DIGI ha renovado DIGI TV con un nuevo menú, una pantalla de inicio que reúne canales y contenidos bajo demanda, y un apartado específico para deportes. El objetivo es que los clientes encuentren lo que quieren ver con menos pasos.

La actualización comienza a llegar hoy, 22 de octubre, aunque no estará disponible al mismo tiempo en todos los dispositivos. Los primeros en recibirla son los televisores Samsung, LG y aquellos con Android TV o Vidaa, además de Apple TV y los decodificadores de la compañía, ahora de pago. El resto la incorporará progresivamente, aunque no se han detallado fechas de cuándo aterrizará en estos la nueva versión.

Todo lo que tienes que saber

1. Qué cambia al abrir DIGI TV
2. Cuánto cuesta DIGI TV

Qué cambia al abrir DIGI TV

La primera diferencia está en el menú. La compañía sustituye el anterior, de orientación vertical, por otro horizontal siempre visible. De este modo, las principales secciones quedan a mano y no es necesario desplegarlo cada vez que se quiere acceder a ellas.

También se reorganiza la pantalla de inicio. En ella aparecen tanto los canales con programación como los contenidos bajo demanda, los que pueden reproducirse en cualquier momento, como series o películas. Ambas opciones están diferenciadas y se recorren mediante desplazamientos verticales. Además, las fichas muestran la sinopsis, el género y la duración, junto a etiquetas que señalan novedades o recomendaciones.

Por otro lado, los deportes ganan su propia fila de canales en el inicio, lo que permite localizarlos sin recorrer otras secciones. Junto a ello, la operadora también anuncia desplazamientos más fluidos y una distribución más clara de los elementos. Son mejoras en la navegación que se suman a las anteriores ampliaciones del servicio, como la incorporación de AMC Selekt este verano.

Cuánto cuesta DIGI TV

DIGI TV cuesta 7 euros al mes, aparte de la fibra necesaria para contratarla, ya que no puedes suscribirte únicamente con una tarifa móvil, debe incluir fibra. En cuanto al contenido, incluye más de 120 canales y más de 7.000 contenidos bajo demanda.

Eso sí, el decodificador se cobra por separado en las nuevas altas. En las que ya lo tenían tras el cambio, seguirá siendo gratuito. Alquilar el equipo añade 1,50 euros mensuales, que, en total, supondrán 8,50 euros al mes. Ofrece resolución 4K.

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No obstante, el aparato resulta opcional. Quienes tengan un televisor o dispositivo compatible pueden utilizar la app y ahorrarse ese alquiler. Además, también resulta posible acceder a DIGI TV desde móvil o tablet, incluso fuera de casa.

Tener un robot aspirador me ha cambiado la vida. Antes de contar con él, me pasaba horas barriendo y agachado quitando las motas de polvo de los rincones más inaccesibles. Un día decidí arriesgarme y probar el robot aspirador M210 Pro de Lefant y, la verdad, es lo mejor que pude hacer. No tengo que realizar ningún tipo de esfuerzo para que el suelo esté más limpio gracias a su gran potencia de succión. 

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Los hechos históricos son los que legitiman las reclamaciones territoriales de los países. Por ello, la pugna entre Madrid y Rabat por la soberanía de Ceuta y Melilla ya no se libra en la diplomacia, el pulso entra en el terreno de la historia. Un extenso ensayo publicado en el diario marroquí le360 bajo la firma del urbanista e historiador Mohamed Métalsi, ha abierto el debate al calificar a Melilla de "ciudad olvidada" y resume su estatus político a un enclave puramente rifeño, islámico y amazigh (bereber) que fue amputado de su territorio natural.

La "urbe olvidada" del Rif

La tesis de Métalsi sostiene que la historiografía española ha recurrido al término "ocupación" de forma interesada para obviar ocho siglos de presencia islámica y justificar la toma de una ciudad presuntamente vacía. En su artículo, reconstruye la cronología de Melilla desde las primeras comunidades neolíticas y el puerto fenicio de Rusadir, pasando por el reino mauro y la posterior etapa islámica (Malila), vinculada a las tribus de los Guelaya (Iqer'iyen). A su juicio, el "relato colonial" español transformó un puerto mercantil en un presidio militar en guerra permanente con su entorno.

Sin embargo, historiadores como Alberto Bolaños mantienen una postura distinta. Para Bolaños, este lamento responde a una clara intencionalidad política: "Es una forma torticera de utilizar la historia que no tiene base documental". Frente a la pretensión de englobar el pasado medieval de la plaza bajo la soberanía de un Marruecos histórico, el historiador puntualiza la realidad política del Magreb a finales del siglo XV. En aquel momento gobernaban los sultanes watasíes desde Fez, no los alahuitas que ocupan el trono actual de Rabat. El historiador recuerda que Marruecos, como Estado-nación con fronteras delimitadas y control efectivo sobre todo su territorio y sus cabilas, no surge hasta su independencia en 1956.

Intentar atribuirle al Marruecos contemporáneo la herencia de los reinos bereberes es como pretender que el Egipto actual reclame derechos territoriales invocando a los faraones

Seguridad, piratería y la doctrina de frontera

La expedición de 1497 tampoco respondió a un afán de conquista colonial ultramarina, sino a una estricta necesidad defensiva. Con la toma del Reino Nazarí de Granada en 1492, la Corona de Castilla culminaba la Reconquista peninsular, pero la memoria de las sucesivas invasiones norteafricanas que habían alterado el curso peninsular (almorávides, almohades y benimerines) seguía muy viva.

