza Speranzoni.
La Corte dovrà ora decidere se autorizzare gli approfondimenti richiesti dalla difesa. Un eventuale via libera alle analisi non comporterebbe, di per sé, la riapertura del processo né una revisione della condanna definitiva all’ergastolo di Cavallini per concorso nella strage.
L'articolo Strage di Bologna, la difesa Cavallini insiste: “Nuove analisi Dna”. Il presidente dei familiari: “L’86esima vittima era nella pancia di una donna incinta” proviene da Il Fatto Quotidiano.
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