El presidente argentino, Javier Milei, aterrizó este martes en Madrid en la que constituye su séptima visita a España desde que se instaló en la Casa Rosada, en diciembre de 2023. Como todas las veces anteriores, no se reunirá con el Rey, ni con el presidente Pedro Sánchez ni ningún otro miembro del Gobierno. Será la primera vez, sin embargo, que tampoco se vea con el líder de Vox, Santiago Abascal, mientras que la Comunidad de Madrid ha evitado confirmar su cita Isabel Díaz Ayuso, anunciada en Argentina. “No lo tenemos en agenda”, aseguraba uno de los asesores más cercanos a la presidenta regional.

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El pasado 25 de noviembre el Parlamento andaluz admitía a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por Mareas Blancas para blindar la sanidad pública y limitar la firma de conciertos con la privada. Salió adelante, de manera sorpresiva, con el apoyo del PP, que entonces tenía la mayoría absoluta en la Cámara regional en los que los propios proponentes como los partidos de la oposición entendieron como un cálculo electoralista, dado que el deterioro de los servicios sanitarios públicos era el mayor talón de Aquiles de la gestión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Con las elecciones autonómicas de mayo, la propuesta no pudo ser desarrollada, pero, con la nueva legislatura en marcha la comisión de Sanidad ha comenzado esta mañana con las comparecencias de profesionales para mejorar y complementarla, el primer paso antes de que se dicte el dictamen que determine su viabilidad o como ha ocurrido con todas las ILP que se han presentado en esta comunidad, se quede en un cajón.

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Montse Lluis va a ser la número dos de Vox por Madrid, y no es por ella en particular, sino por la figura en general, pero yo me he acordado de los periodistas que terminan en un ministerio o así, que es como pasar de ser organillero de la calle a ser clavecinista de palacio. Hay periodistas que terminan en un ministerio, como un poeta encajonado, escribiéndole al líder bajo la luz de luna de las fotocopiadoras, bajo la inspiración mística del argumentario (uno se imagina el argumentario como un códice flotante que aparece ante los asesores igual que un cáliz ante los monjes). La verdad es que tan falso puede ser un amor de pianista tísico, de poeta tísico o de presidente tísico como un argumentario de partido, así que todo depende de las debilidades de cada uno. Lo que sí me parece es que el periodista que termina en un ministerio en realidad siempre apuntó a ministro, ya quería ser desde el primer momento ministro, o secretario de ministro, mientras iba por las redacciones como si fueran cancillerías políticas y por los cafés como si fueran vagones de armisticio. Ahora, con las elecciones, hay como un murmullo de periodistas ministros, o secretarios de ministro, que quieren llegar a serlo por fin, y otro murmullo de los que temen dejar de serlo y volver al organillo de la calle o a las redacciones que huelen a sopa. Cada uno tiene la vocación que tiene, claro.

Hay periodistas que terminan en un ministerio, o en una consejería, o en un gabinete, vestidos de azafatos y haciendo de eso mismo, y de heraldos y publicistas, que es lo contrario del periodismo según la cita apócrifa de Orwell y según la experiencia y el sentido común. En realidad el periodista no suele llegar a ministro, que parece una ambición más bien de madre del periodista, como de madre de Máximo Huerta, y en este caso quedó también como decepción de madre (aquel primer gobierno de Sánchez, puro marketing del vendehúmos o vendebragas Iván Redondo, era como un casting de Gran Hermano VIP y Huerta parecía el primer expulsado). El periodista, que tiene un oficio como de entresuelo, suele más bien pasar directamente de los sotanillos de las redacciones a los sotanillos políticos, y ahí se queda inventando palabras y escribiéndoles los discursos a esos políticos que, por no escribirse sus cosas, ni siquiera sus notas o chuletas, luego parece, como Feijóo, que no saben leer. Puede llegar, eso así, a jefe de gabinete de prensa y aparecer por las comparecencias del político para hacer de carabina o de monja con regletazo, como Miguel Ángel Oliver. O puede llegar a gurú, a factótum, a Rasputín mefistofélico, a brujo con cuervos, a Merlín con rayos, como Miguel Ángel Rodríguez. En estos casos, se diría que nos topamos con el más curioso de los quehaceres de un periodista, o sea, básicamente, impedir hacer periodismo.

