El PSOE retoma la vivienda tras el shock del 'caso Mínguez' y promete medidas e inversión


Hay 338.473 personas en la Comunidad de Madrid que, pese a trabajar y cobrar un sueldo, viven bajo el umbral de la pobreza. Aun así, las estadísticas oficiales no los contabilizan como tal, porque tienen ingresos por encima de los 1.018 euros al mes, el umbral que mide la pobreza en España. En cambio, UGT ha aplicado un umbral de 1.190 euros que compensa el coste de vida en la capital, que es notablemente superior al de otras zonas del país.

© Mariscal (EFE)

En un hogar hay lugares que no son negociables, y uno de ellos, es sin duda: ¡el sofá! Nuestra esquinita de paz y descanso al acabar la rutina o nuestra merecida pausa al mediodía, es donde vemos las series que más nos gustan, donde nos sentamos a viajar leyendo, donde echamos las siestas o donde nos reimos sin parar con nuestros amigos.
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El juez ha paralizado este martes el desahucio de una veintena de familias de La Riera de Gaià (Tarragona), que se enfrentaban a tener que dejar las viviendas en las que residen desde hace 13 años en régimen de alquiler. Según fuentes de la Sareb (propietaria de esas casas), el aplazamiento se ha producido después de que haya pedido tiempo al juez para estudiar la situación de los inquilinos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anticipado esa decisión de la empresa pública poco antes en Catalunya Ràdio.



La Policía portuguesa puso fin este martes de madrugada a las acampadas de protesta contra la crisis de la vivienda instaladas en el centro de Lisboa y Oporto, en una operación que se saldó con varias detenciones en la capital, donde los agentes desalojaron por la fuerza a los manifestantes que se resistían a abandonar el lugar.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid reubicará en los próximos días el despacho de Isabel Díaz Ayuso por los inconvenientes provocados por la acampada en Sol, según un miembro de su equipo. “En estos momentos la Real Casa de Correos —la sede— no reúne las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional y se están viendo diferentes opciones en instalaciones de la Comunidad de Madrid para desempeñar, de manera temporal, ese trabajo que normalmente se realiza en Sol”, cuenta la misma fuente.

© Rodrigo Jimenez (EFE)
El presidente de la gran patronal española, Antonio Garamendi, confirma que CEOE impugnará en los tribunales la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. El líder empresarial hace este anuncio horas después del registro administrativo del paro, que los sindicatos convocantes ya han formalizado en el Ministerio de Trabajo.

© Borja Sanchez-Trillo (EFE)
Dos mantras sustentan viejos dogmas económicos: que la desigualdad era necesaria para el progreso en el sistema capitalista y que una economía que crece es una economía que no iguala. Pero España logra crecer reduciendo su grado de desigualdad, según los datos publicados este lunes por el INE, y la desigualdad se ha demostrado como una carcoma del bienestar que alimenta los populismos. No obstante, pese a la mejora general, algunas bolsas de desigualdad se resisten a disolverse. Están localizadas en la parte central de Madrid, también en algún punto de Barcelona y en zonas costeras con desarrollos urbanísticos que han atraído a familias de rentas muy altas donde había población local: Benidorm; Marbella o Alicante.


Mientras el Partido Socialista arranca la campaña con un beso y una flor, con la fuerza de la gente y la del amor, las izquierdas apenas consiguen recuperarse de varias semanas agónicas, atrapadas en estériles disputas sobre candidaturas, marcas y liderazgos. No hubo unidad y todo indica que la competencia entre Podemos y el Frente Amplio se saldará con un resultado amargo.
Pregunta. Tengo un piso alquilado por habitaciones. Quiero utilizar la vivienda para mí y no renovar a las tres personas alquiladas. Con la nueva normativa, ¿cómo tendría que actuar? V. De los Reyes

© Jorge Zapata (EFE)

El tribunal Contencioso-Administrativo 1 de Valladolid ha dictado sentencia en contra del fondo inversor Testa Residencial Socimi, que provocaba que 351 usuarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la Junta de Castilla y León (PP y Vox) lleven meses pagando de más a este fondo de inversión, poseedor de viviendas protegidas en Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda (Valladolid). La Justicia ratifica que sus contratos tienen sobreprecio, por lo que ha marcado unas consecuencias claras: el fondo debe devolver con intereses la cantidad de más que uno de los usuarios, de capacidad económica baja, pagaba por su piso hasta que lo llevó a los tribunales. Esto, según fuentes cercanas al caso, sienta el antecedente para que los demás agraviados puedan reclamar la restitución de ese exceso. Muchos abonaban hasta 140 euros más al mes, un incremento de en torno al 33% respecto al precio prefijado para los adjudicatarios de estas casas, muchas de ellas además en mal estado de conservación.