"Castilla y los reinos peninsulares entendían que en el norte de África había un problema crónico de seguridad", explica Bolaños. Y es que la amenaza de nuevas incursiones se sumaba una piratería endémica en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, que asfixiaba el comercio marítimo. Tras conquistar Granada, Isabel la Católica y más tarde el cardenal Cisneros impulsan la política norteafricana con un fin muy concreto: neutralizar las bases de piratería corsaria y asegurar el flanco sur peninsular.

Parte de la Corona, no colonia

Uno de los aspectos medulares donde choca la narrativa marroquí con la posición española es la naturaleza jurídica de Melilla. Desde Rabat se insiste en asimilar las ciudades autónomas a colonias o vestigios imperialistas pendientes de descolonización, equiparándolas en ocasiones al contencioso de Gibraltar, pero existe una diferencia abismal. Gibraltar es una posesión británica cedida por el Tratado de Utrecht (1713), pero nunca ha formado parte del territorio metropolitano del Reino Unido. Ceuta y Melilla, en cambio, se integran desde el primer instante en la Corona de Castilla. "Son tan españolas como pueda serlo Asturias" explica Bolaños.

En el caso de Melilla, el salto de plaza fuerte a ciudad moderna quedó sellado tras la Guerra de África (1859-1860) mediante los tratados bilaterales hispano-marroquíes de 1859, 1860 y el posterior deslinde de 1862, rubricado mediante el célebre disparo de cañón desde el fuerte de Victoria Grande que fijó el territorio de la ciudad.

La frontera del Protectorado

El estatus no colonial de ambas ciudades quedó manifiesto en el siglo XX, durante la vigencia del Protectorado español en Marruecos (1912-1956). Ni Ceuta ni Melilla formaron jamás parte del protectorado.

Eran comandancias generales y territorio español de pleno derecho con siglos de anterioridad. Por eso la capital del protectorado se estableció en Tetuán y no en Ceuta ni en Melilla. "Ambas plazas estaban formalmente fuera del territorio protegido porque eran suelo español soberano", recuerda Bolaños. De hecho, el historiador apunta una anécdota poco conocida sobre la delimitación decimonónica: "El propio Francisco Franco se lamentaba décadas después de que en los tratados de 1860 no se hubiera aprovechado la victoria militar para extender el perímetro de Melilla hasta el monte Gurugú, lo que habría otorgado una mayor profundidad estratégica y defensiva a la plaza".

Frente a los intentos recurrentes de la diplomacia y los medios marroquíes por transformar la historia de Melilla, los archivos y el derecho internacional continúan arrojando el mismo testimonio: Melilla no fue segregada de ningún Estado marroquí preexistente, sino configurada a lo largo de más de cinco siglos como un componente indisociable de la soberanía hispana en el Mediterráneo.

El subsidio para mayores de 52 años constituye una de las principales herramientas de protección para las personas desempleadas que se encuentran en la última etapa de su vida laboral. En 2026, esta ayuda está dirigida a quienes han alcanzado esa edad, carecen de ingresos propios por encima del límite legal y cumplen los requisitos de cotización exigidos para acceder a una pensión contributiva de jubilación, salvo la edad.

Para solicitarla, es necesario haber cotizado al menos 15 años para la jubilación, de los cuales dos deben encontrarse dentro de los quince años anteriores, y acreditar seis años de cotización por desempleo a lo largo de la vida laboral. La cuantía equivale al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples y se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, siempre que se cumplan las condiciones exigidas.

Una de las particularidades de esta prestación es que no solo proporciona ingresos mensuales a quienes tienen dificultades para reincorporarse al mercado laboral, sino que también cotiza para la jubilación. Sin embargo, esta protección puede esconder una contradicción cuando llega el momento de solicitar la pensión. Algunos beneficiarios alternan largos periodos cobrando el subsidio con trabajos de corta duración, pero esos empleos pueden no ser suficientes para reunir los dos años cotizados que exige la Seguridad Social.

Una abogada explica un caso real de una beneficiaria del subsidio

Precisamente, la abogada Míriam Ruiz Acosta, de Compromiso Legal, conocida en redes sociales por sus vídeos divulgativos sobre derechos laborales, ha alertado sobre esta situación y ha planteado una alternativa para quienes temen no cumplir el requisito de carencia específica. En uno de sus últimos vídeos explica el caso de una persona que llevaba cobrando el subsidio desde 2012 y a la que la Seguridad Social denegó la pensión tras comprobar que sus trabajos no sumaban los dos años de cotización exigidos.

La experta cuestiona el criterio aplicado y señala que la resolución ya ha sido recurrida, por lo que el desenlace todavía está pendiente. La clave del caso está en la denominada doctrina del paréntesis, una interpretación jurídica que permite excluir determinados periodos sin cotización al comprobar si se cumple la carencia específica para la jubilación.