Entre el periodismo y la publicidad, y también entre los más angelicales suspiros que alientan una redacción (hay redacciones que parecen internados habitados sólo por suspiros y anhelos de escapar fuera de allí, como aquellos internados de señoritas casaderas con pololo), tenemos otro destino muy deseado, quizá el que más. Me refiero a los medios públicos, que aquí son, absolutamente todos, medios de partido. Los medios públicos sólo son públicos en el sentido de que son otro ministerio u otra consejería, de Propaganda en este caso, que existe sin existir y que se puede manejar con más o menos pudor pero tienen el objetivo de su nombre sin nombre. Cada noticia, cada programa, cada escaleta, cada guion, cada presentador como con balconcillo, cada tertuliano que da tortas o las recibe, cada cómico con sotana, esmoquin o gorra para atrás está elegido, pensado y calculado para servir al partido. Quien lo niegue es que es tonto o está comiendo de ello. Aunque quizá el más cómodo destino es quedarte en tu medio de toda la vida, en tu cabecera de mancheta antigua como una lápida antigua, a ejercer el magisterio del periodismo aun siendo más útil, más efectivo y más dócil al partido de turno que en cualquier otro sotanillo de los que hemos mencionado.

En estos casos, se diría que nos topamos con el más curioso de los quehaceres de un periodista, o sea, básicamente, impedir hacer periodismo

Hay periodistas que pasan de los sotanillos o las hornacinitas de las redacciones a los sotanillos o las hornacinitas de los partidos, que puede parecer que es una tontería cambiar de un encajonamiento a otro pero no lo es. La verdad es que del periodismo es difícil comer, y más difícil todavía comer y beber (creo que fue Francisco de Cossío el que le dijo a Umbral que había que escribir dos artículos diarios, uno para comer y otro para beber). Es mucho más fácil comer y beber de la política, así que más que traidores al periodismo, más que ministros, estadistas o Richelieus desperdiciados por las redacciones entre suspiros y telefonazos, lo que hay son hambreadores. Tenemos una España llena de hambreadores, por todos lados, por todas las profesiones. Los hay con más ética y con menos, igual que los hay con más hambre y con menos, pero todos parecemos banderilleros con cornada de hambre y poetas con musa de telaraña. A lo mejor no hay que juzgar tan duramente a los que se van a la política para no pasar hambre, para no tener que comer fideos de versos o de realidad. Pero el periodista que niega la realidad, o que impide que se conozca, ya es otra cosa. Y también para eso hay que tener vocación.

Hay murmullo en las redacciones y en los ministerios, hay quien sólo piensa en dejar la libreta con mancha de sopa o la mesa del periódico con luz de ciego para escribirle la mentira al ministro en papel con heráldica, y hay quien tiembla al pensar en volver a pisar la calle, que después de la moqueta es como pisar lava. Rugen los comederos, aletean los sueños, flaquean los esbirros, se buscan refugios, huyen los héroes, sonríen los ambiciosos, porque cuando todo se da la vuelta es probable que las putas y los ascetas intercambien los puestos y la experiencia. Hasta el que tiene alma y hambre de poeta puede pasar a tener alma y hambre de rapaz. No sólo en el periodismo, sino en todo. Ya dependerá de la vocación de cada uno. 

La consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, de alianza entre PP y Vox, ha incluido una cláusula en las subvenciones a la creación cinematográfica por la cual no se financiarán “actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El departamento, dirigido por Vox, ha publicado este criterio en las “subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión” para el año 2026, si bien no aclara cómo analizará si las obras incluyen esos elementos. De momento, la Consejería no ha respondido a las preguntas de este diario sobre cómo se realizará esa evaluación.

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El Partido Popular y Vox aproximan posiciones para concurrir con más fuerza al Senado en las elecciones del 29 de noviembre. Alberto Núñez Feijóo ha confirmado este martes que ambas formaciones negocian en estos momentos para encontrar una fórmula que les permita lograr una mayoría más holgada frente a la papeleta conjunta de PSOE y Frente Amplio. Una vez cerrado el plazo para presentar coaliciones, el viernes pasado, PP y ultras barajan otros planes. En una entrevista en Cope, Feijóo ha apuntado como escenario más plausible el de que los ultras no se presenten en determinadas circunscripciones y que el Partido Popular ceda senadores por designación autonómica como contrapartida. El líder del PP quiere un pacto, mete presión a Santiago Abascal y busca con ese planteamiento controlar los tres quintos de la Cámara alta, lo que le permitiría hacer nombramientos sin tener que pactar con el PSOE.