La Asamblea de Madrid prevé gastarse un máximo de 23,6 millones de euros en la ampliación del Parlamento regional y la construcción de una nueva sede para la Cámara de Cuentas. “Es un obrón”, resume una fuente parlamentaria, que no es ajena a una particularidad del proyecto: la parcela sobre la que se levantarán los nuevos edificios, con sus párkings y sus oficinas recién hechos, debía estar ocupada desde hace un cuarto de siglo por pisos públicos. Esa fue la intención del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 1995-2003), cuando le cedió los terrenos al Ivima (actual Agencia de Vivienda Social) en 2000. Sin embargo, durante 25 años no pasó nada relevante. Los terrenos no tenían el uso urbanístico adecuado para construir vivienda y, finalmente, en 2025 eso sirvió para que la Comunidad recuperara la propiedad y cediera la parcela a la Asamblea para un proyecto que encabeza su presidente, Enrique Ossorio, uno de los hombres de confianza de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La oposición rechaza la operación, que ve innecesaria, y reclama que el terreno se use para servicios públicos accesibles a los ciudadanos.
Tener un techo bajo el que vivir y poder pagarlo. Se trata de una ecuación complicada para muchos bolsillos. Y puede volverse dramática para una parte creciente de quienes reciben un sueldo a final de mes, especialmente si viven de alquiler. Así lo advierte Oxfam Intermón en su último informe, Cuando trabajar no es suficiente, publicado este martes, en el que estima que el coste de la vivienda sitúa a otras 770.000 personas trabajadoras por debajo del umbral de pobreza. De acuerdo con esta metodología, el número de empleados que se encuentran en esa situación se aproxima a los tres millones. Si no se contabilizara el impacto de la vivienda, los trabajadores pobres ascenderían a 2,2 millones. Traducido a porcentaje, la tasa de pobreza laboral aumenta cuatro puntos, del 11,48% al 15,49%, una vez se descuentan de los ingresos gastos como el alquiler, la hipoteca o los impuestos asociados al inmueble, según el estudio.

© Jesús Diges (EFE)

La renta mediana por unidad de consumo siguió creciendo en 2024 en la gran mayoría de las secciones censales de España, la unidad estadística más pequeña, donde viven unas 1.500 personas. Entre 2019 y 2024 la renta aumentó en términos nominales en casi todas las más de 33.600 que hay en el país, pero en una de cada cinco el aumento no bastó para compensar la inflación acumulada del periodo, que fue del 18,8%. Es decir, en esas zonas los ingresos subieron menos que los precios y, por tanto, los hogares perdieron poder adquisitivo.

La oferta de vivienda en alquiler es uno de los termómetros que miden la salud del mercado inmobiliario. En ese contexto, la aprobación hace dos semanas por parte del Gobierno de dos reales decretos ha introducido un nuevo foco de incertidumbre. Aunque uno de ellos, el que contempla contratos de arrendamiento indefinidos, aún no ha entrado en vigor, el sector inmobiliario insiste reiteradamente en que este tipo de medidas pueden llevar a algunos propietarios a retirar sus inmuebles. Por ahora, sin embargo, el mercado apenas refleja ese impacto. Según el Barómetro del tercer trimestre del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, la oferta disponible aumentó un 3,46% respecto al segundo trimestre y alcanzó las 683.920 viviendas. Y, respecto al arranque del año, la cifra se ha incrementado en un 2,14%. Pese a ello, el volumen de casas para arrendar entre julio y septiembre fue más baja que la de un año antes: en el mismo periodo de 2025, el estudio contabilizaba cerca de 10.000 viviendas más en el mercado.

El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para cofinanciar “casi” 2.000 nuevas plazas en pisos compartidos para universitarios con zonas comunes de las que pueda disfrutar toda la comunidad; aunque Pedro Sánchez los ha descrito como “residencias”. Anteriormente, el Gobierno cifró el proyecto en 1.525 plazas. Encontrar alojamiento se convierte en una odisea por la escasa y cara oferta de residencias y colegios mayores, los precios del alquiler disparados y la competencia de los pisos turísticos. Por ello, el techo de los universitarios se ha convertido en una de las reivindicaciones de la acampada por una vivienda justa en la Puerta del Sol.