Según Ruiz Acosta, si la persona afectada se hubiera limitado a cobrar el subsidio sin intercalar trabajos, podría haberse beneficiado de esta doctrina y haber obtenido el reconocimiento de la pensión. La situación ha generado preocupación entre otros beneficiarios que temen que la Seguridad Social les deniegue la jubilación después de años percibiendo la ayuda. La abogada insiste en que no comparte el criterio aplicado y que habrá que esperar a la resolución del recurso.

La alternativa: suscribir un convenio con la Seguridad Social

Como alternativa preventiva, la especialista recomienda estudiar la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para seguir cotizando y completar el periodo que falta. Esta fórmula permite asumir el pago de las propias cotizaciones durante el tiempo necesario para alcanzar los requisitos exigidos, aunque supone un coste económico que debe valorarse. No obstante, Ruiz Acosta introduce una condición importante para que esta opción pueda resultar útil. La base de cotización elegida para el convenio debería superar los 1.726 euros mensuales, una cifra que señala como referencia para compararla con la base por la que cotiza el subsidio.

Antes de suscribir el convenio, conviene comprobar qué base de cotización permite elegir la situación personal de cada beneficiario y calcular cuánto tendría que pagar para completar el periodo pendiente. La abogada advierte de que no es posible escoger libremente cualquier base, ya que las opciones dependen de las circunstancias y de los requisitos aplicables. Por ello, recomienda revisar la vida laboral, calcular los años cotizados dentro del periodo de referencia y solicitar asesoramiento antes de asumir nuevas cuotas.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) establece la remuneración mínima que debe percibir una persona trabajadora por una jornada completa en España y constituye una referencia fundamental para millones de hogares. En 2026, el Gobierno fijó la retribución mínima en 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales. Cuando las dos pagas extraordinarias se prorratean y el salario se distribuye en doce mensualidades, la cuantía asciende a 1.424,50 euros brutos al mes.

El incremento del 3,1% respecto al año anterior tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, según el Real Decreto 126/2026, publicado en el BOE. En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha iniciado los preparativos para aprobar una nueva subida del SMI en 2027 y ha pedido a la comisión de expertos que presente su propuesta a finales de octubre o principios de noviembre. Aunque todavía no ha concretado el porcentaje del incremento, ha defendido que la subida debe igualar, como mínimo, la inflación para evitar una pérdida de poder adquisitivo. La iniciativa parte de un IPC del 4,9 % en septiembre y del objetivo de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio.

Sin embargo, el aumento del salario mínimo no garantiza por sí solo una mejora equivalente en la economía cotidiana de quienes lo perciben. La evolución de los precios, las cotizaciones y el tratamiento fiscal de las rentas pueden condicionar cuánto dinero queda disponible para afrontar el alquiler, la alimentación y otros gastos básicos. Además, a estos factores se une un condicionante fiscal.

Un experto explica porque no cobras más pese a la subida del SMI

José Ramón López Martínez, asesor financiero conocido en redes sociales como "Tu Blog Fiscal" por su contenido divulgativo sobre materia impositiva, expone el principal problema de las subidas salariales del SMI. "Te van a subir el salario mínimo un 7%, pero, aunque te lo suban un 7, un 8, un 10 o un 15%, me da igual, realmente no vas a recibir prácticamente ni la mitad de esa subida, porque este incremento de salario lo vas a pagar en impuestos de una forma brutal, que ahora os enseñaré", comienza explicando el profesional. Es por eso que la carga fiscal aminora el impacto de dichas subidas en la cuenta bancaria de los asalariados.

"A no ser que se adapten los mínimos exentos al nuevo salario mínimo, vas a pagar una pasada de impuestos por esta diferencia, por este incremento de salario mínimo", comenta. Por ende, con los tramos establecidos, y las condiciones de los mismos, con cada incremento se recalcula la tasa impositiva. "Mira, esto es el actual salario mínimo, con lo que se paga, lo que se cotiza a la Seguridad Social, que es deducible. Por eso se indica. Supongamos que es una persona joven que no tiene cargas familiares y que está cobrando el salario mínimo", destaca como ejemplo. Esta situación es la de muchos españoles.

El especialista efectúa el calculo con la retribución mínimo actual. "Pues a esta persona le va a corresponder pagar 523,08 euros en sus nóminas. Eso es lo que ahora le van a aplicar de retención de IRPF", agrega. "Si se incrementa el salario mínimo este 7%, se va a ganar más o menos unos 1.300 euros más al año, hasta 18.284 euros, y se indica nuevamente lo que se paga a la Seguridad Social", informa.

El profesional expone un ejemplo con un posible incremento nuevo

"Fijaos, de una subida de 1.200 y pico euros de sueldo, lo que pagas por esa subida son más de 500 euros en impuestos. Se llama esto tramo marginal, lo que os cuesta ganar un euro de más en la situación en la cual estáis. Y, si no se ajusta este nuevo salario mínimo a ese mínimo exento, se va a pagar una barbaridad de impuestos por esa diferencia, porque prácticamente estáis pagando la mitad", ejemplifica. El nuevo porcentaje a abonar sería, aproximadamente, proporcional. "Tú quizás veas que en tu nómina pasa de que te apliquen un IRPF de un 3% a un 5% y pienses, bueno, es una pequeña diferencia, un 2%. Lo verás y dirás, no es tanto, es más o menos un 2%. Pero es un 2% sobre todo tu importe bruto", añade.