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Durante la ofensiva terrorista de ETA de los años 2000-2001, que se saldó con 38 muertos y que tuvo una enorme repercusión mediática porque buena parte de las víctimas eran personas con un marcado reconocimiento social, nadie pensaba en círculos policiales y políticos que 10 años después, el 20 de octubre de 2011, finalizaría el terrorismo. Y todavía menos en las condiciones en que llegó este final: una decisión unilateral de ETA, que dejaba las armas sin haber logrado ninguna de sus exigencias políticas, como la incorporación de Navarra al País Vasco y la autodeterminación. Tampoco obtuvo la amnistía que reclamaba para sus presos, ni siquiera logró indultos. Fue un final ordenado, reconocido por ETA, sin escisiones, y que tuvo su epílogo con la disolución de la organización en mayo de 2018. Terminó así porque el acoso policial, social y la presión, en su último tramo, de Batasuna, su antiguo brazo político, la dejó extenuada. Ese final del mal endémico que marcó casi medio siglo de la vida española, con una estela de 853 asesinatos, fue un triunfo de la persistencia de la sociedad española y de sus gobiernos democráticos. 15 años después, increíblemente, esa victoria ciudadana sigue sin reconocimiento oficial al carecer de unanimidad política.

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Si se atiende a numerosos mensajes que salen del PP y Vox, ETA no solo no acabó derrotada, sino que sigue existiendo y aún dicta el guion político de España. Entre los valedores de esta tesis, lleva años sobresaliendo Isabel Díaz Ayuso. “ETA está viva y en el poder”, “ETA tiene más peligro que nunca”, “ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez”, “Bildu-Txeroki-ETA ha vuelto a ser beneficiado por los acuerdos de Sánchez con sus socios”. Son cuatro declaraciones de la presidenta madrileña en 2023, 2024, 2025 y este mismo año, respectivamente, que muestran cómo la última legislatura ha estado recorrida por un discurso que habla en presente de la organización pese a que este martes se cumplen ya 15 años del fin del terrorismo etarra y hace ya casi ocho y medio de su disolución. Ayuso es la difusora más insistente de estos mensajes pero, en absoluto, no la única. La negación o el cuestionamiento de la derrota de ETA y la asignación a la banda terrorista de un papel prominente en la política española son frecuentes en la derecha española.

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Mientras el Partido Socialista arranca la campaña con un beso y una flor, con la fuerza de la gente y la del amor, las izquierdas apenas consiguen recuperarse de varias semanas agónicas, atrapadas en estériles disputas sobre candidaturas, marcas y liderazgos. No hubo unidad y todo indica que la competencia entre Podemos y el Frente Amplio se saldará con un resultado amargo.

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Tens of thousands of young people have taken to the streets in France, Belgium, Spain, Portugal, Italy and Albania. In doing so, they have joined what has been dubbed the Generation Z revolution (those born between 1997 and 2012), which over the past two years helped bring down the government of Bangladesh, force the resignation of Nepal’s prime minister and dissolve Madagascar’s government. Now, in Europe, on the eve of an electoral supercycle that will determine the governments of four of the European Union’s five most populous countries (France, Italy, Spain and Poland), young people are sharing a frustration that opportunities for their generation are becoming scarcer and their future increasingly insecure.

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No se conocen de nada. A uno, de 20 años, le pilló en el hospital, justo cuando visitaba a la madre de una amiga en Barcelona. Al otro, de 29, dormido. Tanto, que una vecina le tocó el timbre de casa para despertarle en mitad de la siesta ante el aluvión de mensajes y la preocupación de su familia: tenía el móvil en modo avión tras concluir su jornada habitual de taxista por las calles de Manresa. Los dos fueron acusados este sábado de asesinar a Rosario Sánchez, una mujer de 83 años fallecida en Burgos el pasado martes tras un asalto a su casa. Varias cuentas de redes sociales —entre ellas Nucleo Nacional, el movimiento nacido en Ferraz en el que recalan los ultras de extrema derecha y Revuelta, la organización juvenil de Vox— compartieron una información falsa en sus canales, donde cuentan con decenas de miles de seguidores. Derivó en pantallazos por doquier. Cientos de miles de visualizaciones. Reenvíos masivos por WhatsApp. Hoy, de hecho, todavía hay cuentas que siguen difundiendo el bulo.

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Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal mantienen líneas de comunicación y una relación que en Génova califican de civilizada y cordial. No siempre fue así, no al menos de forma pública cuando el PP acusaba a los ultras de hacerle el juego a Pedro Sánchez y los de Vox aseguraban que las siglas populares en nada se diferenciaban del PSOE. Los pactos en las Comunidades autónomas, la mala convivencia interna, la espantada de los voxistas en julio de 2024 son algunos de los hitos que contribuyeron a enturbiar una relación que no fue nunca fácil.

Antes del desembarco de Feijóo en la presidencia nacional del PP, le tocó a Pablo Casado, su antecesor, lidiar con Abascal. Aún se recuerda el discurso demoledor que pronunció el líder popular en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados durante el debate de la moción de censura que Vox presentó en octubre de 2020, en plena pandemia. Su "hasta aquí hemos llegado", resonó en las paredes del viejo edificio de la carrera de San Jerónimo. "Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias", le espetó a Abascal. Incluso bajó al terreno de lo personal cuando le acusó de que "esta moción no la dispara contra el Gobierno sino contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Pero acepto el órdago. Es la hora de poner las cartas boca arriba y hasta aquí hemos llegado".

Si de algo presumió Feijóo siendo presidente de la Xunta fue de su capacidad para desactivar a Vox

Se puede especular respecto a cuál hubiera sido la posición de Casado si la aritmética electoral le hubiera puesto en el brete de pactar con Vox o despedirse de cuotas de poder. De qué diría ahora cuando todas las encuestas -mejor obviar al CIS de Tezanos- hablan de un sólido bloque de centro-derecha para desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa. Ojo, tampoco Feijóo era un entusiasta de los pactos con Vox. De hecho, si de algo presumió siendo presidente de la Xunta gallega fue de su capacidad para servir de contención a los de Vox, sin un solo diputado autonómico y con una concejala en la localidad orensana de Avión (Lilian Cerdeira) que acabó dejando el partido.

Vox era para Feijóo una especie de "cuerpo extraño" con el que nunca había tenido que lidiar. Hasta que llegó a Madrid y encontró a un partido que había convertido al PP en el objeto a abatir. La hemeroteca está llena de recriminaciones directas e indirectas a Vox por hacerle el juego a los socialistas, hasta el punto de acusar a los ultras de ser "aliados del sanchismo". Y Vox, por su parte, ha culpabilizado no pocas veces a Génova de mover los hilos en medios de comunicación amigos para perjudicarles.

"Complejos" y "miserias" de Vox

Ocurrió, por ejemplo, este mismo año durante la campaña aragonesa, cuando ABC publicó unos audios de dirigentes voxistas de Aragón criticando a Bambú. "El PP se lanza a la guerra sucia contra Vox para que no se hable de su estafa y de su corrupción reciente en Almería y en Alicante", dijo Vox.  "Que no focalice ni sus complejos ni las miserias de su partido en el PP", le replicaron los populares.

Este ha sido hasta no hace mucho el clima entre ambos partidos. Incluso cuando se sentaron a negociar los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Pero la interlocución ha dado un giro más que llamativo. Hay tregua, acaso producto de esos contactos entre ambos líderes tras años de desencuentros. Una tregua que, como reveló El Independiente, se ha trasladado incluso a esos ejecutivos autonómicos. Los vicepresidentes y consejeros de Vox han optado por un perfil bajo, sin ir a la confrontación con sus socios "siguiendo instrucciones de Bambú", afirman algunos barones autonómicos.

Abascal asegura que Feijóo y él tienen "diagnóstico similar de lo que está pasando", pero "recetas distintas"

A lo más lejos que llegó Feijóo el pasado 12 de octubre durante la recepción en el Palacio Real fue a decir que con Vox "no habrá cordón sanitario, pero tampoco cordón umbilical", según comentó a los periodistas. Ahora todos se preguntan si esa contención se mantendrá a lo largo de la campaña electoral del 29 de noviembre. En una reciente entrevista de Abascal en el ABC dio "garantías" sobre su voluntad de entendimiento con Feijóo con el objetivo de desalojar a Sánchez del poder.

Interrogado sobre el estado de sus relaciones con Feijóo, la calificó de "cordial y hablamos todo lo que es necesario. Mantenemos esas conversaciones discretas, pero hablamos y tenemos un diagnóstico similar de lo que está pasando con este Gobierno. También recetas distintas. Eso es lo que tienen que elegir los españoles que quieren un cambio. Y tendrán que decir cuál es la mezcla, o si no hay mezcla y le dan todo el poder a uno u otro". En todo caso "sí puedo dar la garantía de que nosotros tenemos una voluntad de entendimiento". Nada de 'derechita cobarde' ni de 'PPSOE'.