Así te afectaría un posible SMI de 1300 euros

López Martínez incide sobre cómo repercutiría un salario mínimo por encima de esta cantidad con los tramos actuales. "Es decir, que, por subirte el sueldo 1.300 euros al año, pasas de tener un IRPF del 3 % a un 5% sobre todo lo que cobras. En realidad, estás casi duplicando el IRPF que tenías", indica. Por ende, la recomendación del experto pasa por reclamar el beneficio fiscal correspondiente a dicha cuantía. "Por lo que este nuevo salario mínimo, si se quiere hacer bien, tiene que venir acompañado de una exención fiscal sobre este salario mínimo. Si no, se te va a ir la mitad y te vas a quedar prácticamente igual", concluye.

El cemento ha sido el material hegemónico del suelo de los patios durante años. Muchos preferían conservar su acabado original por comodidad o porque a esta estancia exterior no le daban el uso que correspondía. Con el paso del tiempo, esta situación ha cambiado y cada vez son más los que cambian este componente por alternativas más elegantes y resistentes.

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La Guía Michelin ha actualizado su lista de hoteles con Llaves Michelin, y España ya son 122 los alojamientos que cuentan con la prestigiosa distinción hotelera gracias a 20 nuevas adiciones. De ellos cinco hoteles cuentan con tres llaves, la máxima distinción posible, mientras que 17 pueden presumir de tener dos (cuatro se han sumado a la lista) y 100 tienen una (hay 16 hoteles que la han conseguido por primera vez).

Eso sí, la guía ha otorgado otros muchos premios, entre ellos el de mejor nuevo hotel de este 2026, y es que también ha reconocido a la apertura hotelera más espectacular en lo que llevamos de año. Ese hotel no está en España, pero está a apenas un par de horas de Madrid y Barcelona y se encuentra en una de las ciudades más icónicas tanto de Europa como de todo el mundo: Venecia.

Así es el Hotel Airelles Palladio Venice en Venecia (Italia)

La mejor apertura hotelera de 2026 para la Guía Michelin es el impresionante Hotel Airelles Palladio Venice, ubicado en pleno casco histórico de la ciudad de Venecia y que ya se ha establecido como uno de los alojamientos más especiales de toda Italia. Situado en una espectacular villa del siglo XVI, se trata del primer hotel que la cadena Airelles abre fuera de Francia, y para ello ha escogido la preciosa isla de Guidecca, enclavada justo enfrente de la Plaza de San Marcos.

A pesar de su céntrica ubicación, es todo un remanso de paz en el corazón de la ‘Ciudad de los Canales’ y cuenta con 17 habitaciones y 28 suites reformadas con mimo, así como con tres extraordinarias villas en las que los clientes se sentirán como en una película. La decoración clásica se combina con los servicios contemporáneos para crear un hotel único de cinco estrellas que cuenta con el centro de bienestar más grande de la capital del Véneto, así como con restaurantes regentados por chefs también reconocidos por Michelin.

Desde luego, el Hotel Airelles Palladio Venice, que abrió sus puertas en el mes de abril, ya se ha afianzado como uno de los alojamientos de referencia de la ciudad de Venecia, y este reconocimiento no hace más que establecerlo como uno de los mejores hoteles de toda Italia y de Europa, aunque, como es lógico, solo unos pocos afortunados pueden permitirse pernoctar en una de sus magníficas habitaciones.

Según los precios de la propia página web del hotel, una noche para dos personas puede costar alrededor de 1.500 euros, aunque si se escoge una de sus impresionantes villas, la cuantía puede ascender a unos astronómicos 55.000 euros por noche, algo que solo las grandes fortunas pueden permitirse pagar.

El paro registrado en España se ha situado en 2.379.505 personas, la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2007. Aunque el mercado laboral mantiene una evolución favorable en términos de desempleo, detrás de las estadísticas existen miles de trabajadores que dependen de las prestaciones públicas mientras buscan una nueva oportunidad laboral. Para estas personas, conservar la protección económica puede resultar determinante, especialmente cuando una decisión administrativa cuestiona su derecho a cobrar el paro o exige devolver cantidades que ya han percibido.

A finales de septiembre constaban 56.476 personas inscritas como desempleadas después de acogerse a la regularización extraordinaria, y el 52% llevaba menos de un mes registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal. Estas cifras reflejan la diversidad de situaciones que conviven dentro de las estadísticas del desempleo y ponen de relieve la importancia de los procedimientos administrativos que determinan el acceso a las prestaciones. Un error en la identificación de una reclamación o en el cómputo de los plazos puede complicar la situación de una persona que intenta defender sus derechos ante la Administración.

Precisamente, una trabajadora ha conseguido que la Justicia obligue a revisar su caso después de que el SEPE le reclamara cerca de 6.000 euros por prestaciones por desempleo que consideraba cobradas indebidamente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado parcialmente su recurso al detectar que se habían confundido dos expedientes administrativos diferentes, lo que llevó a rechazar su demanda por presentarse supuestamente fuera de plazo. La sentencia 1554/2026 no reconoce todavía el derecho a recuperar el dinero, pero ordena que el juzgado de origen examine el fondo de la reclamación.