El PP asume que Vox es "la respuesta emocional de un país que está hasta los cojones (sic)".

Dicha tregua no significa que cada uno no juegue sus cartas electorales, pero sin necesidad de saltarse el 'pacto de no agresión'. El presidente del PP ha escogido para su equipo electoral a Miguel Tellado, Alma Ezcurra y Ester Muñoz. También se baraja el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo de dos de la lista por Madrid. No se puede decir de ninguno de ellos que tengan un perfil poco batallador. Tellado es uno de los interlocutores habituales con el partido ultra. Además, las fundaciones de ambas formaciones políticas, eso es, Reformismo21 y Disenso, sirven también de escenario "neutral" de comunicación.

En cuanto al crecimiento exponencial que parece estar viviendo la formación de Abascal sin apenas intervenir en el debate político, los sentimientos del PP son contradictorios. Por un lado entienden que ese crecimiento es "la respuesta emocional de un país que está hasta los cojones (sic)". Significa que, en ese contexto, "es complicado votar con la cabeza". Pero el PP "es un partido de Estado y no puede cometer según qué excesos", por lo que entienden que no pueden competir en ese terreno a pesar del endurecimiento del discurso popular en materias como la inmigración.

El vaticinio de Iván Redondo sobre Yolanda Díaz

De otro, la evidencia de que un Vox fuerte le permitirá  a Feijóo tener los votos suficientes para ser investido presidente del Gobierno. Pero el riesgo reside en que ese crecimiento llegue a impedir al PP ser la primera fuerza política, por delante del PSOE. Lo auguran spin doctor como Iván Redondo, viejo conocido de los populares. Pero ahí Génova tira de ironía: "También vaticinó que Yolanda Díaz iba a ser la primera mujer presidenta del Gobierno".

Santiago Abascal reunió en Bambú este miércoles al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y a los portavoces nacionales y autonómicos del partido para determinar cómo se afrontará la próxima campaña electoral, que empezará el viernes 13 de noviembre, con las urnas ya fijadas tras el adelanto de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre. El presidente de la formación, trasladan fuentes nacionales, recalcó a los suyos que estos comicios son "existenciales" para el conjunto de los españoles ante el riesgo de que el presidente del Gobierno pueda volver a sumar con otros socios. Algo que, pese a todo, no recogen el conjunto de los sondeos electorales publicados, que dan a PP y Vox por encima de los 200 parlamentarios.

Por ello, Abascal llamó a los suyos a incrementar la movilización electoral e insistir en el mensaje de la organización durante la previa y esas dos semanas donde se podrá pedir abiertamente el voto. Entre otros, la remigración, la prioridad nacional y la desregularización. Frente a ellos, creen, tienen a un PSOE y un Sánchez que estaría dispuesto a pactar "con todos los enemigos internos y todos los enemigos exteriores que tiene España" con tal de repetir en la Moncloa.

Durante esa intervención, en la que es probable que se hayan hablado de listas electorales, aunque el plazo de registro se abre del 21 al 26 de octubre, con la incógnita de quién acompañará de segundo a Abascal o si Ignacio Garriga irá como cabeza de lista por Barcelona, el líder de Vox se centró en criticar la gestión de los socialistas, de "mentiras" y de "traición" a los españoles. Como ejemplo más claro, el dirigente habría señalado a Ceuta. "Es la última víctima de su odio", determinó. Vox intenta recuperar de nuevo el marco migratorio, algo que les viene bien electoralmente, pero sobre todo en un momento en el que el problema en el territorio persiste.

El de Amurrio puso el foco, además, en la paralización de la 'ley de nietos' y la suspensión del voto de los beneficiados por ella para este proceso. Lo celebró e instó a sus subalternos a llevar el mensaje del partido "hasta el último rincón de España", así como a los españoles que viven fuera del país, a quienes ha contrapuesto con los que, según afirmó, Sánchez pretendía "fabricar con la maquinita de las trampas". Todo pese a que se desconoce a quién irían dirigidos. Esa suspensión afecta, por ejemplo, a aquellos que ya pudieron ejercer el voto en generales y autonómicas después de acogerse desde 2022.