El SEPE reclama 5.935 euros a una trabajadora

El conflicto comenzó tras una investigación de la Inspección de Trabajo sobre la contratación de la mujer por Gabinete Jurídico y Empresarial del Levante, S. L. La empresa la contrató como administrativa durante doce días, del 20 al 31 de enero de 2021, pero la Inspección apreció indicios de una posible contratación para obtener prestaciones indebidas. La defensa sostuvo que el trabajo era real.

Tras las actuaciones inspectoras, la propuesta sancionadora se confirmó el 27 de febrero de 2024 y el SEPE extinguió la prestación. La trabajadora recibió la notificación y presentó una reclamación. Paralelamente, el organismo le exigió devolver 5.934,80 euros por prestaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 30 de marzo de 2022. La mujer abonó la cantidad, aunque manifestó su disconformidad.

El organismo confunde dos expedientes y se abre el juicio

El error surgió al confundir esa reclamación con una segunda, presentada el 6 de junio de 2024 contra el reintegro. El SEPE respondió el 1 de agosto considerando que la impugnación de la extinción estaba fuera de plazo. La demanda judicial, presentada el 13 de junio, fue rechazada por caducidad mediante la sentencia 230/2025. La trabajadora recurrió y el TSJA aceptó los justificantes electrónicos que acreditaban que la primera reclamación se había presentado el 5 de abril, dentro del plazo legal de 30 días. En cambio, desestimó los argumentos relativos a la supuesta caducidad del procedimiento inspector por falta de pruebas suficientes.

EL TSJ da la razón a la trabajadora pero no ordena la devolución

El 18 de junio de 2026, el TSJA revocó la declaración de caducidad y ordenó al juzgado de origen dictar una nueva sentencia sobre el fondo del asunto. La Sala aplicó el artículo 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que establece un plazo de 30 días para reclamar y de 45 días para que la Administración resuelva. También permitió preparar un recurso de casación para la unificación de doctrina dentro de los diez días siguientes a la notificación.

Sin embargo, no anuló definitivamente la sanción ni ordenó devolver los 5.934,80 euros. La trabajadora tendrá que esperar a la nueva resolución judicial para saber si recuperará el dinero o si se mantiene la extinción de la prestación.

La Dirección General de Tráfico está poniendo el foco los últimos meses en los usuarios vulnerables de la vía y más concretamente en los conductores de patinetes eléctricos y motoristas. El 1 de octubre entraron en vigor la mayoría de las normativas introducidas para estos usuarios a principios de este verano en el Real Decreto 518/2026, por el que se modifica el Reglamento General de Tráfico.

En esa misma búsqueda de normativas, prácticas y tecnologías que reduzcan el número de fallecidos por accidente de moto, la DGT, en presencia de su director general, Pere Navarro, ha celebrado este 21 y 22 de octubre junto a la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR) y Fundación Ibercaja la II Conferencia Internacional de Movilidad Segura en Motocicletas.

El foro internacional que ha reunido en Zaragoza a representantes de cerca de 40 entidades de todo el mundo, como la OMS, el Banco Mundial o Naciones Unidas, para abordar la seguridad del motociclista, compartir datos, intercambiar políticas de éxito e impulsar avances tecnológicos y normativos de la mano de algunos de los expertos e instituciones más importantes del sector en el mundo.

ANESDOR destaca el compromiso de la industria con la seguridad del motorista en tiempos de crecimiento

El secretario general de ANESDOR, José María Riaño, ha calificado la cumbre de Zaragoza como "la reunión más importante de la seguridad vial de la moto que se celebra a nivel internacional". Riaño ha subrayado que la industria de las dos ruedas considera la seguridad una prioridad absoluta para estar a la altura del crecimiento exponencial que atraviesa el parque, tanto por razones particulares de agilidad y economía como por el auge del comercio electrónico y los repartidores de comida a domicilio.

El responsable de ANESDOR explica que el mercado de la moto en España ha crecido un 20 % en los últimos cinco años, y en lo que va de 2026 registra un incremento del 22 % respecto al 2025 anterior, que ya fue de récord. Por otro lado, señala que las motos eléctricas ya representan actualmente en torno al 7 % de las ventas totales en España.

¿Por qué considera la DGT que España debe ser el referente europeo en seguridad vial para motoristas?

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha destacado la necesidad de situar a la motocicleta en el centro de las políticas públicas de movilidad. El político ha recordado que, aunque las motos representan el 16 % del parque de vehículos, concentran el 26 % de los fallecidos en siniestros de tráfico, con alrededor de 500 víctimas mortales al año. "Esto es un disparate y son 500 razones para hacer este congreso recogiendo iniciativas internacionales", ha aseverado.

En su análisis, el máximo responsable de la DGT ha incidido en que España debe asumir el liderazgo en la seguridad de las dos ruedas dentro del ámbito europeo; explica que los países que suelen encabezar las estadísticas de seguridad vial en el continente, como Suecia o Dinamarca, apenas cuentan con parque de motocicletas debido a condicionantes climáticos.

Al ser la movilidad en moto un fenómeno mediterráneo, rechaza la idea de limitarse a copiar modelos nórdicos y ha defendido que a España le corresponde una "obligación casi ética y moral" para actuar como referente mundial. Por ello, lanzan la PTW Riders' Guide 2026 en colaboración con el Banco Mundial, la CAF y ANESDOR, que pone a disposición de los gestores de tráfico de todo el mundo medidas probadas para reducir la siniestralidad.