Asegura que habrá "violencia y mentiras" contra Vox

Abascal situó a Vox en un estado de ataque permanente por parte de sus rivales. Plantea la campaña con el clásico eje de nosotros-ellos, donde Vox es la alternativa que se quiere cortar de raíz. El ambiente de polarización, en todo caso, es el mayor que se recuerda en los últimos años, para el que hay una retroalimentación generalizada entre todos los grupos.

"Vamos a encontrar la mentira, la trampa e incluso la violencia contra Vox". "No sería la primera vez", trasladó. Abascal sufrió ya un intento de agresión durante su primer viaje preelectoral, antes de conocerse el adelanto, en Tarragona. En el pasado, ha habido enfrentamientos en la calle o lanzamiento de piedras. Rocío de Meer fue herida en Sestao (Vizcaya), durante la campaña vasca de 2020.

Como respuesta, Abascal insta a los suyos a protagonizar una campaña de generales "sin odio pero sin ningún tipo de miedo". Quiere dar respuesta a los españoles que exigen "un cambio real, sin destruir nada pero cambiándolo todo". Y para ello, cree que es fundamental la movilización. "España no tiene ninguna maldición que nos condene a tener que soportar este Gobierno cuatro años más o eternamente", señaló.

Vox es el único partido del ámbito nacional que crece en los sondeos demoscópicos más recientes sobre las generales del 29 de noviembre. Incluyendo la oleada de encuestas de este fin de semana, ronda una media de 65 escaños, con algún pico que traspasa los 70-74 parlamentarios, y roza el 19% de intención de voto. Datos históricos para el partido de Santiago Abascal, que este lunes y martes volvía a poner de relieve la inmigración junto a su homólogo francés y mano derecha de Marine Le Pen, Jordan Bardella, entre una visita a Ceuta y un desayuno informativo en Madrid. El techo real de los ultraconservadores, de momento, son las generales de noviembre de 2019: 52 diputados y un 15,2% de los sufragios.

Hay, sobre esa estimación, un grueso de al menos 32 escaños a los que puede optar Vox en las 50 provincias –y dos ciudades autónomas– españolas. Ninguna de esas publicaciones detalla en qué circunscripciones Vox conseguiría ese incremento, pero hay algunos factores que permiten estimar a alguno de esos feudos. El primero es la tendencia de los competidores en las encuestas, clave a la hora del reparto de diputados. El PP pierde algo de porcentaje y en algunos sondeos escaños, pero no de forma amplia como ocurre con Pedro Sánchez, por ejemplo. Puede haber trasvase de parlamentarios por una caída puntual en provincias grandes especialmente. Pero con la izquierda Vox tiene más margen. Para pelear con el PSOE y Frente Amplio en aquellas provincias con partidos estatales por esos representantes extra.

Al PSOE se le da una pérdida general de unos cuatro o cinco puntos, mientras que a los partidos de Sumar y con la división de Podemos, de casi la mitad del voto del 23-J. Eso es clave para la competitividad de Vox por más diputados, teniendo en cuenta que pasaría del 12,5% a ese casi 19%. Un 16% de media. No será homogéneo, en todo caso. En Vox, de hecho, creen que será menos. Y hay antecedentes que pueden llevar a pensarlo, dado que la barrera del 19-20% se contemplaba en los comicios autonómicos de los últimos meses. Quedaron en torno a ese 17-18% definitivo. Con estos datos, puede estimarse en qué provincias sería relevante el crecimiento de Vox para la obtención de esos escaños.

En primer lugar, las últimas generales dejaron a Abascal en cuatro provincias a menos de 20.000 votos de conseguir otro representante. El caso más claro fue Albacete. A las puertas tuvo Vox el quitar un diputado al PSOE por menos de 1.300 papeletas. Le sigue Ávila con un escaño ganado por el PP por algo más de 6.000 votos, y en el mismo sentido en Cáceres y Almería por menos de 13.000 y 20.000 votos. Ello, con una candidatura fuerte a la izquierda del PSOE y con Sánchez aún sin el desgaste de la actualidad por una legislatura dura, de constante negociación y bloqueo, y más con las distintas investigaciones judiciales que rodean a su entorno personal y a su partido. La merma y el crecimiento virtual de Vox deja la puerta abierta a Abascal al menos en once provincias medianas, donde se reparten de cinco a ocho diputados.

Es el caso de Toledo, Cádiz, Málaga, Murcia, Baleares, Zaragoza, Granada, Almería, Córdoba o Tarragona. El estado de las izquierdas y la situación de mediana estabilidad del PP puede provocar cambios y sumar nuevos escaños entre las listas de Vox. En Toledo, Cádiz, Baleares y Córdoba, donde Vox ya tiene un representante, la estimación de bajada de unos y subida de Vox podría devolver los 2 escaños respectivamente en todos los enclaves, como la formación tuvo la legislatura XIV, con esos 52. La situación ahora es similar a la de entonces en Granada, Córdoba y Zaragoza, donde cuentan con un cargo por circunscripción que con el actual equilibrio de los sondeos podría pasar a 2 en cada una. El crecimiento en Cataluña que reflejan encuestas como la del CEO, publicado este mes, también podría repercutir en lugares como Tarragona, donde Vox nunca ha tenido representación, incluso con el 10,3% de los votos. En Málaga podría conseguir un nuevo escaño que eleve a tres el total. Y en Murcia podría volver a contar con los tres parlamentarios de 2019. Ahora cuenta Vox con dos por esa circunscripción.

Por otro lado, hay un peso importante: el de las grandes circunscripciones. En Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante puede haber más de un escaño disputado. Con un cambio porcentual como el comentado, en los feudos donde mayor número de diputados se reparten (38-32-15-12-12, por orden) el impacto puede ser mayor. Con ese desgaste de las izquierdas en Madrid Vox podría pasar de 5 a 7 escaños, los mismos que en 2019, uno de ellos a costa del PP en todo caso. En Barcelona Vox podría rascar un tercer escaño dependiendo de cómo capitalicen a la izquierda Comuns y ERC, algo también inédito. En Valencia, Compromís está fuerte, por lo que la caída de la izquierda podría ser menor a costa del PSOE. Así también lo apuntan los sondeos lanzados por el día autonómico el pasado 9 de octubre. Pero con esas cotas Vox sí podría pasar de los 2 a los 3 escaños de 2019 como mínimo. Es el mismo caso de Alicante.

En Sevilla el peso de IU dentro de esa alianza de izquierdas puede ser determinante. Pero la competencia con Adelante Andalucía pone en riesgo a los de Antonio Maíllo. Ya los trastocó electoralmente en las últimas andaluzas. En 2023 Vox se quedó a menos de 8.000 votos de Sumar. La candidatura de Manuel Gavira superó al homólogo andaluz, Por Andalucía, en mayo, aunque Adelante despuntó. Hay que tener en cuenta el 'factor Juanma Moreno', que no estará de por medio en las generales y que puede aupar a Vox. También la influencia del voto útil a la izquierda en el territorio, que puede beneficiar al PSOE si hay alerta de gobierno de PP y Vox. Sin capacidad de previsión, Vox puede al menos aspirar a su segundo escaño, a los niveles de la legislatura pasada. Una subida del 2% como mínimo en 'plazas' donde Vox rinde bien, puede ser un cambio sustancial y relevante para Abascal.

Las pequeñas provincias, en manos de PP y PSOE

Por debajo de los cinco escaños, la cosa se complica para Vox con la excepción de León y Albacete (se reparten 4), donde el escenario puede ser más favorable, y en otros escenarios como Álava donde Vox cosechó buen resultado en las autonómicas vascas de 2024, o Salamanca, donde ya tuvo en el pasado un escaño. Pero se complica en zonas de Burgos, Cáceres –consiguieron cargo en 2019–, Lleida, Lugo, Oursense o La Rioja. En Galicia Vox aún no ha conseguido sacar representantes, ni autonómicos ni para generales. Mucho más difícil serán las que reparten tres cargos, como Cuenca, Guadalajara, Palencia, Segovia, Teruel o Zamora –o Soria, donde hay dos–, donde el bipartidismo está más consolidado. Queda por ver cómo influye el descontento en Ceuta, aunque la tendencia en los últimos años es de un voto mayoritario al PP que le brinda el único escaño que se reparte, como ocurre también como en Melilla.

Pedro Sánchez has turned a parliamentary defeat over housing into a general election on 29th November.

The calculation is clear: force Spain’s political argument onto territory more favourable to the left before migration, corruption allegations and parliamentary paralysis return to the foreground. But the polls suggest that the gamble could still deliver power to the centre-right People’s Party and Vox.

Pedro Sánchez’s decision to dissolve Spain’s parliament nine months ahead of schedule is more than an admission that his minority government had reached the limits of what it could achieve in the Congress of Deputies. It is an attempt to choose the terms on which his government will be judged.