Para concluir, Pere Navarro ha expresado su confianza en la eficacia de las reformas normativas e inversiones recientes. Según expresa, ya se percibe una paulatina estabilización en las cifras, con descensos en las víctimas mortales tanto en carreteras como en zonas urbanas.

Pere Navarro, director general de la DGT, ha inaugurado esta mañana la II International Motorcycle Safe Mobility Conference junto a José Luis Correia, presidente de ANESDOR, y a José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja. El evento da cita el 21 y 22 de octubre a representantes de organismos internacionales (como la ONU, la OMS, el Banco Mundial o la Comisión Europea), observatorios regionales (continentales) de seguridad vial, administraciones, universidades, asociaciones y fabricantes en el Mobility City de Zaragoza.

Durante dos intensas jornadas en las que intervendrán 46 ponentes, se tratarán distintos aspectos de la seguridad vial en la motocicleta. Además, debates y presentaciones comparten espacio con la exposición 'MotoTech 2026', en la que más de 30 marcas, empresas e instituciones muestran sus tecnologías de seguridad y sostenibilidad.

Objetivos de la II International Motorcycle Safe Mobility Conference

El objetivo principal del foro es impulsar el intercambio de conocimiento científico, datos y políticas públicas de éxito para reducir las muertes y lesiones graves sobre las dos ruedas a nivel global. La conferencia busca consolidar una hoja de ruta coordinada entre administraciones, fabricantes e investigadores alineada con los objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la ONU.

Entre las distintas sesiones programadas, se han creado expectativas especiales alrededor de la presentación de la PTW Riders' Guide 2026: International Best Practices for Road Safety, una guía de las mejores prácticas para la seguridad vial en motocicleta, que recopila 108 buenas prácticas y 26 medidas estratégicas para que sirvan de manual de herramientas de aplicación directa para responsables municipales y nacionales.

Intervención de Pere Navarro en la presentación del evento

El director general de Tráfico ha intervenido en tercer lugar durante la introducción del evento, y lo ha hecho destacando la importancia de que una conferencia como esta, de gran relevancia internacional, se celebre en la capital maña: "Durante estos dos días, Zaragoza es la capital mundial de la seguridad de los motoristas".

Ha sacado pecho también para señalar la "complicidad" existente entre los distintos actores de la movilidad en moto en España: "Una de las características que hay en España con la motocicleta es la buena relación de fabricantes, vendedores, usuarios y de la administración. Lo tradicional es estar enfrentados".

Por otro lado, Navarro considera urgente situar a la motocicleta en el centro de las políticas públicas debido a que el parque móvil de dos ruedas en España, según sus datos, crece a un ritmo del 4 % anual, representa el 16 % del parque total de vehículos y, sobre todo, porque concentran el 26 % de los fallecidos en siniestros de tráfico: "Esta cifra es un disparate y supone 500 razones incontestables para organizar este encuentro e importar las mejores iniciativas internacionales".

Para el director de tráfico, la vulnerabilidad intrínseca del motorista es el principal reto a combatir y ha reivindicado el papel de España como referente en el sur de Europa: "Nos toca a España, Francia o Italia liderar y asumir una obligación casi ética de ser el referente en seguridad para el resto del mundo".

Pere Navarro, director general de la DGT, ha inaugurado esta mañana la II International Motorcycle Safe Mobility Conference junto a José Luis Correia, presidente de ANESDOR, y a José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja. El evento da cita el 21 y 22 de octubre a representantes de organismos internacionales (como la ONU, la OMS, el Banco Mundial o la Comisión Europea), observatorios regionales (continentales) de seguridad vial, administraciones, universidades, asociaciones y fabricantes en el Mobility City de Zaragoza.

Durante dos intensas jornadas en las que intervendrán 46 ponentes, se tratarán distintos aspectos de la seguridad vial en la motocicleta. Además, debates y presentaciones comparten espacio con la exposición 'MotoTech 2026', en la que más de 30 marcas, empresas e instituciones muestran sus tecnologías de seguridad y sostenibilidad.

Objetivos de la II International Motorcycle Safe Mobility Conference

El objetivo principal del foro es impulsar el intercambio de conocimiento científico, datos y políticas públicas de éxito para reducir las muertes y lesiones graves sobre las dos ruedas a nivel global. La conferencia busca consolidar una hoja de ruta coordinada entre administraciones, fabricantes e investigadores alineada con los objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la ONU.

Entre las distintas sesiones programadas, se han creado expectativas especiales alrededor de la presentación de la PTW Riders' Guide 2026: International Best Practices for Road Safety, una guía de las mejores prácticas para la seguridad vial en motocicleta, que recopila 108 buenas prácticas y 26 medidas estratégicas para que sirvan de manual de herramientas de aplicación directa para responsables municipales y nacionales.

Intervención de Pere Navarro en la presentación del evento

El director general de Tráfico ha intervenido en tercer lugar durante la introducción del evento, y lo ha hecho destacando la importancia de que una conferencia como esta, de gran relevancia internacional, se celebre en la capital maña: "Durante estos dos días, Zaragoza es la capital mundial de la seguridad de los motoristas".