The immediate trigger was the defeat of two emergency housing decrees after the conservative People’s Party (PP), Vox and Catalan separatist Junts voted against them. Housing had already moved rapidly to the centre of Spanish politics following the eviction of 87-year-old Maricarmen Abascal from the Madrid flat where she had lived for 71 years, followed by large demonstrations across the country. EU Today has previously reported on both the housing protests across Spain and Sánchez’s subsequent decision to call the election.

The prime minister is now attempting to convert legislative weakness into electoral advantage.

In his announcement on 5 October, Sánchez presented the election as a choice between a broader progressive majority capable of advancing social legislation and an opposition that had obstructed measures on housing and other domestic priorities. The government reinforced that strategy a day later by approving revised versions of the two housing decrees, containing 21 measures including tax incentives, assistance for first-time buyers and measures intended to increase supply. They will require validation by the Diputación Permanente, the standing parliamentary body that remains after dissolution.

The political calculation is straightforward. Housing offers Sánchez an issue on which anger is directed not only at government but at landlords, property investors, regional authorities and political parties opposing stronger regulation. The eviction of Abascal gave that argument a human symbol and transformed a long-running affordability problem into an immediate political confrontation.

That does not mean the strategy will work.

Most polling continues to place the PSOE behind the PP. Surveys put the Socialists at roughly 28 per cent, while Vox has risen to around 18 per cent. A PP-Vox combination is currently the only bloc consistently projected to command an outright parliamentary majority. One Sigma Dos survey published after the election announcement projected the two parties winning 203 of the Congress’s 350 seats.

Sánchez therefore appears to be playing less for immediate dominance than for mobilisation.

His problem before the housing protests was not simply the strength of the right. The broader left had become fragmented, while the government was being damaged by disputes over migration, particularly following the crisis in Ceuta, as well as corruption investigations involving figures associated with the PSOE. At the same time, Junts had become an increasingly unreliable parliamentary partner, leaving the government unable to guarantee major legislation or a new budget.

Housing changes the subject.

It allows Sánchez to argue that the central question is not whether his coalition has governed smoothly, but whether voters want a parliament prepared to intervene more aggressively in the housing market. The PP, however, is contesting precisely that framing. Alberto Núñez Feijóo argues that the housing shortage is itself a product of Sánchez’s eight years in government and has promised to raise annual construction towards 200,000 homes while reducing taxes.

The election may therefore develop into a dispute over responsibility rather than diagnosis. Both sides accept that housing has become a major national problem; they differ sharply over whether regulation or additional supply should dominate the response.

There is also a wider European dimension. Housing affordability is increasingly politically disruptive across the EU, including in major cities where construction has failed to keep pace with household formation, migration and demand for short-term accommodation. EU Today has examined similar pressures in Berlin’s housing market. Spain could now provide a test of whether housing can become powerful enough as an electoral issue to reverse the wider European movement towards the right.

For Ukraine, however, the consequences are likely to be less dramatic than Spain’s domestic political contest might suggest.

Sánchez committed €1 billion in bilateral military support to Ukraine for 2026, with Spain putting its cumulative bilateral military assistance since Russia’s full-scale invasion at almost €4 billion. Madrid has also trained more than 9,000 Ukrainian military personnel.

Spain is also home to a considerably larger Ukrainian community than the roughly 300,000 figure frequently cited. Government data showed 353,009 Ukrainian nationals holding valid residence documentation at the end of June, including 262,782 under temporary protection.

A PP-led government would alter Madrid’s domestic priorities and potentially its approach to defence spending and migration, particularly if Vox were required to sustain a parliamentary majority. Yet there is little basis at present for assuming that a change of government would produce a reversal of Spain’s fundamental position on Russia’s invasion or membership of the European and Atlantic security structures supporting Ukraine.

The more immediate question is whether Sánchez can make housing important enough to overcome the electoral arithmetic confronting him.

Calling the election has allowed him to escape a parliament in which his legislative coalition was steadily disintegrating and to enter a campaign around an issue capable of mobilising his electorate. It has not changed the fact that the PP and Vox begin that campaign with the stronger numbers.

Sánchez has chosen the battlefield. On 29th November, Spain will decide whether that was enough.

There are moments in the life of democracies when parliament, because of its divisions and deadlocks, is unable to respond to the urgent needs of a country — and when that happens, it means it is time to give citizens a voice. Spain is living through one of those moments.

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