Ha sacado pecho también para señalar la "complicidad" existente entre los distintos actores de la movilidad en moto en España: "Una de las características que hay en España con la motocicleta es la buena relación de fabricantes, vendedores, usuarios y de la administración. Lo tradicional es estar enfrentados".

Por otro lado, Navarro considera urgente situar a la motocicleta en el centro de las políticas públicas debido a que el parque móvil de dos ruedas en España, según sus datos, crece a un ritmo del 4 % anual, representa el 16 % del parque total de vehículos y, sobre todo, porque concentran el 26 % de los fallecidos en siniestros de tráfico: "Esta cifra es un disparate y supone 500 razones incontestables para organizar este encuentro e importar las mejores iniciativas internacionales".

Para el director de tráfico, la vulnerabilidad intrínseca del motorista es el principal reto a combatir y ha reivindicado el papel de España como referente en el sur de Europa: "Nos toca a España, Francia o Italia liderar y asumir una obligación casi ética de ser el referente en seguridad para el resto del mundo".

El tipo de cambio prácticamente no se vio impactado por la suba del riesgo país, que esta semana llegó a tocar los 710 puntos básicos para luego retroceder parcialmente hasta los 674 unidades. La debilidad de los bonos no afectó al dólar oficial, que apenas tuvo un leve incremento en lo que va de octubre, pero sí empezó a pasar factura en otra variable financiera: la brecha cambiaria, que ahora roza el 6 por ciento.

La caída de las cotizaciones en la deuda en dólares refleja la mayor cautela de los inversores. No existe una única explicación para lo que viene sucediendo desde principios de julio, pero posiblemente sean una serie de factores.

Por un lado, el contexto internacional no ayuda con el shock petrolero y la suba de tasas tanto en Europa como en Estados Unidos para contener una inflación creciente. Por otra parte, el escenario local tiene una mayor incertidumbre política. Ahora falta un año para las elecciones presidenciales y el Gobierno está lejos de poder garantizar una victoria.

La economía tampoco muestra signos de vitalidad para entusiasmar al mercado. Ayer se conoció que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) rebotó apenas 0,1% mensual en agosto tras haber caído 2,8% en julio. Un mercado interno deprimido es un obstáculo para la mejora en la intención de voto a Javier Milei.

Todas las dudas se concentran en quién podría gobernar en los próximos cuatro años. Y la falta de respuestas se refleja en la debilidad de los bonos y la suba del riesgo país, al aumentar las posibilidades de un futuro incumplimiento en el pago de la deuda.

Sin embargo, el dólar apenas se movió y ayer finalizó a $1.545 con compras del Central por 46 millones de dólares. En lo que va del mes ya adquirió USD 1.150 millones y las reservas brutas trepan a 50.200 millones dólares.

Donde sí se nota un poco más de movimiento es en la brecha entre el dólar oficial y el MEP contra el contado con liquidación. El CCL subió ayer hasta $1.638, casi 6% más alto que el oficial. La distancia es casi idéntica con el dólar MEP, que ayer finalizó a 1.549 pesos.

Si bien no se trata de un gran salto, un aumento de la brecha no deja ser relevante porque muestra que hay más presión para dolarizarse y remitir las divisas al exterior a través del mercado de bonos. El peligro es que a medida que aumente la incertidumbre esta presión se acelere y provoque un aumento adicional de la brecha.

Uno de los argumentos más fuertes en contra de promover un tipo de cambio más alto es que la brecha entre el dólar oficial y los financieros es muy bajo. Pero si a medida que pasan las semanas se empieza a notar un aumento mayor, eso significa que el mercado está dispuesto a pagar por un dólar más elevado en un entorno de mayor volatilidad y falta de certezas.

Esta semana el Presidente reiteró que no hay motivos para pedir una devaluación, teniendo en cuenta el récord de exportaciones y un superávit comercial que ya supera los USD 20.000 millones en lo que va del año. Incluso este exceso de divisas permitió la acumulación por parte del Banco Central.

Sin embargo, la presión cambiaria podría manifestarse a través de los dólares financieros, en particular el CCL. El peligro hacia adelante, posiblemente ya pensando en el 2027, sea que la brecha cambiaria siga aumentando de manera lenta pero persistente.

La diferencia entre el CCL y el dólar oficial no tiene, sin embargo, nada que ver con la que se registró durante el gobierno de Alberto Fernández. En 2023 la brecha había superado cómodamente el 150 por ciento. Fue en ese entonces un reflejo de las restricciones cambiarias extremas que impedían acceder al dólar oficial, por lo que todavía la demanda se iba al tipo de cambio financiero. Ahora esa tendencia es sustancialmente menor, en buena medida por la reducción de los controles.

En este video, el profesor Pablo Foncillas empieza planteando la siguiente pregunta: “¿Qué tienen en común un unicornio de Silicon Valley y una rebaja fiscal? Que casi nadie cree en ninguno de los dos hasta que le enseñan los números”. Dos profesores de la Universidad de California hicieron una serie de operaciones con la intención de demostrar que los incentivos son importantes.

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El cliente siempre tiene la razón, también en cuestiones relacionadas con fraudes bancarios. La justicia europea ha puesto el punto final a las disputas entre las entidades y las víctimas de fraudes, incluso aunque hayan cometido una negligencia grave, como llevar anotada la clave en la tarjeta de crédito, dictar por teléfono el código de un solo uso o instalar una aplicación de control remoto en el ordenador a solicitud de un desconocido. De entrada, las entidades financieras no podrán aducir ese motivo para denegar la devolución del dinero, como hacían hasta ahora, de acuerdo con una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los bancos tendrán que reclamarle, a posteriori, el dinero al cliente.

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Las infecciones de transmisión sexual (ITS), que llevaban una década disparadas en España, remitieron en 2025. El último informe del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), que adelanta EL PAÍS, muestra una leve caída de la sífilis y del linfogranuloma venéreo, una estabilización de casos de gonorrea y una subida moderada de clamidia. El documento no refleja el VIH, que se mide en otro informe independiente y que lleva unos años estabilizado.

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La Ley General de Discapacidad, que entra en vigor este viernes, tiene preocupada a la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). Junto con una veintena de asociaciones autonómicas y especializadas, alerta de que uno de los artículos de la nueva norma podía dejar sin cobertura algunos ingresos involuntarios de pacientes graves. Para aclarar este procedimiento, el Ministerio de Sanidad ha abierto este miércoles una consulta pública previa que desarrollará reglamentariamente ese artículo.

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A Carrefour le gusta España. El gigante galo de la distribución ha colocado al país como uno de sus mercados clave, junto a Francia y Brasil, y en los últimos meses acelera el ritmo de aperturas de nuevas tiendas, sobre todo en el formato de proximidad a través de su enseña Carrefour Express.

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Last March, the US justice system reopened a case regarding the alleged responsibility of former Cuban President Raúl Castro in the shooting down of small planes belonging to the organization Brothers to the Rescue in 1996.

Cuba has categorically rejected the US accusations. The Caribbean nation argues that the accusation is a distortion of the truth, given that Brothers to the Rescue is considered an organization linked to acts of terrorism and provocation against the country’s government.

According to Havana, the aircraft were conducting illegal flights over Cuban airspace. They were reportedly asked repeatedly to refrain from entering Cuban airspace, but these requests were ignored, according to the Cuban justice system. Furthermore, according to the Cuban Foreign Ministry, Havana asked Washington on 25 occasions to prevent these illegal flights. Subsequently, with no response from Washington or Brothers to the Rescue, Cuba proceeded to fire upon the aircraft flying over its territory.

However, the US justice system denies Cuba’s version of events and has sought a conviction for these acts. That is how, on October 19, Florida Attorney General James Uthmeier succeeded in having his state issue an arrest warrant for Raúl Castro, then Cuba’s Minister of Defense.

“Raúl Castro ordered the cold-blooded murder of four Florida residents, and the state will never stop pursuing accountability for that communist conspiracy,” Uthmeier said regarding the arrest warrant.

But the Cuban government maintains that Brothers to the Rescue had a different mission than the one it claimed. Cuban Deputy Gerardo Hernández stated: “Although [Brothers to the Rescue] was founded to spot and report the location of rafters to the US Coast Guard in the 1990s, its role shifted toward provocations following the change in immigration policies agreed upon between Washington and Havana in 1995, with the intention of hindering any diplomatic rapprochement and normalization of relations between the two countries.”

For his part, Cuban President Miguel Díaz-Canel condemned the Florida court’s decision: “The reprehensible action taken against the Army General this morning in a pathetic Miami circus, with an electoral agenda, has no legal basis whatsoever – nor will it ever have one – much less a practical one… In the face of every affront, [Raúl Castro] will always find the determination of a people to defend the Revolution.”

He added: “That maneuver, cloaked in legal pretense and orchestrated by anti-Cuban politicians against Raúl and against Cuba, deserves our firm condemnation. It is part of their aggressive agenda and a response to their failures in attempting to justify the Embargo and the collective punishment against our people.”

For its part, the Mexican government characterized the arrest warrant issued against one of the historic leaders of the 1959 Cuban Revolution as an “electoral maneuver.” This was explained by President Claudia Sheinbaum, who linked the judicial decision to the upcoming midterm elections: “The arrest warrant against Army General Raúl Castro, attributed to the Florida prosecutor’s office, seeks to win the support of segments of the US electorate.”

Russia also condemned the arrest warrant against Raúl Castro, calling it “baseless and false,” and linked it to a powerful political group in Florida: “[It is] revenge by the anti-Cuban lobby in Miami,” said the Russian Ministry of Foreign Affairs.

The decision is part of a series of measures by the Trump administration against the revolutionary government in Havana, which the US president himself has said he would like to see fall and has on some occasions suggested he might launch a military attack on Cuba.

Trump has imposed economic and trade sanctions that add to the historic economic and trade embargo the United States has imposed on the island for more than 60 years – an embargo that has caused losses amounting to tens of billions of dollars for a country with a population of just 10 million.

Added to this is the recent oil embargo imposed by the United States on the Caribbean island. As a result, throughout 2026, only one oil tanker entered Cuba, which has brought much of the country’s production, transportation, and electricity generation to a standstill. This has led to an increase in mortality rates and reduced access to basic services for the civilian population.